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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Sin respuesta sobre el incumplimiento de los establecimientos de hostelería en cuanto al número de veladores autorizados y otros problemas en la Alameda de Hércules de Sevilla

17-10-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación, que en la zona de la Alameda de Hércules de la ciudad de Sevilla se habría detectado un exceso de veladores, cifrado en 140 más de los 361 autorizados, a bares y establecimientos de la zona, lo que determina que junto con el fenómeno del “botellón” y la celebración de eventos socioculturales en la plaza, se produzca una verdadera “invasión del espacio público”.

En estas noticias se dice, entre otras cosas, que “del medio centenar de bares que operan en la zona, desde Calatrava hasta Amor de Dios y Trajano, los datos oficiales de la Gerencia de Urbanismo, la administración municipal responsable, dicen que sólo están autorizados 361 veladores. Pero cualquier vecino de la zona sabe que por la noche y los festivos esta cifra se multiplica. Este periódico ha contabilizado este fin de semana 491 mesas, como poco. Eso significa que hay 140 veladores irregulares. El efecto directo de este incumplimiento es que se bloquean las zonas de paso que debieran ser para los peatones porque algunos bares sólo buscan hacer cuanta más caja mejor”.

No obstante lo anterior, también se dice en estas noticias que “son una quincena de ellos los que incumplen sistemáticamente la autorización municipal, es decir, casi uno de cada tres. Y de hecho, Urbanismo tiene abiertos en la actualidad ocho procedimientos de multas coercitivas, cuatro órdenes de suspensión de uso y cuatro expedientes sancionadores a locales de esta zona”.

Además, se menciona en estas noticias otras dos cuestiones que generan ciertas incidencias en la zona provocadas, todas ellas, por la proliferación de veladores no autorizados y por el incumplimiento, en el caso de algunos locales, de las normas que los establecimientos con veladores deben observar. Concretamente, se trata, en primer lugar, de la obligación de mantener visible al público en general la autorización para veladores, de los que según se indica en las noticias “apenas media decena cumplen con este deber público de mostrar su licencia de veladores expuesta” y, en segundo lugar, del deber de mantener limpia la zona de veladores, problema que se ve agravado por el hecho de que en otros espacios de la zona de la Alameda se sigan desarrollando, al parecer, “botellones” cuya incidencia en la proliferación de restos y basuras es de sobra conocida y que huelga comentar en estos momentos. De hecho, en estas noticias se dice, con absoluta claridad, que “El segundo gran problema de la Alameda es la concentración de botellonas, un clásico ya, desde cualquier jueves hasta el domingo, en los bancos del centro de la plaza y en las calles traseras, como la trasera de la Cala de las Sirenas en la calle Jesús del Gran Poder, para desesperación de los vecinos. El efecto perverso de esta botellona es que el suelo acaba lleno de basura y las calles traseras de la Alameda son ríos de orines sin que la autoridad municipal lo remedie. No sirve de nada que haya una ley autonómica que prohíbe la botellona desde hace una década, ni que la ordenanza municipal prohíba miccionar en la calle”.

Todos estos problemas se agravan, como es conocido y recuerdan estas noticias, cuando se desarrolla o celebra algún evento sociocultural en la plaza de la Alameda, lo cual es bastante frecuente.

Finalmente se menciona otro problema, relativo a que la carga y descarga de mercancías se vendría produciendo en espacios peatonales no habilitados para esta labor, e incluso en calles traseras peatonales.

Por todo ello, se concluye en estas noticias que “En definitiva, la Alameda necesita una actuación urgente que haga habitable este espacio a todas horas”.

De todo lo expuesto se desprenden, en esencia, varios problemas para las personas que residen en la zona de que hablamos y que afecta a su calidad de vida: la contaminación acústica que el exceso de veladores, la celebración de “botellón”, la carga y descarga en espacios no habilitados, el exceso de eventos socioculturales, etc., producen y la consiguiente repercusión perniciosa en su día a día. Situación ésta que puede dar lugar, más allá de las molestias que causa, a la vulneración de algunos derechos fundamentales -como el derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito familiar, la inviolabilidad del domicilio- y constitucionales -derecho a un medio ambiente adecuado, a la protección de la salud, etc.-, según establece consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia, acogiendo la doctrina en la materia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A la vista de lo anterior, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para que nos informe si se está abordando la conveniencia de formular un Plan de Acción Integral que aborde la problemática de contaminación acústica, invasión del espacio peatonal con veladores, celebración de botellón y autorización de eventos socioculturales y, en su caso, estado en el que se encuentran los trabajos, así como que se nos informe, en todo caso y al margen de la conveniencia de ese Plan de Acción Integral mencionado, qué medidas se van a adoptar para que, desde ya, aquellos establecimientos que incumplan las autorizaciones para veladores con las que cuenta, excediendo el número autorizado o disponiendo de terraza sin autorización, dejen de incumplir la norma. Más en concreto, si se han ejecutado las órdenes de suspensión formuladas y motivos por los que no se procede a la ejecución subsidiaria, tal y como permite el artículo 31 de la Ordenanza de Veladores vigente y de las medidas que se están adoptando en relación con el fenómeno del botellón en esta zona.

Por último, también hemos querido conocer si se va a convocar la Comisión de Terrazas de Veladores para tratar esta y otras problemáticas relacionadas con los veladores de establecimientos hosteleros y si se va a valorar la problemática de las labores de carga y descarga y, en su caso, qué medidas se pueden tomar al respecto para que, facilitando las necesidades de abastecimiento de estos negocios, se haga de forma que cause los menos perjuicios posibles a los residentes en la zona.

14-12-2018 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En su día, esta Institución inició de oficio esta actuación al conocer, en su momento y por diversos medios de comunicación, que en la ciudad de Sevilla, en la zona de la Alameda de Hércules, se había detectado un exceso de veladores, cifrado en 140 más de los 361 autorizados a bares y locales de la zona, lo que estaba dando lugar, junto con el fenómeno del “botellón” y con la celebración de eventos socioculturales en ese espacio, a una verdadera “invasión del espacio publico”.

En la misma formulamos resolución dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla en la que le recordamos su obligación de hacer respetar, en la zona de la Alameda de Hércules, la normativa de la Ley "antibotellón", la Ordenanza reguladora de las terrazas de veladores y el régimen de horarios de cierre de establecimientos hosteleros. Asimismo, también recomendamos que se hiciera una auditoría del servicio de inspección en esta zona de la ciudad de Sevilla, valorando no solo la eficacia de la propia inspección, sino de los medios de que dispone, protocolos de inspección y, especialmente, de la necesidad de articular un Plan especial para la zona. Finalmente, recomendamos que, a la mayor urgencia posible, se reuniera la Comisión Especial de Terrazas de Veladores del Ayuntamiento para valorar la conveniencia de instrumentar un Plan Especial para afrontar la problemática que se diera en la Alameda de Hércules, en la que es habitual la ocupación del espacio público con terrazas de veladores excediendo las autorizaciones concedidas o incluso sin autorización, así como la celebración de botellones, sin que tales circunstancias se vean reflejadas en el número de expedientes sancionadores incoados por el Ayuntamiento los últimos años.

Sin embargo y tras los diferentes escritos que hemos remitido a la citada Alcaldía-Presidencia instando la contestación a nuestra resolución, no hemos recibido respuesta a la misma. Por ello, finalmente, al amparo del art. 29, aptdo. 2, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, procedemos a incluir la presente actuación de oficio en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, destacándola en la sección correspondiente del mismo y dando cuenta, expresamente, de la falta de respuesta de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra resolución. Con ello, nos vemos obligados a dar por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Ayuntamiento de Almería no aclara si acepta nuestra resolución.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio en la que, respetando el «ius variandi» inherente a la potestad organizativa municipal, formulamos al Ayuntamiento de Almería Sugerencia para que estudiara la posibilidad y conveniencia de ofrecer a las personas usuarias del transporte público colectivo de autobuses urbanos de la ciudad una tarjeta de bonobús con transbordo.

10-10-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, el informe realizado por una asociación en defensa de los consumidores sobre los servicios de transporte público en 10 ciudades andaluzas, según el cual Almería sería la única que no ofrece tarjetas de bonobús con transbordo a los usuarios del transporte público colectivo en autobuses urbanos.

Como es conocido, la disponibilidad de estas tarjetas fomenta el uso del transporte público por parte de la ciudadanía dado el ahorro que trae consigo para los usuarios, por cuanto habitualmente implica una reducción en la tarifa en la línea a la que se accede mediante este tipo de tarjetas.

En otros casos, no sólo no se produce una reducción tarifaria sino que, incluso, siempre que el transbordo tenga lugar dentro de un determinado plazo máximo de tiempo (por ejemplo una hora), no tiene repercusión económica alguna. Es decir, los transbordos realizados dentro de ese lapso de tiempo preestablecido no generan consumo adicional de viaje en la tarjeta.

Las ventajas de la implantación de las tarjetas bonobús con transbordo son evidentes para los usuarios por el ahorro y comodidad que genera en sus desplazamientos en los servicios públicos.

Sin perjuicio de ello, el fomento de la utilización del transporte público colectivo por parte de la ciudadanía tiene unas claras ventajas para los intereses públicos y una incidencia no desdeñable en su salud y calidad de vida.

De hecho, todos los planes de movilidad sostenible, además de fomentar la utilización de la ciudad en clave peatonal y el uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos, apuestan decididamente por el transporte público colectivo como alternativa al uso del vehículo de motor privado.

Las razones son conocidas: la mayor utilización del trasporte público significa que al optar por éste como alternativa al privado se reduce considerablemente el tráfico rodado en nuestras ciudades lo que, a su vez, conlleva una mayor fluidez disminuyendo considerablemente la congestión, lo que repercute en una mayor eficiencia en el modelo de transporte, teniendo claros efectos económicos y de mejora de calidad de vida de los usuarios.

En segundo lugar, supone una muy considerable reducción del consumo energético lo que, sin entrar a valorar el ahorro económico que ello supone a nivel individual y colectivo en una sociedad civil en la que el gasto de transporte tiene una importante repercusión en la economía familiar, trae consigo una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la de otros gases que contienen materias perjudiciales para la salud.

De acuerdo con todo ello, y partiendo, por supuesto, del respeto al «ius variandi» inherente a la potestad organizativa de los Ayuntamientos y sus Empresas Públicas, a la vista de las indudables ventajas que para los usuarios, el tráfico y el medio ambiente, supone un mayor uso del transporte público colectivo en autobuses, se ha iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Almería formulando Sugerencia en el sentido de que se estudie por dicho ayuntamiento la posibilidad y conveniencia de ofrecer a las personas usuarias del transporte público colectivo de autobuses urbanos en la Ciudad de Almería una tarjeta de bonobús con transbordo.

19-06-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Ayuntamiento de Almería no aclara si acepta nuestra resolución.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio en la que, respetando el «ius variandi» inherente a la potestad organizativa municipal, formulamos al Ayuntamiento de Almería Sugerencia para que estudiara la posibilidad y conveniencia de ofrecer a las personas usuarias del transporte público colectivo de autobuses urbanos de la ciudad una tarjeta de bonobús con transbordo.

En la primera respuesta que nos remitió el Ayuntamiento a nuestra resolución, se nos indicaba que teniendo en cuenta el estudio al que hacíamos referencia en nuestra resolución (Estudio comparativo de las tarifas de los autobuses urbanos en las 8 capitales de provincia andaluzas y los municipios de Linares y Jerez, redactado por FACUA) y haciendo una comparación entre los datos que ofrece el mismo de las 10 ciudades andaluzas, en el caso concreto de Almería figura el llamado “Billete Especial”, que incluye la posibilidad de un único trasbordo en el tiempo máximo de 60 minutos y en servicios de feria y eventos especiales. En el año 2016 se emitieron 2104.526 billetes especiales, de los que un elevado porcentaje corresponde a los servicios de la feria “con un coste para el usuario (Recaudación año 2016) de 131.138,75 euros (desde el 1 de Enero a 8 de Febrero, 1,30 euros/billete, el resto de 2016 1,25 euros/billete), respecto al total de 7.923.850 viajes/año durante el ejercicio 2016, lo que supone un 1,32 %. Si analizamos el número de viajeros/año realizados por los mayores de 65 años empadronados en Almería (1.772.224 viajes/año), y el de discapacitados con un grado de discapacidad igual o mayor al 65 % (286.114 viajes/año) y que tienen acceso gratuito al Servico de Transportes Urbanos Colectivos de Viajeros de Almería, observamos que casi un 26 % de los usuarios del Servicio de Transporte Urbano en Almería tienen un acceso totalmente gratuito”, lo que da una medida real del fomento de medidas de impulso social en este Servicio en la ciudad de Almería.

Dado que, a juicio de esta Institución, había quedado en el aire si se aceptaba o no nuestra resolución, toda vez que se indicaba que debería de evaluarse en términos del impacto económico que puede tener para las arcas municipales la implantación del bonobús con transbordo, pero no se desvelaba si, en caso viable, se implantaría o no, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento de Almería con objeto de que concretara su respuesta.

Al respecto, el Ayuntamiento de Almería nos comunicó, textualmente, lo siguiente: “la Sugerencia señalada constituye una decisión política que habrá de ser adoptada una vez que se valoren los fundamentos técnicos y económicos pertinentes. En cuanto a su materialización, dependerá, no solo de los criterios de implantación y de la agenda política municipal, sino también de la disponibilidad financiera que se derive de los presupuestos futuros”.

Para esta Institución, esta respuesta no nos permite discernir si, en definitiva, se acepta o no nuestra Sugerencia. Lógicamente se trata de una decisión política que requiere de análisis previos y de disponibilidad financiera para su implantación, pero lo que queremos saber es si, en definitiva, se considera o no pertinente el impulso de la Corporación Municipal para su implantación y ello es algo que, a pesar de nuestros dos escritos, había quedado sin responder, por lo que procedimos a incluir la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz suspende sus actuaciones al conocer, por la FAMP, que la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) ha creado un grupo de expertos, junto a la Dirección General de Tráfico, para plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica.

07-03-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de que se regule el uso de los aparatos de tracción eléctrica unipersonales que, cada con más frecuencia, discurren por el espacio peatonal, por lo que nos dirigimos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para trasladarle estas consideraciones y, si lo consideraba oportuno, que la FAMP redactara un modelo de normativa sobre el uso de estos medios de transporte que pudiera servir de referencia para que los Ayuntamientos lo incorporaran a sus ordenanzas sobre ordenación y regulación del tráfico o bien, en su caso, generando una ordenanza específica para regular el uso de tales medios.

También nos dirigimos a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para trasladarle esta cuestión por si consideraba oportuno proponer una regulación de ámbito estatal sobre la utilización de estos novedosos medios de transportes. Ello, con independencia de la homologación técnica que fuera necesaria realizar a nivel europeo.

05-12-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz suspende sus actuaciones al conocer, por la FAMP, que la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) ha creado un grupo de expertos, junto a la Dirección General de Tráfico, para plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica.

De las actuaciones realizadas con ambas Instituciones, la FAMP nos informó, en un primer momento, que iba a informar la Comisión de Movilidad y Accesibilidad que se iba a constituir en breve plazo. Una vez constituida la misma, se constató que esta cuestión había sido objeto de estudio por un Grupo de Expertos de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, donde había colaborado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con objeto de plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica objeto de esta queja. Se nos transmitió que se había considerado oportuno esperar a las posibles resultas de dichos trabajos.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales, en su escrito nos indicaba que los patinetes eléctricos no han sido homologados conforme al Reglamento (UE) 168/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de Enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de 2 y 3 ruedas y a los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, que de acuerdo con su art. 2, «se aplicará a los vehículos de categoría L, que están destinados a circular en vías públicas». Por otra parte, el usuario de estos patines y otros medios de tracción eléctrica no encaja en el concepto de peatón, según el Anexo I, apartado 4, de la Ley de Seguridad Vial y el hecho de que se trate de un aparato provisto de motor impide que pueda ser asimilado a los patines o monopatines mencionados en el art. 121.4 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Por tanto “como consecuencia de lo expuesto, no cabe considerar que exista generalización de espacios peatonales menos seguros para los desplazamientos a pie, motivada por la normativa actualmente vigente”, aunque no impide que se estén estudiando las modificaciones oportunas a esta legislación para aprovecha cuanto ofrezca de positivo este medio de locomoción, tratando de incorporarlo a la circulación urbana y que la misma se lleve a cabo con las mejores condiciones posibles de seguridad.

En cuanto a las personas con movilidad reducida, la Dirección General de Tráfico señala que el concepto de peatón se puede ampliar a las mismas, aún cuando utilicen sillas de ruedas con motor, como indica el número 4 del citado Anexo I de la Ley de Seguridad Vial.

Por todo ello, hemos procedido a suspender nuestras actuaciones en la misma, aunque hemos interesado del presidente de la FAMP que nos mantenga informados de las conclusiones y propuestas que, finalmente, se efectúen por el citado Grupo de Expertos, así como de cualquier otra noticia de que se produzca en torno a esta cuestión.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por las informaciones que nos han llegado sobre las deficiencias que presenta la calle Ronda de San Telmo, y que afectan, de forma singular, a los menores que acceden a un centro educativo de la zona. Hemos dado por concluida la misma cuando el Ayuntamiento nos ha respondido que va a proceder a la inmediata reparación de la barandilla y a la mejora de la señalización viaria de la zona para garantizar la seguridad de peatones y subsanar los posibles peligros viarios que pudieran existir.

En su informe, el Ayuntamiento de Jérez de la Frontera (Cádiz) nos señalaba que se había ordenado a la Delegación Municipal de Infraestructuras la inmediata reparación de la barandilla y a la empresa concesionaria de la señalización viaria que mejorara el estado de los pasos de peatones y de la señalización para que se garantizara la seguridad de los peatones por esa zona, además de ordenar otras medidas urgentes para subsanar los posibles peligros que pudieran existir.

De acuerdo con ello, considerando que se estaban adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y esperando que ejecutaran las reparaciones anunciadas a la mayor brevedad posible, procedimos al archivo de esta actuación de oficio.

29-09-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de las redes sociales, el mal estado en el que se encuentra, en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, la calle Ronda de San Telmo, dirección Ronda Muleros, incluyendo el itinerario a través del puente de San Telmo.

Siempre según estas fuentes, a las que se acompañaban diversas fotografías, se trata de una calle que es muy transitada por escolares que acuden diariamente a un centro educativo existente en las cercanías, y la barandilla del puente presenta unas deficiencias que hacen el recorrido altamente peligroso para los escolares.

Parece ser que los padres de los menores llevan denunciando desde hace tiempo la falta de pasos de cebra al principio de ambas cuestas que bajan hacía San Telmo. No existen pasos de cebra, badenes, señales de stop o semáforos que puedan hacer disminuir o frenar la velocidad de los vehículos que transitan por la calle, lo que motiva que circulen a una velocidad excesiva.

Se indica, también, que en distintas ocasiones la acera ha sido invadida por vehículos que iban a excesiva velocidad y han terminado “empotrándose” contra los árboles existentes en la misma. Por otro lado, se nos dice que mientras la zona azul está perfectamente señalizada, los pasos de peatones presentan un gran deterioro.

A la vista de estos hechos hemos iniciado esta actuación de oficio en la que, siempre según la información que nos ha llegado, existe un peligro para peatones y, de manera singular, para los menores que transitan por estas calles. Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para que nos informe si existe previsión de adoptar medias que garanticen una mayor seguridad vial para los peatones y si se tiene previsto intervenir para subsanar las deficiencias que presenta la barandilla del puente de San Telmo y las deficiencias que pueden suponer un riesgo para los transeúntes.

05-12-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En su informe, el Ayuntamiento de Jérez de la Frontera (Cádiz) nos señalaba que se había ordenado a la Delegación Municipal de Infraestructuras la inmediata reparación de la barandilla y a la empresa concesionaria de la señalización viaria que mejorara el estado de los pasos de peatones y de la señalización para que se garantizara la seguridad de los peatones por esa zona, además de ordenar otras medidas urgentes para subsanar los posibles peligros que pudieran existir.

De acuerdo con ello, considerando que se estaban adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y esperando que ejecutaran las reparaciones anunciadas a la mayor brevedad posible, procedimos al archivo de esta actuación de oficio.