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El Ayuntamiento de Sevilla procede a anular un expediente sancionador de tráfico al denunciar el sancionado, ante el Defensor del Pueblo Andaluz, diversas irregularidades en la tramitación del expediente administrativo.

En su escrito de queja, el interesado mostrada su disconformidad con la actuación administrativa del Ayuntamiento de Sevilla por una sanción de tráfico. En concreto había recibido una resolución en la que se desestimaban las alegaciones que había, supuestamente, presentado contra la sanción de tráfico, pero “el recurrente manifiesta que nunca ha presentado escrito de alegaciones, toda vez que nunca ha recibido comunicación de incoación de procedimiento sancionador a su nombre”.

Tuvo conocimiento de la sanción mediante el requerimiento de identificación remitido a la empresa de la que era administrador, procediendo a identificar al conductor del vehículo con el oportuno escrito de identificación. Tras ello, en lugar de dirigirse el Ayuntamiento de Sevilla a la persona identificada como conductora, él, como administrador, recibió la respuesta a unas alegaciones que nunca había presentado. Ante ello, adujo al Ayuntamiento la improcedencia de continuar con el expediente sancionador al omitir una fase procedimental e inventarse unas supuestas alegaciones que nunca se habían presentado por parte del recurrente.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste, a través de la Agencia Tributaria de Sevilla, nos informó que se había procedido a proponer la baja del expediente sancionador que afectaba al reclamante y al archivo de las actuaciones al haber quedado acreditado el error producido en su tramitación.

De acuerdo con ello, al haber quedado solucionado el problema que motivó la presentación de la queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, EMASESA procede a tapar un agujero en el acerado de la calle Virgen María, en Camas.

El interesado indicaba en su escrito de queja que, en el mes de Agosto de 2015, se realizó una obra en el acerado de la calle Virgen María, en la localidad sevillana de Camas, por parte de EMASESA. Tras ella quedó un agujero en el acerado que, a pesar de que lo había denunciado en varias ocasiones tanto al Ayuntamiento como a EMASESA, aún continuaba sin taparse.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos remitió informe de EMASESA en el que, tras dar cuenta de los antecedentes del asunto, señalaba que, ante la escasa entidad del desperfecto y en aras a a mantener una buena relación con sus clientes, iba a realizar una mejora en la llave de paso de la acometida que además solventaría el problema del agujero.

Así las cosas, entendiendo que el problema que motivó la presentación de la queja se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Granada procede a limpiar un solar en el que podrían existir residuos peligrosos.

El interesado de esta queja denunciaba que en la C/ Padre Marcelino Alvarez, de Granada, existía un solar -en el que antiguamente existía un desguace que fue desmantelado hacía meses-, al lado de colegios y viviendas, al que accedían personas para recoger residuos lo que, a su juicio, era peligroso por la inhalación de los componentes que podrían quedar en la tierra aún. Venía denunciando esta situación al Ayuntamiento, pero sólo se había cerrado el acceso para vehículos y no para las personas.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Granada, finalmente conocimos que se había procedido a limpiar los restos de fibrocemento en el solar por un gestor autorizado para su retirada y gestión.

Así las cosas, habiendo quedado solucionado el problema que motivó la presentación de la queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Rota prevé ejecutar en 2016 el arreglo del acerado de la calle Príncipes de España.

En su escrito de queja, el interesado nos indicaba que eran propietarios de una vivienda en la avenida Príncipes de España, de Rota (Cádiz). Esta calle, en su mayor parte, carecía de acerado y, en el existente, hay un importante desnivel que dificulta el acceso a personas con movilidad reducida, produciendo además accidentes a personas de avanzada edad o menores; también había tubos de cableado eléctrico al alcance de cualquiera. Asimismo, el paso de cebra que allí se encuentra apenas se ve. Había denunciado estas deficiencias al Ayuntamiento sin recibir respuesta.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Rota, éste nos dio cuenta de diversos antecedentes relativos al desarrollo urbanístico de la zona, informándonos que se había elaborado un proyecto que consistirá en la construcción del acerado y los vados de peatones y carruajes, así como del soterramiento de las instalaciones existentes en aéreo, añadiendo que este proyecto se iba a ejecutar con cargo a las subvenciones del Plan PROFEA 2016.

Entendimos, a la vista de esta información, que el problema se encontraba en vías de solución durante este año 2016, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, aunque instamos al Ayuntamiento a que las obras se ejecutaran en el menor plazo posible.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Almuñécar procede a desmontar una grúa instalada en una obra paralizada desde 2006.

El interesado nos indicaba en su escrito de queja que en Septiembre de 2015 denunció al Ayuntamiento de Almuñécar, Granada, la situación en la que se encontraba una grúa instalada, desde 2006, en una obra paralizada en la calle Suspiro del Moro de esa localidad, ante su temor a su posible caída, dado que esta instalación no estaba siendo revisada para verificar su estabilidad. De este escrito no había recibido respuesta municipal.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento, éste, tras exponer los antecedentes que habían motivado la paralización de la obra que se venía ejecutando y la consiguiente permanencia de la grúa en la zona, nos informó de las gestiones realizadas para su retirada que, hasta aquel momento, habían resultado infructuosas, aunque la empresa promotora de las obras había llegado a un acuerdo con las comunidades de vecinos colindantes para el desmontaje de la grúa, que se llevaría a cabo por una empresa homologada a tal efecto.

El Ayuntamiento se comprometía a mantenernos informados de las fechas en que comenzarían las obras del desmontaje de la grúa pero fue el propio interesado el que, poco después, nos comunicó que en Junio de 2106 se había procedido a retirar la grúa. Por tanto, entendimos que el problema estaba solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado procede a arreglar un socavón existente en el cruce de dos caminos de titularidad municipal.

El interesado nos exponía en su escrito de queja que en Noviembre de 2015 observó la aparición de un socavón existente en el cruce que forman el camino de Matacaña y el camino de Bonares, dentro del término municipal de Bollullos Par del Condado (Huelva). En este terreno se realizaron diversas obras para colocar la tubería para abastecimiento de agua al Condado de Huelva y su entorno por parte de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva. El socavón se hacía cada día más grande “con gran riesgo y peligro para cualquier persona, animal o vehículo que pase por el lugar”, por lo que él señalizó, con palos y un saco rojo, ese peligro, denunciando, en Diciembre de 2015, los hechos en el Ayuntamiento, pero la situación continuaba igual, sin recibir respuesta por parte del organismo municipal.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos dio cuenta de las gestiones desarrolladas en torno a la reclamación del interesado y anunció la reparación del socavón que suscitaba su preocupación.

De acuerdo con ello, estimando que el problema planteado se encontraba solucionado o lo iba a ser en breve plazo, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Tras nuestra intervención mediadora se accede a contratar alquiler social a familia con deuda hipotecaria ejecutada en la misma vivienda que entregaron.

De conformidad a los procedimientos de colaboración acordados entre esta Institución y la entidad financiera La Caixa, nos permitimos trasladarle el caso planteado ante esta Institución por la interesada, cuya vivienda le había sido asignada a dicha entidad en subasta pública por impago de la hipoteca y por deudas de un pequeño negocio que, con la crisis, se vio obligada a liquidar.

La interesada, con 56 años se encontraba pendiente de cobrar el paro y sin ningún otro tipo de ingreso. Por ello, nos solicitaba a tenor de lo recogido en el Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, solicitar la vivienda actual, aunque estaría dispuesta si se le ofreciera otra, en régimen de alquiler social al formar parte, en esos momentos, del colectivo de personas especialmente vulnerable.

Para ello, se debería paralizar el lanzamiento y proceder a algún tipo de negociación con la demandante. Por este motivo, la interesada solicitaba nuestra mediación para trasladar su propuesta a dicha entidad.

Teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas de la interesada, considerado oportuno dirigirnos a La Caixa a fin de ponerle de manifiesto las citadas circunstancias solicitándole que se tomasen en consideración antes de adoptar alguna decisión en relación con la deuda que la misma mantenía con la entidad, o, en su caso, que estudiasen posibles formulas que permitieran a la interesada afrontar en mejores condiciones sus obligaciones en relación al préstamo hipotecario que tenía concertado, así como, evitar el desalojo del inmueble que constituía el domicilio familiar.

Tras nuestra intervención mediadora, se ofreció alquiler social de la vivienda, que se haría efectivo cuando la entidad financiera tomara la posesión del inmueble jurídicamente.

Dimos por concluidas nuestras actuaciones al haberse solucionado la pretensión de la interesada.

El Ayuntamiento de Sevilla concede alquiler social a una familia con dos menores que percibía el salario social y ocupaba un inmueble de entidad de crédito.

La interesada exponía que venía ocupando la vivienda que aparecía consignada como su domicilio y que, al parecer, era de titularidad de la entidad financiera Credifimo, que posteriormente adjudicó la titularidad del préstamo hipotecario que recaía sobre el inmueble a Caixabank, a quienes se dirigó solicitándoles permanecer en el mismo en régimen de alquiler social, circunstancia que no había sido posible puesto que la propiedad de la vivienda no estaba del todo clara.

El 17 de febrero de 2016 se produjo un intento de desalojo de la citada familia por parte de las fuerzas de orden público, si bien se logró el aplazamiento del mismo por un período de 10 días, para lograr una posible solución habitacional por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla.

Añadía la compareciente que estaba inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda, que tenía dos hijos menores de 4 años y 8 meses, respectivamente, y que los únicos ingresos que percibía la unidad familiar era el salario social, por importe de 313 euros mensuales, durante seis meses.

Nos dirigimos al Ayuntamiento solicitando informe, en especial, sobre la atención social que se venía prestando a esta familia y sobre las ayudas y recursos públicos que en materia de vivienda pudiera ofrecérsele en caso de desalojo de la vivienda que ocupaba.

También nos dirigimos a La Caixa indicándole que, dado que estábamos gestionando con el Ayuntamiento un posible alquiler social, le solicitábamos que valorasen la posibilidad de alquilarles esta vivienda entretanto o, bien, se suspendiera al menos el lanzamiento hasta que se pudiera encontrar una solución habitacional para la familia.

Finalmente se logró la concesión de una vivienda en régimen de alquiler social, por parte del Ayuntamiento.

En vista de ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones.