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El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante el Ayuntamiento de Motril, por la que recomendaba dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 15 de junio de 2016.

Mediante informe recibido al efecto, el Ayuntamiento acepta la Resolución formulada, y nos da traslado de la respuesta que con fecha 13 de febrero de 2018 ha remitido a la parte promotora de la queja, por lo que se procede al cierre del expediente.

Lo anterior, toda vez que según nos aclaraba el Ayuntamiento de Motril, no había dado una respuesta inmediata a la reclamante por no tener constancia de su domicilio.

Añadiendo además que se habría incorporado a la dependencia habilitada para la recepción de visitantes, un libro de hojas de reclamaciones; aprobando la Comisión Gestora del Espacio Reserva Natural Concertada Charca de Suárez, unas normas concretas de acceso para visitantes; pidiendo disculpas a la reclamante por la incidencia producida durante su visita.

El interesado exponía que debido a la precariedad económica en la que se encontraba su familia, compuesta por sus dos hijos menores de edad, su mujer y él mismo, había solicitado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento una ayuda para hacer frente al pago del agua y de la luz. Manifestaba que por parte de los Servicios Sociales se le indicó que no existía la posibilidad de conceder ayudas de emergencia para el pago de los suministros básicos, así como que tampoco tendría derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad por encontrarse uno de los miembros de la unidad familiar trabajando, a pesar de que el interesado afirmaba que sus ingresos fueron únicamente de 160 € el último mes.

Nos dirigimos al Ayuntamiento competente, desde donde se nos informó que existía expediente de la unidad familiar desde antes del año 2002, habiendo sido múltiples las intervenciones realizadas. Concretamente, en los años 2016 y 2017 se les había concedido diversas ayudas familiares y para el pago de suministros.

La trayectoria socioeconómica de la unidad familiar había estado marcada por desempleo prolongado y escasez de recursos económicos. Además de actuaciones dirigidas a la ayuda para cubrir las necesidades económicas también se habían llevado a cabo diferentes actuaciones en el ámbito familiar.

Tras la petición de informe al Ayuntamiento, se incluyó a la familia en la convocatoria 2017/2018 del Programa de Pobreza Energética, realizándose el primer abono y se le facilitó documentación referida al Ingreso Mínimo de Solidaridad.

En consecuencia, consideramos que se había producido una resolución positiva de la queja planteada por el interesado y dimos por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de que entendíamos que la precariedad de la situación económica de la unidad familiar requería una continuidad en la intervención de los servicios sociales.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba resolución ante el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, por la que recomendaba dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito solicitando devolución de ingresos indebidos presentado por la parte afectada con fecha 11 de marzo de 2016.

Del informe recibido al efecto, se concluye que la Administración tributaria ha aceptado la recomendación formulada, dando respuesta al escrito formulado por la parte interesada.

Actualmente, el expediente se encuentra en trámite, no obstante en el momento en que recaiga Resolución se le dará oportuno traslado al solicitante.

La Administración educativa informa que se va a proporcionar un servicio complementario de transporte escolar que permitirá que la menor pueda desplazarse al centro educativo donde se ha podido escolarizar.

Las personas interesadas relatan los problemas surgidos en el proceso de escolarización de su hija, alumna con necesidades educativas especiales, que hasta el curso 2016/2017 asistía al un centro educativo de la provincia de Málaga, pero le comunicaron que tenía tres días para echar la inscripción de la alumna en un Instituto, ya que para el siguiente curso no podía seguir en el mismo colegio.

Relataban que tuvieron que pasar por distintas vicisitudes acontecidas en el proceso de escolarización, motivos que han impedido que la alumna pudiera asistir a ningún centro educativo.

La parte interesada manifestaba que había quedado excluida del proceso de preinscripción como consecuencia de una incidencia informática producida durante la tercera fase de adjudicación, que entiende no le es imputable ya que habría realizado correctamente todas las actuaciones que le correspondiera.

Interesados ante la Comisión del Distrito Único Andaluz, recibimos informe indicando que la parte interesada presentó alegación a la situación en la que se encontraba en la tercera lista de adjudicación de la fase 1. La alegación fue resuelta favorablemente en la tercera semana de septiembre y la interesada continuó participando en el procedimiento. Finalmente se matriculó en la Universidad en el Grado pretendido el 2 de octubre de 2017.

Así, a la vista de la información recibida, y dado que el asunto objeto de la presente queja ha quedado solucionado, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

El interesado exponía que desde abril de 2015 su madre tenía solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia. En abril de 2016 se le reconoció el grado III de Gran Dependencia, pero aún no se había aprobado el PIA donde se estableciesen las prestaciones y los servicios que le correspondían.

Su madre vivía en una residencia cuyo coste mensual rondaba los 2000 euros, cobrando su madre una pensión de viudedad de 893 euros, por lo que ya no podía seguir sufragando la diferencia, por lo que si la ayuda no llegaba, echarían a su madre a la calle. Argumentaba que por razones de espacio, de condiciones de su vivienda, así como condiciones económicas y laborales, no le era posible llevar a su madre con él. Por otra parte, dada su pérdida cada día mas grande de memoria, los médicos desaconsejaban los cambios que se producirían en caso de tener que sacarla de la residencia.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla la cual nos respondió que una vez recepcionada la propuesta de PIA, se estimó como recurso más adecuado la Residencia para Personas Mayores y, comprobada la documentación obrante, se estaba a la espera de disponibilidad de plaza para la aprobación del PIA, para lo cual habría de tenerse en cuenta el orden riguroso de incoación.

Transcurrido un tiempo, volvimos a solicitar a la Delegación Territorial que nos informara del estado de tramitación de la aprobación del PIA y, en su caso, posible período de tiempo en que se previera su resolución, a lo que nos indicaron que con fecha 27 de abril de 2017 se reconoció el derecho de acceso al servicio de atención residencial, aunque en distinta Residencia a la que se encontraba de forma privada.

Considerando aceptada la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio recomendando dar respuesta al escrito presentado por la parte afectada con fecha 13 de febrero de 2015, relacionado con el cobro del canon de finca de gas.

En respuesta recibimos oficio aportando copia de la resolución dictada por dicha Administración, con fecha 16 de enero de 2018, desestimando la reclamación formulada al referirse a un período posterior a la entrada en vigor del Decreto 441/2004, de 29 de junio, por el que se establece el régimen económico de los derechos de alta y otros costes de los servicios derivados del suministro a percibir por las empresas distribuidoras de gases combustibles por canalización que operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A la vista de la respuesta recibida, y dado que la presente queja se admitió a los únicos efectos de romper el silencio administrativo existente a la reclamación formulada por la parte interesada, se entiende que el asunto ha quedado solucionado.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante la Universidad de Cádiz, recomendando dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al recurso de alzada presentado por la parte afectada con fecha 22 de noviembre de 2016

Al efecto, se recibe informe de la Universidad de Cádiz manifestando que las peticiones del interesado han sido atendidas en el curso académico, dado que se ha ampliado el número de plazas ofertadas en el programa de doctorado de referencia; y por otra parte, su solicitud de admisión al mismo ha sido resuelta favorablemente, una vez producida su incorporación a la formación doctoral de la Universidad.

A la vista de la información recibida, hemos de concluir que la Universidad de Cádiz acepta la Resolución formulada por esta Institución, por lo que se procede al cierre del expediente.