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Recibimos petición de una interesada para lograr el pago de cantidades exigidas a partir de su procedimiento de divorcio. Una vez admitida, nos dirigimos al Fiscal Jefe Provincial de Huelva interesando su investigación del asunto, relativo al retraso experimentado en el cumplimiento del procedimiento de ejecución forzosa seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Valverde del Camino. En respuesta a nuestra petición, el Ministerio Fiscal nos remite el informe:

“...Con fecha 16 de junio de 2017 se dictó resolución por la que se despacha ejecución forzosa frente al demandado por la cuantía de 1250€ en concepto de cantidades debidas y no abonadas de la pensión de alimentos, y de 375€ en concepto de intereses y costas.

Con la misma fecha se dictó Decreto del Letrado de la Administración de Justicia del mencionado Juzgado por el que se acuerda el embargo del sueldo de dicho demandado en la cuantía de 250€, así como la parte proporcional de su salario, en su caso, una vez descontada la cantidad mensual para la pensión de alimentos hasta cubrir las cantidades por la que se despachó la ejecución. Se requiere además, al ejecutado a través de su representación procesal para que en el plazo de 5 días pusiera a disposición de la ejecución el inmueble ... con entrega de llaves del mismo, bajo apercibimiento de lanzamiento sin lo verificara en dicho plazo.

(…) La última actuación que consta en los autos es el decreto de 8 de noviembre de 2017 del letrado de la Administración de Justicia que acuerda tanto la continuación de las medidas de embargo de los bienes del ejecutado para satisfacer las cantidades adeudadas en concepto de pensión de alimentos así como el señalamiento de nueva fecha para el lanzamiento de la vivienda ante el incumplimiento voluntario del ejecutado de entregar la misma, todo ello sin perjuicio de que el ejecutado pueda oponerse a la ejecución solicitada de contrario y siempre que alegue el pago o cumplimiento de lo ordenado en sentencia, laudo o acuerdo que habrá de justificar documentalmente...”

Dado que de lo anterior no sólo se desprenden las explicaciones sobre las causas del retraso, sino también que éste se encuentra completamente superado con las últimas resoluciones judiciales dictadas, damos por concluidas nuestras actuaciones.

La Administración informa que finalmente se procedió al pago de la Beca 6000 que le había sido concedida.

La persona interesada expone su preocupación porque, pasado el plazo estipulado para el cobro de las becas y a tenor de la información que ha recibido sobre la fecha en la que se procederá a abonar los importes correspondientes a la Beca 6000, prevé una larga espera, siendo la situación económica de la familia de enorme precariedad.

La interesada exponía que el 12 de septiembre de 2015 ocupó una vivienda de la Junta de Andalucía.

Tenía tres hijos menores a su cargo y habían estado en una casa de acogida para víctimas de violencia de género. El 21 de diciembre de 2015 era la fecha del juicio por usurpación. Afirmaba que sus hijos y ella corrían peligro.

Puestos los hechos en conocimiento del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, se nos informó que el Centro de Servicios Sociales correspondiente conocía la situación de la interesada desde el 22 de octubre de 2015 cuando mantuvo entrevista con el técnico de referencia y comunicó que ocupaba ilegalmente una vivienda con sus hijos, pero seguía empadronada fuera del término municipal de Sevilla. En ese momento se le orientó a que cambiase su empadronamiento a Sevilla capital para poder tener acceso a prestaciones y recursos que podrían apoyar la situación familiar que estaba planteando. Desde dicha fecha y hasta la recepción de la presente queja, la interesada no volvió por el Centro de Servicios Sociales.

Posteriormente se mantuvo entrevista y visita domiciliaria con la interesada donde manifestó que el juicio que tenía pendiente por usurpación no se había celebrado. Decidió ir a vivir con su abuela y empadronarse en su domicilio en octubre de 2015, fecha desde la que residía con sus hijos en la vivienda, cedida por los hijos del propietario ya fallecido, hasta que se resolviera el tema de la herencia. Dijo que se encontraba vigente la orden de protección emitida por el Juzgado de Violencia de Género y su ex pareja cumplía dicha medida, y que no peligraba su integridad física ni la de sus hijos, ni se sentía amenazada por ellos. No necesitaba ningún tipo de ayuda al cobrar la Renta Activa de Inserción y salario por trabajar en un bar, por lo que tenía dinero para afrontar los gastos de la vida diaria.

Ante esta información el técnico finalizó su intervención orientando a la interesada a acudir al Registro de Demandantes de Vivienda y al Centro de Servicios Sociales en caso de necesitarlo.

Por las intervenciones llevadas a cabo se constataba que se había procedido conforme al protocolo de actuación previsto en el procedimiento de atención a las personas con problemas de integridad física y habitacionales, por lo que, tras dar traslado de esta información a la interesada para que alegase los que estimase oportuno y no producirse éstas, consideramos que el asunto planteado se encontraba en vías de solución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que el lanzamiento de su vivienda, señalado el 25 de enero de 2017, fue suspendido por orden judicial a petición de su letrado, sin que hasta el momento hubieran tenido más noticias de un nuevo señalamiento.

Exponía que vivía con sus dos hijos, que si bien eran mayores de edad carecían de cualquier tipo de ingresos. Aclaraba que su ex marido no cumplía con la obligación de alimentos de su hijo menor, residenciándose este asunto en vía judicial.

En cuanto a sus ingresos, contaba que acababa de terminar de cobrar la ayuda PACAS, y que estaba esperando cobrar la ayuda familiar en cuantía de 420 euros, no disponiendo de ningún otro tipo de ingreso.

Por último, había solicitado de Emvisesa una vivienda protegida en régimen de alquiler.

Solicitamos informe a Emvisesa y se nos respondió que la interesada fue atendida por primera vez en la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) el 11 de julio de 2016, procediéndose a la apertura del correspondiente expediente. Demandaba la intervención de dicha Oficina para buscar soluciones a su problema habitacional, ya que debía abandonar la vivienda que ocupaba sin título (precario).

Tras la sentencia de divorcio, que le atribuía el uso y disfrute de la vivienda familiar en atención a la guarda y custodia de sus hijos menores, se inició un procedimiento de juicio verbal por precario por parte de los propietarios de la vivienda (su exmarido y otros familiares de éste) para recuperar la posesión del inmueble, una vez que sus hijos habían cumplido la mayoría de edad.

La sentencia recaída en este procedimiento, de fecha 30 de junio de 2015, amparó las pretensiones de los actores, considerando que el uso atribuido por la sentencia de Derecho de familia no podía convertirse en un derecho real en detrimento del de propiedad, una vez desaparecido el interés más necesitado de protección de los menores.

Dadas las circunstancias de precariedad económica y exclusión social de la familia monoparental y tras varios recursos y solicitudes de suspensión de las distintas resoluciones que fijaban el lanzamiento en distintas fechas, finalmente se fijó el día 19 de junio de 2017 para el desalojo de la vivienda.

La interesada y sus hijos habían sido realojados en una vivienda situada en un edificio rehabilitado propiedad de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía). Todo ello fue posible con la coordinación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.

Destacaban el optimismo y capacidad de adaptación de esta familia, que estaba apostando, al igual que las Instituciones, por la regeneración de esta zona deprimida de la ciudad, participando activamente en acciones comunitarias con los vecinos que creen que una regeneración de la Barriada es posible y habían acogido de buen grado el ofrecimiento de esta vivienda, ante su necesidad habitacional.

Con la resolución favorable del asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que tenía dos hijos de edades 4 y 2 años, y que como muchos jóvenes, su marido y ella se veían en circunstancias muy precarias, y sin vivienda alguna.

Afirmaba que su marido era enfermo mental y dependía totalmente de ella, a consecuencia de recibir las notificaciones del juzgado al tener que dejar el piso donde estaban viviendo durante más de tres años, intentando por todos los medios llegar a un acuerdo con el banco.

Se veían en la calle aún haciendo todo lo que las trabajadoras sociales les decían, pero les informaron que había un baremo, teniendo ella 130 puntos y las vivienda se adjudicaban con 140.

Les dijeron que buscaran un piso de alquiler, pero eran de etnia gitana y cuando iban a alquilar el piso no querían pues no se fiaban.

Estaban sin ayuda económica de ninguna clase, sin saber donde iban a dormir el día siguiente. En casa de su madre no podían porque también vivía su hermana y no cabían pues era de 2 habitaciones y no había buena relación.

Pusimos la situación en conocimiento de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, respondiéndonos que tenían expediente abierto en la OMDV (Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda) con fecha 23 de febrero de 2016, fecha en la que es derivada por una asociación demandando alquiler social de vivienda ocupada de forma irregular propiedad de una entidad bancaria.

Desde la OMDV se realizaron las gestiones pertinentes y oportunas, mediando con entidad bancaria, para un alquiler social para la unidad de convivencia debido a la situación de vulnerabilidad e indicadores de riesgo que presentaba la misma.

Tras ser rechazado por parte de la entidad bancaria la propuesta de alquiler social, y el requerimiento de propuesta por parte de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) de vivienda disponible en un polígono de dos dormitorios, y cumpliendo con los requisitos para al adjudicación (en situación de emergencia social y habitacional) desde el Área de servicios sociales la fue adjudicada dicha vivienda con fecha 20 de septiembre de 2017.

En coordinación con AVRA, les comunicaron que la interesada, tras presentar toda la documentación pertinente en forma y fecha, fue adjudicataria de la vivienda.

Con la resolución positiva del asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La Administración informa que tras llevarse a cabo por parte del Servicio de Inspección Educativa las tareas de comprobación de los hechos denunciados, se estimó conveniente la constitución de una Comisión de Conciliación, en la que se acordarán las medidas necesarias, dentro del marco legal, para corregir la infracción cometida por el centro concertado. También será esta Comisión la que tendrá que establecer cómo y cuándo se ha de devolver a las familias las cantidades indebidamente percibidas por parte del centro docente.

La persona interesada expone que en un centro docente concertado de la provincia de Huelva, situado en un barrio deprimido, todos los años cobran una cuota al matricular al alumnado tanto de infantil, primaria y secundaria, negándose a recoger la matrícula si no abonas la cuota, y sin conocer el motivo ni el destino de esta cuota.

Así mismo, imponen el uso de un uniforme, el que tan solo se puede adquirir en el propio centro.

Ya en su momento dimos por concluidas nuestras actuaciones en la presente queja al considerar que el asunto planteado se encontraba en vías de solución desde que en 2015 se reactivó el Programa de Rehabilitación Singular para aquellos expedientes que tenían convenio firmado. AVRA realizó a la comunidad de propietarios varios requerimientos para la actualización de documentación del expediente, a fin de poder culminar su tramitación con la firma de una nueva adenda que permitiría que fuese la Consejería de Fomento y Vivienda la que abonase la subvención para instalación de ascensor. Dicha adenda, cuyo borrador ya conocían los vecinos, deberían firmarla la Consejería, AVRA y la propia Comunidad de Propietarios, una vez que el expediente obtuviera la fiscalización favorable por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía, fiscalización que ya se estaba tramitando.

Afirmaba la Agencia que estaba en contacto con la comunidad de propietarios para tenerla puntualmente informada de los pasos que se iban dando y de los últimos documentos que habría de presentar y tramitar para que pudiera procederse a la firma de la adenda.

Transcurrido un tiempo, el interesado contactó de nuevo con esta Institución poniendo en nuestro conocimiento lo siguiente:

“[…]

El pasado 18/12/2017 nos citaron para firmar la adenda, pero al comprobar la lectura del convenio de colaboración se detectó un error en el porcentaje de la subvención correspondiéndonos un 95% y no un 75% como venía reflejado. A fecha de hoy seguimos esperando que modifiquen dicho convenio y nos vuelvan a llamar. Nos consta que está pendiente de firma en la Consejería de Vivienda en Sevilla pendiente de autorización para dicha adenda.

[…] Lo peor de todo es que hay vecinos que tienen patologías graves e incluso de movilidad ya serias que no pueden hacer una vida normal porque no pueden salir de casa, esperando que liberen el dinero que nos han prometido y que no sabemos cuándo será.

[…] Han transcurrido más de 12 años y seguimos sin tener un elemento tan necesario, para que las personas puedan hacer una vida más humana.”

En consecuencia, solicitamos de AVRA conocer cuándo se procedería a la firma del convenio de colaboración que daría luz verde al inicio de las obras.

En el informe remitido se nos hacía partícipe de que se habían iniciado los trámites oportunos al objeto de suscribir una nueva adenda en la que se reconociera el 95% de la subvención, sin que en esos momentos se pudiera precisar en que fecha se procedería a su firma.

Transcurrido un periodo de tiempo prudencial, solicitamos de nuevo a AVRA la remisión de un informe actualizando el estado de tramitación de la nueva adenda a firmar.

Se nos respondió que AVRA había solicitado a la Consejería que procediera a tramitar la fiscalización de la adenda, a la que se había incorporado la cuantía correcta de la ayuda (el 95% del presupuesto protegible, en lugar del 75% que se incluyó en el primer borrador de adenda, cuya fiscalización quedó sin efecto por tal motivo). En el momento que dicha propuesta de adenda estuviera fiscalizada, se podría firmar el documento, lo que permitiría concluir la tramitación necesaria para poder ejecutar la obra.

En vista de esta información, dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto planteado se encontraba en vías de solución.

El interesado exponía que con fecha 10 de mayo de 2016, formuló solicitud para la concesión de la subvención autonómica para la adquisición de una vivienda protegida, reiterada en virtud de reclamación el 16 de diciembre de 2016, sin haber obtenido respuesta.

En consecuencia, nos dirigimos a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla a los efectos de que se diera una respuesta expresa al interesado, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en su escrito.

En su respuesta se nos participó que el expediente de pago de las ayudas autonómicas, se inició por el adquirente de la vivienda protegida, mediante la correspondiente solicitud de fecha 10 de mayo de 2016, y no se había avanzado en su tramitación, al no ser viable su materialización en ese momento, por falta de disponibilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía. En relación con las ayudas autonómicas a adquirentes del Plan Concertado 2008-2012, y planes autonómicos de vivienda anteriores, se informó que no constaba la existencia de ayudas personales autonómicas, reconocidas en virtud de resolución administrativa, que estuvieran pendientes de abono.

En el actual Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 aprobado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto, se preveía en su Disposición Transitoria Quinta el régimen aplicable a las ayudas autonómicas establecidas a personas adquirentes de viviendas protegidas, que estuvieran pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente Plan. Estas ayudas podrían ser tramitadas de conformidad con su normativa de aplicación, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes, en tanto se publicas la orden a que hacía referencia el articulo 36.3, el cual establecía la concesión de las ayudas permitiendo priorizar el pago en relación con la disponibilidad, siguiendo un procedimiento de concurrencia competitiva, con previsión tanto de unos requisitos de ingresos familiares, así como la posibilidad de reducción de las ayudas inicialmente previstas. Hasta el momento no se había dictado la referida orden que desarrollara dicho precepto.

Puesto que el Plan contemplaba una dotación de 7,5 millones de euros en las anualidades de 2016, 2017 y 2018, se estaban remitiendo a las Delegaciones Territoriales los fondos correspondientes que estaban permitiendo continuar la tramitación y resolver las solicitudes pendientes, por orden de antigüedad, siendo previsible que durante el presente año pudiera llegarse a aquellas presentadas en el segundo semestre del año 2010. En el caso de que la disponibilidad no permitiera atender en este ejercicio la solicitud del interesado, la misma debería redirigirse al procedimiento de concurrencia competitiva regulado en el mencionado artículo 36 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

Por último informaban que el 16 de diciembre de 2016 el interesado presentó cumplimentada la hoja núm. 30 del Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en relación con la tramitación de estas ayudas autonómicas, que estaban reconocidas en el visado, para la adquisición protegida de su vivienda, interesando su pago efectivo. Con fecha 31 de enero de 2017 se dio respuesta a la citada hoja de reclamaciones, exponiendo similares argumentos que los contenidos en el presente informe, respuesta a la reclamación que fue retirada en mano por el interesado el día 7 de marzo, sustituyendo y adelantando su notificación ordinaria mediante carta certificada, una vez se hubo personado en las dependencias de la Delegación.

Dado que la queja se admitió a trámite a los únicos efectos de interesar una respuesta al escrito de reclamación, la cual se había producido, dimos por concluidas nuestras actuaciones.