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El Defensor del Pueblo formula Resolución ante el Distrito de Atención Primaria de Almería por la que sugiere que se analice si el protocolo se activó en el momento oportuno, en función de la crona al lugar del suceso y de su disponibilidad, y de la necesidad de desplazar al paciente desde Níjar a Almería, que mantienen una distancia de unos 36 Km, usando el trayecto más corto.

Asimismo, sugiere que se reflexione sobre la información ofrecida a los familiares del paciente sobre la forma de proceder y se realice un análisis sobre el impacto que un menor tiempo en el traslado hubiera influido en la posibilidad de supervivencia del mismo, a fin de mitigar las dudas que la promotora nos revelaba en su escrito y que no han quedado aclarados en el informe administrativo.

ANTECEDENTES

Comparecía en esta Institución la interesada para exponer los hechos acontecidos con relación a la asistencia de su hijo y literalmente nos exponía lo siguiente:

“El día 25 de agosto de 2017, como a las 23 horas, encontrándonos en casa de mi hija, mi hijo (...) y yo misma, él empezó a vomitar y tener fuertes arcadas quejándose mucho. Decidimos llevarlo a urgencias. Tras unos pocos minutos de conducción, llegamos al ambulatorio de Níjar, al ayudarle a bajar del coche se caía y dijo que se le fue la vista, que no veía. Entramos diciendo que creíamos que era muy grave dados sus antecedentes; síndrome de Marfan, con dilatación aórtica de 5,3 y padre fallecido a los 33 años de disección aórtica. Además que el cardiólogo había dicho que si vomitaba corriéramos con él. A pesar de esa información, lo atendieron sin prisa, ENTENDIENDO QUE SE TRATABA DE UN MAL MENOR, algo del estómago, decían, por lo que le administraron Primperam y algunos calmantes. Dada nuestra insistencia en las posibilidades de que se tratase del corazón, intentaron hacerle un electro, EL ELECTRO SALÍA MUY MAL pero ellos insistían en que seguramente era porque él se movía, ya que se retorcía de dolor, no reaccionaron ni siquiera viendo que la tensión le había caído hasta 5-3. Tanto mi hija como yo, seguíamos insistiendo y preguntando si era el corazón, pero ellos una y otra vez insistían en que era del estómago, el doctor árabe, incluso llegó a decir: “¿no ves que se retuerce subiendo las piernas? Eso es del estómago, puede que sea apendicitis”. Tras una hora, viéndole retorcerse de dolor y vomitar, decidieron mandarlo a Torrecárdenas, con bastante calma PORQUE “HABÍA QUE PREPARARLO” según dijo uno de los operarios cuando insistí para que se apresuraran. Perdiendo 20 minutos más. Mandaron a mi hija ir a Torrecárdenas con su coche diciéndole que se adelantara para ir entregando documentación y avisando allí para que estuvieran preparados, llegó en 20 minutos, pero al llegar le manifestaron la imposibilidad de preparar nada sin que hubiese llegado el paciente. Mientras tanto yo permanecía con mi hijo, desesperada viendo como perdían el tiempo y atónita cuando vi que nos mandaban en la ambulancia SOLO CON UNA ENFERMERA. Aunque lo peor estaba por llegar, cuando llegamos al kilómetro 21, ¡la ambulancia en la que íbamos se detuvo! diciendo que tenía que venir otra ambulancia hasta allí a hacer un relevo, no daba crédito. De repente oí a la enfermera gritar el nombre de mi hijo, supe que todo iba muy mal, pero aún seguíamos allí detenidos ¡ESPERANDO! LA PARADA DURÓ UNOS 40 MINUTOS. Y cuando por fin llegó la otra ambulancia, aún tuvieron que trasladarlo y prepararlo en la nueva PERDIENDO 15 MINUTOS MÁS. Me dijeron: “su hijo está muy mal”, creo que en esos momentos ya había fallecido.

Perdimos 2 horas CRUCIALES en un caso tan evidente de disección aórtica, jamás debimos parar en urgencias de Níjar y confiar en su profesionalidad, ya que su nefasta actuación junto con su pasividad y la mala preparación de la ambulancia, supuso la muerte de mi hijo.”

Admitida a trámite la queja, iniciamos las oportunas investigaciones ante la Administración competente, solicitando informe administrativo acerca de los hechos relatados por la interesada a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Almería y al Distrito Sanitario de Almería.

El informe administrativo emitido por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Almería, nos expone en virtud de la información solicitada, sobre la asistencia prestada, tanto por el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias como por el Equipo de Emergencias 061, que asistió al hijo de la interesada las siguientes circunstancias:

A las 01:54 horas del día 26 de agosto del 2017, se recibe una llamada en el Centro Coordinador, desde el Centro de Salud de Níjar, comunicándonos que se iba a realizar un traslado por su Equipo Médico al Hospital Torrecárdenas.

A las 02:09 horas, el médico del equipo de Níjar informa al médico coordinador del estado de un paciente con antecedentes de Sdr. Marfan, con Aneurisma de Aorta, que ha acudido a su Centro de Salud con un dolor abdominal y vómitos, y que se encuentra hemodinámicamente inestable y con alteración en Electrocardiograma, solicitándonos el intercambio con nuestro Equipo de Emergencias en el punto kilométrico 21, lugar en el cual habitualmente se realizan los mismos.

A las 02:12 horas se asigna al Equipo de Emergencias, sito en la Bola Azul, para que se dirija a dicho lugar. Es una Prioridad 1, se trata de un paciente grave.

Durante el trayecto hacia el Km 21, el Equipo 061, contacta con el Centro Coordinador para valorar la posibilidad de continuar avanzando, el equipo de Níjar, acercándose al hospital, pero este no ve factible continuar, dada la inestabilidad del paciente, y la necesidad de cooperación de todo su equipo.

A las 2:39 horas, el médico del equipo 061, informa al médico coordinador que están trasladando al paciente, que este se encuentra en estado crítico y la necesidad de pre-alertar al hospital.

A las 02:45, se procede a la Pre-Alerta al Hospital Torrecárdenas, informando de la llegada del Equipo de Emergencias O61 con dicho paciente.

Finalmente, se realiza la transferencia del paciente, con la técnica isobar, en urgencias del Hospital Torrecárdenas.

Diagnóstico de Shock Cardiogénico.

Sospecha de Disección de Aorta Torácica.

Shock Hipovolémico.

Por su parte, el informe emitido por el Distrito Sanitario de Almería, nos expone, tras recabar información del Equipo Directivo de la UGC Níjar, Unidad donde se encuentra adscrito el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, en el que se realiza la asistencia al hijo de la interesada, que el paciente fue acompañado en la ambulancia por el Equipo de Guardia del SUAP Níjar que realizó la primera asistencia, formado por la doctora y una enfermera.

Sostienen en el informe que la ambulancia que se encuentra en el SUAP Níjar es de tipo C de Soporte Vital Avanzado, refiriendo la médico que solicitó la asistencia del 061 por la inestabilidad del paciente.

Respecto al intercambio, los profesionales sanitarios que trasladaron al paciente desde SUAP Níjar manifiestan que no hubo tiempo de espera en el intercambio del paciente.

De sendos informes administrativos se ha dado traslado a la promotora de la queja quien no ha efectuado alegaciones.

A la vista de cuanto antecede, procede efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

En primer lugar nos interesa destacar, tal y como manifestamos a la promotora de la queja en nuestro primer contacto, que desde esta Institución no podemos valorar la cuestión desde una perspectiva técnico-médica, o lo que es lo mismo, no podemos pronunciarnos en torno a la praxis asistencial.

Con ello queremos decir que desde dicha óptica nos resulta imposible valorar, a la vista de los antecedentes del paciente, y de la sintomatología que presentaba, cómo ha podido repercutir en su expectativa vital el tiempo empleado en la asistencia.

Suele centrar nuestra atención en este tipo de hechos, por un lado, la adecuación del nivel de prioridad otorgado a la demanda de asistencia, y por otro la demora en la respuesta.

En cuanto al primero de los aspectos, el protocolo de coordinación de la asistencia extrahospitalaria urgente y emergente del sistema sanitario público de Andalucía, ofrece una clasificación de patologías o motivos de consulta, a las que corresponderían los distintos niveles de clasificación de prioridad: emergencias (1), urgencias no demorables (2), urgencias demorables (3), y avisos domiciliarios (4), a los que se añaden la llamadas que únicamente persiguen el ofrecimiento de información sanitaria.

Así, el triaje o clasificación telefónica de la llamada de atención sanitaria urgente/emergente, es básica para establecer la prioridad de la asistencia, puesto que de esta clasificación va a depender la rapidez de la respuesta y los recursos que se le asignen, teniendo en cuenta la distancia al lugar del suceso y las unidades disponibles en cada momento.

Desde esta óptica, cabría apreciarse que la prioridad 1 asignada por EPES, respondería a la situación descrita y que se encuadra en aquellas situaciones en las que los signos o síntomas que presenta el enfermo hacen sospechar un riesgo vital inminente (o de secuelas graves y/o irreversibles o pérdida de función de órganos vitales) y por lo tanto, precisa una atención en el menor tiempo posible.

Deducimos de los informes administrativos que dicha Prioridad 1, es asignada a partir de la llamada que se produce a la 02:12 horas, en la que se asigna la asistencia al Equipo de Emergencias, sito en la Bola Azul, para que se dirija al lugar de intercambio.

A estos efectos, señala el protocolo que la primera asistencia debe prestarse allí donde se encuentra la persona y será medicalizada, siempre que sea posible, aunque en un primer escalón (por cercanía) puedan intervenir equipos no medicalizados y que el tiempo máximo de respuesta para esta prioridad se establece en 15 minutos en al menos el 70% de los casos.

Así, centrando la atención en el tiempo de respuesta asistencial, cuestión esencial que nos planteaba la interesada en su escrito de queja, hemos de señalar que los datos de los que disponemos son dispares.

La promotora sostiene que en torno a las 23 horas acude a urgencias del centro de salud y alerta de los antecedentes de su hijo, insistiendo en la necesidad de que se apresuraran, exponiendo que su hija fue enviada al Hospital de Torrecárdenas para avisar que iba a llegar un ingreso y cifra en unas dos horas el traslado del paciente hasta el centro hospitalario en una ambulancia sin enfermera, teniendo que esperar a mitad de camino para realizar un intercambio con el 061 que asevera se demoró por 40 minuto.

En contraposición a ello, el informe administrativo del Distrito Sanitario de Almería, ninguna mención contiene en cuanto a los horarios ni al nivel de prioridad asignado a la situación y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Almería, nos cuenta que parte de una llamada a la 01:54 horas para su intervención y cita el intercambio del paciente en el Km. 21, sin espera, citando en las 02:45, la Pre-Alerta al Hospital Torrecárdenas, informando de la llegada del Equipo de Emergencias O61 con dicho paciente.

En este punto, desconocemos el tiempo que pudo ser empleado en la primera valoración de urgencias, hasta la salida de la ambulancia por el Equipo de Guardia del SUAP de Níjar que realizó la primera asistencia, que la interesada sitúa de inicio en torno a las 23:00 horas y respecto del cual no se pronuncia el informe, que da escueta respuesta a los hechos planteados.

Sí se especifica que el paciente fue acompañado en la ambulancia por el Equipo de Guardia del SUAP Níjar que realizó la primera asistencia, formado por la doctora y una enfermera y justifica que la ambulancia que se encuentra en el SUAP Níjar es de tipo C de Soporte Vital Avanzado, refiriendo la médico que solicitó la asistencia del 061 por la inestabilidad del paciente.

Asimismo, aseveran, al igual que EPES de Almería que no hubo tiempo de espera en el intercambio del paciente.

Estos hechos contrapuestos, y sin prejuzgar la veracidad de los mismos, nos impide abundar en detalles del tiempo empleado en el traslado del paciente, desde la demanda inicial, sin que la promotora haya efectuado consideraciones a los mismos pese a haberse dado traslado a estos efectos, aun cuando es un dato sugerente que la prioridad 1 y activación del equipo para el traslado pudo resultar tardía.

No obstante ello, y desconociendo los aspectos médicos u organizativos que pudieron influir en la decisión del traslado del paciente en una ambulancia de tipo C de Soporte Vital Avanzado, nos surgen interrogantes en cuanto a la posibilidad de haber activado el protocolo en un momento anterior, desde la llegada del paciente al centro de salud, y haber barajado la posibilidad de activar otro recurso más idóneo para la atención a la emergencia, que está en función de la crona al lugar del suceso y de su disponibilidad, y de la necesidad de desplazar al paciente desde Níjar a Almería, que mantienen una distancia de unos 36 Km, usando el trayecto más corto, cuando conocemos que incluso es barajable el traslado asistido al hospital de referencia por el EM061 Aéreo cuando ello conlleve una significativa reducción del tiempo de traslado (se recomienda en distancias a hospital superiores a 30 km).

En cualquier caso, ello nos hace preguntarnos acerca del impacto que esta decisión hubiera tenido en un menor tiempo en el traslado y consiguiente atención hospitalaria inmediata, y en este caso, cuál hubiera sido la posibilidad de supervivencia.

Desde luego, y por la falta de medios advertida desde un inicio en esta Oficina para pronunciarnos sobre la existencia de mala praxis, resultaría aventurado establecerlo por la Institución, pero sí conviene reflexionar sobre ello, y sobre todo sobre la importancia de ofrecer seguridad e información a los familiares de un paciente en riesgo vital sobre la forma de proceder y ayudar a calmar la razonable ansiedad y malestar que se genera en este tipo de situaciones, cuestiones que del relato literal de la interesada no parecen desprenderse.

Por todo ello, y conociendo que las cuestiones que aquí se ponen de manifiesto afectan fundamentalmente al Distrito Sanitario, en uso de las atribuciones que a esta Ley confiere el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, hemos decidido elevar a las Administraciones intervinientes, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: 1.- Que se analice si el protocolo de urgencias se activó en el momento oportuno, en función de la crona al lugar del suceso y de su disponibilidad, y de la necesidad de desplazar al paciente desde Níjar a Almería, que mantienen una distancia de unos 36 Km, usando el trayecto más corto.

SUGERENCIA 2.- Que se reflexione sobre la información ofrecida a los familiares del paciente sobre la forma de proceder y se realice un análisis sobre el impacto que un menor tiempo en el traslado hubiera influido en la posibilidad de supervivencia del mismo, a fin de mitigar las dudas que la promotora nos revelaba en su escrito y que no han quedado aclarados en el informe administrativo

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga que sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente, y con ello permitir un mínimo de subsistencia a las personas en situación de vulnerabilidad social demandantes de esta prestación garantizada que se encuentran en una situación límite y que la falta de estos ingresos, los coloca en una situación de verdadera urgencia social que les impide subvenir a necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, vivienda y suministros básicos.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de marzo de 2020 compareció en esta Institución don (...),y en su queja nos trasladaba la demora en resolver su solicitud de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (en adelante RMISA).

2.- Con fecha 31 de marzo de 2021 hemos recibido el informe de esa Delegación en el que se nos informa que “con fecha 15/11/2019, la persona interesada presentó solicitud de acceso a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, regulada por Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, siendo tramitada con alta en el Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS), bajo el numero (...)”.

3.- A fecha de hoy, el interesado aún no ha recibido notificación alguna acerca de la resolución definitiva de su expediente.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Nos ocupamos en la presente queja de un tema recurrente en esta Defensoría, que es la demora en la resolución de la renta mínima de inserción social de Andalucía, regulada en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el marco de los derechos reconocidos en el texto de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Se trata de una prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social, que además se contempla de forma expresa en el artículo 42 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, con reconocimiento de su carácter de derecho subjetivo y exigible a las Administraciones Públicas.

No podemos obviar que se constituye como un instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales y entre sus fines, nos encontramos, reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía.

El procedimiento administrativo para su concesión se regula de forma expresa en el artículo 32.2 de la norma reguladora, donde se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y de cumplirse todos los requisitos exigidos en la norma, se traduce en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

Con lo que, a partir del tercer mes, la ciudadanía tendría derecho a su regular percepción de reunir los requisitos para ello, y de esta forma atender a las situaciones sociales de urgencia y exclusión que acompañan estas peticiones.

Con el cambio de modalidad expuesto en el artículo 31 del Decreto-Ley 10/2020 de 29 de abril, circunstancia que ha sido pedida y concedida al interesado, se entiende que el plazo anteriormente señalado cambia y se sitúa en el máximo de los cinco meses a partir de su concesión, dentro del cual habrán de ser verificados los requisitos, y en su caso, concedida la prestación, de la que serán descontadas las cantidades ya percibidas.

En tanto que se trata de procedimiento administrativo, se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española que regula que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Abundando en el plazo máximo para resolver, traemos a colación el artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, que establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, sin que en ningún caso la Administración se pueda eximir de esta obligación de dictar resolución expresa.

Es innegable que la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente, y con ello permitir un mínimo de subsistencia a las personas en situación de vulnerabilidad social demandantes de esta prestación garantizada que se encuentran en una situación límite y que la falta de estos ingresos, los coloca en una situación de verdadera urgencia social que les impide subvenir a necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, vivienda y suministros básicos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que se den las instrucciones necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se proceda a emitir la resolución expresa que corresponda al recurso de alzada presentado por el interesado.

Asimismo, recomienda que se doten de los medios precisos, como una mayor dotación de medios personales, de forma que puedan resolverse los recursos administrativos en unos plazos razonables y respetando los plazos establecidos por su normativa reguladora.

ANTECEDENTES

1.- El pasado mes de febrero de 2021, el promotor de la queja nos exponía que tras el abono de la RMISA de Andalucía en el mes de agosto de 2020, de su solicitud presentada el 16 de enero de 2019, detectó error en el importe de 4919,51 euros que se señala en concepto de atrasos.

Nos aportaba copia del escrito presentado contra dicha resolución, en que alegaba haber mantenido los requisitos durante los doce meses y no haber solicitado ninguna otra ayuda o prestación durante ese periodo entre el 01/02/2019 y el 31/01/2020 y sostenía no haber obtenido respuesta alguna.

2.- Interesados por estos hechos ante la Delegación Territorial en Sevilla de esa Consejería, se nos informaba del procedimiento administrativo tramitado y del conocimiento del recurso prestado por el interesado, por el que solicita que se le revisen los cálculos de los atrasos abonados porque piensan que son menores a los que debería haber percibido, indicando que el expediente había sido remitido a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación como órgano superior competente para resolver el mismo.

3.-Interesados ante la Consejería, se nos informa que el recurso de alzada, junto con el informe preceptivo y el expediente administrativo, tuvo entrada en la Dirección General de Servicios Sociales, como órgano competente para resolver el 16/02/2021.

Justifican que, a la fecha de emisión del presente informe el recurso no ha sido resuelto, dado que existen recursos anteriores pendientes de resolver, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “En el despacho de los expedientes se guardará el arden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que debe quedar constancia”.

Así, concluyen que una vez dictada la resolución del recurso de alzada, será remitida copia a esa institución para conocimiento y efectos.

4.- Por su parte el interesado muestra su malestar, y pone el acento en recordar que su solicitud inicial fue resuelta con más de quince meses de retraso, viendo ahora que debe soportar meses de retraso para que le sea resuelto el recurso que planteó por defecto en el cálculo de su cuantía.

De los motivos expuestos por esa Administración, esta Institución puede comprender que debido al volumen de solicitudes y la complejidad a la que hacen referencia, en una determinada coyuntura se puede ocasionar, durante un tiempo, que la tramitación de los procedimientos, cualquiera que sea su naturaleza, sufra importantes dilaciones, pero si no se trata de una situación excepcional, sino por el contrario un problema estructural, como venimos observando, resulta preciso adoptar medidas para garantizar que cuestiones de relevancia, como la correcta y completa tramitación de los recursos administrativos, tengan una respuesta adecuada en los plazos previstos por su normativa reguladora.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del mencionado artículo 21 establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Asimismo, el apartado 2 del mismo artículo dispone que el plazo máximo para resolución y notificación será el fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate y nunca podrá ser superior a seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea. Añade que cuando no se fije el plazo máximo para notificar la resolución éste será de tres meses. De este modo, el artículo 124.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de un mes.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio proactione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art.24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 31, garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con los de principios de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

También de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima.

Parecidos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula a esa Dirección General de Participación y Equidad, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN 1. - Que se den las instrucciones necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se proceda a emitir la resolución expresa que corresponda al recurso de alzada presentado por el interesado.

RECOMENDACIÓN 2. - Que se doten de los medios precisos, como una mayor dotación de medios personales, de forma que puedan resolverse los recursos administrativos en unos plazos razonables y respetando los plazos establecidos por su normativa reguladora.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz