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La parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente para el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 de la citada norma.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. Con fecha 1 de marzo de 2018 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que con fecha 18 de diciembre de 2017 había dirigido escrito al Ayuntamiento de Estepa, en relación solicitud de acceso a información y documentación, en base a la normativa de transparencia, información pública obrante en expediente municipal de aprobación inicial de la modificación puntual 14ª de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Estepa, cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 272, de fecha 24 de noviembre de 2017.

Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud de información, al momento de presentación de su queja.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar con fecha 26 de marzo de 2018, a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en diversas ocasiones (el 4 de junio, 2 de agosto y 8 de octubre, de 2018 todas), hasta la fecha no se ha obtenido respuesta colaboradora de ese Ayuntamiento.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja; evidenciándose además la falta de colaboración con esta Institución.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a ese Organismo las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Régimen jurídico del deber y obligaciones de transparencia en la actividad pública.

Se trata de un deber cuyo contenido y alcance ha sido objeto de ampliación a nuestro Ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Con respecto a esta última debe significarse que en su preámbulo se señala lo siguiente:

«El derecho a la información cuenta con antecedentes en el derecho comparado. Desde la Ley de Suecia de 1766, pasando por el art. 14 de la Declaración de Derechos Humanos y Civiles de Francia de 1789, la Resolución de la Asamblea General de la ONU 59 de 1946; la Ley de Libertad de Información de 1966 de los Estados Unidos; la Recomendación del Consejo de Europa de 1981 sobre el Acceso a la Información en manos de las Autoridades Públicas y, finalmente, el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos de 18 de junio de 2009.

En nuestro país, tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuentan con diferentes preceptos que fundamentan la regulación de la transparencia.

En desarrollo de la Constitución española, se pretende ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, así como reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, con el fin de facilitar, en cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución española a la participación de todos los ciudadanos en la vida política; garantizar, de conformidad con el artículo 9.3 de la misma la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y por último, garantizar, conforme al artículo 20.1.d) de la Constitución española el derecho a recibir libremente información veraz de los poderes públicos, y, conforme al artículo 105 b) de la Constitución española, el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Igualmente, el fomento de transparencia encuentra fundamento en diversos preceptos del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Pretende fomentar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política; conseguir, como objetivo básico, en defensa del interés general, la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en el ámbito político, en aras de una democracia social avanzada y participativa, como dispone el artículo 10.3.19; promover, de conformidad con los dispuesto en el artículo 11, el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena; constituir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1.e), cauce de ejercicio del derecho de participación política, y, en particular, del derecho a participar activamente en la vida pública andaluza estableciendo mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas.» (...)

«La legislación autonómica andaluza cuenta con antecedentes que regulan diversos aspectos de la transparencia. Especial mención merece la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que en su art. 3 configura la transparencia como un principio general de organización y funcionamiento, y en el capítulo I del título IV regula los derechos de la ciudadanía ante la actuación administrativa»

Al respecto es necesario asumir, por tanto, la importancia que tiene la transparencia en la buena gobernanza, puesto de manifiesto en el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, y acogiendo lo señalado en el Convenio Europeo sobre el Acceso a los Documentos Públicos, que en su preámbulo asienta la máxima de que «Todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos».

Nos encontramos ante un derecho material que puede ejercitarse de forma amplia en virtud de la acción pública en materia de urbanísmo reconocida en el articulo 5, f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; que dispone.

«Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. ».

En ese sentido constituye el instrumento necesario, junto a la participación pública y al acceso a la justicia y a la tutela administrativa, para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, conforme está contemplado en el articulo 105, b), de la Constitución.

Lo anterior, con la pretendida finalidad y objeto, señalado en el artículo 1 de la Ley de transparencia autonómica de servir como cauce o instrumento para «facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena».

Segunda.- El derecho de acceso a la información pública y su denegación en las presentes actuaciones.

Resultando obvio que la petición y solicitud de acceso formuladas por el interesado en la presente queja encuentran su encaje subjetivo en el régimen jurídico expuesto respecto del ejercicio del derecho de acceso que nos ocupa, al igual que la correlativa obligación de la Administración municipal concernida de facilitar el ejercicio del derecho y el consiguiente acceso.

Tratándose en el supuesto de hecho que analizamos en las presentes actuaciones de la denegación expresa de petición de acceso a información pública (expediente de aprobación inicial de modificación puntual de Normas Subsidiarias ) obrante en la Administración municipal de Estepa y, elaborada por órganos de la misma en ejercicio de sus funciones y competencias, entendemos que por aplicación de lo establecido en el artículo 3.1, d) de la Ley 1/2014, citada, la misma, resulta plenamente incardinada en el ámbito subjetivo de aplicación, en cuanto integrada en la Administración Local andaluza.

Resultando sujeto obligado a facilitar el acceso y suministrar la información relativa a planeamiento urbanístico y solicitada por el interesado en el procedimiento.

Ostentando un derecho subjetivo el mismo en las actuaciones que tratamos conforme a lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley básica estatal de Transparencia de derecho de acceso a la información pública, que a tal efecto, incluyó una nueva redacción en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (entonces vigente), que estableció:

«Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.»

Actualmente es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la que en su artículo 13. d) establece, entre los derechos de las de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el derecho “al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.”

En consecuencia, entendemos que el interesado además de legitimado para iniciar el procedimiento, tenía derecho al acceso a la información solicitada, ello, en aplicación de lo establecido en el artículo 7 de la repetida Ley 1/2014, pues según el citado precepto, cualquier persona legitimada ostenta los siguientes derechos:

«Se reconocen los siguientes derechos:

a) Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la presente ley, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

b) Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier persona a acceder, en los términos previstos en esta ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

c) Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud de acceso, que denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada.

d) Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el derecho a utilizar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones de las que deriven de esta u otras leyes.»

Así pues, no consideramos procedente que la Administración Municipal no contestara al interesado facilitándole el acceso y obtención de la información pública que instaba, pues la información que se le solicitaba no figura incluida en ninguno de los supuestos de limitación del acceso a la información por posibles perjuicios a las materias sensibles que relaciona el artículo 14 de la Ley 19/2013 (básica estatal) y no se le ha motivado en ninguna otra forma la falta de respuesta, pese a que la información y documentación a que se pretendia tener acceso, ya se había elaborado y hecho publica en el BOP correspondiente, sin que figurara en el Portal de Transparencia, como denunciaba el interesado.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

A los principios y régimen jurídico específicos, establecidos en la nosma sustantiva de aplicación, cabe añadir, para concluir la exposición de los fundamentos de nuestra Resolución los establecidos en la norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31), que garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución y en el artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y, a las previsiones del artículo 105 b) de la Constitución Española, respecto del acceso de los ciudadanos a la información pública.

Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este sentido, habiendo efectuado el análisis de la documentación e información obrante en el expediente de queja y, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (BOJA nº 124, de 30 de junio de 2014), procedemos al amparo de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, a formular al Ayuntamiento de Estepa la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de colaborar con la Institución y, de los deberes legales que dimanan de los preceptos y disposiciones referidos y expresados en las Consideraciones de esta Resolución.

RECOMENDACIÓN: Consistente en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito de fecha 18 de diciembre de 2017 en que se solicitaba de ese Órgano diversa información y documentación de naturaleza urbanística.

Esperamos confiadamente que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, en el plazo no superior a un mes nos facilite respuesta escrita a la presente Resolución donde ponga de manifiesto la aceptación del Recordatorio y de la Recomendación formulados o, en su caso, exponga las razones que estime oportunas para su no aceptación.

Así mismo, le hacemos saber que en el plazo de una semana, a contar desde el registro de salida de la presente Resolución, la misma será inserta en la página web de esta Institución, para general conocimiento y adoptando las medidas pertinentes en orden a la debida Protección de Datos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

No cabe cuestionar las ordenes de obras dictadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra sobre los muros exteriores, pero en cuanto a la situación del muro lindero entre ambas propiedades, sí cabe advertir un posible riesgo para la seguridad de las personas, lo que aconseja formular, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, Recordatorio y Recomendación al Ayuntamiento para se ordenen obras que garanticen la seguridad de personas y bienes.

ANTECEDENTES

1.- Los reclamantes, en su escrito de queja inicial, tras realizar un prolijo y documentado relato de los hechos acaecidos y que les afectaron gravemente en el inmueble de su propiedad, al derribarse un muro divisorio sobre su parcela, solicitaban la paralización de las órdenes de ejecución de obras y otras actuaciones que ese Ayuntamiento les había notificado en el curso de la tramitación de los expedientes ... y ... instruidos para el restablecimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de un inmueble de su propiedad situado en ese municipio.

2.- En el primer informe de la Delegación de Urbanismo, se nos daba cuenta de los trámites realizados en los expedientes de orden de ejecución ... y ..., éste último afectante al vecino colindante, y el expediente de ejecución subsidiaria ..., haciéndose constar que, en éste último, se habían presentado alegaciones por las partes que se encontraban pendientes de resolver con carácter previo a adoptar el acuerdo que procediera en relación con la ejecución subsidiaria.

3.- De acuerdo con ello, interesamos a ese Ayuntamiento que se nos mantuviera informados de la resolución que se adoptara una vez resueltas las alegaciones formuladas por las partes, así como que se nos trasladara cualquier otra información de interés en torno a este asunto. Se nos adjuntó por ese Ayuntamiento, como respuesta, copia de la resolución 2865/2018, de 5 de noviembre, de la Delegación de Urbanismo por la que, además de hacer constar el informe del Arquitecto Técnico de 26 de julio de 2018 sobre las alegaciones formuladas por los reclamantes, se acordaba la ejecución forzosa mediante ejecución subsidiaria de los trabajos previstos en el informe de 11 de mayo de 2017, emitido por el arquitecto técnico municipal.

No obstante, con carácter previo, se informaba asimismo que, por la Secretaría Municipal, se había instruido el expediente ..., de Procedimiento Judicial.

4.- En su última respuesta se nos aclara que no existe ningún procedimiento judicial en torno a este asunto (que era una forma de denominar la tramitación del expediente) y se nos adjunta nuevo informe emitido por la Delegación de Urbanismo de ese Ayuntamiento. Este informe da cuenta de las actuaciones desarrolladas en los expedientes de orden de ejecución nº... y ..., que se pretenden realizar mediante ejecución subsidiaria. En cuanto a las peticiones que formulan los interesados en su escrito registrado de entrada el 16 de noviembre de 2018, se indica que no procede nueva inspección del inmueble, porque el objeto de las órdenes de ejecución no es determinar ni las causas, ni los motivos del derrumbe, ni la delimitación de responsabilidades, por cuanto se consideran que son competencia de la jurisdicción civil. Se señala igualmente que no es competencia de la Delegación de Urbanismo una posible actividad de mediación en este asunto.

De acuerdo con estos antecedentes, queremos trasladar a ese Ayuntamiento las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- En la medida en que las órdenes de ejecución de obras, cuya paralización se solicitaba, fueron emitidas en aras a garantizar la seguridad tanto de los propios propietarios como de vecinos que puedan transitar por la zona y que se encuentran avaladas por los correspondientes informes técnicos, no tenemos nada que objetar, ni tampoco respecto a su ejecución subsidiaria ante el incumplimiento de lo ordenado.

Segunda.- No obstante, por parte de los interesados se viene manteniendo y así lo han manifestado en reiteradas ocasiones a ese Ayuntamiento que el origen del problema radica en una presunta falta de supervisión y control por parte municipal en la construcción de la vivienda de su vecino colindante. A modo de síntesis señalan, a su juicio, las siguientes irregularidades:

“Según cédulas urbanísticas ... y ... los terrenos se consideraron llanos, y sin embargo, se elevaron construcciones entre 2,20 y 2,50 m. por encima de lo permitido según el PGOU´94, cuya altura limita a 1,50 m.; no se realizaron los preceptivos muros de contención y drenaje de aguas; las segregaciones no se ajustaron al artículo 390 de dicho PGOU´94 que delimita la fachada principal a 14 m. como mínimo, teniendo la de nuestro vecino solamente 11,625 m. Tampoco se cuidaron de evacuar los vertidos de aguas residuales al circuito general de alcantarillado, por lo que dichas viviendas, de la que forma parte la de nuestro vecino, poseen una red de alcantarillado ilegal de servidumbre compartida, que incluso requeriría una comunidad aparte para solventar esta irregularidad.”

Tercera.- Partiendo de estas consideraciones previas, los reclamantes nos vienen reiterando en sus comunicaciones su preocupación ante el hecho de que la piscina de su vecino colindante siempre se encuentra llena, con la gran carga de peso que ello supone, dándose la circunstancia añadida de que se producen filtraciones reiteradas sobre los límites entre ambas propiedades, lo que unido a la diferencia de cota irregular (a juicio de los afectados) entre las parcelas, el derrumbe del muro ya producido y la carencia de elementos constructivos de contención, les hace temer que se puedan producir nuevos derrumbes sobre su parcela poniendo en grave riesgo su integridad física o de otras personas que allí se encuentren.

Cuarta.- Así las cosas, entendemos aconsejable que, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, al amparo de lo previsto en el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se realice visita de inspección al lugar y, en su caso, se ordenen las obras necesarias para conservar las condiciones de seguridad entre ambos inmuebles, propiciando en caso de resultar posible el mayor consenso para ello de los propietarios afectados.

Por todo lo anterior y, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de aplicar, en el supuesto de resultar procedente, el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

RECOMENDACIÓN de que, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, se realice visita de inspección al lugar y, en caso de apreciar posibles riesgos para la seguridad de personas y bienes, se ordenen las obras necesarias para conservar las condiciones de seguridad entre ambos inmuebles, propiciando en caso de resultar posible el mayor consenso para ello de los propietarios afectados.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ante el reiterado silencio municipal, nos vemos obligados a formular al Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas y ambientales formulada por la interesada sea objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística y ambiental.

ANTECEDENTES

1.- La reclamante nos exponía que, en el inmueble donde reside y en el mes de abril de 2011, se iniciaron obras en la fachada y parte baja del edificio que forma parte de la comunidad de propietarios para abrir una puerta, pese a que el local ya tenía una puerta al exterior desde su inicio, lo que supuso una alteración en la integridad de la misma, sin que estos hechos se pusieran en conocimiento de la comunidad de vecinos, ni se pidiera la preceptiva autorización para la realización de tales obras.

Por ello, la afectada señalaba que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo solicitando la paralización de las obras y la eliminación de un tubo de extracción de humos. Igualmente se comunicaron estos hechos al Departamento de Control de la Edificación y Disciplina Urbanística, expediente … .

2.- Tras ello, recibieron escrito de 17 de abril de 2012 de ese Ayuntamiento dirigido a la Comunidad de Propietarios informando de la imposición de una sanción de 3000 euros, así como de una orden de clausura a la empresa responsable de las reformas que se estaban efectuando en la planta baja del edificio destinada a bar así como se comunicaba una orden a Policía Local para ejecución forzosa.

La reclamante se preguntaba la causa de que no se ejecutaran las distintas resoluciones administrativas adoptadas por ese Ayuntamiento de Sevilla.

3.- En un primer informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se nos informaba que, en su momento, fue levantada la medida cautelar de suspensión de la licencia otorgada y se aprobó un reformado del proyecto con algunas modificaciones, aunque tras visita de inspección se había podido comprobar que no se habían ejecutado en su totalidad las modificaciones ordenadas. Se añadía que el expediente se encontraba pendiente de informe técnico para verificar si se ha procedido a retirar la instalación de humos de gases ubicada en el patio del inmueble.

4.- Así las cosas, con fecha 23 de abril de 2018, interesamos que se nos mantuviera informados acerca de si, finalmente, se había dado cumplimiento a todos los condicionantes ordenados o, de no ser así, que se nos indicaran las medidas adoptadas ante los incumplimientos detectados.

5.- Ésta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 14 de junio y 28 de agosto de 2018, pero ello no ha motivado que nos sea remitida la misma, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal de esa Alcaldía el pasado 31 de octubre de 2018, privándonos de conocer si, finalmente, ha quedado restaurada la legalidad urbanística y ambiental en este asunto.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante la ausencia de respuesta de ese Ayuntamiento ignoramos si están siendo impulsados debidamente los expedientes de protección de la legalidad de cuyo inicio nos dio cuenta ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística en este asunto.

Del mismo modo, debe recordarse que las actividades hosteleras (restaurantes, cafeterías, pubs y bares) están sujetas a Calificación Ambiental (CA), según establece el Anexo de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA).

Según el artículo 43 de la LGICA, corresponde a los Ayuntamientos, además de la tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales en su caso, la vigilancia, el control y el ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dichos instrumentos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas y ambientales formulada por la interesada sea objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística y ambiental.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante el reiterado silencio municipal, nos vemos obligados a formular al Ayuntamiento de Marbella, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas formulada por el interesado, sea objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que el Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

ANTECEDENTES

1.- El reclamante, en su calidad de Administrador del Edificio situado en la calle ..., de esa población, nos exponía que, en el año 2016, se interpuso por la comunidad de propietarios una denuncia ante el Departamento de Disciplina Urbanística de ese Ayuntamiento de Marbella, por obras ilegales ejecutadas por un propietario que se había adueñado de parte de la fachada del edificio para construir una terraza e igualmente se había apropiado de otra parte de la terraza comunitaria.

Añadía que, ante ello, se presentaron las oportunas denuncias aportando informes técnicos con fotografías incluidas, sin que, hasta la fecha de la presentación de la queja, en abril de 2017, se les hubiera comunicado ninguna actuación disciplinaria ante las obras denunciadas.

2.- Tras nuestra petición de informe inicial, se nos comunicó por ese Ayuntamiento que se habían iniciado, en relación con la reclamación del interesado, procedimientos de reposición de la realidad física alterada, así como sancionador, que se encontraban en tramitación. De acuerdo con ello, interesamos que se nos mantuviera informados de la resolución que, finalmente, se dictara en dichos procedimientos y de las posteriores actuaciones municipales tendentes a su ejecución.

3.- Tras ello, se nos indicó que proseguía la tramitación de los procedimientos de protección de la legalidad y sancionador, pendientes de informe jurídico para contestar las alegaciones presentadas y documentación aportada para proceder a su resolución. Ello nos llevó a demandar nuevamente que se nos mantuviera informados de la resolución que, finalmente, fuera dictada en dichos procedimientos de reposición de la realidad física alterada, así como sancionador, y de las posteriores actuaciones municipales tendentes a su ejecución.

4.- Esta última petición de informe de 12 de abril de 2018 no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 12 de junio y 28 de agosto de 2018, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 31 de octubre de 2018, privándonos de conocer si finalmente, ha quedado restaurada la legalidad urbanística en este asunto.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante la ausencia de respuesta de ese Ayuntamiento ignoramos si están siendo impulsados debidamente los expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionador de cuyo inicio nos dio cuenta ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística en este asunto.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas formulada por el interesado, sea objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Dado el reiterado silencio municipal ante nuestra última petición de informe, nos vemos obligados a formular Resolución de fondo al Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Resolución en el sentido de que quede restaurada la legalidad urbanística en este asunto, se lleve a cabo la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo sin más demoras toda vez que, concluido el proceso de imposición de multas coercitivas, no se ha procedido a la ejecución voluntaria de tales obras por parte del infractor perpetuándose esta situación irregular.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de mayo de 2018, tras recibir anterior comunicación de ese Ayuntamiento, le interesábamos el envío de un nuevo informe en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La reclamante nos exponía, en su escrito de queja inicial, que en el año 2006 denunció a un vecino que instaló en el patio del inmueble donde reside un techo, iniciándose expediente por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que, con fecha 30 de Enero de 2009, se dictó propuesta de resolución en la que se ordenaba la restitución de la realidad física alterada de la finca. En dicha resolución se apercibía al vecino que, en caso de transcurrir el plazo otorgado, se impondrían 12 multas coercitivas, y posteriormente la ejecución subsidiaria. El caso es que, después de haber transcurrido 8 años, aún no se había producido la restitución acordada de la realidad física alterada.

Pues bien, recibimos respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la que se nos daba cuenta, en síntesis, respecto a la infracción urbanística denunciada por la reclamante, que se habían impuesto las doce multas coercitivas que, ante el incumplimiento de la orden de restitución ordenada, establece la legislación urbanística, por lo que no quedaba otra alternativa que la restitución de las obras a su estado original a realizar con carácter subsidiario por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Así las cosas, con objeto de poder dar por concluida nuestra intervención en este asunto por estimar que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, interesamos con fecha 8 de mayo de 2018 que se nos indicara el plazo aproximado en que se estimaba posible el comienzo de las citadas obras de restitución de la legalidad urbanística por vía de ejecución subsidiaria.

Nuestra petición de 8 de mayo de 2018 no ha sido atendida, por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en dos ocasiones dicha petición con fechas 14 de junio y 28 de agosto de 2018 (se remiten copias de los documentos citados). Tampoco hemos recibido su respuesta pese al contacto telefónico que, a los anteriores efectos, personal de esta Institución mantuvo con personal de ese Ayuntamiento el pasado 30 de octubre de 2018.

Esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a nuestras labores de investigación. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle cuando podrá quedar restaurada la legalidad urbanística en este asunto.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, con objeto de que, después de varios años e innumerables trámites, quede restaurada la legalidad urbanística en este asunto, se lleve a cabo la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo sin más demoras toda vez que, concluido el proceso de imposición de multas coercitivas, no se ha procedido a la ejecución voluntaria de tales obras por parte del infractor perpetuándose esta situación irregular.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Dado el persistente y reiterado silencio municipal ante nuestra petición de informe inicial pese a los escritos enviados y gestión telefónica efectuada, debemos efectuar al Ayuntamiento de Jaén resolución de fondo sobre el asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz,en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias para que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas y de actividades formulada por el interesado, sea objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que el Ayuntamiento va a ejercer su competencias en materia de disciplina urbanística y ambiental.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de marzo de 2018 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida, por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en dos ocasiones dicha petición con fechas 2 de mayo y 15 de junio de 2018 (se remiten copias de los documentos citados). Tampoco hemos recibido su respuesta pese al contacto telefónico que, a los anteriores efectos, personal de esta Institución mantuvo con funcionario de ese Ayuntamiento el pasado 9 de noviembre de 2018.

Esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a las labores de investigación. Debemos señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

Así, el reclamante nos exponía que interpuso denuncia ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de ese Ayuntamiento de Jaén motivada porque el propietario de la actividad de hostelería que se lleva a cabo en el edificio en el que es propietario de dos inmuebles había procedido a abrir puerta de acceso a un patio de luces de uso común para todo el edificio y, por tanto, con un marcado carácter y uso residencial, instalando veladores, calentadores, cubiertas, procediendo a ampliar el establecimiento y la actividad recreativa del mismo sin la oportuna licencia administrativa de la actividad.

En esta denuncia solicitaba que se llevasen a cabo las comprobaciones necesarias oportunas corrigiendo la situación creada y restableciendo la legalidad, ya que el titular del establecimiento no cuenta con ningún tipo de autorización para uso de los espacios privativos por parte de los propietarios del inmueble en el que se realiza la actividad recreativa. Añadía que, a pesar de lo anterior, el titular del establecimiento seguía utilizando el patio de luces de uso común, de lo que se desprendía que, pese a su denuncia, no se había procedido a la contestación de la misma ni se había solventado el problema.

Por todas razones, en nuestra petición de informe a ese Ayuntamiento, le interesábamos que se nos indicara si tanto las obras ejecutadas, como la propia actividad que se desarrolla en el patio de luces del inmueble contaban con licencia de ese Ayuntamiento y se ajustaban a la misma y, de no ser así, que se nos expusieran las medidas que se estuvieran impulsando para el restablecimiento de la legalidad.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. - El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias para que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas y de actividades formulada por el interesado, sea objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer su competencias en materia de disciplina urbanística y ambiental.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz