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Recomendamos a la Universidad Pablo de Olavide que se revise la decisión de dar de baja definitiva en el programa de doctorado al promotor y se le reconozca el derecho a formalizar nuevamente matrícula en dicho programa, sin costes adicionales.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 30 de junio de 2021 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por un alumno de la Universidad Pablo de Olavide que manifestaba estar encontrando numerosos problemas para la normal realización de un curso de doctorado en “historia y estudios humanísticos” por falta de colaboración del profesor designado como tutor y director de tesis.

Dado que el promotor de la queja no acreditaba haber presentado las oportunas reclamaciones ante las autoridades académicas correspondientes exponiendo su problema, se le comunicó que no procedía en ese momento la admisión a trámite de la queja presentada, instándole a formular dichas reclamaciones.

II. Con fecha 26 de julio de 2021 volvió a dirigirse a esta Institución el interesado acreditando haber remitido diversos escritos y comunicaciones a diferentes instancias académicas, incluido el Defensor Universitario, sin que sus gestiones hubieran servido para desbloquear la situación académica de su curso de doctorado, ni para conseguir que el tutor designado para dirigir su tesis desempeñase las funciones que le correspondían por dicho nombramiento o para que se le nombrase un nuevo director de tesis.

III. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Universidad la emisión del correspondiente informe.

IV. Con fecha 24 de septiembre de 2021 se recibe el informe interesado y en el mismo se nos trasladan los siguientes hechos y consideraciones:

• Que el promotor de la queja fue admitido en el programa de doctorado en “...” tras acreditar cumplir los requisitos administrativos y académicos exigidos al respecto y presentar el aval del profesor Dr. ... para su integración en la línea de investigación “....”. La validación administrativa se produjo el 16 de noviembre de 2020 y la académica el 17 de noviembre.

• Que como tutor y Director de Tesis fue nombrado el Profesor Dr. … , asumiendo éste las funciones inherentes a tal cargo.

• Que desde el principio “entre el Director de Tesis y su doctorando se produce un desencuentro de orden académico”.

• Que como consecuencia de ese “desencuentro” se han producido diversas incidencias en el desarrollo del proceso de tutoría y realización del doctorado, entre las que cabe citar la falta de firma por parte del tutor del “Compromiso documental de supervisión” que le fue remitido por el doctorando el 8 de enero de 2021.

• Que con fecha 12 de enero de 2021 el Tutor comunica por correo electrónico al doctorando su “renuncia a la dirección de su Tesis Doctoral tras haber oído a la Comisión Académica del Máster”, circunstancia que manifestaba haber trasladado al Coordinador de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

• Que esta renuncia del Tutor y Director de Tesis nunca se formalizó debidamente ante la Comisión Académica del Programa de Doctorado, ni tampoco se solicitó formalmente a dicha Comisión por parte del doctorando un cambio en la dirección de su tesis.

• Que la Comisión Académica del Programa de Doctorado con fecha 22 de marzo de 2021 ratifica el nombramiento del Profesor Dr. ... como Tutor y Director de Tesis, decisión que no se ha modificado posteriormente.

• Que en el primer plazo de evaluación del doctorando durante el mes de marzo de 2021 el mismo no aportó ni el Documento de Actividades, ni presentó un Plan de Investigación.

• Que en dicho primer plazo el profesor tutor tampoco presentó evaluación alguna del doctorando por lo que la Comisión Académica realizó una evaluación conjunta otorgando una calificación de No Apto.

• Que con fecha 10 de agosto el doctorando dirige un correo al Director de la Escuela de Doctorado expresando su preocupación por la ausencia de evaluación de su Director de Tesis.

• Que con fecha 10 de septiembre la Dirección de la Escuela de Doctorado dirige un escrito al Profesor Dr. .. “en el que le recordaba sus obligaciones de evaluación y le invitaba a dar cumplimiento a su tarea para que la Comisión Académica pudiera emitir su valoración definitiva”.

• Que a a fecha de emisión del informe -24.09.2021- aun no había concluido el segundo periodo del proceso de evaluación, estando pendientes la evaluación del Director de Tesis y de la Comisión Académica. En caso de resultar nuevamente calificado el doctorando como No Apto, podría pedir la revisión a la Comisión Académica y, en caso de no prosperar la misma, se acordaría la baja definitiva del doctorando en el programa. Acuerdo que podría ser objeto de reclamación ante el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad.

V. Con fecha 20 de octubre de 2021 el promotor de la queja remite escrito informando que ha sido nuevamente calificado como No Apto y que se le ha comunicado la baja definitiva del programa, habiendo presentado reclamación contra tal acuerdo.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la regulación de los programas de doctorado y la delimitación de derechos y obligaciones.

La normativa básica de los programas de doctorado se encuentra recogida en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

Entre otras cuestiones, estipula esta normativa básica lo siguiente:

«Artículo 2 Definiciones

(...)

4. El Director de tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, en los términos previstos en el artículo 12 de esta norma.

5. El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas y, en su caso, de las Escuelas de Doctorado.

6. La Comisión académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como de la supervisión del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa.

7. Se entiende por documento de actividades del doctorando el registro individualizado de control de dichas actividades, materializado en el correspondiente soporte. El Director de tesis y el tutor revisarán dicho documento. La Comisión académica lo evaluará anualmente.»

«Artículo 11 Supervisión y seguimiento del Doctorado

(...)2. Las personas incorporadas a un programa de Doctorado se someterán al régimen jurídico, en su caso contractual, que resulte de la legislación específica que les sea de aplicación.

3. En el momento de admisión en el programa de Doctorado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente Comisión académica un Director de tesis. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier Doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la Universidad, centro o institución en que preste sus servicios. Asimismo, le será asignado un tutor, Doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión académica. El tutor podrá ser coincidente o no con el Director de tesis doctoral.

En el caso de que no se asigne un Director de tesis en el momento de la admisión la Comisión académica, habrá de designar un Director de tesis en el plazo máximo de tres meses después de la matriculación.

4. La Comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor o del Director de tesis de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

5. Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.7 de este real decreto. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule la Universidad, la Escuela o la propia Comisión académica y será regularmente revisado por el tutor y el Director de tesis y supervisado anualmente por la Comisión académica responsable del programa de Doctorado a que se refiere el artículo 8.3.

6. Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa y debe estar avalado por el Director y por el tutor.

7. Anualmente la Comisión académica del programa evaluará el plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el Director y el tutor. En el caso de que la Comisión académica detecte carencias importantes, podrá solicitar que el doctorando presente un nuevo plan de investigación el plazo de seis meses. En el supuesto de que las carencias se sigan produciendo, la Comisión académica deberá emitir un informe motivado y el doctorando causará baja definitiva en el programa.

8. Las Universidades establecerán las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la Universidad, el doctorando, su tutor y su Director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de programas de Doctorado.

9. Las Universidades, a través de la Escuela de Doctorado o de la correspondiente Unidad responsable del programa de Doctorado establecerán los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto y aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.»

«Artículo 12 Dirección de tesis

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3, la Universidad asignará al doctorando un Director para la elaboración de la tesis doctoral que será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

(...)3. La labor de tutorización del doctorando y dirección de tesis deberá ser reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.»

«Artículo 13 Tesis doctoral

(...)2. Las Universidades establecerán el procedimiento para la presentación de la tesis doctoral, incluyendo la determinación de un plazo máximo para la posterior lectura de la misma.

Las universidades, a través de la Escuela de Doctorado o de la correspondiente unidad responsable del programa de doctorado, establecerán procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de las tesis doctorales, incidiendo especialmente en la calidad de la formación del doctorando y en la supervisión.»

Esta normativa básica se complementa con la normativa específica de estudios de doctorado aprobada por la Universidad Pablo de Olavide en 2012 y modificada en 2019.

En dicha normativa específica se establecen, entre otras cuestiones, las siguientes estipulaciones:

«Artículo 24.Dirección de tesis doctorales

5. La comisión académica, oído el doctorando o doctoranda, podrá modificar el nombramiento de directora o director de tesis doctoral en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

6. Las labores de dirección de tesis serán reconocidas de manera individualizada para cada curso académico en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad Pablo de Olavide, conforme a lo establecido en las instrucciones que dicte el vicerrectorado con competencias en doctorado. En todo caso, las condiciones particulares de dicho reconocimiento se ajustarán a la normativa sobre el reconocimiento de labores docentes de la Universidad Pablo de Olavide.

Artículo 25.Compromiso documental de supervisión

La UPO establecerá las funciones de supervisión de las y los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por el doctorando en el momento de su matrícula, y por la presidencia de la Comisión de Postgrado dela UPO, la dirección de la tesis y, en su caso, también el tutoro tutora. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la admisión y deberá incluir, al menos:

a) La relación académica entre el doctorando/a y la Universidad

b) los derechos y deberes del doctorando/a y la Universidad,

c) la modalidad,a tiempo completo o tiempo parcial, a la que se acoge el o la estudiante,

d) la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos establecido por la Universidad,

e) los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse derivados de la investigación.

Artículo 26. Documento de actividades del doctorando o doctoranda

El registro individualizado de control de las actividades realizadas por el doctorando/a dentro de su programa de doctorado se realizará en su documento de actividades. Su formato, características y soporte se ajustarán a lo que establezca el vicerrector/a con competencias en doctorado, de acuerdo con la normativa aplicable y los requerimientos de información de las comisiones académicas de los programas, de la escuela o escuelas de doctorado y de los sistemas de garantía de calidad.

Artículo 28. Resolución de conflictos

1. Los conflictos entre las personas implicadas en el desarrollo de los programas de doctorado serán elevados por registro mediante informe razonado en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el momento en el que se produjera la causa de los mismos, y tratados en primera instancia por la comisión académica del programa de doctorado.

2. Las resoluciones de la comisión académica serán emitidas por el coordinador/a de la misma, y podrán ser recurridas en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su comunicación, ante el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado responsable del programa.

3.Las resoluciones del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado responsable del programa serán emitidas por el director/a de la Escuela de Doctorado, y podrán ser recurridas en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su comunicación ante la Comisión de Postgrado. Las resoluciones de la Comisión de Postgrado serán emitidas por el presidente de dicha Comisión, y agotarán la vía administrativa.»

Segunda.- De la traslación de la normativa reguladora de los estudios de doctorado al presente supuesto.

Vistos los antecedentes de hecho expuestos al inicio de esta resolución y puestos los mismos en relación con la regulación contenida en el Real Decreto 99/2011 y en la normativa de estudios de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, no cabe llegar a otra conclusión que no sea considerar que en el presente caso no se han cumplido adecuadamente por parte del tutor y director de tesis las obligaciones que le corresponden por razón de su cargo.

Dicho incumplimiento ha determinado la vulneración de los derechos que corresponden al doctorando como consecuencia de su admisión y matriculación en el programa de doctorado.

Asimismo, debemos concluir que a esta situación ha contribuido que no se hayan ejercido adecuadamente las funciones de control y supervisión del programa de doctorado que corresponden a la Comisión Académica del Programa de Doctorado y al Comité de Dirección de la escuela de Doctorado.

Llegamos a estas conclusiones en base a las siguientes consideraciones:

No consta que por parte del tutor y director de tesis se hayan desarrollado las funciones de tutorización, supervisión, seguimiento o evaluación del doctorando que le corresponden. Se han incumplido obligaciones esenciales en el proceso de tutorización y dirección de tesis, como la firma del compromiso de supervisión o la materialización del documento de actividades. Tampoco consta que se haya reclamado al doctorando el plan de investigación, ni se hayan efectuado las tareas necesarias para la evaluación del alumno.

Señala la Universidad en su informe que esta situación obedece a “un desencuentro de orden académico” ente el tutor y director de tesis y el doctorando. Desencuentro que parece evidente a la luz de lo acontecido, pero entendemos que, de alcanzar el mismo un nivel tal que impidiera el normal desempeño de sus funciones como tutor y director de tesis, lo correcto hubiera sido renunciar formalmente a sus responsabilidades y pedir a la Comisión Académica el nombramiento de un nuevo tutor y director de tesis, en la forma prevista y debidamente regulada en el art. 11.4 del Real Decreto 99/2011 y en el art. 24.5 de la normativa de doctorado d ella Universidad Pablo de Olavide.

No consideramos aceptable que la negativa a seguir ejerciendo la dirección de la tesis únicamente se comunique por correo electrónico al doctorando, omitiendo informar de la misma a la Comisión Académica, que sólo tiene conocimiento de esta situación por los reiterados escritos remitidos por el doctorando a diferentes instancias administrativas.

Tampoco consideramos acertado que la Comisión académica, al conocer estas circunstancias, se limitase a reiterar la designación del mismo profesor como tutor y director de tesis. Una decisión que, al parecer, se adopta por la Comisión sin realizar gestiones para conocer el verdadero alcance del reseñado “desencuentro”, ni adoptar medidas para solventar los incumplimientos habidos hasta entonces en cuanto a la ausencia de firma del compromiso de investigación o la falta de materialización del documento de actividades.

Es cierto que, como señala la Universidad, el doctorando podría haber acudido a la Comisión Académica para denunciar su situación y solicitar formalmente un cambio de tutor y director de tesis. Posiblemente ello hubiera ayudado a solventar la situación existente.

No obstante, cabe reseñar que aunque esta denuncia por la situación existente no se realizara por el doctorando siguiendo los cauces legales y procedimentales establecidos al efecto, lo cierto es que el mismo presentó innumerables escritos y remitió numerosos correos a diferentes autoridades académicas denunciando su situación y pidiendo una solución a la misma. Entre estas autoridades académicas contactadas informalmente por el doctorando se encuentran algunas con responsabilidades en relación al programa de doctorado, que podrían haber activado los procesos formales para investigar y solventar la situación denunciada.

La única actuación realizada por una autoridad académica en relación con el conflicto planteado fue un escrito dirigido con fecha 10 de septiembre por la Dirección de la Escuela de Doctorado al tutor y director de tesis “en el que le recordaba sus obligaciones de evaluación y le invitaba a dar cumplimiento a su tarea para que la Comisión Académica pudiera emitir su valoración definitiva”.

Respecto a la evaluación como No Apto del doctorando, entendemos que la misma resulta obligada habida cuenta la no acreditación por el mismo de la realización de las actividades correspondientes al programa.

No obstante, entendemos igualmente que la no realización de tales actividades debe imputarse en gran medida al incumplimiento por parte del tutor y director de tesis de sus obligaciones como tal y a la omisión por la Comisión Académica de sus deberes de supervisión y control respecto del normal desarrollo del programa de doctorado.

Por todo lo anterior, considera esta Institución que se ha privado al promotor del presente expediente de queja del derecho a desarrollar en condiciones de normalidad el programa de doctorado para el que fue admitido por la Universidad Pablo de Olavide y en el que ha estado debidamente matriculado.

En este sentido, entendemos que resultaría de justicia ofrecer al promotor de la queja la posibilidad de desarrollar nuevamente el programa de doctorado, en debidas condiciones, dejando sin efecto las evaluaciones realizadas.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: que se revise la decisión de dar de baja definitiva en el programa de doctorado al promotor de la presente queja y se le reconozca el derecho a formalizar nuevamente matrícula en dicho programa, sin costes adicionales.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado en la que la parte afectada exponía que se le denegó bonificación por familia numerosa en relación a la cuota anual por el IBI, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. Con fecha 16 de marzo 2020 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por el interesado (D. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

“Que solicitó aproximadamente en junio del año pasado en el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra, la desgravación en el IBI por familia numerosa. Habiéndole contestado recientemente el Ayuntamiento que no accedía su pretensión, por según, ellos no tenerlo acordado en las Ordenanzas Fiscales municipales”.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a la Administración municipal informe.

La misma, concluía al respecto indicando lo siguiente: “ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, cabría la posibilidad de aplicar una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre y cuando esa bonificación, por su carácter potestativo, aparezca recogida en la correspondiente Ordenanza Municipal de Higuera de la Sierra a tales efectos; circunstancia que no se cumple en el supuesto que nos ocupa. Por tanto, procede desestimar Ia pretensión manifestada por el solicitante.”

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Los principios constitucionales de legalidad y justicia tributaria

En nuestra opinión, las medidas de bonificación tributaria a la familia numerosa que el interesado propugnaba, resultan acordes con los principios contenidos en el artículo 31 de la Constitución Española, relativos a justicia tributaria.

Tal artículo, en su apartado primero dispone que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

En otros términos, de acuerdo con la Constitución, no solo se puede exigir por los Poderes Públicos que paguen más quienes cuenten con mayor capacidad económica, sino que lo hagan en proporción más elevada que los de capacidad económica más reducida. Ello, para contribuir a la consecución de los objetivos de redistribución de la renta (artículo 40.1 de la Constitución) e igualdad material que deben perseguir los poderes públicos (artículo. 9.2 de la Constitución) .

Consideramos, además, que así se contribuye a la mejora de la protección social y económica de las familias (Articulo 39 de la Constitución); estableciendo condiciones para el progreso social y para redistribuir rentas equitativamente (artículo 40 de la Constitución) y promoviendo las condiciones necesarias para el disfrute de una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución).

 

Segunda.- La Ordenanza Fiscal de IBI y la bonificación por familia numerosa.

Conforme establece el artículo 74, apartado 4, del antes citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las Ordenanzas Fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa.

La ordenanza Fiscal de cada municipio, para el caso de que la tengan reconocida, deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación.

Así pues, conforme a la Ley de Haciendas Locales las Entidades locales son competentes para regular y efectuar las bonificaciones, que -como las exenciones- pueden ser obligatorias y potestativas. Las primeras, reguladas directamente en la Ley de Haciendas Locales, afectan a las viviendas de protección pública, a las empresas constructoras inmobiliarias, etc. Las potestativas pueden aplicarse a familias numerosas, organismos públicos de investigación o enseñanza universitaria, inmuebles que hayan instalado sistemas de energía solar, etc. Al igual que las exenciones, las bonificaciones también se pueden clasificar en rogadas y no rogadas, en función de que sea preciso que la persona interesada haya de solicitarlas o bien la Administración pueda aplicarlas de oficio.

En el presente caso, toda vez que el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra no había establecido en su Ordenanza fiscal por IBI, bonificación alguna por familia numerosa, consideramos que su actuación al respecto denegando lo solicitado por el promovente de la queja, fue ajustada a Derecho

Ahora bien, sentado lo anterior, nada impide que por la propia Administración municipal concernida, se lleve a cabo la modificación de la Ordenanza Fiscal de IBI, incluyendo en la misma la bonificiación por familia numerosa, regulando los términos y requisitos que han de concurrir para su potestativa concesión a instancia de parte.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA:- En el sentido de que se adopte iniciativa por los órganos de gobierno, tendentes a proponer al Pleno Municipal modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de IBI, para la inclusión en la misma de la bonificación por familia numerosa, para el próximo ejercicio.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Con base en el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en el sentido de que se adopten todas las medidas necesarias y activen las ayudas o recursos públicos posibles para facilitar el acceso a una alternativa habitacional a esta familia.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 de febrero de 2020 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Dª. ..., a través de la cual nos trasladaba su preocupación por el lanzamiento de su vivienda, propiedad de Building Center.

Según refería, vivía sola con sus cuatro hijos menores de edad y se encontraba desempleada desde hacía dos años. En el año 2015 firmó un contrato de alquiler social con ..., por el cual debía abonar 100 euros en primer año y 290 euros los años siguientes. Sin embargo, relataba que una vez transcurrido el primer año no pudo asumir la subida de la renta, por lo que siguió abonando 100 euros hasta mayo de 2017 y después al quedar desempleada dejó de pagar, acumulando así una deuda por la que se inició un procedimiento judicial de desahucio. En junio de 2019 se suspendió el lanzamiento, tras la comunicación recibida de los servicios sociales de ese Ayuntamiento.

El lanzamiento se volvió a decretar para el 20 de marzo de 2020. Sin embargo, la interesada manifestaba que no disponía de recursos económicos para hacer frente a un alquiler en el mercado libre y que los servicios sociales únicamente le ofrecían la posibilidad de alojarles en un hostal durante tres semanas, por lo que transcurrido dicho tiempo se vería con sus hijos en la calle.

2.- Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar el correspondiente informe a esa Administración con fecha 5 de marzo de 2020.

3.- Al mismo tiempo, puesta esta Defensoría en contacto con ... sobre la posibilidad de suspender nuevamente el lanzamiento de la familia afectada, nos indicaron que sólo sería posible realizar propuesta de aplazamiento a la propiedad si el Ayuntamiento les ofreciese por escrito carta de compromiso de darle solución habitacional en el plazo máximo aproximado de uno o dos meses. De ello le dimos traslado con fecha 12 de marzo de 2020 para su conocimiento y la realización de las actuaciones que pudieran llevarse a cabo en tal sentido.

4.- En su informe, emitido por el Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social, registrado de salida el 20 de julio de 2020 con el número ..., se indicaba que los servicios sociales valoraban que la unidad familiar se encontraba en riesgo de exclusión social, ya que a la situación económica se unían otros factores como la falta de apoyo familiar y social. Por esta razón se le habían tramitado diversas ayudas y prestaciones económicas, en particular la RMISA.

Por ello, se remitió al Juzgado de Primera Instancia nº ... de Sevilla informe social acreditando la situación de vulnerabilidad de la familia y se solicitó el aplazamiento del lanzamiento hasta la finalización del curso escolar, a lo que accedió ..., fijándose el nuevo lanzamiento para el 29 de septiembre de 2020. Posteriormente se realizó informe social pidiendo nuevamente una nueva moratoria.

Asimismo, se nos informaba que la interesada no estaba inscrita en el Registro municipal de demandantes de vivienda pública, de lo cual dimos traslado a la misma.

5.- Posteriormente ... nos trasladó que el lanzamiento previsto para el día 29 de septiembre se había aplazado nuevamente por tres meses, si bien se indicaba que esta sería la última paralización y solicitaban por ello nuestra intervención ante ese Ayuntamiento a fin de que en el citado plazo se pudiera encontrar definitivamente una alternativa habitacional de acuerdo con los compromisos alcanzados para la anterior suspensión.

En atención a lo expuesto, en aras a poder adoptar una resolución definitiva con las debidas garantías, nos vimos en la necesidad de dirigirnos nuevamente a Vd. solicitando la emisión de un nuevo informe que contuviera un pronunciamiento sobre las actuaciones que por parte de ese Ayuntamiento se podrían realizar para facilitar a la familia afectada una alternativa habitacional.

5.- El nuevo informe del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social de ese Ayuntamiento, registrado de salida el 9 de diciembre de 2020 con el núm. ..., volvía a hacer referencia a las ayudas y prestaciones económicas que se habían tramitado a la interesada (RMISA, ayuda económica en alimentación, pago de suministro eléctrico, comedor escolar, ayuda para la adquisición del comedor escolar etc.), reconociendo que a la situación de riesgo de exclusión social de la familia, se unían otros factores como la falta de apoyo familiar y social. Sin embargo, por lo que respecta a su necesidad de vivienda, únicamente se indicaba que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe no dispone de alternativa habitacional que se pueda ofrecer a esta familia.

6.- Trasladado el contenido de dicho informe a la interesada, nos indicó que actualmente no disponía de ningún ingreso económico, ni siquiera las pensiones de alimentos de sus hijos, encontrándose a la espera de resolución de su solicitud de IMV y que, en todo caso, sin contrato de trabajo, nómina ni aval, no conseguía acceder a una vivienda de alquiler, por lo que no disponía de alternativa habitacional llegado el momento del lanzamiento, que desconocía cuándo se llevaría a cabo, tras la suspensión por tres meses del lanzamiento previsto para el 29 de septiembre. Según refería, por parte de ese Ayuntamiento solo le habían ofrecido ayuda para el pago de un mes de alquiler o tres o cuatro días de estancia en un hostal.

Por ello, volvimos a dirigirnos una vez más a ese Ayuntamiento solicitando informe sobre las actuaciones que se podrían realizar para facilitar a esta familia el acceso a una vivienda.

6.- En su respuesta, registrada de salida el 26 de febrero de 2021 con el núm. ..., se detallaban las actuaciones de asesoramiento e intermediación con la propiedad realizadas por la Oficina de la Vivienda de ese Ayuntamiento en el caso de la interesada y se reiteraba que actualmente no hay viviendas públicas que se pudieran poner a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. Sin embargo, no se mencionaban las medidas concretas que se podrían adoptar para facilitar el acceso de esta familia a una vivienda al alquiler, tales como una ayuda económica para un nuevo alquiler, cuestión sobre la cual preguntábamos en nuestra última petición de informe. En consecuencia, solicitamos la remisión de un nuevo informe sobre este aspecto.

7.- Con su comunicación de 13 de mayo de 2021 y registrada de salida con el número ... nos remitía informe de la Oficina de la Vivienda dando traslado de las actuaciones realizadas en el presente caso:

- Información y asesoramiento en el procedimiento judicial.

- Información e inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de la localidad.

- Coordinación con los servicios sociales comunitarios para su atención y elaboración de los informes sociales solicitados por el Juzgado.

- Mediación con la mediadora de la propiedad para tratar de poder acceder a un alquiler social, en esa vivienda o en cualquier otra que le pudieran ofrecer.

También nos informaban del aplazamiento del lanzamiento para el 17 de junio de 2021 y que la Oficina seguía en contacto con la mediadora de la propiedad aunque no había sido posible alcanzar un acuerdo para evitar el lanzamiento. Asimismo se indicaba que la Oficina de la Vivienda, abierta recientemente, no disponía de ninguna partida presupuestaria de ayudas económicas destinas a sus usuarios.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre el derecho a la vivienda en Andalucía y las competencias municipales para hacer efectivo este derecho.

Nuestro ordenamiento constitucional y estatutario ha cualificado el derecho a una vivienda digna y adecuada. Así, el artículo 47 de la Constitución española establece:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»

Nuestro Estatuto de Autonomía dedica su artículo 25 al derecho a la vivienda en Andalucía, poniendo el mismo en relación con el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, y mandatando a los poderes públicos para que lleven a cabo la promoción pública de la vivienda. Además remite a la Ley para la regulación del acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como de las ayudas que lo faciliten.

En desarrollo de esta previsión constitucional y estatutaria, la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, modificado en su redacción por el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, desarrolla el derecho a una vivienda digna y adecuada y regula las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo corresponden a las Administraciones Públicas andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda.

A estos efectos, la Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco del principio de subsidiariedad, dentro de los ámbitos competenciales correspondientes determinados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás legislación aplicable, promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de las siguientes actuaciones previstas en el artículo 4:

«a) El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, de manera que posibilite el acceso a la vivienda de promoción libre para aquellas personas que tengan recursos económicos suficientes.

b) El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la promoción y acceso a una vivienda protegida, en propiedad o en arrendamiento, a las personas titulares del derecho que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la presente ley.

c) El favorecimiento del alojamiento transitorio.

d) La promoción de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas existente.

e) El ejercicio de las potestades de inspección administrativa y sancionadora en materia vivienda.

f) Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas.»

Asimismo, en el artículo 20.1 de esta norma se dispone que:

“1. Las Administraciones Públicas Andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas físicas con riesgo de exclusión social y vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no puedan acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de los servicios sociales de los Ayuntamientos de los municipios en los que residan”.

Por lo que respecta a las competencias municipales en materia de vivienda, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, contempla en su artículo 9.2:

«2. Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida, que incluye:

a) Promoción y gestión de la vivienda.

b) Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico.

c) Adjudicación de las viviendas protegidas.

d) Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.»

Por otro lado, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, establece en su artículo 28 entre las funciones de los servicios sociales comunitarios:

«(...) 4.ª La identificación e intervención en situaciones de exclusión social o riesgo de estarlo, situaciones de violencia de género, situaciones de violencia intergeneracionales y de iguales, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social.

(…) 6.ª La atención a situaciones de urgencia o emergencia social.

(…) 15.ª La coordinación con los servicios públicos de vivienda mediante el establecimiento de actuaciones conjuntas para el acceso a la vivienda, la adecuación y mantenimiento de la misma, y especialmente frente a la pérdida de vivienda.»

Segunda.- Sobre la jurisprudencia relativa a la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional.

La ubicación sistemática del artículo 47 de la Constitución española en el capítulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica trae como consecuencia que el reconocimiento, el respeto y la protección del derecho a una vivienda digna ha de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución española, este derecho sólo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.

Ahora bien, el artículo 10.2 de la Constitución española dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la propia Constitución se han de interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

En este sentido, interesa traer a colación que el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Comité DESC), órgano técnico para supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por los Estados, se preocupó en su Observación General nº 7 de una de las cuestiones más decisivas con respecto a la vivienda, esto es, determinar las circunstancias en que son admisibles los desalojos forzosos y enunciar las modalidades de protección que se necesitan para garantizar el respeto de las disposiciones pertinentes del Pacto.

Algunas de las reglas específicas que plantea esta Observación General nº 7 frente a un desalojo se refieren a la efectiva puesta a disposición de las personas afectadas de todos los recursos jurídicos adecuados, a la adopción de medidas para impedir toda forma de discriminación resultante del desalojo, a la protección de los grupos más vulnerables como mujeres, niños o ancianos, al respeto a los principios de razón y proporcionalidad y, por supuesto, a las adecuadas garantías procesales.

Resulta especialmente importante, en lo que respecta a esta Resolución, la regla contenida en el párrafo 17 de la citada Observación General:

«Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda».

La interpretación del derecho a la vivienda que ha hecho este Comité ha sido respaldada por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, órgano que le ha sustituido, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Aunque las decisiones de estos Comités no tienen carácter vinculante, debe considerarse que el cumplimiento de buena fe de un Tratado por un Estado firmante debe obligarle a no apartarse de la doctrina de su Comité sin una justificación razonable.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuyas sentencias sí tienen fuerza de cosa juzgada para los Estados, ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el sentido de que la privación de la vivienda, aún sin considerar el título que se ostenta para su utilización, puede suponer la vulneración de otros derechos protegidos por el Convenio, como los artículos 3 (prohibición de los tratos inhumanos o degradantes) y 8 (respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia).

En definitiva, la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos considera que, cuando las personas afectadas por un desahucio no dispongan de recursos para proveerse una alternativa habitacional, las administraciones públicas competentes deberán adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer su derecho a la vivienda, en especial en aquellos casos que involucran a personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad. A tal fin, pueden optar por políticas muy diversas, incluyendo las ayudas al alquiler.

A nivel estatal, el Tribunal Supremo ha sentado en los últimos años jurisprudencia en relación con esta cuestión y, en particular, en la sentencia nº 1.581/2020, de 23 de noviembre de 2020, ha estimado que el órgano judicial «(...) debe comprobar que la Administración adopta realmente las medidas de protección suficientes para no dejar desamparadas a las personas especialmente vulnerables que vayan a ser desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban».

Por lo expuesto, los poderes públicos están obligados a adoptar las medidas necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para facilitar una alternativa habitacional a las personas afectadas por desahucios.

Tercera.- Sobre las competencias municipales en la protección de personas en situación de vulnerabilidad social frente a la pérdida de vivienda.

Como hemos expuesto, los ayuntamientos ostentan la competencia para la adjudicación de viviendas protegidas a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y para, a su vez, adjudicar viviendas excepcionando el régimen general de adjudicación, para familias en situación o riesgo de exclusión social, cuando la urgencia de la situación lo requiera; y asimismo ostentan la competencia en materia de servicios sociales y en la planificación, programación y gestión de viviendas.

A ello se une la previsión establecida mediante el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que prorrogó y modificó algunas medidas para evitar desahucios de personas vulnerables.

El artículo 1 de esta disposición modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, introduciendo un artículo 1 bis que establece la posibilidad de suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En caso de cumplir los requisitos para la aplicación de este artículo, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la parte demandante y solicitará a los servicios sociales informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la personas afectadas y se identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente.

Acreditada la situación de vulnerabilidad y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes, este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste hasta la finalización del estado de alarma. Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna.

Tanto si se aplica la suspensión extraordinaria del desahucio como si no, ya hemos expuesto la necesidad de que no se lleve a cabo el lanzamiento de una familia vulnerable sin que se disponga de una alternativa habitacional. En cualquiera de los casos, para que exista esa alternativa habitacional es fundamental la intervención de la administración municipal.

Cuarta.- Sobre la presente queja.

El Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe nos ha comunicado en sucesivos informes que a la situación de riesgo de exclusión social de la familia, se unían otros factores como la falta de apoyo familiar y social, por lo cual se le habían concedido y tramitado diversas prestaciones y ayudas económicas (RMISA, ayuda económica en alimentación, pago de suministro eléctrico, comedor escolar, ayuda para la adquisición del comedor escolar etc.).

Por lo que respecta a su necesidad de vivienda, se nos dio traslado de las actuaciones de asesoramiento e intermediación con la propiedad realizadas por la Oficina de la Vivienda de ese Ayuntamiento.

Ante la falta de acuerdo con la entidad propietaria para la permanencia en la vivienda, únicamente se indicaba que no había viviendas públicas que se pudieran poner a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y que por tanto que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe no dispone de alternativa habitacional que se pueda ofrecer a esta familia.

Sin embargo, no se mencionaban las medidas concretas que se podrían adoptar para facilitar el acceso de esta familia a una vivienda al alquiler, tales como una ayuda económica para un nuevo alquiler.

El Defensor del Pueblo Andaluz es plenamente conocedor de la sobrecarga de trabajo con la que se encuentran los servicios sociales comunitarios de toda nuestra Comunidad en la actual situación de pandemia, así como de las dificultades de los ayuntamientos de pequeño y mediano tamaño para afrontar los cada vez más numerosos casos de familias con necesidad urgente de vivienda. Asimismo, es de celebrar la creación, cada vez más habitual, de oficinas municipales de la vivienda que prestan valiosos servicios de asesoramiento e intermediación a las personas que se enfrentan a la inminente pérdida del que constituye su hogar.

Sin embargo, ello no obsta para que conforme a la normativa y jurisprudencia nacional e internacional las administraciones con competencias en la materia deban adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer el derecho a la vivienda de las familias vulnerables que se enfrentan al desahucio de su vivienda.

Recordamos que en el caso presente el desahucio, señalado el 17 de junio, afecta a una madre desempleada y sus cuatro hijos menores de edad.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN. - para que por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se adopten todas las medidas necesarias y activen las ayudas o recursos públicos posibles para facilitar el acceso a una alternativa habitacional a esta familia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz