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En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte. La persona interesada, que se había presentado a un concurso oposición de auxiliar administrativo en un Ayuntamiento andaluz, denunciaba falta de transparencia y la vulneración de derechos debido a que había solicitado en reiteradas ocasiones acceso a su examen y hoja de respuesta con detalle de la calificación obtenida, sin haber obtenido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento competente a su petición.

Recibida respuesta del Ayuntamiento concernido en el asunto, éste nos comunicó que se citó al interesado para que se personase en las dependencias municipales al objeto de darle copia de su examen, citación a la que no compareció.

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las peticiones expresadas por el interesado para agilizar la realización de un informe a cargo de los equipos psicosociales de la Delegación Territorial en Sevilla, en materia de Justicia.

En su día esta Defensoría se hizo eco del caso y con fecha 18 de agosto de 2022 nos dirigimos ante la Delegación para conocer las actuaciones emprendidas ante la situación creada. La Delegación ha enviado un informe en el que se manifestaba con fecha 17 de noviembre de 2022 lo siguiente:

“En respuesta a su escrito sobre la queja de referencia, referente a la demora en la realización de un informe a cargo del equipo psicosocial, solicitado en el curso de un procedimiento seguido en un Juzgado sobre Violencia sobre la Mujer, tras recabar la información de la Secretaría General de Servicios Judiciales como órgano directivo competente en la materia, y según la documentación remitida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) de Sevilla, le informo lo siguiente:

• Con fecha 19 de mayo de 2021, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer remite escrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, solicitando informe psicosocial.

• La petición de informe de dicho juzgado, tiene entrada en el IMLCF de Sevilla con fecha 21 de junio de 2021. Una vez recibida dicha petición se procedió a asignar la cita según riguroso orden de entrada de asuntos, de forma que los progenitores fueron citados con fecha 9 y 10 de diciembre de 2021. Una vez elaborado dicho informe fue remitido al juzgado con fecha 22 de julio de 2022.

• La elaboración de un informe de este tipo se aparta de otras pericias y es un laborioso trabajo que no es posible realizarlo en una sola consulta. Estos informes requieren varias jornadas de trabajo al necesitar citar a padres, madres e hijos, porque condiciona realizar entrevistas de manera independiente, así como en cada una de ellas se llevan a cabo diversos test, grabaciones, etc, que no pueden resolverse en una única audiencia, esta es la razón por la que el equipo necesita un tiempo prudencial y dilatado para las reuniones y conversaciones con los entrevistados y otro para la corrección de test y emisión de informes.

• Asimismo, la medida de tiempo entre realización de entrevistas y pruebas psicológicas hasta la emisión del Informe, viene determinada por otros muchos factores pero que puede estar muy condicionado al hecho de que haya ya establecida una fecha de celebración de vista oral previa, la urgencia del caso por riesgo o vulnerabilidad de un menor, si ya hay medidas o no que protejan a dicho menor o la dificultad o complejidad del caso.

• Por lo tanto, dependiendo de esos factores, la emisión de un informe puede realizarse en dos semanas si la urgencia o la fecha de juicio lo requiere, o demorarse algo más en el tiempo si las circunstancias o la complejidad del caso lo precisa. Dichas circunstancias, y ante la presión de entregar otros informes que están ya señalados, hace necesario la priorización de los asuntos en relación con los criterios anteriormente mencionados.

• En este caso, tal como se ha informado, los progenitores fueron citados en diciembre de 2021 y el informe no fue enviado al juzgado hasta julio de 2022. Ello es así por que no había una fecha predeterminada de celebración de vista oral y no se consideraba que el menor estuviera en riesgo mientras no se emitiese el informe dado que tenía establecida medidas de protección y el Sr. tenía establecida una orden de alejamiento vigente hasta el 11 de noviembre de 2022.

• Por otro lado, del informe emitido por el equipo psicosocial se deducía que lo mas beneficioso para el menor era la continuidad de la realización de las visitas en el Punto de Encuentro Familiar al menos hasta la finalización de la orden de alejamiento.

• No obstante, analizada la documentación del expediente y la información facilitada por el IMLCF de Sevilla, a juicio de la Secretaría General de Servicios Judiciales, las circunstancias personales del Sr. esto es, la existencia de una orden de alejamiento y la protección del menor, no son óbice para que el IMLCF de Sevilla hubiera remitido el informe al juzgado de violencia sobre la mujer que lo había solicitado, a la mayor brevedad posible, con objeto de evitar demoras en el procedimiento.

• Por lo tanto, en uso de las competencias que la Secretaría General tiene asignadas en materia de medicina legal mediante Decreto 164/2022, de 9 de agosto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, remitirá oficio al IMLCF de Sevilla dando instrucciones sobre la conveniencia de dar respuesta sin demora en todos los casos.”

Así pues, podemos observar una respuesta actualizada ante las gestiones realizadas en relación a la elaboración del citado informe psicosocial. Ciertamente, las capacidades de respuesta a la hora de evacuar el informe han resultado muy mejorables, tal y como apunta la Delegación, señalando las iniciativas puestas en marcha para superar estos plazos.

Por tanto, con la anterior salvedad, debemos considerar el asunto concreto en vías de solución sin perjuicio de permanecer atentos ante cualquier posible novedad que aconseje nuestra nueva intervención.

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las peticiones expresadas para la atención de un alumno con necesidades educativas especiales en un Centro de Educación Infantil y Primaria de un municipio de Granada.

En su día esta Defensoría se hizo eco del caso y con fecha 9 de junio de 2022 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada para conocer las actuaciones emprendidas ante la situación creada.

La Delegación ha enviado un informe en el que se manifestaba con fecha 27 de junio de 2022 lo siguiente:

“Consultado el Programa de Gestión Séneca, consta que el menor aparece en el censo de alumnado con necesidades educativas especiales, tal y como establece su Dictamen de Escolarización realizado con fecha de 24 de febrero de 2021.

En dicho Dictamen se especifica que el alumno necesita recibir atención por parte de un maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica, un maestro/a especialista en Audición y Lenguaje y de un Profesional Técnico de Integración Social (PTIS).

El centro cuenta con un maestro especialista en Audición y Lenguaje, un maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica, un maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica de Aula de Educación Especial y un PTIS durante 30 horas semanales.

En comunicación telefónica con la madre nos manifiesta que ha mantenido reuniones en el centro educativo en las que han participado el equipo directivo, la orientadora, la inspectora de referencia del centro y que los acuerdos adoptados se están llevando a cabo. A día de hoy, le parece correcta la atención que el centro está dando a su hijo y nos comenta que su hijo, ahora, sí va contento al colegio y que por lo tanto es un indicador de que está bien atendido”.

Así pues, podemos observar una respuesta actualizada ante las gestiones realizadas en relación a la atención del alumno y, así, creemos deducir que desde el centro se muestran receptivos a estudiar los proyectos de mejora aludidos.

gradeciendo la atención y colaboración ofrecidas, procedemos a concluir el presente expediente de queja reiterando la disposición para desplegar las acciones de seguimiento que resulten, en su caso, necesarias.

En el expediente de queja recibido en esta Institución nos trasladaba que tiene pendiente la resolución de un permiso ordinario de salida, indicándonos que ante esta situación carece de recurso de acogida, extremo por el que teme que finalmente no pueda disfrutar del mismo.

Ante la situación de este interno que asegura no contar con red de apoyo ni de acogida para este tipo de permisos que pudieran ir preparándole para su excarcelación, nos dirigimos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que nos nos informe, si fuera posible, sobre las gestiones que ante esta situación se estén llevando a cabo por el equipo técnico de su centro de cumplimiento para poder dar cuenta al interesado.

Accediendo a nuestra petición nos indican que: “el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha estimado concediéndole el disfrute de permiso de salida en domicilio adecuado que aporte.

El interno carece de acogida familiar, tiene reconocida una discapacidad (física y psíquica) del (PAIEM) del 65%, está incluido en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mental y ha solicitado que se le realicen los trámites oportunos con entidades sociales para procurar la acogida institucional de cara a permisos de salida.

La Junta de Tratamiento, celebrada el día XX/0X/2022, a petición del interno ha solicitado su traslado a centro que proceda, donde exista un convenio con instituciones sociales que ofrezcan acogida durante permisos de salida (recurso/convenio que no existe actualmente en Jaén).

No obstante, desde el departamento de Trabajo Social del C.P. Jaén se siguen realizando gestiones para la búsqueda de un recurso adecuado en otras provincias (gestión que plantea dificultades porque ninguna entidad se compromete a acoger a un interno que no conocen o no han tenido previamente como usuario)”.

Según esta información y entendiendo que en el centro penitenciario se están haciendo las gestiones oportunas para el disfrute de permisos, damos por concluidas nuestras actuaciones y procedemos al cierre de este expediente de queja.

La interesada nos trasladaba en su queja que tenía 76 años de edad, un delicado estado de salud y vivía sola. La vivienda en la que residía era propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y, al no disponer de nadie que la ayudara, llevaba varios meses sin poder salir debido a las escaleras. El inmueble en el que residía disponía de un ascensor que se encontraba inoperativo desde hacía una década aproximadamente. Refería que se debía a que la mayoría de los vecinos no abonaban los gastos de comunidad, razón por la cual el inmueble se encontraba desde entonces en muy malas condiciones: sin ascensor, sin luz en zonas comunes, deteriorado y sucio.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que nos trasladó lo siguiente en referencia a la vivienda:

«Respecto a la situación de su problemática habitacional, por los distintos desperfectos en el edificio (no hay Comunidad de Propietarios, no hay luz en la comunidad, no funciona el ascensor), y que pertenece a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ambos organismos estamos al corriente de la situación de esta señora, de hecho ella misma ha presentado solicitud en dicha Agencia para cambio de vivienda, sin embargo se está a la espera de la recuperación de una vivienda adaptada a las necesidades de la inquilina en la misma localidad para no desvincularla de su entorno más cercano.»

Asimismo, nos dirigimos a la citada Agencia solicitando que nos informara sobre si, comprobada la situación crítica de carencia de medios económicos de la comunidad de usuarios para afrontar los gastos básicos, AVRA iba a afrontar sus obligaciones como propietaria frente a dicha comunidad, repercutiendo posteriormente el coste a los inquilinos deudores. AVRA nos informaba de lo siguiente:

“(...) para poder intervenir en la reparación del ascensor, previamente hay que exigir que la Comunidad de Inquilinos funcione, dado que es obligación de los usuarios del bloque el cuidado y mantenimiento del edificio. Sobre este asunto cabe indicar que desde AVRA se ha tratado de dinamizar en varias ocasiones dicha Comunidad, pero no se han obtenido resultados positivos, debido a varias causas como la existencia de ocupantes ilegales en algunas viviendas y el impago de cuotas de rentas y/o cuotas de comunidad por parte de adjudicatarios de viviendas en el edificio. La Agencia, no obstante, sigue trabajando para tratar de consolidar la Comunidad de Inquilinos, lo que permitiría en el futuro restablecer el funcionamiento del ascensor.

Transcurrido un tiempo prudencial desde este informe, solicitamos de AVRA que nos informara de los avances que se hubieran producido en la Comunidad de Inquilinos y si había sido posible poner en funcionamiento el ascensor. En su respuesta AVRA nos indicaba lo siguiente:

“Hasta el momento, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía no ha podido dar cobertura al traslado solicitado por Dª ..., dado que no se ha recuperado ninguna vivienda en el municipio donde reside. En varias ocasiones se le ha propuesto la posibilidad de trasladarse a otras viviendas en Sevilla capital, pero las ha rechazado. La reclamante sigue manifestando que no quiere desvincularse de su entorno más cercano.

No obstante, la Agencia sigue trabajando con los vecinos de la promoción y espera poder culminar el trabajo que viene realizando para poner en funcionamiento la comunidad (...) facilitará el mantenimiento de las zonas e instalaciones comunes del edificio, entre las que se encuentra el ascensor.”

En consecuencia, puesto que de la información anterior se desprendía que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Con base en el informe recibido, la documentación que obraba en la queja y la normativa que resultaba de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formuló Resolución al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en el sentido de que se adoptaran todas las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para satisfacer el derecho a la vivienda de la familia afectada.

Recibido informe del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, se nos participó la aceptación de la Resolución formulada por esta Institución con fecha 23 de noviembre de 2021, trasladando sustancialmente lo siguiente:

- Que dentro de las competencias del municipio, se adoptarán las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para satisfacer el derecho a la vivienda de las familias vulnerables que se enfrentan al desahucio de su vivienda, con independencia de las competencias de la administración autonómica.

- Que se informó a la usuaria que la situación de vulnerabilidad, acreditada en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida, agiliza y favorece la asignación urgente de una vivienda por la Junta de Andalucía ante un posible desahucio.

- Que por la Delegación de Protección a la Vivienda se ha abordado la cuestión con prioridad y se han establecido los canales de comunicación con la propiedad del inmueble ocupado por la interesada a fin de suspender el lanzamiento de la unidad familiar, en coordinación con la abogada de oficio de la interesada y con los servicios jurídicos de la Oficina Municipal de la Vivienda.

- Que por la Delegación de Protección a la Vivienda se ha reforzado con la propiedad el interés de que establezca un alquiler social a favor de la interesada, como medida más satisfactoria para todas las partes, tanto para la inquilina, como para la entidad bancaria, como para los intereses generales del Municipio dado el incremento de las ocupaciones y vandalismo en las viviendas desalojadas y abandonadas por parte de las entidades bancarias.

- Que en aquellas situaciones en que por circunstancias debidamente justificadas, habiéndose pronunciado la instancia judicial a favor de un lanzamiento, alguna unidad familiar se ha visto desprovista de alternativa habitacional, el Ayuntamiento cuenta con partida presupuestaria destinada a sufragar el coste de alojamiento temporal de la familia mientras que la unidad familiar busca una alternativa habitacional acorde a sus circunstancias sociales, familiares y económicas. Los Servicios Sociales Comunitarios en las comisiones de ayudas o ayudas de emergencia social, creadas a tal fin, se establecen los criterios para la concesión de dichas ayudas.

Con la aceptación de la Resolución formulada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En el expediente de queja referido a la negativa del Ayuntamiento de Gor a empadronar a un ciudadano comunitario por no aportar título de la vivienda se emitió resolución.

Se ha recibido respuesta del Ayuntamiento de Gor, aceptando lo recogido en la misma.

Así en su último escrito desde la Corporación nos trasladan que:

“Habiéndose recibido en el registro electrónico general de este Ayuntamiento recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz en relación a la queja presentada por D. (...) con motivo de la denegación de su inscripción en el Padrón de habitantes,

COMUNICO

Que el Ayuntamiento de Gor acepta la recomendación formulada en relación con los documentos a valorar para practicar la inscripción en el padrón de habitantes, a cuyo efecto se valorarán, como documentos que acreditan la residencia en el municipio, los recibos de suministro de luz, agua, u otros servicios de abastecimiento. Igualmente, se realizarán las comprobaciones necesarias para verificar la efectiva residencia en el municipio”.

Con esta información y en tanto que la resolución formulada por esta Institución ha sido aceptada por dicha Corporación, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.