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Se recibía en esta Institución escrito de una ciudadana, en nombre de su abuela, de muy avanzada edad y con domicilio en Lucena, formulando queja por el tratamiento dado en el Ayuntamiento de Lucena a los graves daños que había sufrido la vivienda de su abuela, presumiblemente por la fuga de agua de la red de abastecimiento público a la altura de la edificación. Tales daños, según fotografías que se nos envió, eran de tal gravedad que habían provocado el apuntalamiento de la vivienda y el abandono de la misma ante el riesgo de derrumbe.

Así, con fecha de enero de 2020 presentó la titular de la vivienda en el Ayuntamiento una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que exponía los acontecimientos desde que a principios del 2018 se había advertido el hundimiento en el acerado de la calle, hasta que posteriormente la vivienda tuvo que ser apuntalada.

Dicha reclamación, que iba dirigida al Ayuntamiento, fue respondida mediante Resolución de Alcaldía, inadmitiéndola y remitiendo el expediente a la empresa AGUAS DE LUCENA, S.L. "para su tramitación y consiguiente resolución".

Sin embargo, desde AGUAS DE LUCENA, S.L. se había devuelto al Ayuntamiento el expediente poniendo de manifiesto que: "tras la emisión de un informe del Gerente de dicha entidad pública, el Consejo de Administración de la misma ha dispuesto trasladar dicho informe, junto con el acuerdo que así lo establece al Ayuntamiento de Lucena, para su incorporación al expediente de referencia". En ese acuerdo se concluía por AGUAS DE LUCENA, S.L. que:

"... mostramos nuestra disconformidad y rechazo al traslado del expediente y su responsabilidad derivada a Aguas de Lucena, S.L. obviando, cuando menos que, no queda acreditado el origen del agua, relación causal, sin olvidar que la responsabilidad clara por culpa "in vigilando" de la mala calidad del terreno es competencia de la Administración, entendiendo que sobre este hecho descansan la gravedad en las consecuencias. Aguas de Lucena, S.L. se encuentra con infraestructuras ya ejecutadas con sus bondades y maldades, de las que se ha tenido que hacer cargo por imperativo legal, cualesquiera que sea su estado y situación".

Tras esta "devolución" del expediente, que había generado una gran sensación de desasosiego y desamparo a la afectada, incluso indefensión, ésta encargó y abonó por su cuenta, un dictamen pericial que presentó en el Ayuntamiento, y al que ni siquiera había tenido respuesta alguna. Dicho dictamen, que cuantificaba las obras precisas para reparar los daños en la vivienda en 49.684,08.-euros, confirmaba, entre otras cosas, que los técnicos municipales habían emitido informe en noviembre de 2019 en el que se hacía constar que:

"...la empresa de geotecnia contratada para la realización del estudio geotécnico, Labson Geotecnica y Sondeos, S.L., indica de forma generalizada, que la causa proviene de un cúmulo de circunstancias, entre las que se encuentra la rotura de la tubería del imbornal y del colector de saneamiento a la altura de la vivienda (...) lo que hace que el terreno esté cargado de agua".

En este dictamen pericial se hacía referencia al "efecto lavado" que la presencia permanente de agua habría tenido en el terreno que sirve de base a la vivienda, pese a que la misma no había tenido problemas de cimentación alguno en sus cincuenta años, al haber permanecido estable el terreno y haber ofrecido la capacidad portante necesaria para el sustento de la vivienda.

En cualquier caso, el motivo de la queja era que, tras la inadmisión primera del Ayuntamiento de Lucena a la reclamación patrimonial formulada y tras la remisión del expediente a AGUAS DE LUCENA, S.L.; tras la devolución del expediente por esta empresa municipal al Ayuntamiento; y tras la presentación en el Ayuntamiento del dictamen pericial encargado por la reclamante, a día de presentación de la queja en esta Institución no se habría producido ninguna resolución expresa de la reclamación presentada, de ahí que la nieta de la afectada describiera esta situación como:

"...bastante desesperante porque esta mujer con casi 90 años que era totalmente independiente está en casa de su hija con una fuerte depresión a causa de este problema, y con una paga de viuda de poco más de 500 euros, cómo hace frente a una reparación tan grande".

De ahí que, seguía la queja:

"Nos sentimos totalmente desamparados ante el Ayuntamiento de Lucena, solo queremos que resuelvan este tema con la mayor prontitud posible".

Entendimos que de los hechos expuestos, así como de la documentación que se nos envió, y de las menciones que en dicha documentación se hacía a informes municipales, no había duda de que la fuga de agua era la causante principal del lavado del terreno que a su vez habría provocado esos graves daños en la vivienda de la abuela de la promotora de esta queja; ello, sin perjuicio de que otras circunstancias hubieran podido coadyuvar a tales daños, sin perder de vista lo que decía el perito de la reclamante, en el sentido de que la vivienda no había presentado problemas de cimentación en sus cincuenta años de construcción.

Eran claras también las “idas y venidas” de la reclamación, pasando del Ayuntamiento a AGUAS DE LUCENA, S.L., y de ésta al Ayuntamiento, sin que a día de presentación del escrito de queja se hubiera producido una resolución expresa de alguno de los organismos, por lo que nos parecía fuera de lugar la situación que se había creado a la afectada, a la que con esta situación se le abocaba a tener que acudir al contencioso-administrativo, lo que le obligaba a asumir gastos de abogado y procurador, además de los ya asumidos de dictamen pericial, o acudir a la asistencia jurídica gratuita y tener que afrontar el complejo proceso, generalmente de una larga duración (sobre todo si hay dos instancias), a su avanzada edad.

Por lo tanto, entendimos que la actuación seguida por el Ayuntamiento, y por AGUAS DE LUCENA, S.L., no se ajustaba, como mínimo, a la buena administración que cabe esperar de una Administración Pública.

Por ello, admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Lucena para conocer la situación en la que se encontraba este asunto una vez que desde AGUAS DE LUCENA, S.L. se le había devuelto el expediente, por las razones esgrimidas en el documento remitido, y tras haber presentado la afectada un dictamen pericial. De no haber causa que lo impidiera, pedíamos que se adoptasen las medidas necesarias para su resolución, y que se nos informase al respecto.

En su respuesta el Ayuntamiento de Lucena emitió un informe del que cabe destacar, en esencia, que tras los últimos documentos aportados al expediente, se había reconsiderado la decisión inicial de inadmitir la reclamación y, en su virtud, se había revocado aquella Resolución de Alcaldía de febrero de 2020, dictando otra de abril de 2021 por la que se acordaba:

"... la admisión a trámite de la reclamación interpuesta por Dª. … , incorporando al expediente administrativo incoado el “estudio geotécnico y de inspección de tuberías” en la calle … , elaborado por la empresa Labson Geotecnia y Sondeos, S.L., en noviembre de 2019, y el informe final del proyecto de obras de emergencia en calle ... suscrito con fecha … 2020 por los antedichos técnicos municipales".

Finalizaba el informe indicando que:

"Por consiguiente, tras haberse dictado esta resolución, el expediente administrativo actualmente se encuentra pendiente de que la perjudicada reciba la notificación de dicha resolución, así como de que se emita un informe técnico ampliatorio por los técnicos municipales para concluir la instrucción del mismo".

De esto último se desprendía, en primer lugar, que se había aceptado la pretensión de admitir a trámite la reclamación, por parte del Ayuntamiento; y en segundo lugar, que cabía considerar en vías de solución la segunda cuestión, la de que se dictase una resolución expresa de la reclamación, lo cual vendría tras la tramitación del expediente, recientemente incoado. En relación con esto último debía esperarse un tiempo prudencial en el que cumplimentar todos los trámites que garantizan la legalidad del procedimiento.

En consecuencia, a la vista de que se tramitaba ya el expediente que determinaría si procedía o no reconocer la reclamación presentada, suspendimos actuaciones en este expediente de queja.

Una comunidad de propietarios nos trasladaba el problema provocado por la presencia de una balsa de aguas fecales que se producía en un patio compartido con otra segunda comunidad de propietarios de una calle distinta, y que según las averiguaciones realizadas, podría estar ocasionada por la obstrucción de la arqueta de evacuación de tales aguas de la segunda de las comunidades.

Al parecer, el referido patio referido se encontraba en unas condiciones lamentables con una falta de salubridad e higiene severa, dando lugar a la presencia de ratas y cucarachas y sin que la comunidad presuntamente responsable del problema atendiera los requerimientos de arreglo. Por ello, se presentó en el Ayuntamiento de Sevilla un escrito en marzo de 2020, que hasta el momento de presentación de queja en esta Institución no había sido respondido.

Solicitado el preceptivo informe al Ayuntamiento de Sevilla, éste nos informó que ya se había tramitado en la Gerencia otro expediente anterior del año 2017, por las mismas circunstancias, que fue archivado por haberse subsanado por las comunidades afectadas los daños detectados, sin que hasta la fecha del informe se hubiera presentado denuncia nueva al respecto.

No obstante, también se nos informaba que el expediente se había remitido de nuevo a la Sección Técnica para que emitiera informe sobre lo denunciado, por lo que entendimos que el asunto motivo de queja se encontraba en vías de solución y procedimos a cerrar actuaciones en el expediente de queja.

Un vecino de Sevilla nos enviaba escrito de queja donde nos contaba que desde hacía varios meses y tras varias denuncias seguía “sufriendo ruidos de rejas, movimientos de barriles, humos en la fachada de mi casa, etc., y horarios insufribles para dormir y no poder descansar, gracias al bar ubicado debajo de mi casa”. Añadía, respecto de este bar que tenía “varias denuncias tanto en Policía Local como en Medio Ambiente...”. Y nos aportaba copia de la denuncia presentada por otra persona residente en su domicilio en la policía local del Distrito, de mayo de 2019.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla para conocer el estado de tramitación de los expedientes que citaba el reclamante en su queja, y si era cierto que el bar objeto de las denuncias no disponía de licencia de apertura para uno de los locales. Asimismo preguntamos qué medidas se iban a tomar para, de confirmarse las irregularidades, procurar su cese y, en su caso, legalización. Le solicitábamos también al Ayuntamiento que valorase la cuestión relativa a los humos y ruidos denunciados, informándonos al respecto.

El Ayuntamiento en su respuesta nos informó, en esencia, que se procedía a iniciar procedimiento sancionador contra el titular del referido bar por posibles irregularidades detectadas en inspección de septiembre de 2020.

Considerando que con lo anunciado por el Ayuntamiento se acogía la pretensión principal, en cuando al fondo de la queja, dado que se desplegada actividad disciplinaria, procedimos al cierre del expediente.

Comparecía el promotor de la queja para exponernos que tras sufrir una caída acude al Servicio de Urgencias y tras la realización de una radiografía de codo, le diagnostican contusión en codo.

No obstante, tras acudir posteriormente al traumatólogo, le comenta que lo que ha tenido es una fractura de la cabeza del radio y ya está consolidada.

Ello le habría provocado una limitación tanto en la extensión como en la flexión del brazo izquierdo, además de tener dolor al realizar algunos esfuerzos.

En su caso se agrava la situación, ya que usa ese brazo de "bastón" porque sufre secuelas de poliomielitis en pierna izquierda.

Posteriormente nos indica que tras la rehabilitación, le han dado el alta con secuelas.

Interesados por estos hechos ante la Administración nos informa que han iniciado el expediente de responsabilidad patrimonial para determinar las responsabilidades que hubiere.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio al conocer la denuncia pública de una asociación ecologista sobre la posible aparición de restos de amianto en una zona del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Tras dirigirnos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para esclarecer los hechos denunciados e impulsar la retirada de los restos, así como para realizar la investigación a fin de conocer el origen de los mismos e incoar, en su caso, expediente sancionador por el vertido, esta Consejería nos trasladó, en esencia, una relación de las actuaciones seguidas en relación con este asunto desde que se recibió la denuncia en noviembre de 2020, consistentes en remisión a la Coordinación Provincial de Agentes de Medio Ambiente con indicación de comprobación de los hechos denunciados, localizándose los restos y levantando acta de constatación.

Asimismo, se nos informaba que se había determinado que las tuberías vertidas procedían de labores de reparación y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en alta que abastece a las localidades de San Fernando y Cádiz, cuya titularidad corresponde al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), llevándose a cabo contactos con el Gerente del mismo que informó de la retirada de los restos, comprobándose la retirada posteriormente por los Agentes.

Finalmente, nos daban cuenta de que se había estimado oportuno no incoar procedimiento sancionador: "ya que todo el amianto había sido retirado por el CAZG conforme al plan de trabajo con riesgo de amianto (...) y se ha acreditado la entrega a gestor autorizado. Se considera que el almacenamiento de los residuos en el lugar de la obra es un acopio temporal en el lugar de producción, no observándose hechos que pudieran considerarse categóricamente como probada infracción administrativa en el ámbito de la competencia del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo (...)".

A la vista de lo que se nos informó, fundamentalmente lo relativo a la retirada de los restos de amianto y a la causa de su presencia en la zona, dimos por terminada nuestra intervención en este asunto y procedimos al archivo del expediente de oficio.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución, disconforme con la liquidación girada por Consistorio de Bomberos tras intervención en retirada de panal, el promotor nos traslada que “...,mediante llamada al teléfono112,se les puso en conocimiento de una emergencia, propiciada por un enjambre de abejas, adosado a la chimenea de mi vivienda sita en el domicilio descrito y ubicada en pleno casco urbano de la localidad, con el consiguiente riesgo para los transeúntes y para mi propia persona”, “Fue el propio112 el que decidió enviar al equipo de bomberos sin ser expresamente requerido por mi persona, quizás porque disponían de los medios adecuados y de apicultores conocidos”

Como consecuencia de lo expuesto formuló recursos de reposición solicitando “...se dicte resolución anulando la Liquidación de gastos dictada en el procedimiento del siniestro217/18, …...., sin imposición de tasa alguna; ...”

Solicitado informe al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga nos traslada la siguiente información:

“RESOLUCIÓN

PRIMERO: Estimar el expediente de queja interpuesto en base a los fundamentos recogidos en el informe del Director Técnico de fecha 24/09/2021.

SEGUNDO: Reconocer que la liquidación que el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha girado contra D. (...) no es ajustada a derecho en base a que se trata de un supuesto subsumible en el artículo 5 apartado " c) Los servicios prestados a semovientes en situación de peligro." de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento del CPBMA.

Por lo tanto procede la estimación de la queja y devolución de ingreso indebido.

TERCERO: Que se notifique la presente Resolución al interesado.

Conforme a lo expuesto y dado que se ha dictado resolución reconociendo que la liquidación que el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha girado no es ajustada a derecho, procedemos a dar por concluida nuestra actuación, estimando que el mencionado expediente ha dado origen a un cambio de criterio en similares actuaciones.

La persona promotora de este expediente solicitaba la intervención de esta Defensoría en ayuda de una familia numerosa en situación de extrema vulnerabilidad. La familia en cuestión, compuesta por madre, padre y 5 hijos menores de edad, perdió su vivienda por un incendio y venía recibiendo ayuda de los servicios sociales de su municipio. Aún así, después de 7 meses seguían alojados en el albergue de transeúntes y no disponían de una vivienda social en la que los menores pudieran llevar una vida normalizada.

Una vez que conocimos el caso nos dirigimos al Ayuntamiento del Puerto de Santa María que en respuesta a nuestra petición de colaboración nos informó de la solución habitacional lograda para atender las necesidades de la familia, como medida transitoria y provisional en tanto pudieran acceder a una vivienda social de promoción pública adecuada a sus necesidades. También nos informaron de otras intervenciones de los servicios sociales orientadas a solventar sus carencias, en especial su conflictiva relación con la vecindad, cuya solución se veía dificultada por la escasa adherencia de esta familia a las indicaciones y orientación ofrecida desde los servicios sociales.