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La queja fue tramitada por el Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de analizar las actuaciones de las autoridades ante la presencia de contenedores y elementos distorsionantes para la contemplación de entornos culturalmente protegidos en la localidad de San Fernando.

Finalmente, con los trámites seguidos hemos obtenido información del ayuntamiento isleño en la que se viene a reseñar:

“Primero: la incidencia ya sido objeto de análisis durante la tramitación de otras quejas, emitiendo informes técnicos respectivamente con fechas 14/05/2018 y 18/01/2019.

Segundo: con objeto de atender la reclamación y visto la necesidad de adoptar medidas correctoras en el punto de depósito, se procede la licitación de un contrato de soterramiento.

Tercero: se expone las fechas más significativas respecto a los trámites realizados para solventar la incidencia.

- Con fecha 2/04/2020 se elabora pliego de prescripciones técnicas y resto de documentación técnica para el contrato de soterramiento.

- Con fecha 10/06/2020 se inicia expediente de contratación del contrato: "suministro e instalación y ejecución de obra civil para la ampliación de contenedores soterrados en varios puntos de la ciudad.

- Con fecha 1/9/2020 se elabora pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Con fecha 05/10/2020 se publica el anuncio de licitación en plataforma de contratación administrativa del estado.

- Con fecha 26/02/2021 se adjudica por decreto.

- Con fecha 23/03/2021 se presenta recurso contra la adjudicación por parte de otra mercantil.

Cuarto: tras la interposición de recurso y su resolución se han sucedido una serie de acontecimientos que han desembocado en el desistimiento de forma sucesiva de dos empresas, siendo finalmente adjudicataria una empresa.

Quinto: por parte de la dirección de obras se informa que al día de la fecha, una vez adjudicado el contrato, se esta a la espera del inicio de las obras de ejecución.

En base a lo expuesto en los puntos anteriores, se informa que una vez ejecutado el proyecto de soterramiento, se estará en disposición de la supresión del punto de recogida, sin afectar la prestación del servicio público de recogida de residuos y limpieza viaria”.

Según las respuestas recibidas, hemos podido actualizar el estado de la cuestión que viene a ratificar la oportunidad de proseguir con el proyecto municipal de procurar un soterramiento del servicio de recogida de residuos en el entorno afectado. Igualmente, tomamos en consideración las restantes actuaciones anunciadas lo que queremos entender como un impulso municipal a las acciones tendentes a la efectiva puesta en marcha de las medidas de adecuación del servicio en la zona.

Por tanto, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no podemos dejar de posicionarnos en favor del impulso ante las medidas de mejora del servicio y su impacto en la protección integral de los entornos monumentales afectados y que viene a ratificar la oportunidad de los pronunciamientos realizados con motivo de la queja anterior tramitada sobre el mismo tema.

En todo caso, hemos de considerar que el asunto abordado en la queja se encuentra en vías de solución procediendo a la conclusión de nuestras actuaciones, sin perjuicio de persistir en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merezca y que ocuparía la atención del Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.

Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de Córdoba, formulando queja por los ruidos y molestias que generan la acumulación de veladores de varios establecimientos sitos en locales comerciales de bloques de su entorno, pero en especial de uno de ellos del que decía que no tenía licencia.

Exponía el problema insistiendo en la grave afección que los ruidos tenían en su familia y, en especial, en sus dos hijos menores de edad, cuyo descanso era deficiente y como consecuencia habían disminuido su rendimiento escolar.

Con motivo de esta problemática había presentado en el Ayuntamiento varios escritos en los que se denuncian varias presuntas irregularidades, tales como la disposición de terraza de veladores en número mayor del autorizado o sin autorización, el incumplimiento de horarios de cierre, e incluso una posible ausencia de licencia de apertura.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, que nos remitió dos informes de los que cabía destacar lo siguiente:

Informe de Oficina de Vía Pública:

1.- Que el establecimiento denunciado por la promotora, y también por otros vecinos, no contó con licencia de ocupación de vía pública ni para el año 2021 ni el para el año 2022. En el 2022 se le había denegado mediante Resolución de marzo de 2022, aunque posteriormente se había solicitado licencia para 19 veladores en fecha 19 de abril de 2022, que a fecha del informe se encontraba en trámite.

2.- Que mediante acuerdo de enero de 2022 se había incoado procedimiento sancionador y de restablecimiento de la legalidad por ocupación de vía pública sin licencia durante el año 2021, que había terminado con una sanción de 2.250.-euros.

3.- Que se encontraba pendiente la incoación de otro expediente sancionador por el mismo motivo de ocupar la vía pública sin licencia, pero durante el año 2022, a la vista de numerosas denuncias de policía local, de la comunidad de propietarios y de hasta siete vecinos.

4.- Que se había incoado procedimiento de orden de inmediata retirada de vía pública de veladores instalados y ejecución subsidiaria. Tras varias diligencias policiales y una primera retirada voluntaria tras personarse la policía, se tuvo que ejecutar subsidiariamente la retirada al volver a instalarse la terraza. Dicha ejecución subsidiaria tuvo lugar en mayo de 2022.

Informe de Oficina de Disciplina de Actividades:

1.- Con fecha 15 de febrero de 2022 se había incoado procedimiento sancionador por desarrollarse la actividad sin título habilitante, previa denuncia de la policía local. No obstante, se matizaba en el informe que el titular del establecimiento había solicitado licencia de actividad sometida a calificación ambiental, y que en relación con ésta ya se había emitido informe técnico favorable.

A tenor de lo informado, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

La persona reclamante manifestaba que en septiembre de 2021 un agente de la policía local de Algeciras le multó por circular con su vehículo en dirección prohibida. La razón de ello fue la falta de señalizaciones en un cruce así como la falta de marcas en la calle del incidente. Podía verse la falta de señalizaciones en las fotos que adjuntaba. Así mismo, una motocicleta fue igualmente multada por el mismo incidente 5 minutos después. Por ello, solicitaba que la multa de tráfico, que ascendía a 200 euros, fuera cancelada así como que el Ayuntamiento de Algeciras mejorara la señalización de las calles para evitar futuros incidentes.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos del Ayuntamiento de Algeciras información relativa a la adecuada y pertinente señalización en las calles objeto de la denuncia.

En la respuesta municipal se manifestaba que en el procedimiento sancionador incoado a instancia del agente denunciante se presentaron alegaciones por la persona interesada las cuales fueron desestimadas, contra cuya resolución había presentado recurso de reposición que había sido resuelto con carácter desfavorable si bien aún no había sido notificado a la persona reclamante.

Habiendo dado traslado al agente denunciante de la presente éste emitió informe con fecha 15 de marzo de 2022 cuyo contenido era:

“El policía que suscribe confirma la existencia de la señalización por la cual sancionó al vehículo denunciado (prohibido girar a la derecha R-302) lo que sí se observa es como el GPS del terminal que utilizamos para confeccionar la denuncia marcó una ubicación errónea ya que se marcó una calle perpendicular a la que se cometió la infracción, que fue como bien reconoce el denunciado un giro prohibido desde la calle ... hacia la calle .... Por lo tanto este agente se ratifica en la denuncia puesta.”

De dicho informe se desprendía la existencia de un defecto de forma en la denuncia en cuanto al lugar de la infracción por lo que procedería el archivo y sobreseimiento del expediente.

Manifestaban que se iba a contactar con las persona interesada para que presentara un recurso extraordinario de revisión a la vista de la existencia del informe emitido por el agente.

En vista de la información anterior, considerando que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a nuestra petición de que nos mantuviera informados de la resolución que, finalmente, se dictara en el expediente de responsabilidad patrimonial que nos ocupaba, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se realizaran la acciones necesarias con objeto de que la reclamación de posible responsabilidad patrimonial formulada fuera objeto del debido impulso en su tramitación debiendo emitirse la resolución que procediera dando cuenta de la misma a esta Institución mediante su remisión; atendiendo a las lógicas expectativas de una persona que llevaba demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento iba a ejercer sus competencias en materia de responsabilidad patrimonial.

Ello suponía que el Ayuntamiento debía implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se dieran todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedieran.

Como respuesta a esta Resolución, el Ayuntamiento informó que existían expedientes de responsabilidad patrimonial pendientes, en distintos estados de tramitación, como consecuencia de cambios y movilidades de empleo público en ese Ayuntamiento, quedando algunos de estos procedimientos paralizados. En octubre de 2020, se adscribió en el Departamento del Servicio de Patrimonio nuevo personal que llevaba a cabo la tramitación e instrucción de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, reanudándose de forma paulatina la tramitación de los expedientes que se encontraban paralizados.

En aras a verificar la posible concurrencia de responsabilidad patrimonial, el expediente iniciado por la persona reclamante se estaba tramitando según el procedimiento regulado en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, encontrándose en trámite de instrucción, habiéndose impulsado mediante la emisión de Resolución con fecha 28 de diciembre de 2021 para la designación del nuevo órgano Instructor, la cual ya había sido notificada a la parte interesada.

Nos indicaban que una vez finalizara la instrucción, se otorgaría el correspondiente trámite de audiencia a las partes implicadas, y finalmente se dictaría Resolución de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ante esta respuesta, dimos por concluidas nuestras actuaciones considerando que la Resolución formulada había sido aceptada.

La persona afectada, a través de una asociación, exponía lo siguiente:

“Me pongo en contacto con usted con apoyo de la Asociación ..., requiriendo ayuda con relación a la situación actual en la que me encuentro.

Hace varios años que solicito la vivienda de protección social en Emvisesa, recibiendo una carta en la que me comunican estar en las listas de espera para la obtención de esta. Cada año renuevo y vuelvo a ser admitida, sin embargo, hasta el momento no he sido beneficiaria de este recurso.

Mantengo situación de calle desde hace 16 años, con las dificultades que eso conlleva, no pudiendo solventar las necesidades más básicas: aseo, alimentación, etc. Todo ello, complica la mejora de mi situación personal, social y comunitaria, además de la búsqueda de empleo.

Actualmente, me encuentro viviendo en una caravana por remolque (…). La caravana presenta un alto deterioro: goteras en el techo que provocan humedad y acceso de agua al interior, ventanas rotas que intento asegurar con cuerdas, y la puerta puede abrirse con facilidad. Además, carezco de agua y luz, y cuento con un espacio bastante reducido, lo que dificulta la movilidad, que se incrementada por dificultades propias que presento, pues percibo un grado del 67% de discapacidad indefinida.

Este lugar, no me otorga seguridad y protección, pues durante las tardes y noches, jóvenes y adultos utilizan el espacio como lugar para reuniones y consumo. Incluso, en alguna ocasión he sido agredida, requiriendo protección policial. Esto, me provoca bastante ansiedad, de la que estoy diagnosticada y en tratamiento; además de padecer depresión.

La situación es conocida por los los Servicios Sociales, que , a pesar de atenderme, hasta el momento no han podido ayudarme, entendiendo que los recursos existentes no se adecúan a mi situación. También recibo apto de la Asociación ... y de la Iglesia ..., localizadas en el barrio de ..., que pueden corroborar todo lo expresado con anterioridad.”

Admitida la queja a trámite nos dirigimos al Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla.

Puesto que en la respuesta recibida, entre otras cuestiones, nos indicaban que que se había emitido informe de excepcionalidad de la vivienda, nos dirigimos a la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) solicitando información sobre la situación en la que se encontraba el expediente.

Se nos indicó que se lo derivaron desde Servicios Sociales con fecha 24 de septiembre de 2021 y que, efectivamente vivía en una caravana de su propiedad, en muy mal estado de conservación, sin luz ni agua y había humedades por filtración de agua de lluvia.

Esta persona había recibido atención por los Servicios Sociales desde 2005, es beneficiaria de comedor social en Bellavista y de Cáritas y recibe ayuda de una vecina.Cobra sólo una prestación por discapacidad de unos 400 euros al mes.

La interesada había rechazado recursos convivenciales como casas de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad y rechazaba compartir vivienda, temiendo ser agredida y/o engañada.

Estaba inscrita en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida desde 2019. Había actualizado datos en abril de 2021 y estaba en el cupo de personas con discapacidad.

Una vez que la persona que la venía ayudando remitió a la OMDV la documentación necesaria para completar el expediente, se le realizó una visita y se baremó el mismo conforme a los criterios de la Comisión Técnica de Vivienda. Nos trasladaban la dificultad por la escasa disponibilidad de viviendas y recursos que se adecuaran a sus circunstancias.

Dimos traslado de esta información a la asociación que ayudaba a la persona afectada y le indicamos que, aun entendiendo que no quisiera abandonar la zona en la que había vivido estos años con apoyo de personas y organizaciones que le estaban prestando desinteresadamente ayuda y compañía, parecía razonable que se replanteara la posibilidad de solicitar algún recurso convivencial como los que ya se le había ofrecido anteriormente por parte de los servicios sociales comunitarios.

La citada asociación nos trasladó que la persona reclamante manifestaba que los servicios sociales solo le habían ofrecido el acceso temporal a albergue o a piso compartido y que los había rechazado, prefiriendo esperar su "turno" para el acceso a una vivienda protegida de segunda adjudicación.

En consecuencia, puesto que por parte de la administración municipal se estaba prestando una atención adecuada a la persona afectada, dimos por concluidas nuestras actuaciones aconsejando que siguiera colaborando con los servicios sociales comunitarios para que pudieran ofrecerle la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades y, en particular, que solicitara el acceso a un recurso como el citado de casa de acogida.

A los 5 meses, recibimos comunicación de la parte promotora de la queja indicando que, tras la nueva rebaremación, le ha sido adjudicado un pequeño apartamento por Emvisesa.

A través de una plataforma ciudadana se puso en nuestro conocimiento la situación de una familia con tres hijos menores que se enfrentaban al inminente lanzamiento de su vivienda actual derivado de un procedimiento judicial de desahucio en precario. Los progenitores se encontraban en situación de desempleo sin derecho a prestaciones y los servicios sociales del Ayuntamiento de Jaén remitieron en su día informe al juzgado acreditando que se encontraba en riesgo de exclusión social.

Nos aportaban informe elaborado en los servicios sociales detallando la intervención social realizada con la familia, que incluía el abono de varias mensualidades de alquiler.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos a dicho Ayuntamiento información sobre si, ante el inminente lanzamiento, era posible excepcionar la obligación de adjudicación de vivienda a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía y, en caso contrario, otras posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución al problema económico y habitacional de la familia.

La respuesta municipal decía, textualmente:

“Nos encontramos con una unidad familiar en situación de vulnerabilidad causada por la situación de paro laboral y los inexistentes ingresos económicos del matrimonio, encontrándonos con dificultades importantes en cobertura en necesidades básicas diarias como alimentación, vivienda y suministros.

Se les orienta e insiste desde hace meses en la búsqueda de una nueva vivienda de alquiler sin éxito hasta la fecha. Desde el Centro hemos estado en contacto con entidades como Cáritas Interparroquial para el apoyo en dicha búsqueda. Manifiestan encontrarse con serios problemas debido a no poder presentar nóminas o certificados de ingresos estables que les permitan formalizar el nuevo arrendamiento.”

De esta información dimos traslado a la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén S. A. (Somuvisa) al tiempo que le solicitamos la emisión de un informe sobre los siguientes aspectos:

- Situación de la familia en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

- Posibilidades de adjudicación a corto plazo de viviendas de alquiler social y si se había considerado la posibilidad de excepcionar la obligación de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía.

- Otras posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución al problema habitacional de la familia interesada.

En la comunicación que se nos remitió se indicaba que se había convocado una reunión con el objeto de analizar la posibilidad de adjudicar una vivienda pública que se iba a quedar disponible a esta familia, excepcionando la obligación de adjudicación en aplicación del Reglamento. Por ello, nos dirigimos nuevamente a dicha Sociedad Municipal pidiendo que nos mantuviera informados sobre si se procedía finalmente a la definitiva adjudicación a la familia afectada de la vivienda.

Antes de recibir respuesta, la plataforma que planteó el asunto nos manifestó que el 5 de julio de 2022 estaba previsto el lanzamiento pero que fue paralizado hasta el 25 de julio por la movilización ciudadana que lo acompañó. Durante esos 20 días y en diálogo con AVRA, el registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento de Jaén se hizo la propuesta para que AVRA pudiera adjudicar la vivienda. Desde el 25 de julio la familia vivía en esa vivienda pública propiedad de AVRA.

Por tanto, habiéndose solucionado el problema planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Brenes a nuestra petición de informe inicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se estudiara la posibilidad de efectuar el cambio de vivienda solicitado por la persona interesada atendiendo a su movilidad reducida y que, en caso de no ser posible o no estimarse procedente, se nos indicaran las razones para ello.

Según la respuesta municipal remitida, tras aportar la documentación pertinente, se le concedió una ayuda económica por importe 5.000€ a través del Programa de Emergencia Social incluido en el Plan Contigo de la Excma. Diputación de Sevilla para la adaptación del baño de su vivienda así como el acceso al dormitorio contiguo.

En consecuencia, concluimos que había quedado resuelto el problema expuesto, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de haber trasladado Ayuntamiento nuestra disconformidad por la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, que ha supuesto que no se haya dado respuesta a nuestra petición de informe hasta dos años después de la misma.

La persona interesada indicaba que el 30 de marzo de 2022 se le adjudicó una vivienda para ella y sus 4 hijos gracias a nuestra intervención. Firmó incluso la adjudicación pero otra familia había ocupado la vivienda, por lo que su proceso de desahucio siguió su recorrido. Se celebró juicio con fecha 27 de octubre de 2022 y se dictó sentencia de desahucio con lanzamiento 2 de diciembre. En los Servicios Sociales le propusieron estancia temporal en un hostal o piso compartido, pero le preocupaban estas dos soluciones de cara a la estabilidad de sus hijos.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos información a la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) sobre la actualidad de este caso. Nos confirmaron que la persona interesada la vivienda para la que había sido propuesta como adjudicataria la interesada había sido asaltada y ocupada en el mes de abril, por lo que no era posible que la interesada accediera a la misma.

El 15 de noviembre de 2022 fue nuevamente propuesta para la adjudicación de otra vivienda en otra dirección y la misma se estaba adecuando ,con fecha prevista de finalización de los trabajos para el 9 de enero de 2023.

Considerando, por ello, que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.