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ANTECEDENTES

El interesado expresaba su preocupación en relación con la interpretación que efectúa la Dirección General de Infancia y Familias de la reciente modificación de la legislación reguladora de las familias numerosas, en el sentido de permitir que siguieran disfrutando de los beneficios previstos en la legislación educativa respecto del pago de los derechos de matriculación y examen, a pesar de que el tercer hijo hubiera cumplido los 26 años.

El interesado aludía en su queja a la nota informativa de la Dirección General de Infancia y Familias, de fecha 12 de Agosto de 2015, que aclaraba que la aplicación de esta Ley tiene efectos para los títulos de familia numerosa que estuviesen en vigor a partir de su entrada en vigor (18 de Agosto de 2015), lo cual entraría en contradicción con lo establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley 26/2015 que prevé la extensión de los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia numerosa en vigor a partir de 1 de enero de 2015.

El interesado se siente perjudicado por dicha interpretación ya que hasta el día 2 de Mayo de 2015 su familia ostentaba la consideración de familia numerosa al estar compuesta por los 2 progenitores y 3 hijos que cumplían las condiciones marcadas por la Ley. En esa fecha su hijo mayor cumplió 26 años, por lo que al amparo de la interpretación realizada por la Dirección General de Infancia y Familias de los efectos de la disposición transitoria quinta de la Ley, sus hijas ya no pudieron disfrutar de la reducción del pago de los derechos de matriculación y examen. En sentido contrario replicaba el interesado que en otras Comunidades Autónomas la interpretación era diferente -citaba el caso de Castilla La Mancha- y de este modo consideraba que su familia seguía reuniendo los requisitos establecidos en la Ley y, por tanto, sus 2 hijas menores podrían seguir disfrutando de los beneficios relativos a los derechos de matriculación y exámenes.

Tras admitir a trámite la queja solicitamos la emisión de un informe a la Dirección General en el que se indica que la modificación de la legislación de familias numerosas a la que alude el interesado, operada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, entró en vigor el 18 de agosto de 2015. En consecuencia, solo sería aplicable a los titulados que se encuentran en vigor en esa fecha. Cuando el título se hubiera extinguido antes de la entrada en vigor las familias no tendrían derecho a recuperarlo, aunque siguieran teniendo hijos menores de 21 ó 26 años a cargo.

CONSIDERACIONES

El problema que se plantea en la queja estriba en la interpretación que se ha de realizar de la disposición transitoria quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que prevé la extensión de los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia numerosa en vigor a partir del 1 de enero de 2015.

Sobre esta cuestión hemos de traer a colación lo establecido en el artículo 2.3 del Código Civil que dispone que las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, y a este respecto cobra virtualidad lo establecido en la aludida disposición transitoria quinta de la Ley 26/2015 que retrotrae los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia numerosa en vigor a partir del 1 de enero de 2015.

Según el artículo 3 del Código Civil las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. De igual modo habrá de ponderarse un criterio de equidad en la aplicación de las normas.

En consecuencia, la interpretación que consideramos más congruente con el tenor literal del artículo -interpretación gramatical- y ajustada al fin pretendido por la ley -interpretación teleológica- sería aquella que ampliase sus efectos a partir de su entrada en vigor -18 de agosto de 2015- para los títulos que estuviesen en vigor el 1 de enero de 2015. La disposición transitoria quinta textualmente se refiere a “extensión” de beneficios, es decir, lo que pretende la disposición transitoria de la norma es ir más allá de lo establecido con la propia modificación normativa, ampliando sus efectos a un colectivo mayor de familias, afectando no solo a los títulos de familias numerosas vigentes tras su entrada en vigor sino también a los títulos de familias numerosas vigentes desde el 1 de enero de 2015.

Pero es que además, se ha de ponderar una interpretación equitativa de la norma, de modo que sus efectos no sean especialmente perniciosos para esta familia, siendo así que dejo de reunir los requisitos para ser beneficiario del titulo de familia numerosa desde mayo, pero eso no es obstáculo para que, a los solos efectos previstos en la modificación normativa, esto es, con relación a los derechos de matriculación y examen, las hijas pudieran seguir beneficiándose de las bonificaciones previstas en la legislación educativa.

Así pues, teniendo en cuenta los hechos expuestos, los informes emitidos y las consideraciones realizadas, y de conformidad con lo previsto en el Art.29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución procede a formular la siguiente

RESOLUCIÓN

Que se efectúe una interpretación extensiva de la disposición transitoria quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, de forma tal que puedan beneficiarse de sus efectos las familias cuyo título estuviera en vigor el 1 de enero de 2015.

Que se dicte una instrucción u orden de servicio dirigida a la Delegación Territorial competente para que sea revisada en el sentido antes señalado la resolución denegatoria a la que alude la familia titular de la queja.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

1. El Defensor del Pueblo Andaluz acordó la apertura de un expediente de oficio a fin de canalizar su conocimiento de los instrumentos de protección de la agrupación monumental de la ciudad de Baza y de su conjunto histórico. Dicha queja de oficio se argumentaba de la siguiente manera:

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección.

Sin duda, en determinadas comarcas y localidades de Andalucía, esta tarea compleja e ingente adquiere la dificultad de la alta concentración de este patrimonio histórico y monumental. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de la ciudad de Baza en la provincia de Granada.

Tal es así que Baza cuenta con la declaración de Conjunto Histórico en virtud del Decreto de 20 de Mayo de 2003 (BOJA 114 de 17 de Junio). Dicha declaración concede un régimen de protección a los inmuebles ubicados en el ámbito delimitado por este régimen legal de protección y tutela.

Conoce esa Consejería la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de Baza. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura.

Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

Esta pluralidad de expedientes de queja ha supuesto, en ocasiones, una superposición de temas, de manera duplicada o redundante, sobre varios monumentos o inmuebles bacetanos afectados por muy diversas cuestiones.

Podemos decir que la intervención desarrollada por esta Institución se ha desplegado en tres vías; de un lado con carácter puntual analizamos en cada queja los aspectos concretos que afectan al estado de conservación y de intervenciones que presentan indicios de ser más urgentes dadas las amenazas sobre cada inmueble afectado; además con un carácter más general hemos abordado mediante queja de oficio 16/761 el estado de los procedimientos o expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de una serie de inmuebles que, de una u otra forma y a lo largo de la dilatada intervención en las quejas analizadas, han merecido esta valoración y que aconseja una actualización respecto de sus respectivas tramitaciones; y por último, como tercera vía, pretendemos encauzar en esta queja de oficio las labores de programación o planeamiento especial que se pudieran elaborar para el conjunto monumental de Baza y que definirían de manera global otros mecanismos específicos de protección e intervención.

Según nuestros datos, la Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 17 de marzo de 2010, aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística de Baza, promovido por el Ayuntamiento (BOJA 225, de 18 Nov. 2010).

Además, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tuvo conocimiento, a través de la queja 15/248, de la tramitación de un Plan Especial de protección del entorno de la Alcazaba de Baza que fue informado como Exdte. AV 120/09 por la Comisión Provincial de Patrimonio de 27 de enero de 2011, que concluyó dirigiendo al Ayuntamiento de Baza proponente que “las consideraciones planteadas en el informe deben ser objeto de una reflexión por los redactores del Plan Especial y, de acuerdo con la Comisión de Seguimiento, hacer cuantas rectificaciones sean necesarias en el documento de aprobación inicial”.

Sin conocer el resultado final de dicha iniciativa, hemos de considerar la oportunidad de disponer con instrumentos específicos de protección suponen un elemento de mayor garantía para la conservación y puesta en valor de estos conjuntos históricos. De otro lado, la definición de una tarea planificadora que estudie y establezca todo un corolario de medidas de intervención, protección y aprovechamiento de la riqueza patrimonial Baza parece una estrategia acertada para la planificación ordenada y el despliegue certero de las actuaciones que este singular conjunto merece y necesita. Recientemente hemos tenido conocimiento de varios pronunciamientos parlamentarios que parecen insistir en la conveniencia de estas medidas planificadora y de programación.

Por ello, hemos considerado oportuno incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Cultura, a fin de conocer:

• planes especiales de protección que se hayan aprobado o, en su caso, en trámite para espacios históricos o monumentales de Baza.

• iniciativas que se pretendan acometer en un futuro.

• cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa.

2. Consiguientemente, se procedió a solicitar informe a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada. Dicho escrito recibido podría resumirse en varios apartados:

“...El día 5 de agosto de 2009 tiene entrada en la Delegación Territorial de Granada el documento denominado 2ª Aprobación Provisional del PGOU de Baza. Dicho documento es informado por esta Dirección General, con fecha 31 de agosto de dicho año, de forma favorable, pero señalando que debe efectuar algunas correcciones que se indican en el mismo informe así como que no podrán ser delegadas las competencias que detenta esta Consejería en el Excelentísimo Ayuntamiento de Baza hasta que no se subsanen y se completen las partes diferidas”.

“...Con fecha 17 de marzo de 2010 tiene lugar la aprobación definitiva de dicho Plan General, pendiente de subsanar diversas deficiencias señaladas, por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada.

Así mismo, se recuerda que, en cumplimiento de las determinaciones establecidas por el PGOU vigente, queda aún pendiente la redacción de una Carta de Pavimentación para el Conjunto Histórico, y de una Carta tipológica de mobiliario urbano, tal y como se contempla en los artículos 11.24 y 25 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas del PGOU aprobado definitivamente. Estos Documentos vendrán a completar el contenido exigido para la protección adecuada del municipio de Baza”.

Respecto la Plan Especial de Protección de La Alcazaba nos indicaba Cultura que dicho Plan se había previsto mediante convenio suscrito entre Cultura, el Ayuntamiento de Baza y la Empresa de Suelo (EPSA) de fecha 8 de Junio de 2009. Sobre su gestión se nos indica que: “El informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en sesión de 27 de enero de 2011, concluía: “Las consideraciones planteadas en el informe deben ser objeto de reflexión para los redactores del Plan Especial, y de acuerdo con la comisión de Seguimiento hacer cuantas rectificaciones sean necesarias en el documento de Aprobación Inicial”.

No se ha recibido, hasta la fecha, el documento corregido. Esta Dirección General no tiene conocimiento de otras iniciativas de este carácter que se puedan estar planteando por el Ayuntamiento de Baza”.

3. Igualmente el Ayuntamiento de Baza nos ofreció su información sobre el caso indicando que:

“En relación con su escrito de referencia, tengo a bien comunicarle que la aprobación definitiva de la carta de color y el catálogo de patrimonio para inmuebles de valor ambiental del PGOU de Baza, fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 30-5-2013 y publicado en el BOP el 14-6-2013.

La carta de pavimentación para el conjunto histórico y la carta tipológica de mobiliario urbano, se aprobó inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 27-1-2016 y se publicó en el BOP 16-2-2016. La nueva aprobación inicial tuvo lugar el 25-5-2016, tras aceptar alegaciones a la aprobación inicial (entre ellas las de Baza Histórica) y las consideraciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

En cuanto al Plan Especial de la Alcazaba, este Ayuntamiento actualmente se encuentra en negociaciones con AVRA (antigua EPSA), para la finalización de redacción del planeamiento de protección de la Alcazaba.

Todo ello dependerá de los resultados de las reuniones ya programadas para el próximo mes de julio. Cuando se apruebe definitivamente se le remitirá copia del acuerdo”.

4. En el curso del expediente ha participado, en sucesivos escritos, la entidad Asociación Baza Histórica que ha aportado sus puntuales informaciones y alegaciones sobre el preocupante estado de conservación de varios inmuebles y la urgente necesidad de acelerar tanto los mecanismos normativos de protección, como, principalmente, de acometer medidas específicas para el sostenimiento de estos monumentos.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes 

CONSIDERACIONES

Primera.- A partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), el fundamento de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía encuentra en el artículo 10.3.3º su principal referencia cuando se refiere «al afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico» como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. A su vez, el artículo 68.3.1º del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma «la competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico».

Ciertamente la modificación experimentada por el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con ocasión de la reforma habida en el año 2007, no ha hecho sino potenciar, más si cabe, las ideas y principios expresados en el anterior texto estatutario de 1981.

En este sentido, a través del artículo 33 de la norma estatutaria se establece que «Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz».

Asimismo, los ordinales 17º y 18º del apartado primero del artículo 37 prevén, como principios rectores de las políticas públicas, «el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural»; y «la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco».

Esta apuesta decidida supone una perfecta reivindicación de la cultura como auténtico valor característico de la sociedad andaluza y, por tanto, su disfrute y acceso se convierten en objetivos prioritarios para los poderes púbicos y autoridades culturales, en particular.

De todo ello deducimos la importancia de disponer en el ordenamiento jurídico andaluz de las normas adecuadas para definir y alcanzar los objetivos citados promoviendo su aprobación y cumplimiento. En el seno de dichas normas se establecen una serie de disposiciones destinadas a la protección y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural, entre las que aparece la catalogación de los bienes y su adscripción a un determinado régimen legal para garantizar los objetivos establecidos por el ordenamiento jurídico cultural.

Segunda.- Hemos aludido antes a la dimensión histórico-artística tan singular que presenta ese territorio bacetano. Dicho enclave cuenta con la declaración Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de “Conjunto Histórico” en virtud del Decreto de 20 de Mayo de 2003 (BOJA 114 de 17 de Junio). Dicha declaración concede un régimen de protección a los inmuebles ubicados en el ámbito delimitado por este régimen legal de protección y tutela. Y, efectivamente, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene volcando todo su interés en las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de la ciudad. Hemos analizado,desde hace décadas, situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc.; lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

Del mismo modo, Baza cuenta con 19 elementos inmuebles inscritos bajo el régimen de protección de BIC, según datos del propio Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA). Y así 17 son monumentos: Alcazaba, Torre de la Atalaya, Torre de Baul, Torre Espinosa, Baños de la Judería, Palacio de los Enríquez, Iglesia de Santiago Apóstol, Iglesia Mayor Concatedral de la Encarnación, Alhóndiga, Muralla urbana, Muralla de la Sierra de Baza,Torre Capel. Torre Santiso, Torre de Garbín, Torre de la Cuna, Torre de la Majada de la Torre y Castillo de Benzalema. Junto al propio Conjunto Histórico y la Zona Arqueológica de Basti: Poblado (Cerro Cepero), Necrópolis (Cerro Santuario) y Necrópolis (Cerro Largo).

Sin duda, con la declaración de BIC, bajo la categoría de “Conjunto Histórico”, estamos ante una reseña declarativa que implica la contundente evidencia de la riqueza patrimonial de la ciudad de Baza, que contiene otros elementos igualmente merecedores de esta declaración formal. Por tanto, no resulta extraño que desde instancias asociativas, particulares y otras entidades ciudadanas se persigan acciones específicas para su protección, así como la intención de que este proceso de desarrollo refuerce su eficacia sumando nuevas directrices y requisitos para todo el entorno afectado.

Implicados en esta labor citamos las actuaciones desarrolladas por esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz con motivo de la queja 16/761 en la que se procedió a dictar resolución que recogía, resumidamente:

“RECOMENDACIÓN 1, a fin de que la Consejería de Cultura actualice el estado de tramitación del expedientes de declaración de Bien de Interés cultural (BIC) del Convento e Iglesia de Santo Domingo en Baza (Granada) que constan como “incoado” mediante su impulso y resolución.

RECOMENDACIÓN 2, a fin de que la Consejería de Cultura, valore y determine la relación de inmuebles merecedores, en cada caso, de ser incoados para su declaración como BIC en la ciudad de Baza y, una vez determinados, proceda a su tramitación conforme a los requisitos de impulso y celeridad.

SUGERENCIA, para que la Consejería de Cultura disponga y publicite las programaciones que abarquen, en el ámbito de sus competencias, la identificación de los bienes susceptibles de ser declarados BIC y establezca los calendarios y la planificación de las actuaciones y trámites para la consecución final en los plazos estimados de estos reconocimientos formales y la aplicación de las medidas previstas en la normativa”

Pues bien, en relación con el núcleo de la cuestión analizada en la presente queja, la Delegación Territorial nos ha informado de las actuaciones y trámites que se han seguido para dotar a la ciudad de los instrumentos técnicos específicos para desarrollar y concretar las medidas de protección que, de manera detallada y singular, pudiera merecer el entorno patrimonial de Baza.

Y así, se remite a los trabajos de estudio e información que se desarrollaron con motivo de la documentación que en su día le dirigieron las autoridades municipales. En tal sentido se nos indica diversas aprobaciones formales de instrumentos de protección del entorno histórico de Baza. Y así destacamos:

• La elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, con aprobación definitiva de 17 de Marzo de 2010.

• La redacción de la carta de color y el catálogo de patrimonio para inmuebles de valor ambiental del PGOU de Baza, que fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 30-5-2013 y publicado en el BOP el 14-6-2013.

• La carta de pavimentación para el conjunto histórico y la carta tipológica de mobiliario urbano, que se aprobó inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 27-1-2016 y se publicó en el BOP 16-2-2016. La nueva aprobación inicial tuvo lugar el 25-5-2016, tras aceptar alegaciones a la aprobación inicial (entre ellas las de Baza Histórica) y las consideraciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

Sin duda, hemos de anticipar la dificultad técnica de estos trabajos y su envergadura acorde con la entidad patrimonial que encierra la ciudad de Baza, a lo que hemos de sumar las carencias seculares de recursos a cargo de los municipios que deben dar respuestas a una labor de tutela y protección para la que están muy lejos de contar con las dotaciones personales y materiales mínimamente necesarias. De ahí que resulta esencial procurar el apoyo de la colaboración inter-administrativa, como la brindada desde la propia Delegación Territorial de Cultura, para continuar con los trabajos que desarrollen y apliquen de manera efectiva los instrumentos específicos de protección que estamos analizando.

Tercera.- Finalmente, en relación a la redacción de un plan específico de protección para el espacio de La Alcazaba de Baza se nos indica que ”Este Ayuntamiento actualmente se encuentra en negociaciones con AVRA (antigua EPSA), para la finalización de redacción del planeamiento de protección de la Alcazaba. Todo ello dependerá de los resultados de las reuniones ya programadas para el próximo mes de julio. Cuando se apruebe definitivamente se le remitirá copia del acuerdo”.

Por su parte la Delegación Territorial de Cultura indica que;

“Respecto la Plan Especial de Protección de La Alcazaba nos indicaba Cultura que dicho Plan se había previsto mediante convenio suscrito entre Cultura, el Ayuntamiento de Baza y la Empresa de Suelo (EPSA) de fecha 8 de Junio de 2009. Sobre su gestión se nos indica que: “El informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en sesión de 27 de enero de 2011, concluía: “Las consideraciones planteadas en el informe deben ser objeto de reflexión para los redactores del Plan Especial, y de acuerdo con la comisión de Seguimiento hacer cuantas rectificaciones sean necesarias en el documento de Aprobación Inicial”.

No se ha recibido, hasta la fecha, el documento corregido. Esta Dirección General no tiene conocimiento de otras iniciativas de este carácter que se puedan estar planteando por el Ayuntamiento de Baza”.

A modo de argumentación resumida, hemos de reiterar que la declaración del entorno artístico-patrimonial de Baza como “Conjunto Histórico” supone una herramienta para la identificación de los elementos destacados de nuestro patrimonio cultural y para su ordenación como bienes sujetos a un especial régimen jurídico que les otorga un destacado rango de protección y tutela. Su determinación implica un ejercicio de reconocimiento técnico y científico que, por su propia naturaleza, es susceptible de debate y propuestas diferentes en función de la pluralidad de criterios o motivaciones que pueden favorecer la adopción de medidas y requisitos que doten a su ámbito de aplicación de un conjunto ordenado y coherente de protección y promoción de todos sus valores.

Por tanto, habrán de ser las autoridades competentes, debidamente asesoradas, las que determinen la oportunidad y alcance de este específico instrumento circunscrito a la Alcazaba de Baza.

Por todo ello, creemos que la conclusión de los trabajos ya iniciados aportaría un valor metodológico y ayudaría a contar con los beneficios de una acción programada; sin olvidar el rotundo impulso en las acciones de publicidad y transparencia en este particular escenario de la acción pública cultural.

Queremos insistir en un argumento que ya fue expresado con motivo de la resolución dictada en la queja 16/761:

“Desde luego, no es voluntad de esta Institución cercenar el ámbito característico —e irrenunciable— de las Administraciones Culturales en la toma de decisiones de identificación, valoración y catalogación de la tipología de nuestro ingente patrimonio cultural e histórico. Son decisiones sumamente complejas que corresponden a su propio elenco técnico y directivo, con conocimiento de las disciplinas específicas, y que permiten argumentar el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas.

Lo que sí consideramos que sería objeto de unas propuestas de mejora es que, tras la manifestación de un criterio previo y favorable para la incoación de tales expedientes, éstos se tramiten y resuelvan motivadamente, en uno u otro sentido, y en unos plazos acordes con la puesta en marcha de las acciones de tutela y protectoras que se persiguen”

Por tanto, hemos de recabar ante el Ayuntamiento de Baza nuevos impulsos para atender los requerimientos dirigidos desde la Delegación Territorial de Cultura, subsanando los aspectos solicitados y definiendo las medidas que se contienen en los documentos parciales presentados y promoviendo los contactos o negociaciones que cita con la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), conforme a los términos acordados en el convenio de 8 de Junio de 2009, suscrito entonces con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).

El resultado de esta labor permitiría contar con nuevas y específicas medidas previstas por la normativa para la mejor definición de los instrumentos de protección de un concreto escenario del “Conjunto Histórico de Baza”; y, desde luego, la oportunidad para potenciar su promoción y difusión entre la ciudadanía de todos sus elementos patrimoniales. Todo ello junto al estímulo por la identificación de este privilegiado entorno como potencial elemento de atracción cultural, divulgativa y turística.

Desde luego, no dejamos de apuntar que todos los aspectos analizados no dejan de constituir un importante elenco de instrumentos formales de definición y protección que no pueden eludir la necesidad de acometer, con medidas efectivas y concretas, todas las acciones de protección y conservación que necesita el ingente patrimonio monumental de la ciudad de Baza y de cuya aplicación y respeto deberemos seguir prestando toda nuestra atención.

La potenciación de mecanismos que publiciten estos objetivos y la consiguiente posibilidad de su promoción pueden ser actividades que incrementen ese interés por un patrimonio que, en una gran parte, permanece oculto o desconocido para el público. Una acción pública recordando su existencia y anunciando su reconocimiento y protección puede ser fuente de un verdadero impulso para la mejor puesta en valor de nuestro patrimonio cultural.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula al Ayuntamiento de Baza y a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada las siguientes

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de las disposiciones legales citadas en el texto de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN 1 a fin de que el Ayuntamiento de Baza impulse, con la colaboración de AVRA (antes EPSA) y la propia Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada, la aplicación de los acuerdos necesarios para la redacción y aprobación del Plan Especial de Protección de la Alcazaba, conforme a los compromisos suscritos en el convenio de 8 de Junio de 2009.

RECOMENDACIÓN 2 a fin de que la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada potencie las labores de apoyo y asistencia técnica para la realización de los trabajos de redacción de los instrumentos de planeamiento que, en cada caso, sean oportunos para la salvaguarda y protección de los valores culturales de Baza.

Según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, la autoridad a la que se dirige la Resolución viene obligada a responder por escrito en término no superior a un mes, comunicando la adopción de las medidas adecuadas en el sentido que se recoge en la Resolución dictada o, en su caso, las razones que le impidan adoptar tal decisión.

Igualmente, el artículo 29.2 de la Ley citada establece que el Defensor del Pueblo Andaluz podrá incluir el caso en el Informe Anual al Parlamento ante la falta de información de las razones que impiden adoptar las medidas expuestas por el Defensor o en aquellos supuestos en que el Defensor del Pueblo Andaluz considere que era posible una solución positiva y ésta no se hubiera conseguido.

Quedando a la espera de la respuesta que obtenga la Resolución, atentamente le saluda.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Recibimos informe desde la Consejería de Justicia e Interior de fecha 1 de junio de 2016, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución, en relación a la situación de los órganos judiciales en Estepona

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Estepona también aportó su informe

Podemos deducir de ambas informaciones dos principales conclusiones que serían resumibles en la necesidad de dotar a la localidad de una sede judicial única y capaz de acoger las dependencias de los actuales órganos judiciales residenciados en esa demarcación, así como sus previsibles ampliaciones; y, además, la coincidencia entre ambas instituciones en esa necesidad y la oportunidad de actuar para aplicar las medidas que se han descrito.

En el relato de los pasos que se han dado se coincide en la determinación de proceder a asignar una determinada parcela como solar que pudiera dar cobijo a la construcción de esa nueva sede judicial. El ayuntamiento relata la “

Por su parte la Consejería indica que:

En todo caso, la situación analizada sin alcanzar merecer la necesidad de emitir una resolución formal, cuando menos sí provoca la oportunidad de impulsar entre ambas Administraciones todas las gestiones y contactos que permitan la efectiva disponibilidad de un inmueble en el que proyectar el futuro edificio para sede de los órganos judiciales de Estepona

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 12 de Abril de 2016 el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la apertura de queja de oficio relativa a “Dotación de edificio para sede judicial de los órganos de Estepona”, ante la Consejería de Justicia e Interior y el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Dicha queja de oficio supuso la petición de información dirigida ante estos organismos en los siguientes términos comunes:

“La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Al hilo de esta situación, hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de las necesidades de un edificio para albergar la sede judicial de Estepona (Málaga) que, supuestamente, se ha visto retrasada por diversas dificultades.

La descripción de las instalaciones, a falta de una concreción formal, ofrece una situación muy deficitaria en la actualidad y, por tanto merecedora de una atención singular debido a las carencias seculares de estas dependencias en el término de Estepona; a ello se añade la circunstancia de que para este ejercicio se pondría en marcha un nuevo órgano, largamente demandado, que hace más acuciante las necesidades ya acreditadas de una sede digna y suficiente.

Los mismos órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia habrían manifestado su criterio favorable a la ejecución de las medidas tendentes a disponer de una nueva sede judicial. Y además se alude a la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de la ciudad de terrenos que permitirían la construcción de una nueva sede acorde con las necesidades que estos órganos exigen para su demarcación.

Para conocer con todo el detalle la situación descrita, se propone incoar queja de oficio, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Justicia e Interior. En concreto quisiéramos conocer:

• la ubicación descriptiva de la sede judicial de Estepona (Málaga).

• situación de los proyectos o trámites de una futura sede para los órganos judiciales de Estepona, o, en su caso, de reforma de la ubicación actual.

• previsiones organizativas para la puesta en funcionamiento del nuevo órgano creado en dicha demarcación judicial.

• cualquier otras consideración que estimen más conveniente añadir para el esclarecimiento del asunto”.

2.- Con fecha 3 de junio (salida 445/00006480), la Consejería de Justicia e Interior remitió un clarificador informe en el que se realiza una completa descripción de los inmuebles y sus aprovechamientos, en particular sobre la singularidad de las diversas sedes, hasta tres, que ocupan los cinco Juzgados de Primera Instancia e Instrucción radicados en la localidad. Este informe de la Consejería ofrece una completa descripción de las sedes:

“La ubicación descriptiva de la sede judicial de Estepona.

En Estepona existen cinco Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que se ubican en tres sedes diferentes situadas en:

• Avenida Juan Carlos I, trasferida por la Administración del Estado en régimen de usufructo con una superficie de 740 m2. Alberga el Decanato, la Fiscalía, los Juzgados núms. 1 y 2 y el Registro Civil.

• Este inmueble ha sido objeto de remodelación total, realizada por la Delegación en varias fases, interior y exterior, y concluida a finales del año 2010.

• Los Juzgados ubicadas en este inmueble están instruyendo complejos procedimientos como “ASTAPA”, que necesitan de refuerzo extra de personal (Juez de apoyo, funcionarios de refuerzo), así como de espacios, en el mismo edificio, dedicados en exclusiva archivos del procedimiento, y dotados de medidas especiales de seguridad y de refuerzo de la vigilancia.

• Calle Delfín, Edificio Miramar, sede arrendada, con una superficie de 805,26 m2 y un coste de arrendamiento anual de 94512,72 euros (IVA incluido). Alberga los Juzgados núms. 3 y 4.

• El edificio se encuentra en buen estado de conservación dado que el contrato de arrendamiento fue formalizado en noviembre de 2005 y las obras de acondicionamiento se realizaron ese mismo año.

• Avenida Puerta del Mar nº 45, sede arrendada con una superficie de 502,52 m2 y un coste de arrendamiento anual de 80.573,64 euros (IVA incluido). Alberga el Juzgado nº 5 y el Servicio Común de Partido Judicial.

Este local está arrendado desde el mes de diciembre de 2008, es el más alejado del resto de los OOJJ del municipio“.

El mismo informe detalla todas las intervenciones de reparaciones y mantenimiento que han merecido las dependencias de los órganos judiciales como arreglos de techos, capacidad de las habitaciones y almacenamiento, desinfecciones, humedades, riesgos, dotaciones técnicas, equipos, etc.

Y, en concreto, se abordan dos cuestiones que interesábamos en la petición de informe. Una, ante la posibilidad de creación de un nuevo juzgado para Estepona, se nos explica ante esta circunstancia la necesidad de “adoptar medidas extraordinarias para hacer posible su ubicación tanto en las sede existentes como en otras posibles futuras”.

Y, además, en cuanto a la cuestión nuclear sobre los trámites de crear una futura y nueva sede común para la ciudad se indica:

“Situación de los proyectos o trámites de una futura sede para los órganos judiciales de Estepona, o en su caso, de reforma de la ubicación actual.

La Consejería de Justicia e Interior tiene previsto la ejecución de un edificio de nueva planta para ubicar todos los órganos judiciales y fiscales de Estepona con espacio para crecimientos futuros, con una superficie aproximada de 5500 m2 y una inversión total estimada de 9,30 millones de euros. Pero esta actuación no se ha podido iniciar por no disponer de suelo y por la situación presupuestaria.

En varias ocasiones se ha reiterado la solicitud de suelo al Ayuntamiento, pero a día de hoy no se ha obtenido respuesta, aunque en un escrito reciente del Ayuntamiento, entre otras cuestiones indica que en el Pleno de 18 de abril de 2008, el Ayuntamiento de Estepona acordó “el ofrecimiento de una parcela de equipamiento público parta la construcción de una futura sede judicial en el SUP-RP4 Las Mesas”. Dicho Acuerdo no se ha trasladado a la Consejería, por lo que no se ha podido tramitar la aceptación, desconociendo, asimismo si el Ayuntamiento, por su parte, ha tramitado la cesión.

En cuanto a proyectos o trámites de reforma de las sedes actuales, se indica que la sede judicial sita en Avenida Juan Carlos I fue remodelada completamente entre los años 2007 y 2011. El más reciente Juzgado (de Primera Instancia e Instrucción nº 5) fue creado en el año 2010”.

3.- Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona atendió nuestra petición de información mediante un escrito de 24 de Abril de 2016 (salida 6309). En dicha comunicación se explica:

“ ... En otro orden de cosas y dentro de las acciones sobre las que el Ayuntamiento es competente en este asunto, el Pleno de la Corporación acordó del 18 de abril de 2008, el ofrecimiento de una parcela de equipamiento público para la construcción de una futura sede judicial en el S_UP-R4 “Las Mesas”.

La petición que se construya dicho equipamiento -en los terrenos que la Administración andaluza considere oportunos- se ha reiterado posteriormente, siendo el último acuerdo plenario aprobado en este sentido el adoptado por unanimidad de la Corporación el pasado 14 de mayo de 2014, tras tener conocimiento del informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en su memoria anual de 2013, reconoció “la difícil situación que atraviesan las sedes judiciales en Estepona. Este informe recogía que Estepona es “el partido judicial que se halla en peor estado de toda la provincia por la sobrecarga de asuntos, y por tener una escasa dotación en medios materiales y humanos

El Ayuntamiento no tiene constancia de que haya existido una respuesta a los ofrecimientos realizados a la Administración andaluza”.

Analizado el contenido de su información, hemos de ofrecerles a la luz de los datos las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Las informaciones obtenidas de las Administraciones afectadas en el mantenimiento y disposición de las sedes judiciales de Estepona han venido a coincidir en el elemento descriptivo de los edificios y de sus condiciones de uso, en particular respecto a las disfunciones que genera su actual dispersión en tres ubicaciones distintas y de las carencias que presenta, en gran parte derivadas de esta desagregación.

Los completos y detallados informes que ha facilitado la Consejería de Justicia e Interior describen unas deficiencias que, probablemente, parten desde el momento inicial de la elección de las sucesivas localizaciones para servir de dependencias destinadas a prestar un servicio tan especial como los de sede judicial. Según se describe, esa dispersión ni las propias estructuras de las sedes son adecuadas para el servicio ciudadano universal para el que fueron destinadas en su día.

La situación generada parece ser el resultado de sucesivas ampliaciones de espacios en la medida en que se fueron creando nuevos órganos hasta los cinco Juzgados actuales, a los que se añaden las dependencias destinadas al Registro Civil y Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Del mismo modo, las autoridades locales ratifican la dificultad para sostener con criterios funcionales esta dispersión de sedes desde hace años.

Debemos destacar que nos encontramos ante una situación que, de manera coincidente, no responde en las condiciones técnicas a las necesidades que deben atender las sedes con el destino de uso de sede judicial. De hecho, la propia Memoria de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) menciona, dentro del apartado II.6.2.B sobre “Infraestructuras Judiciales”,

“En Estepona, la dispersión de sedes genera, igualmente, importantes dificultades. Además, la sede ubicada en la calle Delfín presenta carencias muy difíciles de asumir, puesto que se ubica en la primera planta de un edificio de viviendas, algo inapropiado para una sede judicial, puesto que conlleva innumerables deficiencias de seguridad. En esta sede se ubica el Juzgado con competencias en materia de violencia sobre la mujer, que no cuenta con una sala destinada a la espera de las víctimas, de modo que el contacto ente éstas y los supuestos agresores es continuo. Por otra parte, no se encuentra adecuadamente habilitado para la movilidad de personas con discapacidad. La sede de la avenida de Puerta del Mar -un local en planta baja- presenta déficit en materia de ventilación y seguridad y salubridad”.

Y debemos apuntar dos aspectos que se destacan en esta Memoria del TSJA y que no se han abordado en el informe aportado por la Consejería. Uno es la carencia de sala de espera para víctimas de género que facilitara su intimidad y discreción en asuntos tan delicados; y otro, la afirmación de que el edificio de la Calle Delfín “no se encuentra adecuadamente habilitado para la movilidad de personas con discapacidad”.

Según nos indican esta sede, que alberga a los Juzgados nº 3 y 4, “se encuentra en buen estado de conservación dado que el contrato de arrendamiento fue formalizado en noviembre de 2005 y las obras de acondicionamiento se realizaron ese mismo año”.

Es una posición que contrasta con la valoración global que recoge la Memoria al indicar que la sede ubicada en la calle Delfín presenta carencias muy difíciles de asumir, puesto que se ubica en la primera planta de un edificio de viviendas, algo inapropiado para una sede judicial, puesto que conlleva innumerables deficiencias de seguridad”.

Deteniéndonos un instante en el supuesto de creación de un nuevo órgano judicial, hemos de indicar que este extremo se incluyó en los condicionantes que se reflejaban en la queja de oficio, ya que la dotación de un nuevo órgano judicial para Estepona fue anunciado por las máximas autoridades de la Consejería, entre las previsiones de gasto que se elaboraban para 2016. El anuncio se realizó precisamente en sede parlamentaria para explicar el alcance del proyecto de presupuestos del departamento asumiendo las previsiones de gasto para la dotación de este nuevo órgano malagueño.

De ahí que, cuando menos resulte confuso el informe de la propia Consejería aludiendo a que “pese a que los medios de comunicación han hecho referencia a la necesidad de un nuevo órgano judicial, no se tiene constancia de decisión oficial alguna al respecto ya que la creación de nuevos órganos judiciales corresponde al Estado, no así a la Junta de Andalucía”. A los efectos de la presente queja se trata de evaluar de la manera más certera posible las previsiones y necesidades de unas infraestructuras que parecen proclives a crecer con la, al menos, anunciada creación de un nuevo juzgado para Estepona. Se trata de evitar, por tanto, que este dato no precisamente sorpresivo provoque tener que “adoptar medidas extraordinarias para hacer posible su ubicación tanto en las sedes existentes como en otras posible futuras”, como señala la Consejería en su informe.

Es suma, a la hora de evaluar un proyecto nuevo de sede judicial única para Estepona con vocación de permanencia y acorde a las necesidades, parece lógico pensar en incluir el anunciado, que no aprobado, nuevo juzgado.

Además, en otro orden de cuestiones, esta Institución debe prestar especial atención a las condiciones de accesibilidad de la sede que debían quedar garantizadas, máxime si el uso de estas dependencias se concierta mediante contrato de arrendamiento en el año 2005 y sus instalaciones deberían atenerse a las exigencias del Decreto 79/92, de 5 de Mayo, por el que se aprobaron las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. En suma, estas sedes han de ajustarse al marco normativo andaluz constituido por Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad y el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2003-2006. Además, es norma básica el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

En todo caso, existe una perfecta coincidencia en la inaceptable situación de dispersión de instalaciones y sedes judiciales y, consiguientemente, se han generado diferentes iniciativas para asumir su corrección.

Segunda.- Somos conscientes de que la respuesta de la Consejería en estos aspectos referidos a las infraestructuras judiciales acostumbra, lógicamente, a remitirse a los instrumentos de programación que crea el departamento para abordar con la debida metodología estas importantes demandas y atender ordenadamente las necesidades. Precisamente, el “Programa de Infraestructuras Judiciales” elaborado por la Consejería responsable de Justicia ha sido motivo de un especial análisis por la Cámara de Cuentas mediante el “Informe de Fiscalización de las actuaciones en materia de infraestructuras judiciales de Andalucía”, aprobado por sesión de 26 de Noviembre de 2014. Es destacable la valoración que contiene la Memoria del TSJA sobre dicho estudio al indicar que “el desarrollo del Plan ha supuesto sin duda una mejora en la calidad de la prestación del servicio público de la Administración de Justicia en Andalucía en aquellas sedes en las que se han desarrollado las actuaciones, aunque el limitado nivel de cumplimiento de sus objetivos no permite generalizar esa mejoría. Además algunas actuaciones han resultado insuficientes para acoger el crecimiento producido en los órganos de la Administración de Justicia”.

Las intervenciones para la mantenimiento y las reparaciones de los edificios judiciales de Estepona no han podido alcanzar ese nivel de resultados deseable y, años después de la vigencia del citado Plan (2002-2008), la situación persiste aguardando una respuesta concluyente.

El informe de fiscalización precisamente recoge en su apartado 6.3. Actuaciones sin iniciar las 14 intervenciones programadas en las que a la fecha de cierre de los trabajos no se ha iniciado trámite alguno. Entre éstas aparece el proyecto de construcción de un edificio para sede judicial unificada en Estepona, por un importe estimado de 9,3 millones de euros. Y se especifica una circunstancia que resulta atribuible a la situación que analizamos:

“46. La construcción de edificios judiciales de nueva planta se fundamenta en muchos casos en las oportunas cesiones de suelo municipal a la Administración autonómica. Cesión que resulta conforme a los principios de colaboración, cooperación económica, técnica y administrativa y asistencia activa entre Administraciones, (artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), y que está contemplada en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo (reservas de suelo para equipamientos públicos). Sin embargo, la no disposición de suelo, o la no adecuación del ofrecido, es una de las causas principales por la que muchas de estas actuaciones no se han iniciado. Es el caso de la nueva sede judicial en Barbate (Cádiz), Fuengirola y Marbella (Málaga)”.

Aunque no se cita en este texto el caso de Estepona, la información que nos han hecho llegar Consejería y Ayuntamiento aportan criterios para aclarar la situación que pesa en la organización de la sede judicial de esta ciudad malagueña. Veamos sendas afirmaciones.

Hemos relatado que la Consejería nos informaba:

La Consejería de Justicia e Interior tiene previsto la ejecución de un edificio de nueva planta para ubicar todos los órganos judiciales y fiscales de Estepona con espacio para crecimientos futuros, con una superficie aproximada de 5500 m2 y una inversión total estimada de 9,30 millones de euros. Pero esta actuación no se ha podido iniciar por no disponer de suelo y por la situación presupuestaria.

En varias ocasiones se ha reiterado la solicitud de suelo al Ayuntamiento, pero a día de hoy no se ha obtenido respuesta, aunque en un escrito reciente del Ayuntamiento, entre otras cuestiones indica que en el Pleno de 18 de abril de 2008, el Ayuntamiento de Estepona acordó “el ofrecimiento de una parcela de equipamiento público parta la construcción de una futura sede judicial en el SUP-RP4 Las Mesas”. Dicho Acuerdo no se ha trasladado a la Consejería, por lo que no se ha podido tramitar la aceptación, desconociendo, asimismo si el Ayuntamiento, por su parte, ha tramitado la cesión.

Y, por su parte el Ayuntamiento de Estepona estima que:

“ ... En otro orden de cosas y dentro de las acciones sobre las que el Ayuntamiento es competente en este asunto, el Pleno de la Corporación acordó del 18 de abril de 2008, el ofrecimiento de una parcela de equipamiento público para la construcción de una futura sede judicial en el S_UP-R4 “Las Mesas”.

La petición que se construya dicho equipamiento -en los terrenos que la Administración andaluza considere oportunos- se ha reiterado posteriormente, siendo el último acuerdo plenario aprobado en este sentido el adoptado por unanimidad de la Corporación el pasado 14 de mayo de 2014, tras tener conocimiento del informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en su memoria anual de 2013, reconoció “la difícil situación que atraviesan las sedes judiciales en Estepona. Este informe recogía que Estepona es “el partido judicial que se halla en peor estado de toda la provincia por la sobrecarga de asuntos, y por tener una escasa dotación en medios materiales y humanos

El Ayuntamiento no tiene constancia de que haya existido una respuesta a los ofrecimientos realizados a la Administración andaluza”.

Las anteriores informaciones son, cuando menos, confusas ya que aluden a la perfecta disponibilidad para actuar en pos de la dotación de esta infraestructura aprobando el ofrecimiento de una parcela en “Las Mesas” (según el Ayuntamiento) pero que no ha sido trasladado a la Junta (según la Consejería).

Estas supuestas decisiones del pleno municipal se fechan en abril de 2008 y, la actualización más reciente parece que se produce al hilo del crítico contenido de la Memoria del TSJA de 2014 que hemos aludido urgiendo sobre la dotación de esta nueva sede. Entre medias, sólo se alude a un escrito del Ayuntamiento a la Consejería en Diciembre de 2010 referido a los trámites de la actualización del PGOU y las medidas que permitirían definir los usos compatibles para ubicar la futura sede judicial en la zona de “Las Mesas”. Ningún avance significativo se contiene en las afirmaciones de ambas Administraciones.

Hemos a añadir que, en otras quejas que reproducen parecidas situaciones, nos encontramos con un diálogo semejante en el que el papel municipal pasa por procurar la puesta a disposición de un inmueble que es transmitido bajo la fórmula de la cesión al patrimonio de la Comunidad Autónoma que, tras su aceptación e inscripción formal, le otorga el destino como inmueble dedicado a futura sede judicial, tras la ejecución del correspondiente proyecto.

No es menos cierto que estas gestiones previas de disponibilidad de un inmueble de titularidad municipal y su cesión, bajo el título jurídico oportuno en cada caso, implica unos trámites que acaparan unos plazos que añaden tiempo y esfuerzos. De ahí que el abordaje de este proceso aconseja que se adopten iniciativas decididas y más resolutivas que las que, hasta la fecha, nos han sido relatadas por las partes implicadas.

También es cierto que las quejas que venimos tramitando con motivo de la puesta a disposición de nuevas infraestructuras judiciales padecen unas dificultades muy severas debido a sus impactos de gasto que exigen unas dotaciones de inversión no disponibles. Ya lo hemos significado en la valoración que ofreció la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización citado, y podríamos citar otros ejemplos recientes como la quejas tramitadas con motivo de las infraestructuras necesarias para las sedes judiciales de Torrox, Alcalá de Guadaira, Machena, Roquetas, etc.

Precisamente comprendiendo tales dificultades presupuestarias, el proceso de acuerdo y colaboración inter-administrativa podría avanzar, como paso previo y obligado, en las tareas de disposición del suelo. Creemos que todo ese proceso puede seguir sus trámites sin que ello implique la generación de un gasto presupuestario pudiendo alcanzar la condición previa de disponer del inmueble en el que definir, en su día, proyectos de edificación de la futura desde judicial de Estepona.

Tercera.- En suma, la investigación realizada nos ha permitido recibir información sobre las respuestas correctivas que la Consejería y el propio Ayuntamiento de Estepona han puesto en marcha para abordar las graves dificultades derivadas de la dispersión de sedes judiciales en Estepona y la inadecuación de la sede ubicada en la calle Delfín.

De los datos aportados de alude a los ofrecimientos de inmuebles o solares desde las instancias municipales que no parece que hayan formalizado en un proceso reglado de efectiva disposición por parte de la Consejería de Justicia e Interior.

La confirmación coincidente de la inidoneidad de la situación, la persistencia en el tiempo de sus carencias y la improbable disponibilidad de recursos nos motivan a promover la puesta en marcha de los contactos necesarios para abordar el proyecto de dotación de una sede judicial para Estepona. Unos contactos y unas relaciones inter-administrativas entre Junta y Ayuntamiento que deberían articularse, ante los colectivos profesionales de la Justicia y para el conjunto de la sociedad, de una manera más clarificadora y eficiente.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a esa Consejería de Justicia e Interior y al Ayuntamiento de Estepona, en el marco de sus respectivas competencias, las siguientes

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN, a la vista del marco normativo aludido, para que se proceda a la puesta a disposición del solar o inmueble con las características urbanísticas adecuadas para destinar en el mismo la futura ubicación del edificio como sede judicial de Estepona con las condiciones de adaptación y accesibilidad establecidas por la normativa aplicable a su uso definido garantizando las condiciones de igualdad y equidad que merecen todas las personas usuarias y profesionales de los servicios prestados por los órganos judiciales y de atención al público ubicados en tales dependencias.

SUGERENCIA 1,a fin de que se acuerden entre las Administraciones implicadas las medidas de coordinación y mutua colaboración para acometer todas las actuaciones necesarias para disponer en la localidad de Estepona de la sede judicial adecuada a las funciones de los órganos judiciales de la demarcación.

SUGERENCIA 2 a fin de que, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, se evalúe la oportunidad de abordar los proyectos de construcción de la futura sede judicial de Estepona conforme a las prioridades diseñadas en la programación elaborada por la Consejería de Justicia e Interior.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz