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El Defensor del Pueblo Andaluz suspende sus actuaciones al conocer, por la FAMP, que la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) ha creado un grupo de expertos, junto a la Dirección General de Tráfico, para plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de que se regule el uso de los aparatos de tracción eléctrica unipersonales que, cada con más frecuencia, discurren por el espacio peatonal, por lo que nos dirigimos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para trasladarle estas consideraciones y, si lo consideraba oportuno, que la FAMP redactara un modelo de normativa sobre el uso de estos medios de transporte que pudiera servir de referencia para que los Ayuntamientos lo incorporaran a sus ordenanzas sobre ordenación y regulación del tráfico o bien, en su caso, generando una ordenanza específica para regular el uso de tales medios.

También nos dirigimos a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para trasladarle esta cuestión por si consideraba oportuno proponer una regulación de ámbito estatal sobre la utilización de estos novedosos medios de transportes. Ello, con independencia de la homologación técnica que fuera necesaria realizar a nivel europeo.

De las actuaciones realizadas con ambas Instituciones, la FAMP nos informó, en un primer momento, que iba a informar la Comisión de Movilidad y Accesibilidad que se iba a constituir en breve plazo. Una vez constituida la misma, se constató que esta cuestión había sido objeto de estudio por un Grupo de Expertos de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, donde había colaborado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con objeto de plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica objeto de esta queja. Se nos transmitió que se había considerado oportuno esperar a las posibles resultas de dichos trabajos.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales, en su escrito nos indicaba que los patinetes eléctricos no han sido homologados conforme al Reglamento (UE) 168/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de Enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de 2 y 3 ruedas y a los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, que de acuerdo con su art. 2, «se aplicará a los vehículos de categoría L, que están destinados a circular en vías públicas». Por otra parte, el usuario de estos patines y otros medios de tracción eléctrica no encaja en el concepto de peatón, según el Anexo I, apartado 4, de la Ley de Seguridad Vial y el hecho de que se trate de un aparato provisto de motor impide que pueda ser asimilado a los patines o monopatines mencionados en el art. 121.4 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Por tanto “como consecuencia de lo expuesto, no cabe considerar que exista generalización de espacios peatonales menos seguros para los desplazamientos a pie, motivada por la normativa actualmente vigente”, aunque no impide que se estén estudiando las modificaciones oportunas a esta legislación para aprovecha cuanto ofrezca de positivo este medio de locomoción, tratando de incorporarlo a la circulación urbana y que la misma se lleve a cabo con las mejores condiciones posibles de seguridad.

En cuanto a las personas con movilidad reducida, la Dirección General de Tráfico señala que el concepto de peatón se puede ampliar a las mismas, aún cuando utilicen sillas de ruedas con motor, como indica el número 4 del citado Anexo I de la Ley de Seguridad Vial.

Por todo ello, hemos procedido a suspender nuestras actuaciones en la misma, aunque hemos interesado del presidente de la FAMP que nos mantenga informados de las conclusiones y propuestas que, finalmente, se efectúen por el citado Grupo de Expertos, así como de cualquier otra noticia de que se produzca en torno a esta cuestión.

El Ayuntamiento de Sevilla nos informa de las actuaciones realizadas en la zona de Sevilla Este y Torreblanca para la eliminación de barreras arquitectónicas.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio al conocer las dificultades de acceso de personas con movilidad reducida en zonas de Sevilla Este y Torreblanca y, por ello, nos dirigimos al Ayuntamiento de Sevilla.

De las dos respuestas que hemos recibido de éste a nuestras peticiones de informe, se nos remitió, por parte de la Oficina de Accesibilidad, las actuaciones realizadas para la eliminación de barreras durante los años 2012 a 2015 y, en concreto, los proyectos de reurbanización que mejoran las condiciones de accesibilidad y actuaciones de conservación, en cuyo marco se realizó la mejora de la accesibilidad en el acerado de la zona del Palacio de Congresos, la adaptación del cruce peatonal situado frente a éste. Se añadía que, respecto al hundimiento que se denunciaba en el apeadero de RENFE, no se había apreciado tal deficiencia en visita de inspección, pero que se va a instar a ADIF a realizar los ajustes razonables en el mismo para que quedara plenamente adaptado a las nuevas condiciones de accesibilidad establecidas.

Así las cosas, dado que se ha solucionado el problema de accesibilidad del cruce peatonal situado frente al Palacio de Congresos y no se había podido apreciar, en visita de inspección, el hundimiento del apeadero, no consideramos precisas nuevas gestiones por nuestra parte en esta actuación de oficio, aunque trasladamos al Ayuntamiento de Sevilla, respecto a futuras intervenciones de eliminaciones de barreras en ésta y otras zonas de la ciudad, dada la extensión del barrio y su gran población, nuestra consideración de que sería muy conveniente el que se llevara a cabo una inspección a fin de elaborar un inventario de al menos las barreras de más entidad en cuanto a población afectada, continuidad con el desarrollo de espacios accesibles, acceso a servicios públicos esenciales, etc., de manera que se pudiera realizar un plan de intervención urgente jerarquizando las actuaciones a realizar a fin de dotar de la imprescindible accesibilidad a los itinerarios peatonales.

Igualmente reiteramos que, a estos efectos, sería de gran interés contar, además de con la participación del Distrito en el que se ubica esta barriada, con las asociaciones de personas con discapacidad.

En su informe, el Ayuntamiento de Jérez de la Frontera (Cádiz) nos señalaba que se había ordenado a la Delegación Municipal de Infraestructuras la inmediata reparación de la barandilla y a la empresa concesionaria de la señalización viaria que mejorara el estado de los pasos de peatones y de la señalización para que se garantizara la seguridad de los peatones por esa zona, además de ordenar otras medidas urgentes para subsanar los posibles peligros que pudieran existir.

De acuerdo con ello, considerando que se estaban adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y esperando que ejecutaran las reparaciones anunciadas a la mayor brevedad posible, procedimos al archivo de esta actuación de oficio.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de las redes sociales, el mal estado en el que se encuentra, en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, la calle Ronda de San Telmo, dirección Ronda Muleros, incluyendo el itinerario a través del puente de San Telmo.

Siempre según estas fuentes, a las que se acompañaban diversas fotografías, se trata de una calle que es muy transitada por escolares que acuden diariamente a un centro educativo existente en las cercanías, y la barandilla del puente presenta unas deficiencias que hacen el recorrido altamente peligroso para los escolares.

Parece ser que los padres de los menores llevan denunciando desde hace tiempo la falta de pasos de cebra al principio de ambas cuestas que bajan hacía San Telmo. No existen pasos de cebra, badenes, señales de stop o semáforos que puedan hacer disminuir o frenar la velocidad de los vehículos que transitan por la calle, lo que motiva que circulen a una velocidad excesiva.

Se indica, también, que en distintas ocasiones la acera ha sido invadida por vehículos que iban a excesiva velocidad y han terminado “empotrándose” contra los árboles existentes en la misma. Por otro lado, se nos dice que mientras la zona azul está perfectamente señalizada, los pasos de peatones presentan un gran deterioro.

A la vista de estos hechos hemos iniciado esta actuación de oficio en la que, siempre según la información que nos ha llegado, existe un peligro para peatones y, de manera singular, para los menores que transitan por estas calles. Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para que nos informe si existe previsión de adoptar medias que garanticen una mayor seguridad vial para los peatones y si se tiene previsto intervenir para subsanar las deficiencias que presenta la barandilla del puente de San Telmo y las deficiencias que pueden suponer un riesgo para los transeúntes.

Intervenimos ante el Servicio de Consumo en Granada para que comuniquen al interesado el inicio o no de procedimiento sancionador frente a una entidad financiera por falta de respuesta a la hoja de reclamaciones.

Un ciudadano exponía que, con fecha 25 de marzo de 2015 había formulado denuncia frente a Banco Santander ante el Servicio de Consumo de Granada por la falta de contestación en plazo a su hoja de reclamaciones.

Habiéndose tramitado expediente, mediante comunicación de fecha 14 de julio de 2015 se le informó de su traslado a la Sección de procedimiento sancionador.

Con fecha 21 de octubre de 2015 presentó nuevo escrito solicitando expresamente información sobre la apertura de expediente sancionador. Esta solicitud fue reiterada con fecha 13 de mayo de 2016, sin que a fecha de presentación de la queja hubiera recibido contestación.

Interesados ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, nos informan que la falta de respuesta a la Hoja de Reclamaciones formulada contra la mercantil Banco Santander dio lugar a la apertura de procedimiento sancionador por infracción en materia de consumo, de lo que, igualmente, han informado a la parte interesada con fecha 17 de octubre de 2016.

Dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente, y habiendo quedado resuelto, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Mediamos ante una entidad financiera con objeto de buscar solución a los perjuicios económicos generados por error en la tramitación de una ayuda agraria.

Acudía a esta Institución una ciudadana exponiendo que, a causa de una mala actuación de personal de Cajasur sólo cobró el 50% de la ayuda PAC 2015 que le correspondía.

Sin saber nada de este error, y como era su costumbre, pidió un anticipo a la entidad a cuenta de la ayuda pero al no percibir el total le habrían convertido la parte percibida "de más" en un préstamo personal, cuyas condiciones no le habían sido facilitadas.

Manifestaba además que le habían abierto diversas pólizas de seguros de vida a su nombre sin saberlo y sin que le hubieran facilitado las condiciones de estas pólizas.

Habiendo presentado varias reclamaciones al Servicio de Atención al Cliente no le habrían respondido.

Interesados ante Cajasur se nos responde que, respecto al préstamo formalizado, se trata del anticipo que habitualmente solicita la cliente para disponer del importe de la subvención previo al abono por parte del organismo correspondiente. No obstante, puesto que como consecuencia del error en la tramitación parte de dicha subvención se ha recibido con retraso, han cursado instrucciones para el abono en la cuenta de la reclamante del importe de 68,83 € correspondiente a intereses y comisión por demora en el pago.

En cuanto al seguro de vida, se ha verificado que la parte interesada firmó la solicitud del mismo.

Dado que, a la vista de la información recibida, el asunto se encuentra en vías de ser solucionado, procedemos al cierre del expediente.

Nos interesamos ante Aljarafesa por la situación de un suministro de agua cortado por impago de una deuda que correspondía al fraude realizado por el anterior inquilino de la vivienda.

Las parte interesada manifestaba que Aljarafesa había cortado el suministro de agua en una vivienda de su propiedad por herencia. La vivienda estuvo alquilada y el inquilino habría hecho una derivación para la toma de agua potable, por lo que Aljarafesa le giró una factura de fraude por importe de más de tres mil euros. Según manifestaba la interesada, el propio inquilino reconoció el fraude y firmó un acuerdo de fraccionamiento de pago.

Sin embargo, actualmente Aljarafesa reclamaba parte de la deuda que no había pagado el inquilino en cuestión y había cortado el suministro ante su impago.

Interesados ante Aljarafesa, se nos responde que la deuda asumida por el anterior usuario de la vivienda no será imputada a las herederas, pero aun así existen en la actualidad dos facturas pendientes de pago, que deberán ser abonadas junto con el importe de la contratación de los servicios a su nombre, para dar de alta el suministro de agua.

De todo ello han dado el debido traslado a la interesada, informando asimismo sobre las gestiones que deben realizar para formalizar el contrato, estando en la actualidad a la espera de que aporte la documentación requerida.

Dado que, a la vista de la información recibida, el asunto se encuentra en vías de ser solucionado, procedemos al cierre del expediente.

Intervenimos ante la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz con objeto de dar respuesta a una denuncia ciudadana por falta de presión en el suministro de agua.

La parte promotora de queja denunciaba los problemas de baja presión en el suministro de agua que afectaría a muchos vecinos de Barbate.

Este asunto ya fue objeto de distintas quejas con anterioridad y esta Institución tramitó queja de oficio 15/1538, interesándonos ante el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio.

Aqualia nos trasladó un informe técnico señalando que la mayoría de los problemas de presión denunciados se debían a deficiencias en la instalación interior privada motivada por la falta de mantenimiento de la instalación de agua caliente, incorrecta regulación del calentador o falta de adecuación de las instalaciones interiores a la normativa.

Nos explicaban las actuaciones desarrolladas para sectorización de la red de abastecimiento en el casco urbano, en función de la diferencia de cota con respecto al depósito, ya que se abastece por gravedad, y para proteger la red de averías por sobrepresiones en el sector de la zona baja, mediante válvula de regulación que permite equilibrar las presiones a valores similares a los de la zona alta. Asimismo hacían constar que nunca se había reducido la presión a partir de las 22 horas y que no existen grupos de presión que se paren indiscriminadamente para ahorrar energía.

Concluía el informe señalando que en todo momento se garantizaban unas condiciones adecuadas de presión y caudal en la red de abastecimiento.

El colectivo que ahora acude a esta Institución manifiesta que no está de acuerdo con la respuesta ofrecida, denunciando que los contratos de suministro domiciliario del Servicio Municipal de Agua no se ajustan a la normativa vigente, por lo que no se estaría garantizando la presión mínima necesaria para el uso doméstico.

Interesados ante la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, recibimos informe al efecto indicando que el Servicio de Industria, Energía y Minas ha procedido a abrir el correspondiente expediente de Reclamación, que será tramitado desde el Departamento de Energía del citado Servicio, con el objeto de clarificar los hechos, y una vez ultimado el trámite, se procederá a notificar la Resolución del expediente a los interesados en el mismo.

Dado que, a la vista de la información recibida, el asunto se encuentra en vías de ser solucionado, procedemos al cierre del expediente.

Tras nuestra intervención, el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga notifica la aceptación de alteración catastral a efectos de los recibos de IBI.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución al Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación Provincial de Málaga, recomendando dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 11 de febrero de 2015, por el que solicitaba rectificación de elementos conformadores de objeto tributario a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tras alteración catastral habida.

Al efecto se recibe informe de la Administración dando respuesta al escrito presentado, estimando su solicitud a los efectos procedentes.

En consecuencia consideramos aceptada la Resolución formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz y se procede al cierre del expediente.

Ver nueva Resolución por reapertura de queja.