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El Defensor del Pueblo Andaluz inicia actuaciones de oficio para supervisar la gestión de la Administración Sanitaria al aplicar nuevos recortes sobre la jornada y retribuciones del personal interino.

A través de las quejas recibidas en esta Institución y de las noticias aparecidas en prensa, hemos tenido conocimiento que, en este año  2013, el Gobierno andaluz extenderá la reducción de jornada y salario a los interinos de Sanidad.

Pues bien a la vista de la situación denunciada, y tras examinar la Ley  5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de  Andalucía para el año 2013, podemos comprobar que de conformidad con su  artículo 15.4 “Para facilitar una adecuada organización y utilización de los  recursos sanitarios y educativos en materia de personal, la Consejería de Salud  y Bienestar Social y la Consejería de Educación, en los nombramientos de  personal interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general. En estos supuestos, las retribuciones, tanto  básicas como complementarias, se reducirán proporcionalmente.”

No obstante, el precepto legal transcrito, si bien habilita a la Administración sanitaria a aplicar nuevos recortes sobre la jornada y retribuciones del personal interino, no concreta en que  forma se van a plasmar éstos, pues las denuncias y quejas que se nos trasladan se circunscriben a  este aspecto.

En consecuencia, de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1  de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se resuelve iniciar queja  de oficio.

Solicitado el correspondiente informe a la Administración Sanitaria, por la misma se nos respondía:

“Como bien recoge su escrito en su párrafo segundo, al personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud con nombramiento temporal, no se le aplicó reducción de jornada a consecuencia del obligado plan de reequilibrio económico financiero que señala, todo ello por lo ya expresado en la respuesta a queja de su referencia 12/5531 enviada en su momento, que en su literal contemplaba:

- “Que la Ley 3/2012 de 21 de septiembre de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio financiero de la Junta de Andalucía contempla una reducción de la jornada de trabajo del personal temporal del 10 por ciento.

- Que el artículo 60.2 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece el límite máximo del 75% de la jornada ordinaria en cómputo anual.

- Que, por todo lo anterior, se procedió a no aplicar la mencionada reducción al personal estatutario temporal con nombramiento cierto a la entrada en vigor de la norma por la excepción contemplada de artículo 15.1 del Decreto Ley 1/2012 y de la Ley 3/2012”.

Lo anterior es distinto a lo que recoge en su párrafo tercero sobre los nuevos nombramientos que se contempla en la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no viene más que a plasmar lo ya habilitado en el citado Estatuto marco, como es la figura del nombramiento a Tiempo Parcial. Esta figura está prevista en el sistema sanitario para facilitar el necesario ajuste entre el personal y las necesidades del servicio, como las de alta demanda en momentos concretos del día o las sustituciones de las reducciones parciales de jornada. También hay que recordar el escrito de respuesta a la queja mencionada, en el que le cuantificábamos el aumento de horas disponibles para la nueva jornada incrementada implementada desde el Gobierno de la Nación, que inevitablemente han de tener un impacto en las necesidades de los nuevos contratos y su duración.

Así concluir que, en cualquier caso, se mantiene el compromiso de no reducción a los contratos existentes en el momento de entrada en vigor de la norma y que no se realizan “nuevos recortes sobre la jornada y retribuciones”, que según su escrito están siendo objeto de noticias y quejas.

En su escueta pero clarificadora respuesta la titular de la citada Dirección General, nos comunicaba:

“Reiterarle también que la plasmación que usted nos requiere sobre que significará la práctica de la habilitación de esta Ley de Presupuestos sobre nuevas contrataciones y nombramientos en la modalidad de tiempo parcial, no es posible anticipar ya que dependerá de las necesidades reales de los distintos dispositivos de atención que mantenemos, en su totalidad, a lo largo de la geografía de la Comunidad, y que estará siempre condicionada al mantenimiento de la prestación del servicio asistencia de calidad, con el que estamos comprometidos.”

Visto lo anterior, decidimos dar por finalizadas las actuaciones, sin más trámites por nuestra parte.

Tras la investigación realizada por el Defensor del Pueblo Andaluz con ocasión de la aparición, en el municipio onubense de Punta Umbría, de varios perros abatidos con armas de fuego, hemos podido comprobar que se habían seguido las prescripciones legales y reglamentarias previstas para autorizar, de forma excepcional, las batidas en caso de daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes, por parte de perros abandonados o asilvestrados.

Tras abrir el Defensor del Pueblo Andaluz una actuación de oficio por las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación de que, en la zona del municipio onubense de Punta Umbría de Pinos del Mar, habían aparecido varios perros abatidos con armas de fuego, nos dirigimos tanto a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y al Ayuntamiento mencionado.

A la vista de los dos informes recibidos y, especialmente, tras el análisis de la copia del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Punta Umbría, hemos comprobado que se han seguido las prescripciones del artículo 8.3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Andalucía, que permite la autorización excepcional de batidas en caso de daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes, por parte de perros abandonados o asilvestrados. Según la documentación del expediente que hemos analizado, se han verificado la existencia de daños y perjuicios graves, acompañándose incluso de fotografías y denuncias ante las autoridades.

Por ello, hemos dado por concluidas nuestras actuaciones al entender que no se había producido, de acuerdo con estos antecedentes, actuación irregular por parte de las administraciones afectadas.

Tras formular resolución al Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) con motivo del cerramiento, mediante toldos, de un establecimiento hostelero en Torre del Mar, que podría dificultar el tránsito de peatones por la Avenida de Andalucía, así como de personas con movilidad reducida o discapacidad física, éste nos ha respondido que, aceptando nuestra resolución, se ha instado a la policía local a que vigile el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y las Ordenanzas Municipales a este respecto. También nos indica el Ayuntamiento que el Área de Urbanismo va a estudiar esta resolución para que, en el marco de la revisión del PGOU municipal, actualmente en elaboración, se estudie la ampliación, a todo el municipio, de los estándares de accesibilidad.

Con motivo de la apertura de esta queja de oficio, por el cerramiento, mediante toldos, de un establecimiento hostelero que, según las denuncias que llegaron a esta Institución a través de las redes sociales, podría dificultar el tránsito de peatones por la avenida de Andalucía de Torre del Mar, el Ayuntamiento nos ha comunicado que cumple escrupulosamente con la normativa de aplicación, aunque ha instado a la policía local a que vigile el cumplimiento de la normativa de accesibilidad así como estudiar la ampliación de los estándares de accesibilidad en el marco de la revisión del PGOU municipal, actualmente en elaboración.