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ANTECEDENTES

Ha comparecido en esta Institución D. , para reclamar la apertura del servicio de urgencias del hospital de alta resolución de Alcalá la Real (Jaén). .Al parecer dicha infraestructura se inauguró en febrero de 2011, con un coste superior a los 20 millones de euros, y aparecía destinada a dar servicio a una población que va más allá de los 30.000 habitantes, aunque la puesta en marcha de sus prestaciones se preveía de forma progresiva, lo cual en opinión del interesado no es justificación suficiente para que el servicio de urgencias del mismo permanezca inoperativo en la actualidad.

Significaba el reclamante que este estado de cosas perjudica a los ciudadanos de la zona, y a estos efectos esgrimía deficiencias en la atención sanitaria de urgencias en el ámbito de la atención primaria, en concreto escasez en la dotación de dispositivos teniendo en cuenta las características de la zona (localidades dispersas en área montañosa) y falta de dotación técnica para atender algunas urgencias simples (fracturas, esguinces, y ciertas intoxicaciones).

Tras decidir la admisión de la queja a trámite, en un primer momento solicitamos informe a la Delegación Territorial de la Consejería, la cual nos remitió un documento que contenía una explicación pormenorizada de los medios con los que cuenta el DCCU de Alcalá la Real para atender las demandas de atención urgente de la población.

En este sentido someramente reflejamos la existencia de dos puntos de atención urgente, contando con dos equipos de profesionales el primero, aunque con distinta cobertura horaria (uno las 24 horas, y otro desde las 15:00 a las 24:00 los días laborables, y toda la jornada los festivos), y otro equipo en el consultorio de Castillo de Locubín.

Se refleja en el informe el régimen de funcionamiento de los mismos en razón del horario y del nivel de prioridad de la demanda, negando la disminución parcial de efectivos alegada por el interesado.

Al mismo tiempo se añaden datos que evidencian los mecanismos establecidos para arbitrar la colaboración con el hospital de alta resolución en materia de atención urgente, el cual cuenta incluso con un profesional para desempeñar este cometido en sus instalaciones durante los días laborables en horario de 8:00 a 22:00 horas.

En resumidas cuentas la Delegación Territorial considera que este área geográfica cuenta con una atención sanitaria urgente adecuada en lo que a dotación de recursos profesionales y materiales se refiere, y ajustada sobradamente a los parámetros establecidos en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias.

Agradecidos por la exhaustividad del informe recibido, echábamos de menos sin embargo un posicionamiento sobre la principal reivindicación del interesado, pues aquel no contenía referencia alguna al servicio de urgencia del hospital.

Esta misma apreciación la realizaba el interesado en su escrito de alegaciones, poniendo de manifiesto al mismo tiempo que el servicio de urgencias del hospital se encuentra totalmente dotado, aunque las instalaciones y equipos están en riesgo de deterioro por falta de uso, y que incluso se llegó a seleccionar personal para que prestara servicios en el mismo mediante la suscripción del oportuno contrato.

De ahí que, con independencia de la valoración de suficiencia que pudiera realizarse de los medios actuales para servir al objetivo de la atención sanitaria urgente de la población, nos planteamos dirigirnos a esa Consejería requiriendo un pronunciamiento expreso sobre la cuestión que constituye el objeto principal de la queja.

Nos interesaba conocer el destino de esta infraestructura, que se presupone diseñada y prevista con una finalidad asistencial, que en la actualidad no se viene cumpliendo, sobre todo teniendo en cuenta que esta situación no puede predicarse de otros hospitales de la misma naturaleza (HARE), en los que el servicio de urgencias opera con normalidad.

En este punto cabe reflejar la información contenida en el documento recibido desde esa Consejería, el cual afirma con rotundidad que la atención a urgencias se incluye en la cartera de servicios de todos los hospitales de alta resolución, aunque advierte que la puesta en funcionamiento de estos centros se está llevando a cabo de manera progresiva en cuanto a los diferentes servicios de la citada cartera, en la medida en que lo permita la disponibilidad presupuestaria.

Así refiere que hay trece hospitales de alta resolución en funcionamiento, en once de los cuales ya funciona el servicio de urgencias, compartiendo la parálisis de esta unidad que afecta al centro de Alcalá la Real, solamente el hospital de Loja.

Por lo que hace al equipamiento del servicio se nos dice que se cuenta con el 80% del mismo, para una estructura física que ya existe, insistiendo en que se pondrá en marcha cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita.

CONSIDERACIONES

El interesado somete a la consideración de esta Institución la inactividad del servicio de urgencias del hospital de alta resolución de Alcalá la Real, a pesar del tiempo transcurrido desde que la instalación empezó a funcionar, ante lo cual la Administración Sanitaria manifiesta su voluntad de puesta en funcionamiento cuando exista disponibilidad presupuestaria para ello, considerando que la necesidad de atención sanitaria urgente de la población está perfectamente satisfecha con los medios de que dispone el DCCU de la localidad.

En esta Institución nos vemos a veces en la necesidad de evaluar la atención extrahospitalaria urgente desde una perspectiva de suficiencia, y en más de una ocasión hemos llamado la atención sobre la dificultad que entraña esta tarea, tanto cuando se plantea con carácter general, como cuando surge a resultas de un episodio concreto en el que la demanda de asistencia no ha tenido una respuesta satisfactoria, en opinión del paciente o sus familiares.

Vaya por delante sin embargo, que a pesar de la minuciosa exposición que la Delegación Territorial nos ofrece sobre la dotación y el funcionamiento del DCCU, no es esta cuestión la que estamos llamados a analizar.

Y es que en la medida en que esa Consejería afirma la inclusión de la atención sanitaria de urgencias en la cartera de servicios del hospital de alta resolución, y el propósito de abrir este dispositivo cuando exista financiación para ello, tenemos necesariamente que desvincular este estudio de las circunstancias que rodean la prestación de este nivel asistencial en la actualidad en esta zona.

Es decir que con independencia de que la atención urgente que se proporciona por los dispositivos extrahospitalarios pueda entenderse adecuada, lo cierto es que con los hospitales de alta resolución esa Administración ha realizado una apuesta por una modalidad asistencial innovadora, y que la misma incluye la atención de urgencia.

La finalidad de estos centros no es otra que favorecer la accesibilidad a los servicios sanitarios en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos, o caracterizadas por un fuerte incremento poblacional, que responden a una nueva cultura organizativa y de gestión, y tiende a la consecución de importantes objetivos: la resolución de los problemas de salud de los ciudadanos a la mayor brevedad, minorando los tiempos de respuesta, para lo cual se potencia la consulta de acto único y se establecen alternativas a la hospitalización convencional.

En este marco organizativo, la continuidad asistencial, concebida como algo que trasciende de la mera coordinación entre niveles asistenciales, se erige como elemento clave, y en garantía de su satisfacción participa el área de urgencias en la misma medida que el resto de unidades asistenciales.

Es verdad que la planificación operativa para la implantación de este tipo de centros hospitalarios se ha visto afectada por la actual crisis económica, que ha dilatado la puesta en funcionamiento de algunos, y paralizado la construcción de otros, encontrándonos en este momento con trece centros operativos junto a estructuras en muy diverso grado de realización (finalizadas y pendientes de recepción, parcialmente ejecutadas, precisadas de distintas acometidas, o incluso simplemente desechadas).

El estado de cosas actual ha motivado la dinámica de puesta en funcionamiento progresiva para estos centros, que lógicamente se ha proyectado más intensamente sobre los últimos que se han inaugurado, y es de suponer que sobre los que están próximos a ello.

En esta tesitura hay que contemplar la situación de los hospitales de alta resolución de Alcalá la Real y Loja, que iniciaron su andadura en el año 2011. Lo que ocurre es que la dimensión del tiempo transcurrido, más de cuatro años y medio en el caso que consideramos, realmente nos lleva a dudar sobre la intención real de puesta en funcionamiento del área de urgencias, pues si bien la activación progresiva puede resultar entendible en el contexto aludido, un período tan prolongado va más allá de lo que puede entenderse razonable, incluso en las circunstancias actuales.

Según los datos facilitados por esa Consejería, al menos en otros dos hospitales de alta resolución (Sierra del Segura y Utrera) se diferió el inicio de la actividad del área de urgencias, pero este período no se prolongó más allá de varios meses.

Conscientes de la pluralidad de objetivos a los que esa Administración debe dirigir su esfuerzo inversor, en esta Institución abogamos por realizar un cuidadoso estudio de necesidades, de forma que se pueda establecer un orden lógico de prioridad que permita sacar el mayor provecho a los fondos disponibles, sin obviar otro tipo de circunstancias (equilibrios territoriales, actuación en zonas deprimidas,...).

En todo caso pensamos que la lógica impone priorizar la culminación de lo ya empezado, sobre todo si tenemos en cuenta que la apertura de los hospitales de alta resolución, ha permitido muy variadas fórmulas de organización de la asistencia sanitaria urgente, algunas de las cuales, en la medida que conllevan el traslado al hospital de los medios que antes venían funcionando en el ámbito extrahospitalario, no pueden entrañar un coste elevado.

A tenor de lo expuesto y en uso de las atribuciones que a esta Institución confiere el art.29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, hemos decidido elevar a esa Consejería de Salud la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA:“Que se adopten las actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la unidad de urgencias del hospital de alta resolución de Alcalá la Real”.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

La madre del interesado, está padeciendo la demora en la tramitación del procedimiento de dependencia pues, aunque había sido reconocida como dependiente en 2013 y se había solicitado la revisión del grado reconocido, ésta aún no se ha producido.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva en el sentido de que, sin más dilación, resuelva el procedimiento y dicte y notifique la resolución de revisión del Grado de Dependencia de la interesada y comunique la misma a los Servicios Sociales Comunitarios, para que por estos últimos, se elabore la propuesta de Programa Individual de Atención, aprobándose por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales el recurso que corresponda y dando al mismo plena efectividad, concluyendo con ello la tramitación del expediente de la afectada.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., que compareció en representación de su madre, Dña. ..., exponiendo la demora en la tramitación de su expediente de dependencia.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 6 de agosto de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el interesado nos trasladaba la demora en la tramitación del procedimiento de dependencia de su madre, exponiendo que aunque su madre había sido reconocida como dependiente en 2013, en la fecha de presentación de la queja no había recibido ninguna resolución.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, así como al Ayuntamiento de Galaroza.

2. Con fecha de 24 de septiembre de 2015 se ha registrado en nuestras oficinas un escrito remitido por la Diputación Provincial de Huelva, entidad que nos traslada el informe emitido por los Servicios Sociales Comunitarios de la zona de Trabajo Social Sierra Este, en el que se expresa, entre otras cuestiones:

Con fecha 20 de marzo de 2013 se solicitó el reconocimiento de la situación de dependencia de Dña. ... .

Dicha condición de persona en situación de dependencia fue reconocida mediante Resolución de 11 de septiembre de 2014, con un Grado 1, 47 puntos.

En aquel momento se informa a la interesada de que la atención a los dependientes en Grado 1 había quedado demorada a 2015, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Con fecha 14 de abril de 2015 se había procedido a solicitar Revisión del Grado de dependencia al Servicio de Valoración de la Dependencia, acompañando la solicitud de informe médico acreditativo del empeoramiento sufrido.

En agosto de 2015 se realizan gestiones telefónicas con el Servicio de Valoración de la Dependencia, comunicando dicho Servicio que la visita del técnico de valoración estaba programada para septiembre de 2015.

3.- Por su parte, esa Delegación Territorial nos ha remitido informe, recibido en nuestras oficinas el pasado 28 de septiembre, que en síntesis corrobora el relato de hechos contenido en el informe de la Diputación Provincial de Huelva, si bien añade la información de que no ha sido hasta el 12 de agosto de 2015 cuando por el órgano territorial se ha iniciado el correspondiente procedimiento de revisión del reconocimiento de la situación de dependencia de la interesada, significando además que en el momento de emisión del informe dicho procedimiento se encuentra en fase de instrucción.

4. En el momento actual, por tanto, aunque persiste el reconocimiento inicial de la situación de dependencia del mes de septiembre de 2013, no se ha dictado Resolución en el procedimiento de revisión del grado de dependencia de la afectada, lo que conlleva que la misma no haya sido notificada a los Servicios Sociales Comunitarios para la elaboración del PIA, por lo que el Dependiente carece de recurso idóneo del Sistema, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

A mayor abundamiento, cabe destacar que el artículo 30 de la Ley 39/2006 prevé expresamente la posibilidad de revisión del grado de dependencia, bien por mejoría o empeoramiento, bien por error de diagnóstico o en la aplicación del baremo, y que el artículo 16 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración, especifica la aplicabilidad al procedimiento de revisión de las normas establecidas en el referido Decreto para el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, entre las que se encuentra la obligación de dictar y notificar la resolución en el plazo máximo de tres meses, que se computará a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del municipio de residencia de la persona solicitante.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la Sra. Bravo Ortega, resulta que se ha superado el plazo máximo legal antedicho (tres meses), sin que se haya resuelto y notificado la solicitud de revisión del grado de dependencia y sin que, en consecuencia, se haya elaborado el PIA para determinar el recurso o prestación que haya de corresponder a su Dependencia, datando la solicitud del 17 de abril de 2015.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-), y el artículo 16 de este Decreto, que alude específicamente al supuesto de revisión por agravamiento de la dependencia.

- El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que, sin más dilación, resuelva el procedimiento y dicte y notifique la resolución de revisión del Grado de Dependencia de la interesada y comunique la misma a los Servicios Sociales Comunitarios, para que por estos últimos, se elabore la propuesta de Programa Individual de Atención, aprobándose por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales el recurso que corresponda y dando al mismo plena efectividad, concluyendo con ello la tramitación del expediente de la afectada.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz