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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Ayuntamiento de Aguadulce nos comunica las diversas gestiones que ha puesto en marcha para dar una solución a la falta de funcionamiento de la EDAR de la localidad, tales como la solicitud de asistencia técnica a la Diputación Provincial de Sevilla o conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer la situación en la que se encuentra la EDAR de Aguadulce que, según las noticias que llegaron a esta Institución, se encuentra en estado de abandono y sin funcionar desde hace varios años, lo que está provocando que se viertan al río Blanco las aguas residuales del municipio sin depurar.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio cuando, a través de recientes noticias en medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad sevillana de Aguadulce lleva cuatro años sin funcionar, lo que provoca que las aguas residuales que debería depurar, pese a que pasan por sus conductos e incluso por la propia EDAR, son vertidas sin depurar al río Blanco y, posteriormente, pasan al río Genil, del que aquél es afluente.

Esta circunstancia, además de constituir una muy deficiente gestión de los recursos públicos que, en su momento, fueron destinados a su construcción y generar un daño ambiental –que debería suscitar una preocupación a los regidores públicos-, ha dado lugar también, según estas noticias, a la imposición de sanciones económicas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos contaminantes y por daños al dominio público hidráulico.

Prosiguen estas noticias significando que el Pleno municipal del Ayuntamiento de Aguadulce, a instancia de dos concejales, ha tenido conocimiento de estos hechos pero que, hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida, a pesar de que, tras una visita a la propia EDAR, se ha calificado su estado como “una ruina”, acreditado incluso con fotografías en las que “se pueden ver tuberías rotas por donde pasa el agua recogida, maquinaria oxidada, motores arrancados, cuadros eléctricos destruidos e incluso tapas de alcantarillado robadas”. Ante tales circunstancias, desde el Ayuntamiento parece que se ha reconocido que la EDAR dejó de funcionar en 2013 “debido a diferentes robos y actos vandálicos que se produjeron en las instalaciones”, aunque se apunta también el año 2011 como el año en que las instalaciones dejaron de funcionar.

Por otra parte, parece que desde la Diputación Provincial de Sevilla se ha ofrecido al Ayuntamiento la posibilidad de integrarse en uno de los sistemas que operan en la provincia para gestionar, de forma mancomunada, el ciclo integral del agua de la localidad, bien sea en el Plan Écija, bien en el Consorcio de la Sierra Sur, y que desde el Ayuntamiento se están valorando estas opciones.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz se vienen realizando, en los últimos años, distintas actuaciones relacionadas con el cumplimiento del objetivo conocido como “Vertido Cero” (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la políticas de aguas), al que todas las Administraciones Públicas estarían obligadas para el final de este año 2015 y que implicaría que todas las aguas vertidas al dominio público deberían ser convenientemente depuradas en las EDAR instaladas al efecto. En este contexto, hemos tramitado diferentes quejas, tanto de oficio como a instancia de parte, con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como con Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Mancomunidades e, incluso, hemos solicitado la colaboración de la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para conocer diferentes informaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que afectan a nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello nos preocupa sobremanera esta situación de Aguadulce, que hemos conocido a través de la prensa, especialmente por el daño ambiental que se está produciendo con estos vertidos incontrolados y que está repercutiendo muy negativamente no sólo en el derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado, que se está viendo vulnerado tanto respecto a los habitantes de esa localidad como a los de otras tantas poblaciones por las que discurren los ríos Blanco y Genil, sino también por la infracción de diversas normas legales de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas, singularmente por parte de las entidades locales que ostentan como competencia propia la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales, como recuerda el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local. Pero es que, además, no puede olvidarse que, con independencia de la normativa sectorial que se está infringiendo, la realización de vertidos a las aguas terrestres contraviniendo las leyes y otras disposiciones protectoras del medio ambiente, está tipificado como delito en el artículo 325 del Código Penal.

Y es que, con independencia de que sea difícil evitar la comisión de actos vandálicos contra bienes e instalaciones públicas, consideramos que ello no puede ser justificación para mantener abandonada, durante años, una EDAR que no sólo ha sufrido el deterioro propio del abandono y de los robos sufridos, sino que, lo que es más grave, se ha mantenido una actitud pasiva de quienes ostentan la responsabilidad, autoridades y funcionarios, de adoptar todas las medidas legales a su alcance para evitar vertidos incontrolados sin depurar al dominio público hidráulico. Al mismo tiempo, a una ciudadanía a la que se le exige el abono del canon de mejora, por más que, como sabemos, ello no implica que el importe de lo recaudado se destine específicamente a unas determinadas infraestructuras hidráulicas, le es muy difícil entender por qué se le exigen esas cantidades si en su municipio los responsables públicos se muestran incapaces de garantizar el buen funcionamiento de su EDAR.

Por todo lo expuesto, conocidos estos hechos por los medios de comunicación que determinan el incumplimiento, como se ha dicho, de diversa normativa sectorial en materia de ciclo integral del agua que, a su vez, está generando un importante daño ambiental por vertidos incontrolados al río Blanco, hemos iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Aguadulce para conocer la realidad de la problemática expuesta; en concreto, pretendemos conocer la fecha cierta desde la que no funciona la EDAR de Aguadulce; los informes que se hayan emitido, o acuerdos que se hayan adoptado, por los órganos de gobierno municipal ante tal circunstancia; motivos y causas de la inactividad municipal y las medidas que se tenga previsto adoptar ante las dos alternativas que, siempre según los medios de comunicación, se han dado al Ayuntamiento (incorporarse al Plan Écija o al Consorcio Sierra Sur), así como la fecha en la que podría materializase, en su caso, la conexión.

12-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Ayuntamiento de Aguadulce nos comunica las diversas gestiones que ha puesto en marcha para dar una solución a la falta de funcionamiento de la EDAR de la localidad, tales como la solicitud de asistencia técnica a la Diputación Provincial de Sevilla o conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

- Es voluntad del Ayuntamiento de Aguadulce poner en marcha la EDAR de la localidad, siendo conscientes de la necesidad de depurar las aguas residuales antes de que sean vertidas al río Blanco.

- Se están llevando a cabo diversas reuniones y gestiones con diferentes instancias administrativas, estudiando diferentes vías de financiación y valorando sistemas de depuración a poner en marcha.

- Se han mantenido reuniones con la Diputación Provincial de Sevilla, a la que se ha solicitado formalmente asistencia técnica para estudio y valoración del sistema de depuración idóneo a poner en marcha y posterior redacción del proyecto.

- Se está pendiente de mantener una reunión con el Delegado Territorial de Medio Ambiente para tratar el tema del canon de vertido y su aplicación a la financiación de las obras necesarias en esa localidad.

A la vista de esta información y pese a que de ella no se desprende aún solución alguna, ni siquiera a corto plazo, para la falta de funcionamiento de la EDAR de la citada localidad, hemos de considerar que, en principio, este asunto se encuentra en vías de solución merced a las diversas gestiones que desde la Alcaldía-Presidencia se están llevando a cabo. Confiamos en que tales gestiones fructifiquen lo antes posible para poner fin, cuanto antes, a los vertidos sin depurar al río Blanco que se vienen produciendo pese a que ese municipio de Aguadulce cuenta con una EDAR. Por ello, hemos procedido a su archivo.

No obstante, hemos instado al Ayuntamiento a que, entretanto y si quedara algo de esta instalación que pudiera ser reutilizado cuando se decida qué hacer (si una nueva EDAR o si remodelar la actual), debería abordarse, de manera urgente, cómo protegerla de robos y otros actos vandálicos.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Protección conjunta para evitar nuevos vertidos tóxicos al río Agrio

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con objeto de conocer la realidad de los posibles vertidos contaminantes en la antigua mina de Aznalcóllar, según las noticias –aparentemente contradictorias- aparecidas en diversos medios de comunicación que, no obstante, de confirmarse las que alertan del riesgo y peligro de esos vertidos, pueden provocar daños de gran entidad que, en todo caso, es preciso evitar con medidas de diversa naturaleza.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, la posible existencia de unos informes que revelarían que se están produciendo vertidos contaminantes desde la mina de Aznalcóllar. Así, parece ser que una inspección que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la antigua mina habría revelado posibles vertidos de aguas contaminadas al río Agrio que, a su vez, desemboca en el río Guadiamar, perteneciente al área de influencia del espacio protegido de Doñana.

Por otro lado, según estas noticias la depuradora encargada de depurar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, se encuentra en estado de "semiabandono" y, según las manifestaciones de los operarios que se citan en estas noticias, "lleva sin funcionar desde 2013", por lo que todas las aguas que recogen esas balsas, "se bombean o recirculan a la denominada corta de Aznalcóllar".

En los citados medios de comunicación podemos leer también que una asociación ecologista “ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de modo subsidiario contra la empresa concesionaria de la explotación minera (...). La gestión de la depuradora, según la organización ecologista, correspondía a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, agencia pública empresarial adscrita a la consejería, cuyo presidente es el consejero José Gregorio Fiscal”.

Asimismo, ha generado preocupación el que se haya revelado en los medios de comunicación que los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología que han analizado las antiguas instalaciones mineras a instancias de la juez de Instrucción 3 de Sevilla, hayan encontrado, al parecer, elevadas concentraciones de sustancias tóxicas, altamente cancerígenas, tanto en el suelo como en el agua de la antigua explotación minera. Según este informe, habrían detectado la presencia de arsénico, cinc y plomo en cantidades muy superiores a las permitidas y que suponen un serio peligro para el medio ambiente.

En fin, los autores del informe advierten que ese riesgo deriva de que “estos residuos tóxicos y peligrosos están fuera de control, ya que los sistemas que implantó la Administración andaluza tras la catástrofe de abril de 1998 no funcionan desde hace bastante. Un ejemplo: la depuradora que debía tratar las aguas contaminadas para evitar su filtración al subsuelo o al cauce de arroyos y ríos está parada y prácticamente abandonada al menos desde el año 2013”.

Sin embargo, la Junta de Andalucía, por otra parte, considera "sesgado" el informe de técnicos del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y Barcelona que han analizado las antiguas instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla), niega que se hayan registrado vertidos al dominio público hidráulico y ha asegurado que la depuradora "está operativa y funciona correctamente". Asimismo, considera que "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la Administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero”.

A la vista de estos hechos, no obstante encontrarse subiudice la cuestión de fondo planteada relativa a si existen o no responsabilidades con motivo de los hechos descritos, asunto en el que no podemos intervenir de acuerdo con el art. 17 de nuestra Ley, hemos iniciado una actuación de oficio con objeto de conocer si existe algún riesgo de contaminación de las aguas del río Agrio y, derivado de ello, del río Guadiamar, hecho que sí sería objeto de gran preocupación tanto por sus repercusiones directas en el cauce de los mismos y aledaños, como por la incidencia que pudiera tener en el Parque Nacional de Doñana.

Asimismo, nos preocupa, de confirmarse, que no esté en funcionamiento la depuradora allí existente, tal y como parece que recogen los informes mencionados aunque, es verdad, que por parte de los técnicos de la Consejería se desmiente y se asegura que el funcionamiento es correcto para los objetivos que tienen que cumplir estas infraestructuras de depuración.

Ante esta disparidad de noticias y versiones de los hechos expuestos y dado que, en todo caso, se trata de unas circunstancias que podrían afectar al derecho a un medio ambiente adecuado reconocido constitucional y estatutariamente, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer si, en el momento actual, existe, o no, riesgo de contaminación de suelos y cauces de los mencionados ríos e, incluso, indirectamente del Parque Nacional de Doñana o su entorno; también nos hemos interesado en conocer si la depuradora allí existente funciona conforme a los fines que justificaron su construcción o, por el contrario, ésta presenta graves deficiencias en su funcionamiento.

08-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras ser informado por las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por la de Empleo, Empresa y Comercio, así como por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación con la situación de la mina de Aznalcóllar y la posibilidad de nuevos vertidos tóxicos al río Agrio, al parecer no contemplados debido a las medidas adoptadas, cierra la actuación de oficio incoada en su momento.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio nos trasladó que, salvo algunas incidencias puntuales en un decantador de la EDAR destinada a depurar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, la EDAR podía funcionar de forma normal para el cumplimiento de sus fines en el control de pasivos ambientales, si bien aunque se encuentra operativa, no era necesaria su puesta en marcha desde marzo de 2014. En este sentido, nos decían que no había sido necesaria la depuración de aguas en las instalaciones, dado que el margen entre la cota de la lámina de agua de la corta Aznalcóllar y la cota establecida de seguridad es suficientemente amplio, no previéndose la necesidad de poner en marcha la depuradora a medio plazo. Finalmente, nos informaban de las diligencias previas que se habían instruido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que fueron archivadas en noviembre de 2015.

En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nos informaba que controlaba todos los vertidos que se producían en los cauces de la cuenca del Guadalquivir y que la EDAR destinada a depurar el agua que venía del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, no se encontraba en funcionamiento porque, en aquellos momentos, no se vertía nada al cauce. Asimismo, nos informaba que en los controles que se practicaban en las aguas del río Guadiamar, aguas abajo de la explotación minera, no se había detectado contaminación alguna, de tal forma que, según los datos obrantes en ese organismo, no existía riesgo alguno para los cauces ni para el Parque Nacional de Doñana.

A la vista de estas informaciones, entendimos que no eran necesarias nuevas actuaciones por parte de esta Institución, aunque pedimos a todos los organismos a los que nos habíamos dirigido que se mantuvieran, en el marco de sus competencias, vigilantes para evitar evitar situaciones de riesgo medioambiental y para comprobar regularmente la eficacia de las medidas de protección adoptadas en la zona y en el entorno, con lo que archivamos esta queja de oficio.