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Un vecino de Sevilla planteó queja contra el Ayuntamiento de esta ciudad por la, a su juicio, reiterada inacción de los responsables municipales ante sus denuncias por la grave incidencia acústica que sufría en su domicilio, procedente de los veladores colocados de un establecimiento hostelero colindante y del interior del mismo local.

Exponía que ya desde el inicio de la actividad del establecimiento había presentado de forma periódica escritos denunciado los hechos ante el Servicio de Ordenación de la Vía Pública, así como a la atención del Servicio de Protección Ambiental, por las insoportables y continuas molestias por ruidos, gritos y celebraciones tanto en el interior del citado bar, como en los veladores en vía pública, que se colocaban, junto con parasoles y otros complementos, frente a los dormitorios en planta baja de su vivienda. Aseguraba no haber recibido ninguna respuesta a todos estos escritos.

Relataba que había tenido conocimiento “que estos veladores NO ESTÁN AMPARADOS POR LICENCIA ALGUNA, siendo aún más sorprendente que frente a este hecho, los responsables municipales no hayan clausurado la actividad.”

Adjuntaba al escrito de queja copia de todos estos escritos, algunos de los cuales llevaban anexas fotografías lo suficientemente ilustrativas de la cercanía de los veladores a la vivienda del afectado, de la ocupación del acerado y de la obstrucción para cualquier paso peatonal e incluso de la invasión del carril bici.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que en un primer momento evacuó tres informes emitidos respectivamente por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y por el Servicio de Protección Ambiental.

La Gerencia de Urbanismo nos informó que en diciembre de 2023 se había producido un cambio de titularidad del establecimiento, constando expediente disciplinario contra el anterior titular por incumplimientos en la normativa de veladores, llegándose incluso a imponerse multa por los mismos. Ya con el nuevo titular, se nos informó que constaba acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia, por el que se ordenó la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores por carecer de licencia. Simultáneamente en dicho Acuerdo se inició procedimiento de restablecimiento de la legalidad, estando al día de la fecha en trámite dicho procedimiento.

Por otra parte, nos informaba también la Gerencia que para la Comisión Ejecutiva de septiembre del año 2024 se había incluido propuesta de imposición de una multa coercitiva al titular de la actividad, como consecuencia del resultado negativo de la última inspección llevada a efecto sobre la terraza de veladores.

Por su parte, el Servicio de Protección Ambiental emitió dos informes. En el primero de ellos daba cuenta de que se había realizado inspección sobre el establecimiento en febrero del año 2024, detectándose diversos incumplimientos de la actividad en cuanto al interior del local, iniciándose procedimiento sancionador con propuesta de sanción de 1.000.-euros y ordenándose la clausura de la actividad como medida provisional de carácter no sancionador. El expediente sancionador parece que se había finalizado con resolución que, según obraba en el informe, estaba pendiente de notificar.

En el segundo informe, fechado el 14 de octubre de 2024, constaba que no habiéndose cumplido las medidas acordadas, procedería ya la ejecución forzosa de lo ordenado.

Trasladamos estos tres informes al promotor de la queja para que formulara alegaciones, el cual nos informó de que la problemática continuaba, aunque reconocía que el bar llevaba unos días cerrado, pero anunciándose su inminente reapertura. También alegaba que había pedido varias veces el acceso al expediente administrativo de este establecimiento, sin obtener respuesta, aunque de manera informal se le había trasladado que la autorización solicitada incluía cocina.

En un segundo escrito de alegaciones el reclamante nos informó de la reapertura y la persistencia de la problemática especialmente de los veladores, por lo que solicitamos un nuevo informe al Ayuntamiento de Sevilla.

En respuesta a nuestra nueva petición de colaboración se nos remitieron dos nuevos informes del Servicio de Disciplina Medioambiental y del Servicio de Ordenación de la Vía Pública, fechados respectivamente los días 13 y 17 de marzo de 2025.

En el primero de los informes se indicaba que en fecha 4 de noviembre de 2024 se había ejecutado por la policía local de Sevilla la clausura de la actividad y que posteriormente el titular presentó documentación a efectos de acreditar que había solventado los incumplimientos detectados (retirada de los elementos de cocina, legalización de extintores e informe OCA favorable sobre instalación eléctrica de baja tensión), solicitándose el desprecinto, el cual le fue concedido, tras visita de inspección comprobatoria del 29 de noviembre de 2024, permitiéndose únicamente el desarrollo de la actividad legalizada de hostelería sin cocina y sin música, hasta que no se legalizase la ampliación a cocina que se estaba tramitando en el expediente ****/2024, a fecha de este informe no concluido y en el que la parte afectada había presentado alegaciones.

En este primer informe también se indicaba que la incidencia acústica derivada de la permanencia de público en el exterior y de una mala praxis del titular del negocio (arrastre de barriles, por ejemplo), no suponían incumplimientos normativos que puedan detectarse en el local o sus instalaciones, sino que son presuntas infracciones puntuales derivadas de un mal funcionamiento de la actividad que han de ser denunciadas en el momento de producirse por parte de la policía local, lo cual – y esto lo añadimos nosotros- resulta complejo debido a la necesidad de hacer coincidir ese comportamiento ruidoso con la presencia de la policía local, lo cual no es probable en la mayoría de las ocasiones.

En conclusión, finalizaba este primer informe y a fecha del mismo, la actividad se encontraba legalizada para su funcionamiento sin cocina hasta que se obtuviese la calificación ambiental y se presentase la correspondiente declaración responsable.

El segundo de los nuevos informes emitidos daba cuenta de que con fecha 17 de febrero de 2025 se había emitido resolución nº *** recaída en Expediente ****VEL, por la que se concedía licencia para la ocupación de la vía pública con terraza de veladores hasta el 31 de diciembre de 2025, si bien en visita de inspección del 7 de marzo de 2025 se había detectado un incumplimiento en cuanto al número y ubicación, proponiéndose nueva multa coercitiva por importe de 600 euros. Además, en esa visita de inspección se había detectado el cambio de denominación del establecimiento.

Con todos estos informes emitidos se podía decir que el Ayuntamiento, en la medida de las circunstancias y posibilidades, estaba interviniendo y atendiendo las quejas y denuncias, sin perjuicio de considerar que sería exigible y deseable una mayor agilidad eficacia en la toma de decisiones disciplinarias, pero sin perder de vista que, ciertamente, el régimen de autorización y funcionamiento de establecimientos hosteleros dificulta el control e inspección por parte de las autoridades locales y la toma de decisiones disciplinarias.

En todo caso, el Servicio de Ordenación de la Vía Pública anunciaba en su último informe que “continúan las labores de control y seguimiento del cumplimiento de las condiciones y términos de la licencia de veladores concedida”, por lo que de apreciarse nuevas irregularidades, serían denunciadas, las cuales, de producirse, pueden ser también denunciadas ante la policía local o mediante instancia ante el propio Ayuntamiento de Sevilla.

En consecuencia con lo expuesto y atendiendo a los cinco informes evacuados en el presente expediente de queja, dimos por terminada nuestra intervención en el mismo y procedimos a su archivo.

Recibimos la queja de un vecino de Sanlúcar de Barrameda por la ausencia de resolución expresa de una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en el Ayuntamiento de esta localidad en julio de 2023, con la que reclamaba resarcimiento de los daños sufridos en su motocicleta a consecuencia de una reparación defectuosa en la vía pública. Según le habían informado al reclamante en el propio Ayuntamiento, la reclamación se encontraba pendiente de que se evacuara un informe de la unidad municipal de infraestructuras.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que ha emitido dos informes en este expediente de queja;: en el primero, de Aqualia, informa de su oposición a la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por diversas razones: falta de legitimación activa al no acreditarse la titularidad de la motocicleta que sufrió los daños, falta de prueba sobre la fecha, el cómo y el lugar en el que se produjeron los hechos, carencia de sustento probatorio y fundamento en la propia reclamación y no concurrencia de los requisitos para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial, además de prescripción de la acción al no haberse acreditado la fecha concreta de producción de los daños.

En el segundo de los informes, del Gabinete de Alcaldía, se decía que la resolución expresa de la reclamación se iba a producir en fechas (entonces) próximas, previa emisión de informe de infraestructuras en el mismo sentido de lo informado previamente por Aqualia.

Como quiera que la queja venía motivada por la ausencia de emisión del informe que tenía paralizado el expediente, y se nos trasladaba que próximamente se resolvería expresamente la reclamación aunque parecía que sería en sentido desestimatorio, cabía entender en vías de solución el objeto de la queja, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en la misma.

Una vecina de La Carlota nos trasladaba la problemática que venía sufriendo, desde hacía años, por olores, ruidos y otras incidencias, derivadas de la cercanía a su casa de unos contenedores de residuos urbanos, que se agravaba especialmente en verano con las altas temperaturas.

Había trasladado la problemática al Ayuntamiento en diversas ocasiones sin haber obtenido una resolución satisfactoria, a excepción de un periodo de tiempo en agosto de 2023 en el que se retiraron los contenedores, que volvieron a ubicarse en el mismo sitio apenas en septiembre de ese mismo año, produciéndose otro cambio semanas después, para finalmente volver al mismo sitio donde se producía el problema para esta vecina. Y así en varias ocasiones también durante el año 2024.

Con motivo de esta problemática presentó en el Ayuntamiento, en septiembre de 2024, una instancia solicitando la retirada de los contenedores a la que adjuntaba un largo escrito en el que relataba la problemática, especialmente de graves ruidos durante la madrugada con la recogida del camión. Pero no había tenido respuesta a este escrito, ni tampoco se habían tomado medidas de solución del problema, o de reducción de las incidencias que denunciaba.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de La Carlota, que evacuó informe en el que se daba cuenta de que, para poner solución definitiva a la ubicación de los contenedores y evitar traslados de los propios vecinos para colocarlos en la fachada de la vivienda de la reclamante, se había decidido realizar una plataforma de hormigón “para que se queden en esa zona más alejados de la vivienda denunciante pero que quede cubierto todo el barrio en cuanto a la gestión de los residuos sólidos urbanos”.

Por lo que respecta al momento de ejecución de esa plataforma, se informaba que “se han retrasado por las inclemencias meteorológicas” no obstante se informa de que para que los contenedores se queden desplazados, el servicio de recogida de basura tiene orden de que si se los vuelve a encontrar cambiados sean devueltos de nuevo a la zona donde no molestan.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Recibimos la queja de un vecino de un municipio de Jaén, a través del cual nos trasladaba que en abril de 2024 había presentado en la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén una instancia junto con un escrito en el que denunciaba: “Que tras realizar el recorrido del tramo de la vía pecuaria “Cañada Real de Extremadura” a su paso por el coto de caza (...) en las inmediaciones de (...), en el término de Marmolejo, he observado dos posibles infracciones que provocan un corte transversal sobre esta vía pecuaria que imposibilita su libre tránsito y un daño irreparable patrimonial del camino empedrado.”

Al no tener respuesta alguna a dicha instancia, la reiteró con otra de noviembre de 2024, que tampoco había sido respondido.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Delegación Territorial, la cual, en respuesta, emitió informe a través del cual, por un lado, se ponía fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, y por otro se daban las oportunas explicaciones de la situación de la vía pecuaria en el tramo señalado por el denunciante como objeto de corte. Este informe también se lo habían adelantado al reclamante tras nuestra intervención, y su contenido era, en esencia, el siguiente:

1. Debido al volumen de expedientes que se tramitan en el Departamento de Vías Pecuarias, a la elevada carga de trabajo del personal técnico del mismo, a las propias características y volumen de trabajo que genera la solicitud de información realizada máxime cuando lo mismo producirse menoscabo al Dominio Público Pecuario como limitaciones al derecho a la propiedad privada, habida cuenta que la vía pecuaria tiene proyecto de Clasificación aprobado pero no ha sido objeto de deslinde.

2. En el mes de Diciembre del pasado año iniciamos la investigación del hecho solicitado, siendo para ello necesario la intervención de un técnico del Departamento de Vías Pecuarias y de los Agentes de Medio Ambiente.

3. Indicarle que cuando no existe deslinde la información que proporciona el portal de información ambiental de la Junta de Andalucía (REDIAM), no coincide fielmente con la realidad de la vía pecuaria. El recorrido de la vía es una información solo aproximada, debiendo ser en el transcurso de un procedimiento de deslinde cuando se determine de manera concluyente la traza y los límites de la vía en estos tramos.

4. Con todo lo dicho anteriormente, hemos de tener en cuenta que las vías pecuarias son bienes de dominio público, y por tanto inembargables, inalienables e imprescriptibles, y la superficie de afección podría ser determinada y reclamada como titularidad de la Junta de Andalucía en un procedimiento de deslinde.

5. En consecuencia, informamos que tras la situación del Dominio Público Pecuario que sea determinado en un futuro deslinde, podrá determinarse la existencia de intrusión al mismo por parte de la finca indicada.

6. De acuerdo con la documentación existente sobre las vías pecuarias del término municipal de Marmolejo la clasificación de las vías pecuarias fue aprobada por la Orden Ministerial de fecha 30/04/1956, publicada en el B.O.E de fecha 19/05/1956.

A la vista de todo lo expuesto, se reseña que en el momento en que tengamos la información clara y objetiva de la situación denunciada serán puesta en conocimiento del solicitante.

Como se ha dicho, con este informe se ponía fin a la situación de silencio administrativo que era uno de los motivos de queja y se clarificaba la situación de la vía pecuaria objeto de la misma, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

Recibimos la queja de una sociedad mercantil planteando que tras casi siete años y tras muchos trámites administrativos de subsanación, complemento o informes internos, no había obtenido una resolución expresa de una solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) presentada en enero de 2018, para aprovechamiento y restauración de terrenos afectados por explotaciones mineras anteriores. En este sentido, se nos decía que desde la solicitud de 2018 se habían “sucedido requerimientos, subsanaciones, solicitudes de información, reuniones... sin que, a fecha de la presente, casi siete años después, se haya dictado resolución, estimando o desestimando, la referida solicitud”.

En el escrito de queja también se hacía una relación de trámites que seguidos en el seno del expediente administrativo desde la solicitud para concluir que eran siete años «“dando tumbos” en el expediente sin obtener ningún tipo de respuesta en firme, con los quebraderos de cabeza y los perjuicios económicos que esta situación ha venido acarreando a la sociedad».

Y se añadía que: «no entendemos por qué finalizado el periodo de información pública SIN ALEGACIONES se han venido sucediendo solicitudes de informes internos, pues de conformidad con el art. 20 del Decreto 356/2010 de Consejería de Medio Ambiente, de 3 de agosto, dichas solicitudes debieron hacerse de forma “simultánea”».

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, que emitió informe según el cual la tramitación del expediente administrativo objeto de queja se había llevado a cabo según lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y que obraba informe recibido el 24 de junio de 2024, del Departamento de Actuaciones en el Medio Natural, en el que se concluía, en esencia, que:

“[…] atendiendo a la normativa forestal la actividad y sus instalaciones resultan inviables en la zona en la que se pretenden instalar. El desarrollo del proyecto supone la pérdida de suelo forestal de gran valor no compatible con el desarrollo de la actividad minera, e implicaría un cambio de uso del suelo a industrial (minero) solo autorizable en actuaciones donde el interés general prevalezca sobre el uso forestal que actualmente presenta el suelo”.

Este informe del Departamento de Actuaciones en el Medio Natural, seguía el informe de la Delegación Territorial, “implica una evaluación ambiental desfavorable, por lo que la Autorización Ambiental Unificada no puede ser otorgada, a no ser que la actuación en cuestión cuente con la declaración de interés general, tal y como se indica en el citado informe”. También se nos daba cuenta que estas circunstancias se habían puesto ya en conocimiento de la promotora a través de diversas reuniones y conversaciones.

Continuaba el informe de la Delegación Territorial dando cuenta de que, más adelante, en agosto de 2024, se recibió escrito en el expediente de AAU del Servicio de Industria y Minas de la Delegación Territorial en Córdoba de Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, indicando que se había formulado consulta a la Secretaría General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, a los efectos de determinar si el proyecto objeto de AAU podría declararse como de interés general, y “Es por este motivo por el que se le comunica a esa D.T. que nos encontramos a la espera de la consulta realizada, a los efectos de poder continuar con el trámite administrativo de A.A.U.”.

En este sentido, en la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente “con la finalidad de poder alcanzar una vía para poder resolver positivamente el expediente, se ha estado a la espera de si finalmente se declaraba el interés general de la actuación”. Sin embargo, “transcurrido este tiempo, y celebrada reunión en fecha de febrero de 2025 entre las partes implicadas, en la que se decide que la entidad promotora inicie los trámites para la declaración de dicho interés general con independencia de la tramitación del presente expediente, este Servicio [de Protección Ambiental] procederá a resolver el mismo”.

Finalmente, se nos informaba que “el próximo paso a seguir será la inminente emisión de un Dictamen Ambiental cuya evaluación ambiental será desfavorable. De dicho Dictamen Ambiental se dará traslado a la entidad promotora para que presente las alegaciones que estime oportunas. Tras ello, se emitirá Resolución que ponga fin al procedimiento”.

A tenor de este informe, podía decirse que el retraso en dictarse por parte de la Delegación Territorial la resolución expresa en el expediente de AAU se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este asunto y procedimos a su archivo. No obstante del informe se desprendía que dicha resolución no sería en el sentido esperado por la sociedad solicitante de la AAU, sino que ante la ausencia de declaración de interés general, no resultaba viable el cambio de uso de suelo industrial-minero por ser incompatible con la zona forestal en que se ubicaba.

Un vecino de Marbella nos presentó queja contra el Ayuntamiento de esta localidad por la falta de respuesta a un escrito presentado por problemas con el saneamiento de aguas en la urbanización en la que residía.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido Ayuntamiento diese expresa respuesta al escrito del reclamante, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada.

Recibimos del Ayuntamiento Marbella un informe que daba respuesta a la cuestión de fondo planteada por el reclamante en el escrito que permanecía sin serle contestado, y con el que, en esencia, se concluía que la acometida se encontraba correctamente y no existía ninguna deficiencia por problemas de cotas o por contrapendientes desde la arqueta de registro hasta la acometida al colector municipal. Esta conclusión venía precedida, según se hacía constar en el informe, de la realización de “numerosas pruebas para confirmar que no existe problema alguno en las redes municipales” y con una inspección en presencia de la promotora de la queja.

A la vista de que con este informe se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

Tramitamos la queja de una comunidad de propietarios por la falta de resolución expresa en el plazo legalmente establecido, de una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en el Ayuntamiento de Estepona con la que reclamaban los daños sufridos tras unas obras de un aparcamiento subterráneo en una plaza cercana al edificio.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo resolviera expresamente la reclamación de responsabilidad patrimonial, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que dictara resolución expresa de la reclamación formulada por la comunidad de propietarios.

Recibimos del Ayuntamiento informe con el que nos daban cuenta de que se había impulsado la tramitación pendiente de la reclamación patrimonial, con la emisión de un informe técnico que estaba retrasando la posibilidad de dictar propuesta de resolución, la cual se iba a emitir en breve plazo de tiempo y, finalmente, la resolución expresa de la reclamación, con la que se iba a poner fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este asunto en la espera de que en fechas próximas se iba a dictar dicha resolución expresa.

Recibimos una queja contra la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, por el mal estado de conservación de la carretera A-353, sobre todo en el tramo que discurre entre Pedrera y Gilena.

Según la versión de la promotora, no ha obtenido ningún tipo de respuesta a una reclamación de febrero de 2023n, continuando la carretera con los mismos problemas de conservación y mantenimiento.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Consejería, que emitió informe en el que se expresaba en primer lugar que la Junta de Andalucía es titular de una red de carreteras muy extensa en la provincia de Sevilla, con una longitud total aproximada de 2.000 km, de tal forma que “las necesidades de actuación superan a las disponibilidades presupuestarias, lo que obliga a hacer una labor compleja de priorización”. En este sentido, también informaban que la Consejería tiene firmados siete contratos de servicios de distintas operaciones de conservación en la provincia de Sevilla, que cubren las necesidades operacionales de vialidad, seguridad vial y conservación ordinaria.

En cuanto al estado de conservación de la carretera objeto de queja, se informaba que existían marcas viales tanto en el eje como en los bordes, ya que había sido repintada en junio de 2024, previo acondicionamiento de los arcenes. En cuanto al estado del firme, se reconocía que era muy deficiente habiéndose reflejado el mismo en los distintos informes de estado anuales que se realizaban de todo el sector. En el mes de mayo de 2023 se instalaron carteles temporales de obra que alertaban de la presencia de un firme en mal estado en los puntos kilométricos 0+000 MD y 1+340 MI y limitando la velocidad en todo el tramo a 50 Km/h.

También se informaba que periódicamente se realizaban trabajos puntuales de bacheo con aglomerado en frío para evitar la formación de baches que pudieran suponer un riesgo para los usuarios que transitan por la vía. Se informaba también del estado de los drenajes y señalización y balizamiento, así como de tratamiento de márgenes con herbicidas y desbroce y recogida de basuras.

Pese a todo ello, lo verdaderamente trascendente del informe era que, la Consejería “está trabajando para poder desarrollar un “Plan Extraordinario de Reparaciones de Firmes” en el año 2025”, en el cual se había incluido “una actuación de reparación del firme sobre la carretera A-353 (varios tramos) por un importe estimado de 146.000 €”.

Adicionalmente se nos informaba que “A través de los contratos de mantenimiento de firmes que tiene formalizados la CFATV en la provincia de Sevilla, también se contempla una actuación en la A-353 del P.K. 11 – 640 al P.K. 12 – 235, para acometerla en el segundo semestre de este año en curso”.

A la vista de estas dos últimas informaciones – Plan Extraordinario de Reparaciones de Firmes y la actuación en el firme de la vía- se podía considerar en vías de solución la problemática objeto de queja, teniendo en cuenta que debía procederse previamente a la preceptiva tramitación y consignación presupuestaria; y en todo caso sin perder de vista lo que al inicio del informe se explicaba en cuanto a que la Junta de Andalucía es titular de una red de carreteras muy extensa en la provincia de Sevilla con una longitud total aproximada de 2.000 km y que ello implica que “las necesidades de actuación superan a las disponibilidades presupuestarias, lo que obliga a hacer una labor compleja de priorización”.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución y procedimos al cierre del expediente de queja.

Un particular se quejaba de la ausencia de resolución expresa de la Consejería de Industria, Energía y Minas, de un recurso de alzada presentado por él, con fecha de 4 de noviembre de 2024, contra la resolución de 23 de septiembre, de la Delegación Territorial en Granada de esa Consejería, en virtud de la cual se concedía autorización administrativa previa y de construcción, de la instalación de producción de energía eléctrica denominada “ISF CAPARACENA I DE 49,99 MWP/48,28 MWN E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN EN TT.MM. ALBOLOTE, COLOMERA, Y MOCLÍN (GRANADA)”.

Admitimos a trámite la queja a fin de que la citada Consejería resolviese expresamente el recurso de alzada presentado.

En su respuesta, la Consejería nos informó de que se había resuelto expresamente el recurso de alzada en cuestión, remitiéndonos copia del acto administrativo dictado y con el que se acordaba inadmitir el recurso de alzada.

De esta forma se ponía fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja y desestimación presunta, por lo que dimos por terminada nuestra intervención.

Recibimos la queja de una sociedad mercantil, propietaria de un aparcamiento subterráneo en la localidad de Marbella, planteando que no se había resuelto expresamente por el Ayuntamiento de Marbella una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 22 de diciembre de 2022, por los daños producidos por filtraciones de agua atribuidas al sistema de saneamiento municipal.

Tras la presentación de la reclamación, sólo se había notificado la incoación y apertura de periodo de prueba, lo que tuvo lugar en enero de 2023, sin que desde entonces se hubiera impulsado la tramitación administrativa.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Ayuntamiento resolviese expresamente la reclamación de responsabilidad patrimonial de la promotora.

En respuesta, el Ayuntamiento de Marbella nos informó que se había dictado resolución expresa de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial, desestimándola, y que se le había notificado a la parte interesada, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este asunto al haberse puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja.