El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio sobre el cumplimiento en Andalucía de la ley 2/2010 de derechos y garantías de la persona en el proceso de muerte, una norma conocida como ley de muerte digna. El objetivo de esta investigación es elaborar y presentar al Parlamento de Andalucía un Informe Especial, evaluando el grado de cumplimiento de los preceptos de esta Ley, analizando la situación de las personas que padecen una enfermedad terminal y comprobando si se reconocen y respetan los derechos que determinan el concepto de muerte digna.
Esta investigación analizará, desde una perspectiva jurídica, hasta qué punto se preserva en los procesos asistenciales los derechos a la información y al consentimiento informado, el rechazo del tratamiento y la retirada de una intervención, la realización de la declaración de voluntad vital anticipada, la recepción de cuidados paliativos integrales y elección del domicilio para recibirlos, el tratamiento del dolor, la administración de sedación paliativa o el acompañamiento y la salvaguarda de la intimidad y confidencialidad, entre otros aspectos.
Una vez transcurridos siete años desde la aprobación de esta norma, -la primera regulación autonómica específicamente dedicada a la salvaguarda de la dignidad humana en el proceso de muerte-, esta institución considera necesario este estudio, ya que si bien considera conveniente disponer de una normativa particular que aporta claridad a estas actuaciones, también los ciudadanos nos han puesto en entredicho su fiel cumplimiento. La ciudadanía nos ha planteado quejas sobre la atención de cuidados paliativos, el funcionamiento del registro de voluntades anticipadas, o el respeto a la intimidad de los pacientes y sus familiares en el trance de la muerte, si bien estos planteamientos constituyen indicios aislados que no nos permiten formarnos una opinión fundada respecto al grado de satisfacción de los derechos en este proceso.
Considerando que pudiera ser el momento oportuno para su evaluación, aunque sea con la perspectiva que incorpora el formato de nuestros Informes Especiales, iniciamos de esta manera las gestiones necesarias para planificar un estudio de estas características que mejore nuestra visión de resultados en lo que se refiere a la aplicación de la ley, al menos por lo que hace al ámbito de los dispositivos sanitarios que se integran en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. En el curso de esta investigación se solicitará información a las distintas administraciones competentes y se consultará con expertos y profesionales de diversos ámbitos que conocen en profundidad esta realidad y sus implicaciones. También se pedirá la colaboración de aquellas asociaciones que son fieles conocedoras de la situación de las personas que se encuentran en un estado avanzado de una enfermedad para la que no existen expectativas razonables de curación y presentan un pronóstico de vida limitado.
Asimismo, mostramos el máximo interés en conocer las experiencias de las personas que han vivido de cerca este tipo de situaciones y acceder a la valoración que realicen de la atención recibida desde los servicios sanitarios para cubrir las necesidades de todo tipo que se les hayan suscitado. Para ello, esta Institución ha diseñado una sencilla encuesta que puede cumplimentarse en la página web www.defensordelpuebloandaluz.es, pensada para que todo aquel que lo desee, y de manera totalmente anónima, pueda aportarnos su propia experiencia y ofrecernos su opinión y sus valoraciones rellenando un breve cuestionario. La información aportada por los participantes en la encuesta no sólo nos ayudará a elaborar el Informe Especial y a fundamentar las propuestas de mejora que se eleven al Parlamento de Andalucía, sino que servirá además para ponerle rostro humano a la descripción de una realidad que es inherente al propio ciclo de la vida.
