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El interesado expone que después de un año y medio que formuló reclamación de responsabilidad patrimonial, la misma no se había resuelto.

El informe de la Administración Sanitaria puso de manifiesto que aún no se había elaborado el dictamen facultativo, constatándose que el procedimiento estaba paralizado por esta causa al menos desde enero.

Por nuestra parte recordamos las actuaciones que hemos realizado en esta materia, las cuales han culminado con la emisión de numerosas resoluciones en las que hemos realizado RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES Y RECOMENDACIÓN, así como solicitud de resolución expresa de la reclamación.

Aludimos al contenido de la respuesta administrativa en otros casos, con relato de las medidas adoptadas, y reseñamos la mejoría evidenciada, planteándonos el transcurso de un tiempo prudencial para valorar su efecto.

En los casos en los que se nos refiere que se ha hecho el informe, consideramos que el asunto está en vías de solución, pero en los que se comprueba que no solo no se ha elaborado, sino que tampoco hay fecha para ello, nos vemos obligados a reiterar el contenido de las resoluciones emitidas, sin perjuicio de valorar la posibilidad de incoar un expediente de oficio, para analizar si la mejoría constatada persiste, o si se ha producido un retroceso, con el objeto de demandar las medidas apropiadas.

En el informe emitido para dar respuesta a la Resolución elaborada por esta Institución se menciona la elaboración del dictamen médico en octubre pasado, la recepción de sus alegaciones el mes siguiente, y la elaboración de la propuesta de resolución que en la actualidad está pendiente del dictamen del Consejo Consultivo.

Con carácter general no se realiza ningún pronunciamiento en cuanto a la aceptación de los términos de nuestra resolución, a pesar de lo cual, y teniendo en cuenta que valoramos la posibilidad de realizar un abordaje global de la problemática que suscita la demora en la tramitación de estos expedientes, hemos decidido concluir nuestras actuaciones en esta queja, estimando que se ha respondido positivamente a la misma.

El transporte sanitario en la provincia de Cádiz contemplará la circulación por la autopista.

Compareció en esta Institución D... para darnos cuenta de la problemática que venía padeciendo con ocasión de la necesidad de desplazarse desde Jerez a Sevilla para recibir tratamiento de radioterapia.

En concreto manifestaba que las ambulancias que realizan dicho traslado tienen “totalmente prohibido hacer el trayecto por la autopista de peaje”. Nos indicaba que se había ofrecido a abonar dicho peaje sin resultado, y que incluso estaba dispuesto a firmar una documento por el que renunciaba a reclamar el reintegro de dicho importe, y todo con tal de no pasar por el calvario que le suponía que el viaje Jerez-Sevilla-Jerez durara prácticamente el doble por la carretera nacional IV, teniendo en cuenta su delicado estado de salud.

Y es que diagnosticado de Epoc, tipo enfisema bulloso severo y cáncer de pulmón, así como pendiente de análisis un tumor en la vejiga, en el momento de acudir a esta Institución, precisaba de oxígeno medicinal para poder respirar, a lo que se añadía su necesidad de miccionar cada 15-20 minutos. En estas condiciones cifra en un lapso de 3-4 horas, el tiempo que se hacía preciso para el viaje de ida y vuelta a Sevilla.

Tras contactar con el coordinador del hospital no tuvo respuesta satisfactoria a su pretensión, que entiende que no solo le beneficiaría a él, sino a todos los que viajan con él en ambulancia colectiva.

Por parte de esta Institución y de acuerdo a las posibilidades que le confiere el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora el Defensor del Pueblo Andaluz, se emitió a la Dirección Gerencia del hospital de Jerez de la Frontera, así como a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS, para lo que a cada una corresponda, las siguientes SUGERENCIAS

1.- Que por el órgano de contratación del servicio público de transporte sanitario programado para el ámbito del hospital de Jerez de la Frontera, se exija a la empresa adjudicataria que los vehículos empleados en la prestación del mismo realicen los desplazamientos por la autopista, en los casos en que implique el itinerario más corto, haciendo uso si es necesario, de la prerrogativa que asiste a la Administración para la interpretación del contrato y resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

2.- Que con vistas a una nueva licitación del servicio en el ámbito del hospital de Jerez de la Frontera, a la hora de preparar el expediente de contratación, se elabore un pliego de prescripciones técnicas que contenga previsiones específicas sobre la utilización de la autopista, dentro de las relativas a la ordenación del servicio.

Recibidos los informes que se han emitido por la Administración Sanitaria para dar respuesta a las mismas, aunque desde el hospital de Jerez se insiste en la imposibilidad actual de obligar al uso de la autopista por parte de los medios de transporte sanitario programado, considerando que habría que llevarse a cabo una modificación del contrato que exigiría compensar el incremento del gasto que ello supondría, sin embargo se acepta sin reservas la consideración específica sobre la utilización de autopistas de peaje en el clausulado del pliego de prescripciones técnicas de próximas licitaciones.

En concreto se menciona que se está trabajando en una nueva contratación del servicio de transporte sanitario para el conjunto de la provincia de Cádiz, y que en relación al tema que nos ocupa la redacción del nuevo pliego recogerá la siguiente cláusula 3.1.1: “En los traslados será obligatorio el uso de la red de autopistas del Estado según se recomiende por los sistemas de información disponibles actualmente (Dirección General de tráfico, dispositivos GPS, etc.) primando en cualquier caso los criterios de disminución del tiempo de traslado y el de la comodidad del paciente”.

A la vista de lo aportado por la Administración Autonómica, entendemos que el contenido de nuestra Resolución ha sido asumido favorablemente, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

Por fin la intervienen de hiperhidrosis plantar.

La interesada expone que con fecha 10 de Enero 2010 fue reconocida en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se le diagnosticó una Hyperhidrosis palmar y plantar, curable sólo con intervención quirúrgica, incluyéndola a continuación en lista de espera.

Refiere que esperó y esperó hasta que por fin, el 10 de Septiembre del 2012, recibió una llamada telefónica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde se le citó al objeto de ser operada en dicho lugar, por saturación del Virgen del Rocío.

Se le reconoció, ratificando su patología, la cual se había acentuado aún más si cabe y se le dijo que se fuera haciendo los análisis y electro pertinentes al objeto de acelerar y agiliza la operación para la que se le llamaría en breve.

Algo desesperada llamó en Junio del 2013 a admisión en el Hospital Puerta del Mar, pero le fue imposible conectar.

Nos dice que su enfermedad le imposibilita para trabajar en su profesión de modista, pues el constante sudor (a chorros) le priva de coser y diseñar.

En el informe del hospital, que databa de mediados de agosto, se nos indicaba que esperaban dar próxima fecha para la intervención de la interesada, previa valoración preanestésica, pero en el mes de octubre la interesada nos comunicó que desde el centro hospitalario no se le había comunicado nada al respecto.

A tenor de lo expuesto solicitamos un informe complementario, en el que se nos comunicó que definitivamente la interesada fue intervenida el 11 de diciembre pasado, a tenor de lo cual consideramos que la problemática que motivaba su queja se ha solucionado.

Un ciudadano consigue, tras acudir al Defensor del Pueblo Andaluz, una respuesta del Ayuntamiento de Cádiz, ante la imposibilidad de realizarse la notificación por correo postal.

Un ciudadano contacta con esta Institución manifestando que se ha dirigido al Instituto Municipal de Deportes de Cádiz solicitando información sobre alquiler de material náutico, no habiendo recibido respuesta alguna.  

Tras solicitar informe a la Corporación Local, se nos acreditan los distintos intentos de notificación sin éxito al interesado, adjuntando copia de la respuesta realizada.

     Dado que este expediente se abrió a los solos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración y dicha cuestión ha quedado solventada,  se procede a  dar por concluidas nuestras actuaciones.

La Administración acepta nuestra Recomendación, y comunica que procederá a regular la forma y contenido de los informes con propuesta de idoneidad para la adopción internacional, de modo que se diferencien los elementos esenciales para la resolución de idoneidad de otros elementos accesorios, evitando posibles confusiones sobre el sentido de la propuesta efectuada por los profesionales que valoran la idoneidad de las familias.

En esta Institución se tramita, un expediente de queja a instancias de un señor que está disconforme con la intervención de la Entidad Colaboradora para la Adopción Internacional, con la que había contratado la gestión de su expediente de adopción en Costa Rica.

El interesado nos exponía, que la ECAI no les prestó el asesoramiento técnico y jurídico recogido en el documento contractual y que su gestión se limitó a un trasiego de documentación de España a Costa Rica, pero sin añadir ninguna labor mediadora, ni de supervisión y adaptación de la documentación aportada a la legislación de Costa Rica que justificase los gastos hasta ese momento realizados. Finalmente, y a pesar de la intervención de la ECAI, su solicitud de adopción no prosperó, siendo rechazada en su fase inicial por las autoridades de Costa Rica.

El Informe que nos envía la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, nos expone que tras la reclamación presentada por esta familia se iniciaron los trámites previstos en la Orden de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, de 13 de diciembre de 2007, por la que se crea y regula el Registro de Reclamaciones de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.

Así, siguiendo el procedimiento establecido en la Orden, se incoó un expediente, en cuya virtud se realizó una labor de mediación entre la familia reclamante y la ECAI, sin que pudiera consensuarse un acuerdo entre las partes, por lo que se actuó conforme a lo previsto en el artículo 13.4.b) de la citada Orden, redactando un acta con las actuaciones realizadas y archivando la reclamación. A continuación se dio traslado de dicha acta a familia y ECAI para que, si lo estimaban oportuno, pudieran ejercer las acciones judiciales que estimasen convenientes en defensa de su respectiva pretensión.

El acta en cuestión refleja sucintamente las siguientes conclusiones:

- Las competencias de la Junta de Andalucía, como Entidad Pública en materia de adopciones internacionales, se limita a declarar la idoneidad de las personas solicitantes de adopción, correspondiendo al país en cuestión determinar la admisión o no admisión de los candidatos, conforme a su propia normativa y criterio de selección.

- Las Autoridades competentes del Estado de Costa Rica reconocen que la documentación presentada por la ECAI les fue entregada en tiempo y forma.

- La Autoridad competente para el trámite de adopciones en Costa Rica emite una resolución rechazando la solicitud de adopción del matrimonio, todo ello por considerar que no eran idóneos para la adopción con fundamento en el relato recogido en el informe que elaboró la empresa contratada por la Junta de Andalucía para el estudio de idoneidad y que se adjuntó al propio certificado de idoneidad.

- La Dirección General expone en el acta de mediación que en el trámite de valoración de idoneidad se dio un plazo para alegaciones a la familia y que al no haber hecho uso de dicha facultad asumieron tácitamente su contenido.

- Las adopciones tramitadas en Costa Rica son muy escasas (7 adopciones para toda España en los últimos 6 años) por lo cual resulta poco relevante la experiencia acumulada por las ECAIS acreditadas en dicho país.

- La Dirección General de Infancia y Familias considera que entre las funciones encomendadas a la ECAI se encuentra incluida la presentación de recursos contra decisiones contrarias a la adopción cuya gestión tienen encomendada. En consecuencia los gastos originados por tales recursos han de ser asumidos por la familia.

- La Dirección General considera que la cuantía que la familia se compromete a abonar en el contrato inicial se corresponde con la totalidad del proceso de adopción. Toda vez que este concreto procedimiento se paralizó al inicio, con la no admisión de los solicitantes, de dicha cuantía total se debe deducir el 40%, debiendo devolver la ECAI dicho importe a la familia.

Llegados a este punto, al no haberse incoado ningún expediente sancionador por posibles irregularidades en la intervención de la ECAI, las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía concluyeron con la emisión de dicha acta con las conclusiones obtenidas en su labor mediadora ante la reclamación.

Así pues, en primer lugar hemos de recordar que todo proceso de adopción internacional conlleva dos fases, una de ellas a realizar en el país de origen del menor y otra que corresponde tramitarla en el país de residencia del solicitante o solicitantes de adopción.

En este caso la controversia se encuentra en la decisión adoptada por las autoridades de Costa Rica, que rechazaron la solicitud de adopción del matrimonio por considerarlos no idóneos para la adopción, ello a pesar de haber sido declarados idóneos para la adopción por la Junta de Andalucía. La familia achaca el resultado fallido de la adopción a una mala praxis de la ECAI que no les asesoró convenientemente, y por su parte la ECAI argumenta que no hizo más que cumplir con los cometidos propios de entidad colaboradora, siendo potestad de las autoridades del país admitir o rechazar la solicitud. Sea como fuere, lo cierto es que esta familia, que fue declarada idónea para la adopción por la Junta de Andalucía, finalmente fue considerada no idónea para la adopción por Costa Rica, y todo ello conforme a la interpretación del tenor de los propios documentos aportados por la Junta de Andalucía.

Para desentrañar este aparente contrasentido hemos de referirnos en primer lugar al Convenio de la Haya de 1993, se trata de un Convenio de cooperación entre Estados que prevé que, en atención al superior interés del menor, en las adopciones internacionales existan garantías procedimentales que eviten el tráfico de niños y aseguren el reconocimiento recíproco de las adopciones constituidas en uno de los Estados parte. Basa su funcionamiento en el establecimiento de “Autoridades Centrales” en cada uno de los Estados parte que cooperan y median entre ellas para garantizar el buen éxito de la adopción.

Y es en este estadío del procedimiento, el relativo al procedimiento de valoración de idoneidad, donde detectamos que pudiera encontrarse el origen del problema que ha conducido al pronunciamiento contrario a la adopción por parte de las autoridades de Costa Rica.

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