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Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra petición de que resolviese expresamente, sin más dilaciones, las peticiones de una comunidad de propietarios, en relación con el cambio de ubicación de un quiosco de prensa frente a la fachada de la misma, informándonos al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se proceda a ello, a la mayor brevedad posible.

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2019, interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados a reiterarla con fecha 14 de febrero de 2020 (se remiten copias de los documentos citados).

Debemos señalar una cierta demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto, lo que ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

Así, el reclamante, en su condición de Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios del inmueble situado en la calle ..., número ..., de Sevilla, nos exponía textualmente lo siguiente:

“Se han presentado, en distintos años y fechas, escritos solicitando el cambio de ubicación de un quiosco de prensa frente a la fachada de la referida Comunidad. A continuación especificamos todas las entregas presentadas: Varios escritos en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla con fechas 3 de diciembre de 2015, 3 de febrero de 2016, 21 de septiembre de 2016, 11 de enero de 2018, 3 de diciembre de 2018, 26 de abril de 2019, 6 de mayo de 2019 y uno en el Registro del Distrito Casco Antiguo con fecha 20 de noviembre de 2017 con entrada ... número ... en referencia a la ubicación del quiosco de prensa situado frente al inmueble arriba indicado y sin obtener una respuesta a la petición de traslado del mismo por incumplimiento de las distancias mínimas a la edificación así como la del paso de peatones existente. Con lo dicho en los anteriores escritos, se añade que en estos momentos existe un local en la Comunidad en el que se desarrolla una actividad comercial y el quiosco impide la visión de cualquier proyección hacia un potencial público para el que está dirigida dicha actividad. En función de la Ordenanza Municipal Reguladora de quioscos de prensa, revistas y publicaciones, aprobada definitivamente por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de marzo de 2008. Por ello, y en cumplimiento de lo previsto en el articulo 70.2 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sirva ordenar las comprobaciones oportunas acerca de la distancia a la edificación de calle .. ..., puesto que la visera del quiosco incumple el mínimo de 2.00 metros a la misma y siendo un elemento por el que pueden acceder a la vivienda, igualmente no cumple la distancia establecida de 5 metros al paso de peatones que se encuentra junto al quiosco objeto de este escrito (Título Primero, Artículo 4 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 37).”

Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a ese Ayuntamiento que resolviese expresamente, sin más dilaciones, las peticiones de esta Comunidad de Propietarios, informándonos al respecto, de cuya respuesta estamos pendientes.

En base a los antecedentes descritos procede realizar a ese Ayuntamiento las siguientes

CONSIDERACIONES

UNICA.- De la obligación de resolver que corresponde a las Administraciones Públicas.

El apartado primero del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas previene que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Asimismo, el apartado sexto de dicho artículo dispone que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible a las solicitudes formuladas por la parte promotora de la queja, que resulta objeto de la presente intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo formula Resolución ante el Hospital Virgen del Rocío, recomendando que para la superación de las situaciones de larga espera en intervenciones quirúrgicas no incluidas en el Decreto 209/2001 de garantía de plazo de respuesta quirúrgica, se adopten las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto, se acorten al el menor tiempo posible la intervención médico quirúrgica, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

Asimismo, recomienda que a la vista de la situación descrita por la paciente sea priorizada la intervención quirúrgica indicada a la mayor brevedad posible.

ANTECEDENTES

La interesada comparecía en esta Institución para relatarnos sus circunstancias, ya que tras haber padecido un proceso oncólogico de cáncer de mama, se encuentra pendiente desde el 25 de octubre de 2018, fecha de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica, de una intervención quirúrgica por contractura capsular grado III, IV, recambio de prótesis más capsulectomía.

Nos refería que en este periodo de tiempo de espera se encuentra con dolores y analgésicos y que la respuesta que ha encontrado cuando pregunta sobre la lista de espera es que puede estar en torno a dos años y medio o tres.

Admitida a trámite la queja, se solicitó informe a ese centro hospitalario con fecha 03/05/2019, a fin de aclarar las circunstancias que nos exponía la compareciente, el cual ha sido finalmente remitido con fecha 06/03/2020.

Pues bien, en el informe emitido por ese centro, se confirman los extremos declarados por la paciente y se excusa el retraso en que dicha intervención no se encuentra incluida en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía e igualmente se reflexiona sobre los aspectos que conducen a la demora en este tipo de intervenciones, como viene siendo ya habitual en las quejas que comparten esta naturaleza.

En última instancia se concluye la imposibilidad de fijar una fecha en la que vaya a ser intervenida la interesada.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

La interesada reclama por la demora anunciada para la intervención quirúrgica que precisa por Contractura Capsular de implante de mama, requiriendo una prótesis de mama unilateral, como recambio de la anterior y sobre la que el centro hospitalario recalca que ”NO está incluida en el Decreto 209/2001 de garantía de plazo de respuesta quirúrgica”.

Tenemos que lamentar que este tipo de quejas resultan recurrentes ante esta Institución, siendo la argumentación habitual para la justificación de la demora el hecho de tratarse de intervenciones quirúrgicas que no se encuentran cubiertas por el plazo de garantía que establece el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y la necesidad de priorizar intervenciones más urgentes.

A este respecto, hemos de manifestar que comprendiendo lo razonable de priorizar las intervenciones más urgentes y las que se encuentran bajo la cobertura del Decreto de garantía, no podemos compartir que la no inclusión de este tipo de intervenciones en el mencionado Decreto, supongan un desplazamiento temporal en la fijación de las mismas sine die, ya que ello entra en conflicto con el derecho a una buena administración y el mandato de que los asuntos de los ciudadanos (que también habrá que entender referidos a la vertiente asistencial), se resuelvan en un plazo razonable.

En el caso concreto que nos ocupa, reflexionamos sobre el tipo de intervención que requiere la interesada, un recambio de prótesis de mama tras haber padecido un proceso oncológico, y traemos a colación la Orden de 28 de octubre de 2016, por la que se actualizan los procedimientos quirúrgicos recogidos en el Anexo I del Decreto referido, por considerar que la reconstrucción mamaria es considerada como parte integral del cáncer de mama, y aún cuando no esta concretamente entre las incluidas en la Orden, parece importante hacer una mirada integral del proceso de recuperación de la paciente.

Por ello, aun comprendiendo la necesaria racionalización del uso de los medios y la priorización de las intervenciones urgentes, según exponen en el informe, pensamos que ello ha de tener un límite razonable, que garantice un sistema sanitario presidido por los principios de universalidad y gratuidad.

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales por considerar incumplido los siguientes preceptos:

- De la Constitución española: art. 43.1.

- Del Estatuto de Autonomía de Andalucía: art. 22 y 31.

- De la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

- De la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía: Art. 5 d).

Con idéntico fundamento normativo estimamos conveniente dirigirle la siguiente

RECOMENDACIÓN 1 Que para la superación de las situaciones de larga espera en intervenciones quirúrgicas de este tipo, que son muy habituales, se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto, se acorten al el menor tiempo posible la intervención médico quirúrgica, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

RECOMENDACIÓN 2 Que a la vista de la situación descrita por la paciente sea priorizada la intervención quirúrgica indicada a la mayor brevedad posible.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo formula Resolución ante el Hospital Virgen del Rocío, recomendando el seguimiento del proceso asistencial de la parte promotora de la queja, a fin de evitar que la demora en la cita y acceso al tratamiento de FIV pueda conllevar a la exclusión del derecho por el factor tiempo.

Asimismo, recomienda que se realice un análisis por la Comisión de asesoramiento del Programa de Reproducción Humana Asistida del Hospital Virgen del Rocío, que permita evaluar las circunstancias que pueden concurrir en el acceso a la prestación en condiciones de equidad y se establezcan medidas que permitan asegurar el derecho.

ANTECEDENTES

Como ya conoce, la interesada se dirige a esta institución el pasado 30 de mayo de 2019, para relatarnos que ha precisado el transcurso de dos años a contar desde la fecha de la derivación para ser atendida por primera vez en consulta de la unidad de genética y reproducción de ese centro hospitalario. Apunta que cuando comenzó este proceso contaba 35 años, pero que ahora le anuncian un año y ocho meses en lista de espera para someterse a un tratamiento de fecundación in vitro.

Refiere que le han advertido que podrían no hacerle el tratamiento si en el momento de comenzar el mismo su reserva ovárica es baja, o se da cualquier otra circunstancia que conlleve la exclusión.

Manifiesta que la reserva ovárica “ya la tiene justita” y que para cuando deba dar comienzo el tratamiento tendrá 39 años, siendo posible que haya esperado durante cuatro años para nada.

Nos indicaba que toda esta situación le está afectando desde un punto de vista psicológico y solicitaba nuestra intervención para que la actuación sanitaria, que espera ansiosamente, se agilice.

Desde esta Institución se solicitó informe a ese centro hospitalario el pasado 3 de julio de 2019, sobre los hechos descritos por la interesada, el cual ha sido recibido con fecha 15 de enero de 2020, en el que se nos expone el itinerario asistencial de la paciente, confirmando la derivación a la Unidad de Reproducción Asistida de ese hospital en fecha 29 de diciembre de 2017, y se expone que la primera cita se produce en fecha 5 de febrero de 2019 (es decir 14 meses después), donde se le indica la necesidad de tratamiento in vitro, encontrándose actualmente en lista de espera.

Asimismo, en el informe se aclara que el criterio de la lista de espera es el de orden de inclusión en dicha lista, salvo circunstancias muy especificas, y se informa de los tiempos medios de espera actuales, indicando que la apertura de una unidad nueva en el Hospital Virgen de Valme, ha tenido un mínimo impacto en las listas de espera de la Unidad de Gestión Clínica de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del Hospital Virgen del Rocío, que ha disminuido de 24 a 18 meses para las parejas que están en tratamiento y de 16 a 8 meses en el plazo de respuesta en la primera consulta.

Llegados a este punto y sobre la base de los antecedentes descritos, se formulan las siguientes

CONSIDERACIONES

Es tradicional la demora que comporta el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía, que viene siendo conocida a través de las quejas que con este motivo se trasladan desde la ciudadanía a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Esta circunstancia se nos ha venido revelando por la experiencia de las personas que a través de sus quejas se han dirigido a nosotros e igualmente como resultado de las actuaciones realizadas por esta institución de oficio, persiguiendo en todos los casos la intervención de esta Defensoría el procurar que la Administración, dentro de los recursos que dispone, sea capaz de dar respuesta en el menor tiempo posible al manejo y tratamiento de estas situaciones que de por sí presentan connotaciones muy especiales, ya que el acceso a este tipo de tratamientos para cada pareja o mujer representa la posibilidad de tener descendencia en en contexto de un proyecto vital.

Así, traemos a colación la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 15/2594 dirigida a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, cuya oportunidad de apertura e investigación surgió tras un tiempo de quejas reiteradas sobre la materia, recomendaciones y respuestas recibidas, resultando oportuno en este momento, habida cuenta el tiempo transcurrido desde entonces, el abordaje de la problemática dada su persistencia.

En anteriores resoluciones aludíamos a la importancia que en este proceso asistencial ha supuesto el desarrollo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización), de forma que por fin se elevan a rango de norma jurídica las determinaciones sobre el acceso a este tipo de tratamientos.

En ese sentido, en Andalucía, mediante la Resolución 0048/19, de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, se acaba de actualizar y publicar la nueva Guía de Reproducción Humana Asistida del Sistema Sanitario Público de Andalucía y se regulan las Comisiones de asesoramiento del Programa de Reproducción Humana Asistida con las que deben contar los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía que realizan técnicas básicas o avanzadas de reproducción humana asistida, a las que, entre otras funciones, compete garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia y la equidad en el acceso a la prestación, así como velar por la calidad de la asistencia del programa de reproducción asistida de su centro y área de referencia.

No obstante, la aprobación de la norma y la Guía aludida, la situación que se mantiene y que preocupa a esta Defensoría es que el acceso a los tratamientos de reproducción asistida viene condicionado por el factor tiempo, ya que el reloj biológico juega en contra en el contexto de la salud reproductiva. Así, en el caso que tratamos en la presente queja, se invoca una problemática en la que el tiempo juega un papel fundamental, por la reserva ovárica que presenta la compareciente y su proximidad a la edad de los 40 años, lo cual implica que la demora puede conllevar automáticamente la exclusión del derecho.

Queremos abundar en este aspecto y en cómo el factor tiempo puede suponer una merma e incluso exclusión del propio derecho, con lo que ello conlleva de acceso al mismo, desde una perspectiva de equidad, condicionado en este caso por la alta demanda y volumen que presenta la Unidad del Hospital Virgen del Rocío, hasta el punto que en circunstancias análogas, el momento de acceder a la prestación puede suponer el poder acceder o no al derecho, lo que podría equipararse a una desasistencia desde la perspectiva del derecho a la protección de la salud que promulga el texto constitucional.

En este sentido, desde el centro hospitalario se nos informa que el criterio en la lista de espera es el del orden de inclusión y que los tiempos medios se encontraban en torno a 18 meses para el tratamiento y en 8 meses para la primera consulta. En el caso que nos ocupa, se constata que el acceso a la primera consulta se ha demorado en 14 meses, con lo que es previsible que esta circunstancia se reproduzca en el tiempo de espera al tratamiento, con el consecuente riesgo que conlleva, como venimos diciendo, del factor tiempo.

Igualmente, nos expone el centro hospitalario en el propio informe remitido, que la apertura de una nueva unidad en el Hospital Virgen de Valme no ha provocado un impacto significativo en las listas de espera del Hospital Virgen del Rocío, con lo que podemos afirmar que las pacientes que se encuentran en tratamiento en ese centro hospitalario se encuentran en condiciones más desfavorables que otras pacientes en otros centros del territorio andaluz.

A la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, nos vemos en la obligación de formular a esa Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1: sobre el seguimiento del proceso asistencial de la interesada, Dña. (...), a fin de evitar que la demora en la cita y acceso al tratamiento de FIV pueda conllevar a la exclusión del derecho por el factor tiempo.

RECOMENDACIÓN 2: para que se realice un análisis por la Comisión de asesoramiento del Programa de Reproducción Humana Asistida del Hospital Virgen del Rocío, que permita evaluar las circunstancias que pueden concurrir en el acceso a la prestación en condiciones de equidad y se establezcan medidas que permitan asegurar el derecho.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz