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El interesado expresaba que su cónyuge, reconocida como persona en situación de dependencia, recibió resolución por la que se modificaba el grado de dependencia reconocido el mes de marzo de 2016.

Pese a lo anterior, en la fecha de presentación de la queja aún no le había sido aprobado el nuevo Programa Individual de Atención, lo cual resultaba imprescindible para la adecuada provisión de cuidados que requería.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y se nos respondió que el retraso se debía al cúmulo de expedientes que se encontraban en esta misma fase que debían ser resueltos tras el pertinente estudio y valoración. Consultado el Servicio de Coordinación de la Dependencia se supo que la persona dependiente tenía reconocido 45 horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio, habiéndose aumentado el número de horas en dos ocasiones pasando de 30 a 40, y de 40 a 45 horas mensuales que era lo máximo autorizado para el grado II.

Cierto era que la interesada tenía reconocido desde el 15 de enero de 2016 un grado III, pudiéndose aumentar por tal motivo las horas hasta situarse entre las 46 y 70. La revisión del PIA se encuentra pendiente por parte de la Delegación Territorial a pesar de que la propuesta era de 14 de abril de 2016, porque teniendo en cuenta la limitada disponibilidad presupuestaria se estaba dando prioridad al reconocimiento del servicio de ayuda a domicilio iniciales, es decir, de usuarios que no tenían reconocido ningún servicio o prestación.

Tras trasladar la información anterior al promotor de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, en su respuesta nos comunicó que que continuaba sin aprobarse el nuevo Programa Individual de Atención de su cónyuge.

Puesto que desde el reconocimiento de la situación de dependencia en Grado III (Gran Dependencia) por revisión, hasta la fecha, habían transcurrido ya más de 14 meses, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, formulamos Resolución al citado organismo en el sentido de que se aprobase la revisión del Programa Individual de Atención de la persona mayor dependiente, informando al interesado, en el caso de que no fuese posible la aprobación inmediata del Programa Individual de Atención, de la fecha previsible para la aprobación.

La Delegación Territorial nos informó de la aceptación de la Resolución formulada, por lo que con fecha 28 de mayo de 2017 se aprobó la revisión del PIA aumentándosele el servicio de ayuda a domicilio de 45 a 70 horas mensuales, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Almería ejecuta diversas obras de mejora en los accesos a la Universidad de Almería, en la zona de La Cañada de San Urbano.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Almería, éste, un año después de nuestra primera petición de informe, al margen de exponer la deficiente colaboración y coordinación de diversos departamentos municipales que habían determinado el retraso en su respuesta, lo cierto era que se limitaba a indicar que, una vez que dispusiera de las correspondientes informaciones y actuaciones efectuadas, procedería a dar cuenta de ellas a esta Institución.

Por ello, instamos al Ayuntamiento a que, mediante una adecuada coordinación entre los diversos departamentos municipales, se nos aclararan dichos extremos sin nuevas demoras. En una nueva respuesta, se nos señaló que una unión temporal de empresas había realizado las tareas de limpieza y desbroce del carril bici de la Calle La Mar de la Cañada de San Urbano, habiéndose realizado informe y reportaje acreditativo de ello.

Ante esta respuesta y aunque quedaba por conocer si las actuaciones que nos anunciaban en materia de alumbrado público se iban a ejecutar a corto plazo, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por parte de esta Institución, aunque solicitamos al Ayuntamiento, en nuestro escrito de cierre, que se nos informara de la ejecución de esas mejoras en el alumbrado público.

Tras las diferentes actuaciones que hemos realizado en esta queja, abierta de oficio, en la que instamos a las tres administraciones implicadas en este asunto, Diputación Provincial de Huelva, Servicio Andaluz de Salud y Ayuntamiento de Lepe, a la observancia del principio de coordinación recogido en el artículo 103.1 de la Constitución Española y del artículo 44 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que dispone que todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial se regirán por los principios de eficacia, proximidad y coordinación entre las Administraciones responsables, conocimos el compromiso suscrito por el Ministerio de Fomento por el que asume la ejecución del Proyecto de Adecuación del enlace Lepe-Oeste y del Proyecto de Ejecución de la Vía de Servicio, por lo que nos dirigimos, en vía de colaboración, a la Delegación del Gobierno en Andalucía para que nos facilitara información acerca del plazo aproximado en el que, tras los trámites necesarios, podrían dar comienzo las obras de ejecución de la vía de servicio que da acceso al CHARE, esperando que el resto de las obras de urbanización sean ejecutadas de forma simultánea, lo que posibilitaría la puesta en servicio sin más demoras de esta instalación hospitalaria.

Se nos informó por la Delegación del Gobierno en Andalucía, en cuanto a la infraestructura de acceso al CHARE, del estado de tramitación de los dos Proyectos de Vía de Servicio y Acceso al Centro Hospitalario y de Construcción de Glorietas en el enlace tipo diamante con la Autovía A-49, aclarando que ambos conllevan expropiaciones, actualmente en fase de información pública e información oficial, tras el cual se deberán resolver las alegaciones presentadas, validarse los proyectos de construcción e iniciarse los expedientes de expropiación. A continuación, una vez aprobados los proyectos de construcción se podrán iniciar las obras. Dados estos complejos trámites se concluye la dificultad de poder precisar una fecha concreta de inicio de las obras, pero se reseña que la Dirección General de Carreteras considera prioritaria la actuación y, concluidos los trámites mencionados, se iniciará lo antes posible el proceso de licitación de las obras.

Así las cosas, reconociendo la complejidad de los trámites enumerados que, en todo caso, resultan obligados, cabía estimar que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, por lo que, dado que se había considerado prioritaria esta actuación por la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones en este expediente, aunque solicitamos que, cuando ello se produjera y para tener constancia de que el Centro Hospitalario, de tanta importancia para la población de la zona, iba a entrar en funcionamiento, se nos informara del inicio del proceso de licitación de las obras y de la fecha aproximada de su inicio.

Finalmente, la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe colaboran para la realización de una pasarela sobre la A-8057.

Tras las actuaciones realizadas en esta queja, tanto con la Consejería de Fomento y Vivienda (a través de la Dirección General de Movilidad o de la Viceconsejería de la misma) y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), en la que hubo que formular resolución a ambas Administraciones para que actuaran de acuerdo con los principios de cooperación, coordinación y lealtad institucional, de cuyas respuestas entendimos que se habían aceptado pues se anunciaban contactos entre ambas en torno a este asunto, finalmente conocimos, respecto de la Consejería de Fomento y Vivienda, que se estaban desarrollando los trabajos de diseño y cálculo estructural de la pasarela en el marco del Proyecto de Construcción de la pasarela de cruce de la A-8057.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe nos señaló que se seguía colaborando con la Consejería de Fomento y Vivienda para llevar a cabo este proyecto, añadiendo que tan pronto existiera una propuesta firme de actuación se nos haría llegar.

De acuerdo con ello, estimamos que nos encontramos ante un asunto en vías de solución, pero que requería una serie de trámites ineludibles y la colaboración entre las administraciones municipal y autonómica para iniciar la construcción demandada, por lo que hemos suspendido nuestras actuaciones puesto que se estaba produciendo, a la vista de la información recibida, una decidida colaboración institucional para su debido impulso.

Sin perjuicio de ello, en nuestra última comunicación solicitamos a ambas administraciones que, cuando se produzca y para su debida constancia en el expediente, nos hagan llegar la propuesta firme de actuación que finalmente resulte aprobada.

Ayudamos y pudo cobrar el salario social.

El interesado manifestaba que en diciembre de 2016 presentó su solicitud de salario social, confirmándole en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla que cumplía todos los requisitos, pero no sabían cuando lo iba a recibir.

Afirmaba que no cobraba ninguna ayuda tras haber agotado la segunda renovación de la Renta Activa de Inserción en Febrero de 2017 y no tenía familia, sus padres habían fallecido y no tenía a nadie que le pudiera ayudar.

Solicitamos informe a la citada Delegación Territorial, quien nos respondió que con fecha 13 de enero de 2017 el interesado, en representación de su unidad familiar unipersonal, presentó solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los andaluces y que con fecha 16 de junio de 2017 tuvo entrada en el Registro General de dicha Delegación, oficio del Ayuntamiento del municipio del interesado adjuntando documentación del mismo al objeto de incorporarla a su expediente.

La Comisión de Valoración constituida a nivel provincial y reunida con fecha 30 de junio de 2017, evaluó la solicitud presentada por la unidad familiar unipersonal junto a la documentación anexa. Asimismo, se procedió al análisis de los informes evacuados, así como a la valoración de la situación socio-económica de la misma, y como resultado de ello la citada Comisión formuló la Propuesta de Resolución por la que se proponía la concesión a la unidad familiar de la medida del Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5 apdo. a) del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los andaluces.

El interesado percibiría una prestación económica mensual de 406,22 durante seis meses (total 2.437,32 €).

Habiéndose solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La parte promotora de la queja manifiesta que su padre ejerció el derecho a la libre elección de especialista para el centro La Bola Azul, siéndole negado en principio el servicio de transporte por estimar que no procedía en los supuestos de libre elección.

Se da la circunstancia de que el padre del interesado es una persona discapacitada por lo que depende de dicho servicio para acudir a la consulta, de manera que tras la realización de diversas gestiones en las dependencias del Distrito Sanitario Poniente, al final consiguió que pusieran a su disposición una ambulancia para poder realizar el traslado.

A pesar de que así ha conseguido solventar esta situación concreta, estima el interesado que la regla esgrimida que impide la disponibilidad del transporte en los supuestos en los que se ejercita la libre elección entraña una auténtica discriminación porque impide la accesibilidad de las personas discapacitadas a los servicios sanitarios en igualdad de derechos, dificultando su integración.

Sostiene que de esta manera se excluye a los discapacitados, que por su condición precisa de un medio de transporte adaptado, del derecho a la libre elección, precisamente por parte de quien más debería garantizarlo.

Interesados ante la Administración sanitaria, recibimos informe en el que se explica que la normativa que regula el derecho a la libre elección de especialista y hospital se remite en cuanto al transporte sanitario a la relativa a cartera de servicios, previéndose este último para los desplazamientos de aquellas personas que no puedan acudir a recibir asistencia sanitaria en medios de transporte ordinario, por imposibilidad física o causas exclusivamente clínicas.

Según señala el informe en cuestión “la libre elección no debe suponer un menoscabo de la prestación de transporte sanitario tal como está recogido en la normativa”.

En definitiva, que si por causa de la enfermedad el padre del interesado está imposibilitado para utilizar medios de transporte ordinario, podrá ser beneficiario de la prestación de transporte sanitario, aún en los casos en que ejercite la libre elección de especialista y hospital.

De ahí que le hayamos sugerido que para las posibles atenciones que precise recibir en el futuro, haga valer esta premisa, y en caso de no ser atendida la misma, puede ponerse otra vez en contacto con nosotros para prestarle nuestra colaboración.

El interesado indicaba que su padre tenía reconocida la condición de persona en situación de dependencia (Gran Dependencia), con fecha 21 de junio de 2016. Señalaba asimismo que debido a la avanzada edad de su padre, y a las circunstancias de su entorno familiar, necesitaba con carácter urgente que se aprobase su Programa Individual de Atención y se le reconociera el servicio que requiriese.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, y pese a haber recibido la visita del trabajador social con fecha 23 de noviembre de 2016, aún no se había aprobado dicho Programa Individual de Atención, por lo que su padre no estaba recibiendo los cuidados que necesitaba, debiendo destacarse que la solicitud de reconocimiento de la dependencia se presentó en el mes de junio de 2015.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, se nos indicó que remitida la Resolución de fecha 21 de junio de 2016 de reconocimiento de la situación de dependencia de la persona interesada (Grado III, de Gran Dependencia) a los Servicios Sociales comunitarios, con fecha 23 de noviembre de 2016 se le había realizado el preceptivo trámite de consulta al dependiente acerca del recurso del servicio de ayuda a domicilio de 57 horas mensuales como el más adecuado a sus circunstancias socio-familiares.

Estaban a la espera de recepcionar la Propuesta de Programa Individual para una vez comprobada que la documentación era válida, proceder al estudio del copago. Para la tramitación del expediente se atendería al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siguiendo el orden riguroso de incoacción en asuntos de homogénea naturaleza.

Tras trasladar el informe recibido al promotor de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, recibimos una nueva comunicación del mismo, el cual se ratificaba en la queja y expresaba que continuaba sin aprobarse el Programa Individual de Atención del afectado.

En concreto refería que personado el 20 de abril de 2017 en los servicios sociales comunitarios, el Trabajador Social le había comunicado que la propuesta de PIA se encontraba aún en estado de Borrador en la plataforma Netfegys y que hasta tanto la Delegación Territorial no validase dicho PIA, el Ayuntamiento no podía remitir la documentación para su posterior aprobación.

En consecuencia, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, formulamos Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se aprobase definitivamente su programa individual de atención y se diese plena efectividad al recurso correspondiente.

En su respuesta, la citada Delegación Territorial nos informa que el 24 de julio de 2017 se aprobó el PIA, reconociendo el derecho de acceso al servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de su localidad como modalidad de intervención más adecuada de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la normativa de aplicación para su grado de dependencia con una intensidad de 59 horas mensuales, correspondiendo 24 a las necesidades domésticas o del hogar y 35 a la atención personal para las actividades de la vida diaria.

Al haber sido aceptada la pretensión planteada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.