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En el año 2013 iniciamos una actuación de oficio ante todos los municipios de Andalucía destinada a concienciar a los gobiernos locales de que no podían tolerar, y mucho menos autorizar, la instalación de equipos de música pregrabada o la celebración de eventos con música en vivo, en los locales de hostelería que no reunieran los requisitos legales para ello. Habíamos recibido noticias de que algunos gobiernos locales habían autorizado la disposición de terrazas de veladores a establecimientos con música (pubs, bares con música e incluso discotecas), siendo ello contrario a la normativa en vigor. 

De acuerdo con esa idea, enviamos una resolución a todos los Ayuntamientos de Andalucía en la que se incluían unas recomendaciones y sugerencias de acuerdo con una jurisprudencia, muy consolidada, de nuestro Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y tribunales ordinarios. En esa resolución se recordaba, por ejemplo, que «es completamente ilegal la autorización de terrazas en pubs y bares con música y en las salas de fiesta, discotecas y discotecas de juventud» y se solicitaba de los ayuntamientos un «compromiso de tolerancia cero con la ilegal contaminación acústica».

Nos respondieron 469 municipios, la gran mayoría aceptando el contenido de nuestra resolución. De estos informes concluimos que la mayor parte de los establecimientos de hostelería respetan la normativa de aplicación, y sólo una exigua minoría genera el 90% de las reclamaciones. Suele tratarse de locales muy concretos. Lo sabe la Policía Local, lo conocen los servicios técnicos y las autoridades, pero no intervienen. Por todo ello recomendamos a los ayuntamientos y diputaciones una serie de buenas prácticas contra este tipo de contaminación acústica, y nos comprometemos por último a realizar un nuevo trabajo sobre los ruidos generados por las terrazas y veladores.

Esta publicación la presentaremos en las jornadas de coordinación de Defensores del Pueblo que se celebrará en Pamplona jueves 22 y viernes 23 y que abordará como tema principal 'La invasión del domicilio por ruidos : la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica ”.

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz por los problemas que están padeciendo los vecinos como consecuencia de la contaminación acústica que provoca las concentraciones de personas en la zona con motivo de “la botellona”, el consumo de bebidas en la calle y la emisión de música en locales que no reúnen los requisitos para ello.

En una reunión celebrada hoy en la Oficina del Defensor, los representantes vecinales han trasladado también otros problemas de los centros históricos que también vienen sufriendo, tales como la suciedad y basura acumuladas en las vías públicas derivada de esas concentraciones; el deterioro de los inmuebles por el abandono de su conservación, y el creciente despoblamiento de estas zonas urbanas.

Precisamente para denunciar esta situación, la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez, ha informado a la Institución que en noviembre esperan celebrar la asamblea constituyente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Vecinos de Centros Históricos, a cuya asistencia se han comprometido 25 grandes municipios de Andalucía.

Los objetivos básicos de esta Federación son luchar porque se adopten políticas públicas que faciliten la conservación de los cascos históricos, el aumento de la calidad de vida facilitando la peatonalización de las vías públicas y la lucha contra la contaminación acústica.

Esta Institución, preocupada por las situaciones de carencia y necesidad que trata de solventar cada día, ha participado hoy en la presentación del Anuario Corresponsables #J95Anuario2016 organizada por la Fundación Endesa. El técnico Ignacio Aycart ha intervenido en la mesa “Pobreza y voluntariado energético” junto a representantes de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE), Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla.

Aycart ha trasladado la preocupación de la institución por la incapacidad de una parte importante de la población para sufragar el coste de unos suministros básicos que resultan esenciales para el mantenimiento en condiciones de dignidad de la vida diaria, como la luz o el agua. La dimensión que ha alcanzado este problema no sólo es consecuencia de la disminución de ingresos en las familias provocada por la crisis económica, sino también el resultado de los continuos incrementos experimentados por las tarifas que gravan estos suministros básicos, especialmente significativos en el caso de la electricidad. "Siempre ha habido problemas energéticos y ha crecido por la crisis económica y el desempleo", ha dicho Aycart.

La mayor preocupación del Defensor del Pueblo andaluz surge de la constatación de que, cuando la interrupción del suministro afecta a una unidad familiar que ya se encuentra situada en una posición de vulnerabilidad económica, se produce una degradación de su situación que incrementa de forma notoria su grado de vulnerabilidad y el riesgo de caer en exclusión, lo que se ha denunciado en numerosas ocasiones y se ha reclamado en los Informes Anuales elevados al Parlamento de Andalucía.

Así, el Defensor del Pueblo andaluz insiste en la reclamación de un marco normativo que permita garantizar el acceso a determinados suministros que se consideren esenciales. La principal reclamación es la aprobación de una Ley o norma sustantiva que, partiendo del reconocimiento del derecho de las personas a unos suministros mínimos en materia de energía y agua, establezca unas garantías concretas para que nadie quede sin acceso a estos suministros por razones económicas y regule unos procedimientos concretos para hacer realidad esta garantía.

Las dificultades inherentes a la elaboración y tramitación de una normativa de estas características, unida a las incertidumbres jurídicas derivada de la impugnación por el gobierno del Estado de otra norma similar en Cataluña, viene provocando un retraso en la aprobación de esta propuesta legislativa, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a la aprobación de medidas urgentes, en forma de decretos, con el objetivo de facilitar financiación a los Ayuntamientos andaluces para atender situaciones de pobreza energética o hídrica. También ha contribuido a solucionar muchas de esta situaciones la colaboración de algunas empresas suministradoras que han introducido procedimientos que posibilitan la suspensión de las órdenes de corte de suministro mientras se trasladan los casos a los servicios sociales y se busca una solución a los mismos. Estas iniciativas se han visto mejoradas tras el reciente acuerdo entre la FAMP y diversas empresas suministradoras, entre ellas Endesa, que ha posibilitado la aprobación de un modelo de convenio de colaboración.

Siendo ésta una medida loable, la solución definitiva al problema de la pobreza energética, a nuestro juicio, pasa ineludiblemente por la aprobación de una norma que permita afrontar en Andalucía con garantías, equidad e igualdad los problemas de la pobreza energética. Una norma que aun parece lejana en el tiempo ya que, pese a tratarse de uno de los compromisos anunciados por el Gobierno de la Junta de Andalucía al inicio de la presente legislatura, no se atisba en el horizonte ninguna iniciativa legislativa al respecto. Proponemos que en esta solución participen las empresas suministradoras, a quienes animamos a colaborar con los servicios municipales para la financiación de los costes derivados de las facturas que puedan resultar impagadas.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz participa en la Mesa Redonda de la 95º Jornada Corresponsables, organizada por Endesa y que hablara sobre "pobreza y voluntariado energético"

El Defensor del Pueblo Andaluz ha mantenido hoy una reunión con ASPANRI  (Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome de Down); FEAFES-ANDALUCIA  (Federación Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad Mental); FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental); FEAPS (Confederación andaluza de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual) y APROSE  (Asociación provincial de Sevilla a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) para informarles de los requisitos y plazos de la convocatoria de sendas becas destinadas a promover la integración de las personas con deficiencias psíquicas en el mercado laboral.

Desde hace años la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene asumiendo la iniciativa de convocar una beca anual destinada a personas con discapacidad psíquica, para la formación en tareas de apoyo a personal subalterno y administrativo.

Para este año, y atendiendo a la demanda de muchas de las asociaciones y organizaciones que trabajan con este colectivo, se ha acordado la convocatoria de dos becas semestrales. Una, destinada a persona con discapacidad psíquica, del tipo enfermedad mental, y otra a persona con discapacidad psíquica, del tipo de discapacidad intelectual.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza este 21 de septiembre.

Toda la información de ambas becas se pueden consultar en los siguientes enlaces:

La reiteración de quejas en esta Institución que denuncian vulneración de los derechos y garantías de las personas consumidoras nos lleva a presentar una propuesta relativa a los requerimientos mínimos que deberían incluirse en los expediente de fraude que se tramitan en nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello, nos hemos dirigido a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) y a Endesa, como principal empresa distribuidora en el ámbito andaluz y por ser la empresa a la que se refieren las quejas recibidas.

Les hemos trasladado nuestro análisis acerca de las cuestiones que consideramos necesitadas de una mayor protección al consumidor, proponiendo alternativas a la falta de regulación y solicitando compromisos por parte de las empresas implicadas para la adopción de protocolos de actuación con las debidas garantías, así como por parte de las Administraciones competentes para su debida exigencia a través de las pertinentes Instrucciones.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a través de su área de Empleo Público, ha mantenido este miércoles, 7 de septiembre, una reunión con Ustea-Enseñanaza en relación con la queja presentada por el sindicato en esta Institución sobre la provisión temporal de vacantes en los centros públicos docentes de Andalucía.

La representación sindical ha trasladado su preocupación por la gestión de la provisión temporal de vacantes durante el curso escolar, así como por la repercusión que pueda tener en la comunidad educativa.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha manifestado al sindicato que comparte dicha preocupación y la repercusión que pueda tener en la comunidad educativa, por lo que ha mostrado su deseo de que la gestión de dicho procedimiento sea lo más ágil posible, y, de ser necesario, desde la Consejería de Educación se adopten las medidas oportunas para ello.