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Esta Institución ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que un joven de nacionalidad polaca, identificado como Pietr Piskozub, falleció este miércoles en el albergue municipal con síntomas de desnutrición y cuando aguardaba la cola para el almuerzo. La víctima, de 23 años, pesaba sólo unos 30 kilos y acababa de recibir el alta médica en la madrugada del miércoles en el hospital Virgen del Rocío, según confirmaron fuentes municipales.

Según las crónicas periodísticas, todo apunta en principio a que la muerte se produjo por causas naturales, pero el juzgado de guardia ha abierto diligencias previas para investigar lo sucedido, como se hace habitualmente cuando se produce una muerte en estas circunstancias y a la espera de las conclusiones de los forenses, explicaron fuentes judiciales.

Continúa relatando la noticia que el joven polaco había llegado al albergue de la calle Perafán de Ribera la misma madrugada del miércoles, tras haber recibido el alta médica. Desde el hospital Virgen del Rocío se alertó a los servicios de emergencia social del Ayuntamiento, que trasladó a esta persona hasta el albergue, donde los técnicos le atendieron y por la mañana le dieron el desayuno con normalidad, como al resto de personas acogidas. Desde el Ayuntamiento explicaron que, al proceder esta persona de un centro hospitalario, se le prestó incluso una mayor atención.

La muerte del joven se detectó sobre las dos de la tarde de este miércoles, cuando Piskozub se hallaba aparentemente dormido en un sofá de la sala de televisión y esperaba junto a una veintena de personas en la sala contigua al comedor.

Desde el albergue municipal se alertó a la Policía y a los servicios sanitarios del 061, que enviaron a la zona una ambulancia. Los facultativos no pudieron más que certificar el fallecimiento. Poco antes de las cuatro de la tarde de este miércoles los servicios funerarios procedieron a levantar el cadáver del ciudadano polaco.

A la vista de los hechos expuestos, y de los derechos constitucionales y estatutarios que puedan verse implicados, como son el derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud, y haciendo uso de la posibilidad que otorga el artículo 10, apartado 1 de la Ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se procede a la apertura de queja de oficio, ante la Dirección Gerencia del hospital Virgen del Rocío y ante el centro de Servicios Sociales especializados del Ayuntamiento de Sevilla, CAM Perafán de Ribera.

Queja de oficio iniciada por esta Institución ante el conocimiento, por diversos medios de comunicación, de la situación en la que se encontraban los vecinos de la tercera fase de los pisos de Santa Adela, barrio ubicado en el Zaidín (Granada).

Se trataba de bloques de vivienda sociales que, según lo que establece la ley y la ordenanza municipal, debían someterse a la Inspección Técnica de Edificios al tratarse de viviendas de más de 50 años de construcción, llevando ya algún tiempo recibiendo la visita de técnicos municipales que en dicha inspección les dieron el visto bueno.

Pero lo paradójico se encontraba en el hecho de que dichas viviendas estaban inmersas en un proyecto de demolición que se encontraba paralizado, por lo que su mantenimiento, desde hacía unos 10 años, había sido mínimo y ahora, al pasar la inspección, los vecinos no podían hacer frente a los arreglos por ser éstos cuantiosos (sobre 7.000 euros); arreglos que, por otra parte, no eran todos los que realmente serían necesarios por su condición de estar catalogados para derribo. Aparte, debían desembolsar una determinada cuantía por la elaboración del informe, que rondaba entre 200 y 500 euros por cada bloque.

Aseguraban los vecinos afectados que nadie les atendía y consideraban que debería ser el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de pagar los arreglos necesarios.

En un primer momento solicitamos informe a los Servicios Centrales de EPSA pero puesto que se nos indicó que el asunto planteado era competencia municipal, nos dirigimos al Ayuntamiento, el cual nos informó lo siguiente:

- Que las Áreas de Transformación de barrios, estaban previstas en el PGOU.

- Que los programas de rehabilitación de barrios se aprueban por la Consejería competente en materia de vivienda y forma parte de los planes autonómicos de vivienda.

- Que la demolición de la 3ª fase a que nos referimos tiene un coste aproximado de 40 millones de euros, y no hay previsión presupuestaria para su ejecución ni en los presupuestos autonómicos ni en los municipales.

-Que la Consejería estaba redactando el futuro Plan de Vivienda, donde se recogerían las condiciones o aportaciones de cada parte.

- Que dicho Plan de Vivienda deberá adaptarse a lo establecido en el Real Decreto 233/2013, de 5 de Abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

- Que, entre tanto, los propietarios de las viviendas tienen obligación de mantenerlas en buen estado y que todos los barrios de Granada tienen derecho a acceder a las subvenciones para ITE.

A la vista de la información facilitada se procedió a dar por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de que podamos retomarlas nuestras una vez se apruebe el nuevo Plan Andaluz de Vivienda al objeto de conocer las previsiones que al amparo del mismo puedan establecerse.