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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla por la que recomienda que se aplique el Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone dar prioridad en la tramitación a determinados expedientes administrativos en materia de dependencia, entre otros, el de las personas mayores de 80 años y con un Grado de Dependencia Severa reconocido, como es el caso de la afectada a quien refiere esta queja.

Asimismo, recomienda que sin más dilación se apruebe el PIA de la persona dependiente.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de marzo de 2019, Dña. (...), expone ante esta Institución que su madre, (...), tiene reconocido desde 2011 un Grado II de Dependencia Severa. En 2015 renunciaron al servicio de ayuda a domicilio o al centro de día que se les ofreció porque su madre se negaba. En 2018 solicitaron la aprobación de un nuevo PIA y, con dcha finalidad, en octubre de 2018 se efectuó la visita a su madre, sin que desde entonces hayan recibido ninguna noticia.

2. Analizada y admitida a trámite la queja, esta Institución solicitó a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, con fecha de 3 de abril de 2019, la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

3. En respuesta a nuestra solicitud, el 17 de junio de 2019 se ha recibido el informe de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, de 3 de junio de 2019, en el que consta con relación a la solicitud de revisión del PIA de (...), que se ha elaborado propuesta del mismo por los servicios sociales comunitarios, consistiendo en el derecho a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, estando pendiente de su aprobación y que, para su resolución, se tendrá en cuenta el orden riguroso de incoación que establece el art. 71.2 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Se remite copia del citado informe para la formulación de alegaciones, que son recibidas con fecha 2 de agosto de 2019. En ellas la interesada nos comunica que siguen a la espera de la aprobación de la resolución del PIA, siendo excesiva la demora.

5. Del análisis de los hechos que aparecen en este expediente podemos destacar que desde que se inició el procedimiento, hasta el día de hoy, sin que se haya dictado la Resolución aprobando el PIA de la persona dependiente, se ha excedido con creces el tiempo legalmente establecido para ello.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (referencia legal que debe sustituirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta de ésta última), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación de hechos que constan en el expediente, cabe destacar que se viene produciendo un significativo retraso en la aprobación del Programa Individual de Atención, de manera que personas que normalmente tienen una edad avanzada y una salud precaria, no pueden disponer del recurso que les corresponde a causa de la falta de una respuesta administrativa diligente, que respete los plazos establecidos legalmente.

En este contexto, y para intentar paliar ese retraso en la tramitación y resolución de los expedientes de las personas dependientes en una situación de mayor urgencia, gravedad o precariedad, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Acuerdo de 4 de junio de 2019, por el que se dispone dar prioridad en la tramitación a determinados expedientes administrativos en materia de dependencia. Entre otras estipulaciones, dispone:

"Priorizar la tramitación de los expedientes administrativos relativos al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones de las personas menores de 21 años, especialmente las que tengan reconocida una situación de dependencia severa o gran dependencia, y de las personas mayores de 80 años, especialmente las que tengan reconocido el grado I de dependencia, y que se encuentren sin prestación reconocida.

Dichos expedientes se tramitarán con preferencia al resto, independientemente del orden de incoación de los mismos."

En resumen, la demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 16 y 19 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, en relación con los artículos 15.2 y 18.3 del mismo Decreto, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el Programa Individual de Atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del Programa Individual de Atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes-con salvedades, que no concurren en el caso presente-). En concreto, los artículos 16.4 y 19.2 del mentado Decreto, referidos a los procedimientos de revisión, tanto del reconocimiento de la dependencia como del Programa Individual de Atención, contemplan los mismos plazos de tres meses para estos procedimientos.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que los términos y plazos establecidos en esa Ley o en otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

En este punto, queremos dejar constancia que la observancia del orden general en la tramitación de expedientes, contenida en el art. 71.2 de la Ley 39/2015, no obsta ni exonera del cumplimiento del deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el anteriormente citado artículo 29 de la misma.

A mayor abundamiento, el artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas preceptúa, sobre este particular, que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz seguirá insistiendo en la importancia de que por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y sus Delegaciones Territoriales se adopten, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas técnicas y jurídicas necesarias para agilizar el procedimiento de reconocimiento del derecho y el acceso a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1: que se aplique el Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone dar prioridad en la tramitación a determinados expedientes administrativos en materia de dependencia, entre otros, el de las personas mayores de 80 años y con un Grado de Dependencia Severa reconocido, como es el caso de (...).

RECOMENDACIÓN 2: que sin más dilación se apruebe el PIA de la persona dependiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba por la que recomienda que sin más dilación se apruebe el PIA de la persona dependiente.

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 2 de mayo de 2017 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente exponía su preocupación por el cierre, por parte de Cruz Roja, de su centro de día para personas mayores en Córdoba, del que era usuaria su madre.

2. Tras recabar más información de la interesada, la queja fue admitida a trámite, solicitando un informe al respecto a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. Dicho organismo nos trasladó lo siguiente:

“(...) El Centro al que se hace referencia lo gestiona íntegramente Cruz Roja a través de subvenciones procedentes del IRPF y es la propia Entidad la que decide si lo tiene abierto o no. Siendo conscientes de la utilidad social del servicio, se han mantenido reuniones para que este Centro pudiera mantenerse abierto. Para el año 2018, en las previsiones presupuestarias se han tenido en cuenta unas partidas para conceder subvención directa que facilite el mantenimiento y continuidad del servicio. A pesar de nuestra voluntad de que se mantenga abierto este centro, la última decisión es de Cruz Roja”.

3. A la vista de lo aportado por la Administración, solicitamos a la interesada que presentase las consideraciones y alegaciones que creyera convenientes y, así, manifestó lo siguiente:

“(...) Le informo que los representantes de los familiares de los usuarios del Centro de Día de Cruz Roja en Córdoba han mantenido una reunión con la Presidenta de dicha entidad en la que se les ha reiterado la decisión definitiva del cierre de dicho Centro.

Por otra parte, los mismos representantes de los familiares han mantenido una reunión con la Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en la que nos trasladan que van a proceder a estudiar cada caso, valorando las necesidades especificas y posibles soluciones para nuestros mayores.

A tal efecto, nos preocupa si esta declaración de intenciones será efectiva dado que el cierre está previsto para el próximo 31 de diciembre.

Esta situación es cada vez más incierta para todos los usuarios del Centro de Día, al tratarse de un colectivo al que cualquier cambio le cuesta entender, necesitando respuestas claras y seguridad ante la incertidumbre de un futuro cercano en el que desconocen si podrán acceder a algún Centro que les permita relacionarse y cubra sus necesidades.”

4. En consecuencia, con fecha 11 de octubre de 2017 solicitamos de esa Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba la remisión de un informe sobre el asunto planteado. Con fecha 28 de diciembre de 2017 recibimos su informe, en el que se indicaba que la madre de la interesada no figuraba como solicitante de la dependencia y que se habían mantenido reuniones con los familiares de las personas usuarias del citado centro, comprometiéndose esa Delegación Territorial a “aportar soluciones individualizadas a cada una de las situaciones planteadas”.

5. Trasladada dicha información a la interesada, la misma nos aportó copia de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia presentada ante el Ayuntamiento de Córdoba el 18 de mayo de 2017, y manifestó que, a pesar de la información facilitada en la mencionada reunión y de haber entregado en la misma los documentos pertinentes, incluida la referida solicitud, aún no han recibido comunicación alguna sobre posibles soluciones.

6. Al objeto de poder continuar con nuestra investigación, el 16 de abril de 2018 solicitamos de nuevo a esa Delegación Territorial que nos informase sobre el expediente de dependencia de la afectada y las posibles medidas que se estimasen adecuado adoptar tras el cierre del servicio del centro de día.

7. Con fecha de entrada en esta Institución de 16 de mayo de 2018, el informe de esa Administración indicaba que efectivamente la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia de la madre de la interesada se presentó el 18 de mayo de 2017 y fue recepcionada en la Delegación Territorial el 25 de mayo de 2017 El 10 de julio de 2017 se solicitó informe de condiciones de salud, el cual fue emitido el 24 de julio de 2017. Con fecha 21 de noviembre fue cargado en la agenda del valorador de Zona de Trabajo Social correspondiente al lugar de residencia de la solicitante, para que procediese a la valoración de la dependencia. Por último, se indica que en la fecha de emisión del informe no se había dictado Resolución de reconocimiento del grado de dependencia de la afectada.

8. Con fecha 10 de agosto de 2018 se dictó por parte de esta Defensoría una Resolución en la que se recomendaba que “sin más dilación se impulse el reconocimiento del grado de dependencia de la afectada y se incorpore al expediente en el programa informático de gestión a fin de que por parte de los servicios sociales comunitarios se pueda proceder a la elaboración del PIA”.

9. Con fecha de 24 de octubre de 2018 se recepcionó en esta Institución el informe de esta Delegación Territorial, de 17 de septiembre de 2018, en el que consta que “A fecha de la emisión del informe, que data del día 31 de agosto de 2018, el expediente se encuentra pendiente de asignación por la dirección de la Zona de Trabajo Social Poniente Sur, al correspondiente trabajador social para la elaboración de la propuesta PIA”.

10. Con fecha 6 de septiembre de 2019, la promotora de la queja expone que su madre sigue a la espera de la aprobación del PIA, teniendo que ingresarla en una residencia privada.

11. Persistiendo la demora expuesta por la promotora de la queja, procede dictar de la presente Resolución.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el reconocimiento del grado de dependencia de la persona afectada y de la prestación o recurso correspondiente.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se apruebe el PIA de la persona dependiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz