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En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, a efectos de interesar de la Administración educativa la necesidad de resolver de manera expresa y sin mas dilaciones el recurso de reposición formulado por el interesado con fecha fecha 28 de enero de 2020 contra la Orden de esa Consejería 20 de diciembre de 2019.

Tras valorar la documentación e información obrante en el presente expediente, así como la normativa que resulta de aplicación consideramos preciso formular a esa Administración Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 3 de febrero de 2020 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por el interesado, a través de la cual nos exponía que en la indicada fecha, 28 de enero de 2020, formuló recurso de reposición contra la Orden dictada por esa Administración educativa, con fecha 22/12/2019, sin que hasta la fecha dicho recurso hubiera sido resuelto.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, de conformidad con el artículo 17.2, inciso final, de la misma Ley, instamos a esa Administración la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, el recurso presentado por el interesado, informándonos al respecto.

En respuesta a nuestra solicitud, recibimos escrito de esa Viceconsejeria, registrado de salida con fecha 16 de julio de 2020, con el número 11247, con el que se adjunta el informe emitido sobre este asunto por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional en el que se da respuesta a las cuestiones de fondo que motivan la queja del interesado -relativa a su discrepancia con la decisión adoptada por la la Comisión de Valoración contemplada en la Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se deniega al British Council la acreditación del APTIS ADVANCED en los niveles de competencia lingüística B2. Cl y C2, por no integrar la destreza de conversar dada la ausencia de interacción oral en las pruebas planteadas en el recurso-, y del que cabe deducir la imposibilidad de resolver el recurso formulado por el interesado dentro del plazo establecido por ley, así como el resto de recursos presentados, dado el elevado volumen de éstos, careciendo de los medios personales necesarios para su resolución en plazo.

Así pues, en base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su art. 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

De modo más concreto, en el art. 124.2 de dicha Ley se establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.

En el caso que aquí nos ocupa, el Recurso potestativo de Reposición se presenta en esa Administración educativa el 28 de enero de 2020, no teniendo conocimiento de que, hasta la fecha, se le se haya notificado la preceptiva respuesta al recurso formulado, incumpliéndose con ello lo establecido en los mencionados preceptos de Ley 39/2015.

En este sentido, entiende esta Defensoría que la Ley 39/2015 de 1 de octubre obliga a la Administración a resolver y notificar en el plazo máximo de un mes los recursos de reposición que se les plantean, constituyendo tal deber una auténtica garantía para el interesado. El mentado Cuerpo Legal ni siquiera exime a la Administración del cumplimiento de esta obligación en los casos en que haya vencido el plazo para dictar resolución expresa. Ello permite extraer dos importantes consecuencias: la primera, que el silencio administrativo, que es lo generado en este caso, no es más que el reflejo del incumplimiento de una obligación impuesta ex lege a la Administración; la segunda, que esa Administración sigue estando obligada a resolver el recurso formulado aun después de transcurrido el plazo fijado para la resolución expresa.

Es por ello que, teniendo analizada la pretensión que se formula en el recurso de la persona interesada y elaborada la argumentación para su contestación, de la que se nos ha dado oportuno traslado, no alcanzamos a entender como, hasta la fecha, no se le ha notificado la correspondiente resolución al recurrente a fin de dar cumplimiento a la obligación legal que tienen las Administraciones públicas en esta materia y a lo establecido en el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que garantiza el derecho a una buena administración a toda la ciudadanía

Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la mencionada Ley 39/2015 preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Asimismo, que en el art. 21.6 de dicha Ley se dispone que el personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento legal de dictar resolución expresa.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

En dicha sentencia se ha venido reiterando, conforme a la jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio proactione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art.24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- La necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.

El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al garantizar a toda la ciudadanía el derecho a una buena administración, establece que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, así como que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su art. 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo más concreto, el art. 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados y que debe tener en cuenta, como ocurre en el caso objeto de la presente queja, la dotación de lo medios personales precisos, de forma que puedan resolverse los recursos administrativos en un tiempo razonable y respetando los plazos legalmente establecidos para ello.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el citado arículo. 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Viceconsejería la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN 1: Para que se den las instrucciones necesarias a fin de que, a la mayor brevedad posible, se proceda a emitir la resolución expresa que corresponda al recurso potestativo de reposición presentado por el interesado con fecha 28 de enero de 2020, informándonos al respecto.

RECOMENDACIÓN 2: Para que se adopten las medidas que procedan a fin de dotar, a las unidades administrativas correspondientes, de los medios que fueran precisos para la resolución de los recursos administrativos presentados ante esa Consejería en un tiempo razonable y respetando los plazos establecidos legalmente para ello.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Ver asunto solucionado o en vías de solución

I. El Defensor del Pueblo Andaluz acordó iniciar una queja de oficio en relación con los trámites del proyectado Plan Especial de La Alcazaba de Baza. Dicho instrumento ha sido reclamado en numerosas intervenciones de esta Institución en relación con actuaciones puntuales que resultaban necesarias respecto de inmuebles ubicados en los entornos de dicho recinto monumental de Baza. Entre las motivaciones para dicha iniciativa se señalaba:

“(...) atendiendo a las intervenciones de esta Institución sobre la situación de la Alcazaba de Baza, han transcurrido más de seis años sin poder registrar una respuesta operativa y cierta que evite los riesgos y amenazas que se predican de este elemento patrimonial protegido como BIC, más allá de alguna intervención puntual y localizada.

Años después de la actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la Alcazaba de Baza, sólo obtenemos la reiterada alegación de que, para lograr una respuesta eficaz, “es imprescindible la aprobación del Plan Especial de Protección, actualmente en marcha” (informe de la D.T. Cultura de 14 de marzo de 2019, salida 688 1352).

Este dato nos parece extremadamente inadecuado ante el contínuo interés de esta Institución por las vicisitudes de dicho Plan Especial a lo largo de los expedientes ya citados. Esta deficiente información y la persistencia de la necesidad, no desmentida, de contar con el Plan Especial para abordar las intervenciones de entidad que exige el mantenimiento y conservación de La Alcazaba de Baza, ha motivado la propuesta de apertura de queja de oficio, al amparo del artículo 10 de la Ley 91/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico a fin de que se informe sobre:

1.- Estado actual de tramitación del Plan Especial de protección La Alcazaba de Baza.

2.- Relación de organismos citados para emitir sus informes sectorales solicitados, fechas de su petición, posibles reiteraciones y fecha de emisión final, en su caso.

3.- Previsión de aprobación final del Plan Especial.

4.- Cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa”.

II.- Según el artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó solicitar la evacuación de sendos informes al Ayuntamiento de dicha localidad de Baza y a las Delegaciones Territoriales en Granada de Cultura y Patrimonio Histórico, así como de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Podemos destacar de dichos informes:

a) Por cuanto respecta a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Granada, se nos trasladó un informe cumplidamente detallado sobre todos los extremos solicitados desde esta Institución:

“Como se refleja en el escrito del Defensor del Pueblo de 31 de agosto de 2020 la Consejería en materia de Medioambiente había evacuado informe, EAE71990/2017, sobre el Plan Especial de Ia Alcazaba, fechado el 16 de Julio de 2018. Por los técnicos de esta Delegación Territorial también se emitió informe en julio de 2018 en relación con el Pan Especial de la Alcazaba de Baza previsto en el PGOU de Baza, que consta en el expediente BC.01.267/ 18 de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

Con estos antecedentes con fecha de registro de entrada 8 de junio de 2020 se solicita nuevo informe ambiental estratégico sobre la Innovación por modificación del planeamiento general (PGOU) de Baza (como se decía en el informe anterior, según indicaciones de la antigua Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en su Informe ambiental estratégico), relativo al ámbito de protección de la Alcazaba de Baza en aplicación del art. 40.6 C) de la Ley 7//2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, por el Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Esta solicitud ha dado lugar a la apertura del expediente BC.014169/20 y se ha dado traslado al Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, del informe sobre este asunto. Quedando a la espera de continuar informando los subsiguientes trámites procedimentales”.

b) La Delegación Territorial de Ia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada explica su intervención en los trámites relativos al planeamiento urbanístico que afecta a La Alcazaba de Baza. Y así distingue dos expedientes en los que ha evacuado su aportación preceptiva:

- EAE/1990/2017 “Plan Especial de la Alcazaba de Baza”

EI Plan Especial de la Alcazaba de Baza se corresponde con los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo recogidos en el articulo 40.3. de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que ha de ser sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada.

Conforme a lo previsto en el artículo 40.6.a) Ia Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con fecha de 18 de diciembre de 2017 tiene entrada en esta Delegación Territorial escrito del Ayuntamiento de Baza con el que se inicia procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada y se adjunta documentación para su tramitación, que se completa con fecha de 21 de febrero de 2018.

Analizada la documentación aportada, y según prevé el artículo 40.6.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, esta Delegación Territorial emitió, con fecha de 4 de abril de 2018, Resolución de admisión a trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 39.2 y 40.6.c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con fecha de 10 de abril de 2018 se requieren informes y se efectúan consultas, para que, en el plazo de 45 días, se pronuncien sobre la propuesta de instrumento de planeamiento.

En respuesta a las consultas efectuadas se recibe informe del Servicio de Urbanismo, de fecha de 26 de junio de 2018 y que se remite al Ayuntamiento. En el mismo se recogen varias cuestiones respecto al instrumento de planeamiento, resaltando la siguiente “Se detectan determinaciones contenidas en el Plan Especial de Protección que no son propias de esa figura de planeamiento, por ser determinaciones de carácter estructural o pormenorizado preceptivo, como el ámbito, los sistemas generales y la ordenación urbanística detallada del Suelo Urbano Consolidado. En consecuencia, para posibilitar la viabilidad de la propuesta, deberá tramitarse una Innovación estructural y pormenorizada del PGOU de Baza”.

Con fecha de 19 de julio de 2018 se remite al Ayuntamiento informe ambiental estratégico con el que por esta Delegación Territorial se resuelve el expediente. Dicho informe se publicó en el Boletín Oficial delIa Junta de Andalucía de 27 de julio de 2018 y en Ia sede electrónica del órgano ambiental. Se adjunta copia del mismo.

Con fecha de 6 de agosto de 2018 se recibe respuesta del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

- EAE 210/2030 “'Plan General de Ordenación Urbanística de Baza en el Ámbito de procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada”.

Conforme a lo previsto en el artículo 40.6.a) la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con fecha de 17 de febrero de 2020, se recibe documentación aportada por el Ayuntamiento de Baza, para inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Analizada la documentación aportada, y según prevé el articulo 40.6.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, esta Delegación Territorial emitió, con fecha de 3 de marzo de 2020, Resolución de admisión a trámite de evaluación.

Atendiendo a los dispuesto en el articulo 39.2 y 40.6.0) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con fecha de 8 de abril de 2020, se requieren informes y se efectúan consultas, para que, en el plazo de 45 días, se pronuncien sobre la propuesta de instrumento de planeamiento.

Con fecha de 24 de septiembre de 2020 se recibe respuesta del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Con fecha de 19 de octubre de 2020 y en atención a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se remite al Ayuntamiento informe ambiental estratégico con el que por esta Delegación Territorial se resuelve el expediente. EI mismo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica del órgano ambiental. Se adjunta copia del mismo.

En resumen, en esta Delegación consta que se ha finalizado la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de dos instrumentos de planeamiento ligados al ámbito de la Alcazaba de Baza. EI primer expediente, referente al Plan Especial, no se aprobó definitivamente al no considerarse viable por cuestiones urbanísticas, procediéndose por el Ayuntamiento de Baza a tramitar una nueva propuesta denominada “Innovación del Planeamiento General de Baza en el ámbito de la Alcazaba".

c) El Ayuntamiento de Baza ofrece su posición indicando:

“Por la presente y, en relación con su escrito de entrada en este Ayuntamiento el pasado día 10.12.2020, en el que nos solicita que, se informe del expte. APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL ALCAZABA, NÚM. 6/17, tengo a bien comunicarle que, como usted mismo hace constar en dicho escrito se está tramitando una Innovación del P.G.O.U. ámbito Alcazaba de Baza, expte. F.U. 10/19, ya que tras la reunión mantenida entre miembros de este Ayuntamiento de Baza y la Delegación de Ordenación del Territorio en Granada, los técnicos de dicha Delegación, indicaron a este Ayuntamiento que era necesario hacer una INNOVACION DEL PGOU, en vez de un PLAN ESPECIAL. Dicha Innovación se dictaminó, favorablemente, por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión de 9.12.2020 y se ha elevado al Ayuntamiento Pleno para su aprobación inicial, una vez ha llegado el informe ambiental estratégico en sentido favorable.”

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico. Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección.

Además, es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de la localidad de Baza, que ha ocupado una importante actividad en relación con su ingente riqueza cultural; y, a su vez, La Alcazaba ha sido objeto de numerosas intervenciones. Podemos recordar varios hitos sobre el caso.

Y así, la queja 15/248 concluyó con la comunicación de los trámites de información sobre el Plan Especial que debía redactarse para la definición e intervención en la Alcazaba. Más tarde, la queja 19/983 supuso la comunicación de que se estaba en fase de elaboración de un proyecto de intervención; a lo que siguió la queja 18/1238, comunicando que se estaba a la espera del trámite de la información medioambiental preceptiva para la aprobación final del Plan.

Es decir, sólo atendiendo a las intervenciones de esta Institución sobre la situación de la Alcazaba de Baza, han transcurrido más de seis años sin poder registrar una respuesta operativa y cierta que evite los riesgos y amenazas que se predican de este elemento patrimonial protegido como BIC, más allá de alguna intervención puntual y localizada.

Años después de la actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la Alcazaba de Baza, sólo obtenemos la reiterada alegación de que, para lograr una respuesta eficaz, “es imprescindible la aprobación del Plan Especial de Protección, actualmente en marcha” (informe de la D.T. Cultura de 14 de marzo de 2019, salida 688 1352).

Segunda.- Esa importancia crucial, casi esencial, de la existencia del Plan Especial provocó que la queja 19/81 incluyera una Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz (junio de 2019) que recogía la Sugerencia a fin de que se adopten “los mecanismos de coordinación y colaboración entre las Administraciones y organismos responsables para la agilización de los trámites previstos hasta la aprobación del Plan Especial de Protección”.

Nótese que la resolución es de fecha junio de 2019 a la vista de la información que dirige la autoridad cultural en marzo de ese mismo año, insistiendo en la necesidad de contar con el Plan Especial, sin que se citara que dicho informe ambiental había sido evacuado con fecha 16 de Julio de 2018. Y es que, efectivamente, es más tarde cuando la propia Delegación informa con fecha 26 de Febrero de 2020 que había tenido conocimiento de que la Consejería en materia de medioambiente había evacuado el informe EAE/1990/2017 sobre el Plan Especial de La Alcazaba, fechado el 16 de Julio de 2018 (ya citado en el informe transcrito en el apartado b).

En esta confusa situación de trámites y proyectos de planeamiento para dotar a La Alcazaba de los instrumentos que se entendían por las propias autoridades como “imprescindibles y necesarios”, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz concluimos en la necesidad de clarificar el estado de tramitación de los planes y proyectos tantas veces citados.

Tras las informaciones recibidas, y al día de la fecha, podemos aclarar que siete años después el original Plan Especial de La Alcazaba ha decaído por entenderse que es necesario una “Innovación del PGOU” en lugar de dicho Plan, por lo que el propio Ayuntamiento comunica su disposición a iniciar tales trámites mediante la aprobación el 9 de diciembre de 2020 de dicha medida en la Comisión Informativa de Urbanismo y que se elevará con posterioridad al pleno municipal para su aprobación.

Tercera.- El estado de la cuestión podría resumirse en la necesidad, unánimemente expresada por el Ayuntamiento de Baza y la Delegación Territorial de Cultura en Granada, de que era preciso disponer de un Plan Especial de Protección, como herramienta para acometer las medidas de conservación y mantenimiento exigidas para La Alcazaba y los elementos variados de su entorno. Sin embargo, a la vista de dicho objetivo, apenas se ha logrado una concatenación de actos, proyectos, reparos y manifestaciones de voluntad que no han concluido en ninguna evidencia resolutiva para la aprobación de dicho Plan Especial acorde con la naturaleza urgente de la situación que unánimemente se describe por las autoridades culturales y, desde luego, por las entidades ciudadanas implicadas en el problema.

Y, ante este relato reiterado que se ha elevado a la categoría de impedimento para la adoptación de no pocas medidas para la conservación en este entorno monumental, resulta cuando menos contradictorio la ausencia de alguna expresión crítica o valorativa que aborde el sentido y alcance de unos supuestos trabajos de planeamiento que se están relatando al menos desde 2015. Y años después se concluye que dicho plan es improcedente y que lo que se necesita ahora es una “innovación del PGOU de Baza”.

Por tanto, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no podemos dejar de posicionarnos en favor de las medidas de conservación y protección de La Alcazaba de Baza y su entorno, requiriendo de las Administraciones Públicas competentes las respuestas que hemos elaborado en la presente resolución a través de los instrumentos de planeamiento o proyectos que resulten acordes con dicha finalidad. Por otra parte, la idoneidad de esos instrumentos no debe eximir a las propias autoridades del permanente ejercicio de los deberes de conservación y protección de este ámbito patrimonial en relación con los ricos y variados elementos que lo integran.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula al Ayuntamiento de Baza, a la Delegación Territorial de Ia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada y a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Granada, en el ámbito de sus respectivas competencias, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: “Para que se impulsen las medidas comprometidas de abordar los instrumentos de planeamiento o del actualización del Plan General de Ordenación Urbana de Baza que reviertan en la protección de La Alcazaba”.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía formula Resolución ante la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte recomendando que, con la mayor celeridad, se adopten las medidas necesarias para que se garantice al alumnado usuario del servicio de transporte escolar de un centro docente de educación especial de la provincia de Sevilla que en todos los trayectos se cumplan las medidas de distancia interpersonal recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y propagación del SARS.CoV-2, así como cualquier otra medida adicional que refuerce la protección de este alumnado.

ANTECEDENTES

Se dirigían a esta Institución los padres y las madres del alumnado usuario del servicio de transporte escolar de un centro de educación especial de la provincia de Sevilla, poniendo en nuestro conocimiento las preocupantes condiciones en las que sus hijo e hijas realizan los trayectos que, diariamente, han de recorrer desde sus correspondientes paradas al centro docente, y viceversa.

Como sabíamos, nos decían, estos niños y niñas, por su discapacidad, están exentos de llevar mascarilla, además de que no comprenden la situación y les molesta llevarlas, por lo que al poco de colocárselas se las quitan, resultando que en en vehículo en el que los llevan y traen, de pequeñas dimensiones, van todos sentados uno al lado del otro y, como decimos, sin mascarillas y sin distancia de seguridad.

Consideraban los interesados una barbaridad -decían expresamente- que teniendo en cuenta que todos estos niños y niñas sufren patologías crónicas y graves, mientras que por parte del centro docente se está haciendo lo indecible para que puedan asistir con seguridad, aún a costa de suprimirse terapias y actividades que les son beneficiosas pero que pueden suponer un riesgo, sin embargo se le deja a su suerte en el servicio de transporte, sin observarse ninguna precaución ni medida de protección.

Pues bien, en el informe que recibimos de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Sevilla, a la que en primer lugar nos dirigimos en solicitud de información, se nos indicó, si bien resumimos, que teniendo en cuenta que el vehículo utilizado para esta ruta de trasporte tiene capacidad para veinticuatro plazas ordinarias más una plaza adaptada, y siendo el número de usuarios como mínimo 20 y como máximo 24, el servicio de de transporte escolar se está prestando con espacio suficiente, no siendo posible exigir prestaciones adicionales a la empresa concesionaria del servicio dentro del contrato actual.

CONSIDERACIONES

En el informe administrativo, además de hacerse referencia a algunos detalles relativos al número creciente de alumnos y alumnas que en los últimos años ha venido haciendo uso del servicio de transporte escolar del centro de educación especial en cuestión; el número de usuarios diarios del servicio en el presente curso (nunca inferior a 20, además de las dos monitoras y el conductor); así como que la empresa concesionaria del servicio, de manera voluntaria y sin modificación del contrato, accedió a poner a disposición un autobús de mayor capacidad del que hasta ahora se venía utilizando, concluye, como hemos señalado, que el servicio de transporte escolar se está prestando con espacio suficiente.

No obstante, hemos de señalar que, sin haberse puesto nunca en duda que haya espacio suficiente para todo el alumnado usuario, si por suficiencia entendemos que cada uno de los usuarios ocupa un asiento, lo que se cuestiona es, si tanto por las características particulares del alumnado que hace uso de este transporte -discapacitado, y en muchos de los casos siendo personas de muy alto riesgo, con patologías muy diversas y graves-, como por las excepcionales circunstancias de crisis sanitaria en la que nos encontramos, el modo en que se desarrolla el servicio es el idóneo.

Pues bien, ante esta tesitura hemos de expresar que se trata de una cuestión de justicia el que, ante la excepcionalidad de las circunstancias motivadas por la actual situación de crisis sanitaria, a estos niños y niñas, especialmente vulnerables, se les ofrezca también medidas excepcionales que garanticen su salud y, por extensión, la de su comunidad educativa y sus familias.

Sin duda, ha sido enorme el esfuerzo realizado por las Administraciones educativas y sanitarias para hacer de los centros docentes un espacio seguro. Ahora bien, esta seguridad no puede ir referida solo a la jornada lectiva, sino también a las actividades extraescolares y servicios complementarios, como son el comedor escolar y, por supuesto, el transporte escolar.

Muestra de ello, ha sido la elaboración de la Guía para la Organización Escolar del Curso 2020/2021 de Consejería de Educación y Deporte que fue dirigida a todos los centros docentes de Andalucía, así como la documentación de apoyo y, en concreto, el documento elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica denominado Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. En concreto, este último documento señala que para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la población infantil, y se adaptarán en función de la edad, de las distintas enseñanzas existentes, con una mirada atenta a la educación especial en sus distintos escenarios.

Es conocido que dos de las medidas básicas para evitar en lo posible la propagación del SARS-CoV-2 son la distancia interpersonal -no menos de 1,5 metros entre individuos- y el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En cuanto a estas últimas, su uso, dentro del centro, es obligatorio a partir de los 6 años, y también para los menores de entre 3 y 6 años cuando se encuentren fuera de su clase o grupo de convivencia, por lo que siempre y para todos el alumnado su uso es obligatorio a la entrada y salida del centro, en el recreo y espacios comunes y, en particular, cuando usen el transporte escolar.

Ahora bien, las mismas autoridades sanitarias consideran que el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

En el asunto que nos ocupa nos encontramos con espacios cerrados -autobús- en el que los usuarios no guardan en ningún caso la medida de separación interpersonal de 1,5 metros, y sin poder hacer uso de las mascarillas. Es por ello que no parece descabellado predecir que, basados en evidencias científicas, en el caso de que uno de ellos resultara contagiado, éste, a su vez, contagiaría a un importante porcentaje de compañeros y compañeras usuarios, así como a cualquiera de las monitores o al conductor.

Ante estas especiales circunstancias las soluciones más viables serían, o bien utilizar un autobús de mayor tamaño que permita guardar la distancia de seguridad entre todos los usuarios, o bien que se utilice más de un vehículo para que con un menor número de usuarios en cada uno de ellos sea posible mantener esa misma distancia.

Y relacionando cualquiera de estas soluciones con la respuesta que nos ha facilitado el organismo territorial, en cuanto a que no resultaba exigible a la actual empresa concesionaria del transporte escolar en cuestión prestaciones adicionales dentro del contrato actual, entendemos que la Administración cuenta con los instrumentos legales suficientes y necesarios como para introducir aquellas modificaciones que hagan viable la prestación del servicios en las condiciones idóneas a la finalidad que se persigue, o bien contratar un nuevo servicio que cumpla con dichas condiciones. Y esta finalidad no es otra que la de proteger en todo lo que sea posible el derecho a la salud de los alumnos y alumnas afectados que, por su especial vulnerabilidad, son acreedores de todas las medidas que puedan ponerse a su alcance.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula a esa Dirección General de Planificación y Centros la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que, con la mayor celeridad, se adopten las medidas necesarias para se garantice al alumnado usuario del servicio de transporte escolar del (…), que en todos los trayectos se cumplan las medidas de distancia interpersonal recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y propagación del SARS.CoV-2, así como cualquier otra medida adicional que refuerce la protección de este alumnado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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Recordamos al Ayuntamiento de Oria que, con carácter general, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y le recomendamos que responda expresamente el escrito de denuncia de vertidos de aguas fecales en un determinado lugar presentado por la persona promotora de la queja.

ANTECEDENTES

1. Con fecha de marzo de 2019 recibimos una queja en la que el interesado exponía que en noviembre de 2018 había denunciado ante el Ayuntamiento de Oria, Almería, la situación que presentaba la Rambla de las Piedras, en la que, al parecer, se venían vertiendo aguas fecales desde hace varios años, por lo que solicitaba que se procediera a su limpieza dándole “una situación definitiva al desagüe de las aguas fecales”; sin embargo, indicaba que aún no había recibido respuesta.

2. Admitida a trámite la queja, por reunir los requisitos legales para ello, sin entrar en el fondo del asunto planteado, interesamos de la Alcaldía-Presidencia, mediante nuestro escrito de mayo de 2019, que diera respuesta expresamente y sin más dilaciones la petición presentada por el interesado, informándonos al respecto.

3. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en dos ocasiones, en julio y agosto de 2019, y de la conversación telefónica que mantuvo personal de esta Institución con el del ayuntamiento, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21, aptdo. 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

De esta obligación se exceptúan tan sólo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. Por consiguiente, el supuesto objeto de estudio no resulta subsumible en tal excepción.

Asimismo, según lo preceptuado en el apartado 6 del art. 21 de la Ley 39/2015 el que indica que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo».

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal contenido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos presentados por el interesado, que fue el objeto de la presente intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, informando de ello a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Recordamos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la obligación de la Administración, con carácter general, de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, así como la jurisprudencia recaída en materia del silencio administrativo negativo, y le recomendamos que resuelva expresamente el recurso de alzada presentado por una asociación de defensa del medio ambiente de ámbito local en junio de 2017.

ANTECEDENTES

I. Con fecha de octubre de 2019 recibimos una comunicación remitida por una asociación ecologista de ámbito local a través de la cual nos exponía, en esencia, que en junio de 2017 había formulado recurso de alzada en un expediente relativo a la tramitación de una Autorización Ambiental Unificada para una actividad ubicada en el término municipal de Mairena del Alcor, Sevilla, y que a pesar del tiempo transcurrido, decía esta asociación, aún no había recibido respuesta expresa a su recurso de alzada.

II. Reunidos los requisitos formales del apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el recurso presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud en noviembre de 2019 y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

“Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa”.

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de resolver expresamente, a la mayor brevedad posible, el recurso de alzada presentado por la parte afectada con fecha .. de junio de 2017.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz