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El promotor de la queja se dirige a esta institución para relatarnos su itinerario asistencial desde el pasado mes de septiembre de 2019, en el que tuvo que ser ingresado en Urgencias por colecistitis aguda. Nos refiere que desde dicha fecha ha precisado ir a Urgencias en varias ocasiones y que fue visto por el especialista en digestivo el pasado 8 de octubre de 2019, sin que a la fecha tenga un plan terapéutico para el tratamiento de sus dolencias.

Interesados ante el Hospital Virgen del Rocío, hemos conocido que ya le han realizado al afectado la prueba pendiente, por lo que el asunto por el que acudió a nosotros se encuentra solucionado.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al silencio mantenido por la Administración a la reclamación formulada por Liquidación por Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), la Agencia Tributaria de Andalucía, nos traslada la siguiente información:

“Manifiesta el interesado, en resumen, que la Gerencia Provincial de Jaén no le ha contestado las alegaciones que formuló en su escrito de 6 de febrero de 2020 frente al requerimiento de 30 de enero, en relación con los inmuebles que no se incluyeron en la relación de bienes del causante de la herencia.

El artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios-, establece lo siguiente: “Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán: a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo. b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.”

Por su parte, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -motivación-, de aplicación supletoria, señala:

“1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. [...]”.

En el presente caso, en la propuesta de liquidación provisional y trámite de alegaciones dictada por la Gerencia Provincial de Jaén el 13 de febrero de 2020 se adicionan a la herencia los siguientes bienes: 1.- Una pensión del causante del mes de agosto de 2018; 2.- El abono de la Mutualidad General de Funcionarios del mismo mes; 3.- El 25% del saldo de una cuenta de ahorro de titularidad compartida; implicando las tres partidas adicionadas un incremento total en la base imponible de 2.808,45 euros y una cuota a ingresar de 245,10 euros.

Es decir, en la propuesta de liquidación provisional la Gerencia Provincial no se hace referencia ni adiciona a la base imponible del impuesto el valor de los inmuebles sobre los que solicitó la justificación de su transmisión en los requerimiento de 16 y 30 de enero de 2020, lo que implícitamente supone que ha admitido las alegaciones y pruebas aportadas por el contribuyente en su escrito de 6 de febrero.

Frente a la propuesta de liquidación el interesado no presenta alegaciones, por lo que el 25 de mayo de 2020 la Gerencia Provincial de Jaén dicta la liquidación provisional, en la que se reproduce el contenido de la propuesta. En fecha 18 de junio el contribuyente ingresa el importe de la liquidación provisional en una entidad colaboradora, sin que conste la presentación de ningún recurso ni reclamación económico-administrativa.

Se adjuntan al presente informe la resolución del procedimiento de comprobación limitada, y el certificado de su notificación emitido por Correos y Telégrafos, S.A.”

Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración a su escrito de fecha el 12 de noviembre de 2018, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a solicitud al Comisariado de Memoria Democrática de Andalucía sin contestar, la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico nos traslada la siguiente información:

“Por regla general, por recomendación tanto de los antropólogos forenses que participan en las labores de exhumación de los restos de fosas de la Guerra Civil y la posguerra, como de los técnicos del laboratorio de la Universidad de Granada, encargada de la realización de los trabajos de análisis de ADN tanto de los restos óseos como de las muestras de los familiares y de las labores de identificación genética mediante la comparativa de la información obtenida de unos y otros, dichas comparativas se realizan una vez se han terminado los trabajos de exhumación de la fosa y se han recuperado todos los cuerpos.

Por otra parte esta Consejería, como responsable de dar respuesta a todos los familiares de las victimas, considera un agravio comparativo entre todos los familiares que llevan años esperando para poder recuperar los restos de sus familiares, llevar a cabo el análisis de solo una de los restos que se encuentran en custodia.

No obstante, tras mantener una reunión el pasado 21 de octubre con los responsables de los trabajos de identificación genética de la Universidad de Granada, se consideró viable la posibilidad de analizar las muestras de ADN por grupos de victimas, en los casos de fosas en las que, por sus dimensiones, sean muy numerosos los cuerpos a exhumar y ello con el fin de evitar un mayor deterioro de las muestras que puedan extraerse de los restos.

Es por ello que se va a proceder a realizar la extracción de ADN de todos los restos ya exhumados a día de hoy de las fosas de Córdoba y a establecer las comparativas oportunas con las muestras de ADN de los posibles familiares para su posible identificación”.

Una vez recibida la respuesta demandada por la persona interesada mediante informe de la Viceconsejería de cultura y Patrimonio Histórico damos por concluidas nuestras actuaciones.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al silencio administrativo a solicitud de devolución de ingresos indebidos por IIVTNU, el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Jaén nos traslada la siguiente información:

“1º) Al día de la fecha, y a nombre de la meritada contribuyente, existe dos expedientes motivados por la interposición de sendos recursos contra liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Recursos que obran en los expedientes 73012020004451 y 73012020004449.

2º) En el expediente 73012020004451 consta el recurso presentado contra liquidaciones nº 2020...0039 y nº 2020...0042. Ambas liquidaciones referidas a la unidad de urbana con referencia catastral nº 4238...01QZ e importes por principal respectivos de 208,43 € y 193,55 €. Dicho expediente se encuentra finalizado y archivado dado que las citadas liquidaciones fueron anuladas por el Órgano de Gestión Tributaria de este Organismo mediante Resolución número 12815 de fecha 28/07/2020, tal y como consta en expediente de gestión nº 73012019002167.

3º) Por lo que se refiere al expediente 73012020004449 señalar que en el mismo obra el recurso presentado contra las liquidaciones nº 2020...0048 y 2020...0049. Ambas liquidaciones referidas a la unidad de urbana con referencia catastral 9484...08WT e importes por principal cada una de ellas de 217,51 €.

Dicho expediente se encuentra pendiente de resolución al día de la fecha ante el elevado número de recursos y reclamaciones que penden en este Servicio, y que aún no ha podido ser resuelto, esperando sea resuelto próximamente, a la mayor brevedad posible. Respecto de las liquidaciones de este expediente mencionar que el valor 2020...0048 ha sido anulado recientemente (03/09/2020) en expediente de gestión 73012019002168 al comprobarse por el Órgano de gestión tributaria competente la existencia de un error en la grabación de la fecha de devengo, rectificándose la misma y aprobándose una nueva liquidación que le será remitida en breves fechas a la reclamante.

Asimismo, y por lo que se refiere al valor 2020...0049, se encuentra pagada la deuda dentro del periodo voluntario de ingreso, concretamente, el día 03/09/2020. Una vez se resuelva el recurso, y si fuese favorable a las pretensiones de la recurrente, se procedería a la correspondiente devolución de ingresos indebidos”.

Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, en forma acorde con sus pretensiones, con esta fecha, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Una asociación exponía textualmente lo siguiente:

“Por medio de la presente, nos dirigimos a esta Institución para formular QUEJA contra la CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN, por las siguientes irregularidades en el cumplimiento de sus funciones:

Que a través de escrito de fecha 13/12/18 se interpuso por esta parte Denuncia contra la empresa ..., ante el Organismo arriba señalado.(Se adjunta copia).

Que desde entonces no hemos tenido noticias en relación a dicha Denuncia.

Que entendemos que ha pasado un tiempo más que prudencial para que se hubiera producido ya algún tipo de Resolución, cuyo injustificado retraso puede incluso perjudicar a los derechos que corresponden a las personas afectadas.”

Admitimos la queja a trámite, únicamente, a los efectos de que, por la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se diera una respuesta expresa al escrito presentado, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, por lo que interesamos de la Administración la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, dicho escrito, informándonos al respecto.

Del contenido del informe remitido dimos traslado a la asociación reclamante con objeto de que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular alegaciones o consideraciones acerca del mismo. Así lo hizo mediante nueva comunicación en la que discrepaba de forma argumentada, y que trasladamos a la citada Viceconsejería para que tuviera un más completo conocimiento de las consideraciones de la misma e interesamos que se nos trasladara el posicionamiento de aquélla y, en particular, sobre la interpretación que mantenía sobre el alcance y consecuencias de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE, en relación con el artículo 50.3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, del que se deducía que las personas con discapacidad deberían contar con personal suministrador del combustible en las estaciones de servicio.

En su respuesta, tras exponer los antecedentes y causas que suscitaban el problema, derivadas principalmente de la necesaria observancia de la legislación comunitaria, se planteaba como posible solución el anteproyecto de ley para la modificación del artículo 50.3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, ya en marcha, que se esperaba que obtuviera la conformidad de todos los sectores y Administraciones implicadas, de forma que, sin rebajar las exigencias derivadas del cumplimiento del principio de accesibilidad universal que debían reunir todos los productos y servicios a disposición del público, se atuviera igualmente a la normativa europea.

Así las cosas estimando que, tras esta modificación legislativa, se verían atendidas las pretensiones que motivaron la queja y que, en consecuencia, nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, no resultaban precisas nuevas gestiones por nuestra parte, por lo que dimos por concluido el expediente.

El reclamante exponía que había solicitado reiteradamente al Ayuntamiento de Obejo la instalación de una placa reglamentaria de reserva de plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida donde se hiciera constar el número de la matrícula de su vehículo. Consideraba que la placa actualmente colocada no se ajustaba a las características exigibles reglamentariamente y por ello demandaba su sustitución.

Nos dirigimos al citado Ayuntamiento interesando que nos indicara si era posible acceder a la petición del reclamante o, de no ser así, se explicaran las causas por las que ello no se estimaba procedente.

De la respuesta remitida se desprendía que ya había sido instalada una placa reservada nominativa nueva atendiendo a lo solicitado, por lo que, habiendo quedado solucionado el problema que motivó la reclamación, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja de oficio referente a la demora en la resolución de expedientes de Pensiones no Contributivas.

Con fecha 13 de septiembre de 2019 recibimos respuesta de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a la Resolución formulada que, tras su valoración, consideramos aceptada, por lo que procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

No obstante, en relación con la sugerencia de la citada Viceconsejería de dar traslado al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales de la situación existente respecto a la gestión de las PNC, a nivel estatal, a fin de que pudiera instar la “necesaria reforma legislativa que conlleve la modificación del procedimiento de control anual” de estas prestaciones, así como “la necesidad de disponer de un sistema único de gestión informática de prestaciones” y “de cruces coordinado a nivel nacional para la agilización de los procedimientos de revisiones anuales y revisiones de oficio”, asumimos con el mayor interés la propuesta planteada, procederemos a dar traslado de las mismas a la Institución estatal y a trabajar, coordinadamente con la misma, para que se puedan hacer efectivas con prontitud.

El interesado exponía lo siguiente:

“1.- Que con fecha 7 de julio de 2018 presentó escrito al Ayuntamiento de Motril, en el que se denunciaba por el dicente y otro vecinos propietarios, que en la Urbanización ... ubicada en la Calle ... de Motril, se habían realizado por distintos propietarios los siguientes hechos que se consideraban que eran constitutivos de presunta infracción urbanística: cierres de terrazas y modificaciones de la fachada exterior del edificio mediante obra constructiva de anexionado de espacios en las citadas terrazas, y ocupación de torreones. La mayoría de estas irregularidades son apreciables desde la vía pública.

2.- Igualmente en el citado escrito se exponía:

a. Que al tratarse de actos que están sujetos a licencia urbanística municipal de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 169 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía se deberían dictar órdenes para la restitución a su aspecto originario.

b. El deber que ese Ayuntamiento tenía de actuar para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden público perturbado y reposición de la realidad física alterada.

3.- Que considerando que dichos hechos constituían presuntamente, una infracción que vulnera las prescripciones contenidas en la Legislación del Suelo y el Plan General de Ordenación Urbana de Motril y sus normas y ordenanzas; y que las mismas aparecen tipificadas y sancionadas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se solicitaba al mencionado Ayuntamiento:

a. La comprobación de los hechos, en tanto que titular de la potestad de la inspección urbanística, y que se incoaran expedientes sancionadores por presunta infracción y se iniciara procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b. Asimismo, se solicitaba que se comunicara a este interesado por parte del órgano competente para incoar los citados expedientes la decisión de incoar o no dichos procedimientos en la condición que ostentaba de interesado, en tanto que titular de un inmueble en la citada urbanización, ya que dichas actuaciones pueden derivar en una pérdida de valor del citado inmueble, sin perjuicio de las consecuencias que en materia de responsabilidad patrimonial por inacción pudiera haber lugar.

4.- Transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia, y a la fecha de la redacción de este escrito, por este interesado no se ha tenido conocimiento ni se ha notificado por el Ayuntamiento incoación de los correspondientes procedimientos sancionadores/de protección de la legalidad que pudieran corresponder.

5.- La consecuencia inmediata de la inacción del Ayuntamiento ha sido la siguiente:

a. Haber dado lugar a la prescripción de algunas de las acciones para perseguir las infracciones urbanísticas y sus sanciones, al no actuar a lo largo de un año, con la presunta omisión de las actuaciones inspectoras y de la incoación de los procedimientos sancionadores, y de restauración de la legalidad o de la adopción de las medidas cautelares. Ello va a impedir la persecución de las mencionadas irregularidades urbanísticas por el mero hecho del paso del tiempo basado cuando menos en la falta de diligencia del Ayuntamiento, pues si consideramos que la incoación de los expedientes para la restitución de la legalidad infringida debe realizarse dentro de los seis años siguientes a la completa terminación de las obras, todos los que se hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la presentación de la denuncia, (esto es julio de 2018) y por haber dejado transcurrir un año sin ejercitar el Ayuntamiento ninguna acción, dicha pasividad, presuntamente, ha permitido la consolidación de las construcciones sin licencia.

b. Haber permitido, con su inacción y falta de Inspección, la comisión por parte de nuevos propietarios de irregularidades urbanísticas que se suman al elenco que ya existían y que se denunciaron en julio de 2018.

c. Presunta omisión del deber de inspeccionar las infracciones comunicadas, con el presunto alcance jurídico penal que dicha actuación pueda tener.

d. Lesionar el patrimonio de este interesado, al permitir consolidar las antiguas irregularidades urbanísticas con la inacción del ayuntamiento, así como de nuevas actuaciones, que se traducen en un pérdida notoria de valor del inmueble de mi propiedad, al permitirse por el ayuntamiento un urbanismo anárquico y descontrolado.”

Admitida la queja a trámite, solicitamos al Ayuntamiento de Motril información relativa a la incoación de los procedimientos sancionadores/de protección de la legalidad urbanística que pudieran corresponder, a los que se refería el interesado, así como sobre el resto de las cuestiones que el mismo planteaba en el escrito dirigido a esa administración municipal.

Del contenido del informe técnico remitido, en el que se enumeraban las actuaciones municipales realizadas en materia de disciplina urbanística afectantes a la Urbanización “...”, dimos cuenta al reclamante con objeto de que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular las alegaciones y consideraciones que tuviera por convenientes.

Así lo hizo mediante nueva comunicación de la que dimos traslado al Ayuntamiento interesando que nos trasladara el posicionamiento de esa Corporación Municipal acerca de las consideraciones que el mismo exponía, así como que nos informara de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística que, en su caso, se pudieran estar impulsando, señalando su estado de tramitación o resolución dictada o, en caso de no haberse incoado tales expedientes, se nos indicaran las causas de dicha circunstancia.

En la respuesta municipal se nos dio cuenta del resultado de la visita de inspección realizada a la edificación en la que se habían apreciado hasta 53 anomalías, llevándose a cabo en la actualidad trámites de identificación de propietarios y otros como paso previo a la posible incoación de procedimientos de protección de la legalidad urbanística, trámites que se esperaba concluir a mediados de marzo de 2020.

En consecuencia, interesamos del Ayuntamiento que nos informara de la conclusión de las tareas antes reseñadas y, en base a ello, de los procedimientos de restauración de la legalidad que se incoaran por irregularidades constructivas en dicha edificación.

Se nos remitió informe señalando que, tras la visita de inspección efectuada, se habían incoado 53 procedimientos de protección de la legalidad urbanística.

Dado el elevado número de procedimientos incoados por parte municipal y al haber asumido el Ayuntamiento sus competencias en materia de protección de la legalidad urbanística, entendimos que no resultaba preciso el continuo seguimiento por parte de esta Institución del resto de los trámites de los procedimientos iniciados por lo que, estimando que se estaban impulsando las denuncias del interesado, considerando que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.