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La interesada exponía que a su tía le fue reconocido el Grado III de Gran Dependencia el 24 de enero de 2017, estando desde entonces a la espera de la aprobación del PIA por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. Manifestaba que su tía sufría un gran deterioro en su movilidad, necesitando con urgencia ayuda en sus necesidades básicas.

Solicitado informe a la citada Delegación, nos respondió que con fecha 21 de marzo de 2018 se dictó resolución aprobando el PIA y reconociendo el derecho de acceso al servicio de ayuda a domicilio, con una intensidad de 61 horas al mes, y el servicio de teleasistencia como modalidad de intervención más adecuada.

Habiendo sido aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La promotora de la queja exponía la delicada situación en la que se encontraban sus padres, ambos dependientes, por cuanto hacía más de 7 meses que ella no podía atenderles debido a una grave enfermedad de su hija menor de edad, que le obligaba a pasar largos períodos en el hospital. Según refería, ya se había aprobado el Servicio de Ayuda a Domicilio para su padre pero aún estaba pendiente de aprobación por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla el PIA de su madre, resultando urgente su resolución por la situación expuesta.

Solicitado informe a la citada Delegación, nos respondieron que con fecha 16 de enero de 2018 se dictó resolución aprobando el PIA de su madre y reconociendo el derecho de acceso al servicio de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia como modalidad de intervención más adecuada.

Habiendo sido aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La reclamante exponía que el 16 de febrero y 25 de agosto de 2017 presentó sendas reclamaciones ante la Concejalía de Transportes del Ayuntamiento de Jaén por incidentes ocurridos en autobuses de transporte urbano de esa ciudad, servicio del que era adjudicataria la empresa de Autobuses …

El día 9 de febrero de 2017, a las 13'15 horas, en la línea 15, cuando solicitó al conductor que le permitiera el acceso al vehículo por la puerta trasera porque, estando convaleciente de una intervención quirúrgica, le era imposible acceder por el torno, éste se burló y le dijo que siempre estaba alegando lo mismo, cuando la realidad era que su problema era de sobrepeso.

Eso le supuso una situación humillante e irrespetuosa en un autobús lleno de gente. Le pidió la hoja de reclamaciones y le puso dificultades para dársela. En ningún momento se disculpó. Por ese motivo presentó reclamación ante el Ayuntamiento el 16 del mismo mes, sin recibir respuesta, por lo que la reiteró el 25 de agosto, sin que hasta el momento se le hubiera contestado.

Admitida a trámite la queja nos dirigimos al Ayuntamiento de Jaén a los efectos de que se diera una respuesta expresa a la petición formulada por la interesada. En su contestación se señalaban las razones por las que, ante las versiones contradictorias de los hechos entre la reclamante y los posibles conductores y la ausencia de testigos, hubo que procederse al archivo del expediente, aunque se requirió a la empresa concesionaria para “corregir y, en su caso, adoptar medidas disciplinarias sobre aquellos/as conductores/as que no observen un trato exquisito y conforme a lo dispuesto en el Reglamento Local del Servicio, para con los/as usuarios/as del servicio.

Así las cosas, como quiera que el escrito de queja fue admitido a trámite a los efectos de que, por parte municipal, se diera respuesta a la reclamación de la afectada y ello ya se había efectuado, exponiendo asimismo las indicaciones que se habían dado a la empresa concesionaria para que no se repitieran hechos similares a los que afectaron a la interesada el día de los hechos, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado nos trasladaba su malestar porque su madre es beneficiaria del Servicio de Teleasistencia y, sin embargo, el teléfono al que se conectaban las llamadas periódicas, comportaba un coste que le era facturado por su compañía telefónica y que le ocasionaba un gasto injusto, al tener que ser gratuito.

Admitida a trámite la queja, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía nos remitió informe aclarando que el Servicio Andaluz de Teleasistencia funcionaba a través de una línea 900 de tarificación gratuita para el usuario o usuaria, de tal modo que el coste de la llamada era abonado en su totalidad por la entidad que la recibía, cuyos números eran 900.920.092 y 900.844.215.

Por nuestra parte, dimos traslado de esta información al promotor de la queja, quien nos envió un nuevo escrito insistiendo en que en las facturas de teléfono de su madre a las que se refería aparecía el 901.600.021, perteneciente a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y refiriendo lo siguiente:

“Este teléfono es el que se marcó al hacer una llamada mi madre mediante el botón del aparato emisor de llamadas. En ningún momento se hizo una llamada voluntariamente al número indicado, sino que se marcó de forma automática.

Las llamadas que usa para el autochequeo no se cuales son, pero a mi madre no le consta ningún número extraño, salvo el mencionado 901600021.

La situación antes descrita ocasiona a mi progenitora una merma en la prestación del servicio que recibe, ya que, por ejemplo, siguiendo instrucciones de los teleoperadores, no puede avisar si se va del piso eventualmente.

De esta forma, sólo usa la llamada automática cuando es extremadamente urgente, y no sigue las directrices de los teleoperadores.

Además, según la contestación de la compañía telefónica, ellos sólo cobran lo que a ellos le “cobra”.

En conclusión, sigo sin tener respuesta sobre la cuestión clave. Por lo que solicito una aclaración del mismo y su subsanación futura, así como la máxima seguridad de que no va a volver a ocurrir.

Para terminar, imagínese una persona con una enfermedad/situación que tenga que llamar constantemente a Teleasistencia y que, al final del mes, le venga una factura superior a la prevista y sin demasiados recursos.”

De conformidad con lo expuesto, nos vimos en la necesidad de solicitar nuevamente la colaboración de la citada Agencia para aclarar el incidente a que se refería el promotor de la queja, en aras de una adecuada seguridad y tranquilidad de la beneficiaria del servicio.

En su respuesta se nos informó que en el documento de adhesión se señalaba que: "La Agencia se hará cargo del coste íntegro de las llamadas telefónicas que se realicen desde el Centro de Atención de llamadas del SAT, así como las llamadas técnicas. Cuando la llamada sea realizada por la persona titular, el coste será compartido entre este y la Agencia, en función de la tarifa telefónica que la persona titular tenga contratada con su operador."

En el mes de marzo desde el Centro de Atención de llamadas del SAT, se realizó en su dispositivo domiciliario la programación automática del número 955 519 174 que sustituía al 901 600 021, con objeto de que todas las llamadas realizadas al pulsar su unidad domiciliaria o su unidad de control remoto, cumplieran el objetivo fijado por la Junta de Andalucía en la Proposición no de Ley relativa a la eliminación de los números 902 y 901 en las lineas de atención a la ciudadanía.

Por lo que a partir del mes de abril, el numero que indicaba en su consulta 901 600 021 ya no debería aparecer en su factura telefónica puesto que este había sido sustituido por el indicado, 955 519 174. Por tanto, la tarificación a esta linea corresponderá a la que tenga contratada para las lineas convencionales con prefijo geográfico.

Puesto que del contenido de lo anterior se desprendía que el asunto por el que el interesado había acudido a esta Institución se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La compareciente exponía que presentó un escrito en el Ayuntamiento de Almería el 16 de Octubre 2017, solicitando la devolución de 31,80 euros. A fecha 25 de abril de 2018 seguía sin recibir respuesta por parte de ese organismo.

Esa cantidad correspondía a la mitad del pago de una multa de Tráfico por un importe de 55,80 euros en periodo de apremio. La interesada manifestaba su disconformidad puesto que el Servicio de Correos devolvió la multa en periodo de pago voluntario, como consecuencia de aparecer la dirección incompleta, volviéndose a remitir dicha multa a la dirección correcta pero esta vez con recargos.

Admitida a trámite, solicitamos informe al Ayuntamiento de Almería, donde se nos participaba que había sido estimado el recurso de reposición formulado por la reclamante, acordándose la devolución de las cantidades indebidamente abonadas.

Considerando, por tanto, aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El reclamante exponía que interpuso recurso de reposición el 16 de mayo de 2017 en expediente sancionador de tráfico, alegando una falta de notificación en el procedimiento.

Tras varios meses sin respuesta, personado en el Ayuntamiento de Sevilla el 5 de abril de 2018 solicitó la resolución de su recurso y dejó constancia por escrito de ello, pero fue informado verbalmente de que no constaba recurso de reposición alguno presentado.

Tras un tiempo más de espera para ver si localizaban el recurso y ante la falta de respuesta, acudía a esta Institución solicitando nuestra intervención.

Procedimos a admitirla a trámite a los efectos de que por el Ayuntamiento se diera una respuesta expresa al escrito presentado por el interesado el 16 de Mayo de 2017, informándonos al respecto.

En el informe remitido se daba cuenta de que se acordó la baja de los expedientes sancionadores que le afectaban por defectos de notificación y la devolución como ingresos indebidos del importe cobrado.

Consecuentemente, al haberse estimado favorablemente la pretensión del interesado con respecto a dichos expedientes sancionadores y quedado solucionado el problema que le afectaba, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado exponía que desde el 8 de mayo (de 2013) cuatro familias, de las cuales dos eran familia numerosa, habían ocupado 4 viviendas en Brenes, que desde hacía 8 años habían permanecido abandonadas.

Habían solicitado ayuda del Ayuntamiento para que se les diera el alta en los servicios de luz y agua. Sin embargo, el citado Ayuntamiento les dice que para ello tenían que tener la autorización del dueño y se les facilitó una referencia catastral a fin de que el Registro de la Propiedad les facilitase dicho extremo. No obstante, el resultado fue que dicha finca no figuraba registrada.

Por indicación del Alcalde, y a través del arquitecto, pudieron averiguar que dichas viviendas habían obtenido el certificado de terminación de obra, documento éste que al parecer, según les habían informado desde el Ayuntamiento, resultaba suficiente para obtener la licencia de primera ocupación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Brenes consideró, finalmente, que la única solución pasaba por obtener autorización del titular de la finca ocupada.

Ante la situación descrita nos dirigimos al Ayuntamiento de Brenes, quien emitió informe del que concluimos que por parte de los servicios sociales se estaban realizando las gestiones necesaria en aras a la elaboración del informe social del interesado, comprometiéndose a trasladarnos éste, una vez estuviese concluido.

Habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde que se nos remitiera la anterior información, sin que hubiéramos tenido más noticias del citado Ayuntamiento, nos vimos en la necesidad de dirigirnos nuevamente a dicho organismo, a fin de interesar nuevo informe.

En su nuevo informe se indicaba que se trataba de una familia numerosa, formada por el matrimonio y sus tres hijos menores de edad. La familia carecía de empleo estable, por lo que los ingresos en ocasiones eran escasos ya que dependían de las campañas agrícolas del municipio. Carecían de vivienda propia y ocupaban una vivienda sin título para ello, accediendo a los suministros básicos de la vivienda también de forma irregular.

Desde los Servicios Sociales se había intervenido con ellos desde el año 2010 en distintos aspectos.

Se consideraba que era una familia carente de vivienda propia, carente de formación y con empleos eventuales por parte de los dos miembros del matrimonio, lo que les llevaba a encontrarse en una situación de necesidad importante, ya que los recursos eran escasos para cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Y tenían posibilidad de acceso a una vivienda protegida en el municipio puesto que se encontraban inscritos en el registro correspondiente.

En atención a la información recibida, y en aras a poder adoptar una resolución definitiva en el expediente de queja, nos vimos en la necesidad de dirigirnos una vez más al citado Ayuntamiento, a fin de recabar información puntual:

Tras evaluar el nuevo informe emitido, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento solicitando se nos respondiera a las siguientes cuestiones:

- Si los servicios sociales habían incluido al interesado en la lista de solicitantes de vivienda de segunda adjudicación.

- Qué posibilidades tenía el interesado de que se le adjudicase una vivienda en régimen de alquiler social a corto plazo.

- En cuanto a la vivienda que ocupaban sin título legítimo, solicitamos conocer quien ostentaba su titularidad.

- Si desde ese Ayuntamiento se había realizado alguna gestión con dicha titularidad, en aras a poder regularizar su situación.

Por fin, en marzo de 2018, el informe recibido recogía lo siguiente:

- Que no existía ninguna lista de solicitantes de vivienda de segunda adjudicación, si bien el interesado se encontraba inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

- Que a corto plazo no se preveía que ninguna de las viviendas municipales en alquiler quedase vacía. Y que caso de quedar alguna vacía el proceso de selección determinaría el posible derecho de acceso tanto de éste como del resto de solicitantes que también pudieran tener derecho de acceso a dicha vivienda.

- Que en cuanto al titular, consultado el catastro constaba el banco de Sabadell SA.

- Que se estaban realizando gestiones con dicha titularidad, en aras a poder regularizar su situación, si bien aún no habían obtenido respuesta por su parte.

En vista de lo anterior, considerando que por parte de los servicios sociales se había activado el protocolo establecido para los casos de exclusión social y emergencia habitacional, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada relataba que la arqueta y el bajante general estaban partidos y toda la suciedad salía por la pared del pasillo a un metro de su puerta, siendo insoportable el olor.

El 19 de diciembre de 2017 puso una queja al distrito y lo mandaron a sanidad y no se agilizaba. Fue a Patrimonio municipal y dijeron que iban a mandar a personal de mantenimiento.

Tenía el suelo abierto y el usillo a rebosar con la misma suciedad. Según manifestaba, el Delegado había dicho que como estaban en tan malas condiciones los pisos, no les interesaba arreglarlos, sino que los querían derribar.

Solicitamos informe a Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (Emvisesa), pero antes de recibir contestación, la interesada nos comunicó que su asunto ya se había resuelto, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Dado que el artículo 3.4 de la Ley 1/1979, de 26 de Septiembre, Ley Orgánica General Penitenciaria, y el artículo 4.2.a) del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, consagran los derechos constitucionales de los internos a la salud, la vida y a la integridad física, debiendo la Administración Penitenciaria velar por los mismos, consideramos muy oportuno interesarnos acerca de las circunstancias concretas que rodean esta situación que, sin duda, podría afectar a la atención médico asistencial de la población reclusa que, precisamente, está destinada al HPP por sus patologías mentales. Siendo informados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciaria que el centro cuenta con el siguiente personal funcionario:

“-Una RPT con una dotación de Subdirector Médico que está cubierta con un efectivo.

-Una RPT con cuatro dotaciones de Médico Especialista (Psiquiatras), siendo el número de efectivos 1.

-Una RPT con cuatro dotaciones de Médico, siendo el número de efectivos 5, dos de ellos en prácticas que tienen la especialidad de psiquiatría, por lo que realizan también dichas funciones (hay que especificar que una de estas funcionarias ha dado a luz recientemente por lo que se encuentra de licencia por maternidad).

-Una RPT con cuatro dotaciones de Supervisor de Enfermería, siendo el número de efectivos 2.

-Una RPT con ocho dotaciones de Enfermero, siendo el número de efectivos 7.

El número de internos del centro es de 170.

Esta Secretaría General, dada la situación descrita en el informe del año anterior, ha destinado a dos funcionarios en prácticas del Cuerpo Facultativo, que tienen la especialidad de psiquiatría, para poder ofrecer un mejor servicio a los internos, acción que ha mejorado dicha atención.

Esto se une al servicio de psiquiatría que ya se dispone de lunes a viernes de 8,00 a 14,30 horas y, en todo caso, también se cuenta con médicos, los cuales, dentro de sus funciones contempladas en el artículo 288 del Reglamento Penitenciario de 1981, en vigor en virtud de la Disposición Transitoria Tercera del actual Reglamento Penitenciario de 1996, deben velar también por la salud mental de los internos y colaborar con los psiquiatras cuando éstos realicen los reconocimientos en orden a descubrir posibles anomalías mentales y los tratamientos médico-psiquiátricos.

Finalmente indicar que se ha pedido, con ocasión de la aprobación de la OEP-2018, que cuatro de las plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria aprobadas tengan la especialidad de psiquiatría para poder destinarlos, lógicamente si hay candidatos y superan el proceso selectivo, a los dos psiquiátricos penitenciarios que tiene esta Secretaria General”.

Con ello, confiamos en que las situaciones que motivaron la presente actuación queden superadas recuperando los niveles adecuados de asistencia médica. En todo caso, y más allá de las directrices para que los médicos generalistas complementen las tareas de los especialistas psiquiatras, la situación confirmada describe una severa reducción de las disponibilidad de psiquiatras (de cuatro en plantilla ejerce uno) lo que sin duda revierte de manera negativa en las capacidades del servicio en unas dependencias del HPP específicamente concebidas para la prestación de esta especialidad médica. Por ello, hemos de insistir en la importancia de agilizar la máximo las gestiones anunciadas y lograr la cobertura de estas plazas ciertamente esenciales para el Hospital Psiquiátrico Penitenciario (HPP) de Sevilla.

Dada la situación descrita, permaneceremos atentos a la definitiva solución del problema, procediendo a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente.