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ANTECEDENTES

I. Con fecha 24 de Junio de 2015 y de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó la incoación del presente expediente de oficio, en base a lo siguiente:

“En la visita realizada al Centro Penitenciario de Córdoba tuvimos conocimiento de diversas cuestiones que afectan a los procesos de reinserción y re-educación de la población penitenciaria de este centro. En particular, nos hemos interesado especialmente por el proceso educativo que se lleva a cabo en este recinto a cargo de profesionales y educadores.

Al hilo de las conversaciones que mantuvimos se nos explicó la dificultad que tenía su alumnado a la hora de poder garantizar la continuidad de sus estudios reglados una vez concluida la Educación Primaria en las propias dependencias, o igualmente los problemas de continuidad que padecen otros internos que llegan trasladados desde otros centros con ese nivel educativo, y no pueden continuar progresando en sus estudios de Secundaria. Ambos aspectos reglados en la Orden de 25 de Mayo de 2012 de la Consejería de Educación (BOJA de 15 de Junio).

En concreto, nos explicaban desde el centro penitenciario que fue dirigido a la administración educativa un escrito con fecha 24 de Junio de 2013 sin haber logrado la superación del problema que analizamos. Asimismo se nos indicaba que en los Centros de Sevilla I y II, y Málaga se disponían de los medios personales y materiales necesarios y se desarrollaban las enseñanzas en este nivel de ESO sin mayores dificultades.

Desde luego, entre las argumentaciones que abordábamos a la hora de iniciar esta queja de oficio, se encontraban los valores y principios que inspira nuestra sistema educativo, absolutamente imbricados en los fines últimos del tratamiento penitenciario que se acomete con estas personas que, desde circunstancias especialmente difíciles, pretenden continuar con su proceso formativo y de reinserción”.

II. Tras solicitar la evacuación de informe a esa Delegación Territorial, con fecha 30 de Julio de 2015 se recibe oficio informando, en resumen, lo siguiente:

• Que ya había sido comunicado a la Defensora del Pueblo Español en varias ocasiones por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que los recursos de personal docente existente en las instalaciones dependientes de la Administración Penitenciaria permiten atender la demanda actual de los planes educativos prioritarios.

• Que desde la Consejería se ha realizado un esfuerzo considerable para la instalación de banda ancha en los Centros Penitenciarios, para así poder atender la demanda de los internos, en su caso, desde el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía (IEDA), pero quedan problemas técnicos pendientes de solución con el CP de Córdoba, dado que su adecuación requiere una inversión mucho mayor que en el resto de establecimientos, por lo que se está explorando vías extraordinarias de financiación.

• Que los maestros/as con destino en el CP de Córdoba, atienden toda la demanda prioritaria (Planes Educativos encaminados a obtener la titulación mínima necesaria para acceder al mundo laboral). No obstante, no pueden impartir clases de Bachillerato (que es título postobligatorio y no prioritario) al carecer de licenciatura, requisito imprescindible para ello.

A tenor del contenido del informe recibido, se dio traslado del mismo a la dirección del centro penitenciario, que se limitó a ratificar la imposibilidad que tienen los internos del Centro Penitenciario de Córdoba de cursar estudios de bachillerato, de forma que, al no poder cursar dichos estudios en el exterior, deben informar a los internos que si desean cursar este nivel de estudios deben pedir traslado a otros Centros Penitenciarios donde sí dispongan de esta atención educativa.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La buena administración y demás principios que rigen la relación entre la Administración y el Administrado.

Viene a establecer la Constitución Española en su artículo 103 que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

En desarrollo de dichas previsiones constitucionales, la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, viene a reseñar que «el articulo 103 establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares».

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, debe tenerse presente que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

Segunda.- El derecho a la educación y de la reinserción y reeducación de la población penitenciaria.

La Constitución recoge como uno de los derechos fundamentales y libertades públicas que «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social», así como que «El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad» (art. 25 CE.).

Seguidamente, contempla el derecho de todos a la educación, que «tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (art. 27 CE.).

A este respecto, el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía viene a garantizar este derecho en su artículo 21:

«1. Se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio.

…/...

6. Todos tienen derecho a acceder a la formación profesional y a la educación permanente en los términos que establezca la ley».

La administración educativa andaluza desarrolla este mandato constitucional mediante la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, estableciendo su objeto en la regulación del sistema educativo andaluz con exclusión del universitario (art.1), y atribuyendo al Sistema Educativo Público de Andalucía todas las actuaciones que son responsabilidad de los poderes públicos para garantizar la efectividad del derecho a la educación (art. 3).

En cuanto a sus objetivos, son entre otros garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter compensatorio, y promover que la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria posobligatoria o equivalente, aumentando el número de jóvenes y personas adultas con titulación en estas enseñanzas (art. 5 a y f).

Así, tras establecer el art. 105 de la Ley los principios generales de la educación permanente de las personas adultas, la Orden de 25 de mayo de 2012 viene a determinar en su artículo 3 que «de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 17/2007 , de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, excepcionalmente podrán acceder a estas enseñanzas las personas mayores de dieciséis años internas en centros penitenciarios o de menores sujetas a medidas de privación de libertad por sentencia judicial». Siendo las Delegaciones Provinciales competentes en materia de educación las que adoptaran las medidas oportunas para asegurar la escolarización del alumnado que se vea afectado por cambio de centro derivado de sujeción a medidas judiciales (art. 30.5), y los centros de educación permanente con actuaciones en establecimientos penitenciarios los que adecuarán el contenido de la referida Orden a las características específicas de la población interna y al régimen de funcionamiento de dichos establecimientos (Disposición Adicional 3ª).

En lo que a la administración penitenciara respecta, la Ley General Penitenciaria (LO. 1/1979, de 26 de septiembre) viene a garantizar este derecho (arts. 55-58) no solo en los planes educativos obligatorios -«En cada establecimiento existirá una escuela en la que se desarrollará la instrucción de los internos»-, sino para el resto de titulaciones postobligatorias -«Las enseñanzas que se impartan en los establecimientos se ajustarán en lo posible a la legislación vigente … La administración penitenciaria fomentará el interés de los internos por el estudio … La Administración organizará las actividades educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes ... Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será necesario que la Administración penitenciaria suscriba los oportunos convenios con universidades públicas»-.

De la misma forma, el Reglamento Penitenciario (RD. 190/1996, de 9 de febrero) determina como unos de sus principios que el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma (art. 3). Y más concretamente en cuanto al internamiento en departamento para jóvenes, se caracterizará por una acción educativa intensa, dirigiendo sus actuaciones a la formación integral de los internos, potenciando y desarrollando sus capacidades por medio de técnicas compensatorias que les ayuden a mejorar sus conocimientos y capacidades, de modo que se incrementen sus oportunidades de reinserción en la sociedad (art. 173).

Tercera.- Conclusiones.

Establecida la premisa del derecho a la educación que, en general, todos tenemos, y de la población reclusa en particular como una de las medidas encaminadas a su reeducación y reinserción social, las administraciones con competencias en la materia deben velar y garantizar de que tales derechos no se vean vulnerados o que no se produzca cualquier tipo de discriminación que impidan el desarrollo de los mismos.

Conviene hacer una primera distinción entre la enseñanza obligatoria y la postobligatoria, y quiénes son sujetos de derechos y obligaciones en cada una de ellas, debido a que esta categorización presenta importantes efectos en el ámbito penitenciario. Así, en la primera el alumno -y sus representantes legales- tiene un derecho y una obligación a cursar dichos estudios, del mismo modo que la administración asume la tarea de disponer los recursos necesarios dotando de medios materiales y personales incardinados en el sistema educativo, creado para dar cumplimiento de tal obligación. Por el contrario, en la enseñanza no obligatoria o postobligatoria, es el alumno quien puede manifestar su intención de continuar los estudios prolongando el alcance de ese derecho a la educación y recabando de la administración educativa el mantenimiento de las garantías para hacer efectiva la continuidad de los estudios elegidos.

Trasladada dicha cuestión a la población reclusa, podemos decir que dichos derechos de los internos, y las correlativas obligaciones por parte de la administración, se ven prolongados con el fin de poder garantizar no ya sólo este derecho fundamental a la educación, sino el derecho -también fundamental- a la reeducación y reinserción social de estos ciudadanos, que constituye la finalidad última de nuestro sistema penitenciario orientado a la plena resinserción del penado, en cuyo proceso y tratamiento la educación constituye un factor esencial.

Ciertamente, lo que en un escenario común puede parecer una mera opción de desarrollo formativo, en el ámbito penitenciario esta facultad de continuidad en el proceso educativo implica algo más; hablamos de una especial vía de desarrollo personal, más allá de la mera persistencia del alumnado en procesos formativos. Esta opción se transforma en una herramienta de superación y de esfuerzo digna de una cuidadosa valoración y tutela por parte de los poderes públicos que asumen, en sus respectivas competencias, las acciones que garanticen los objetivos últimos de nuestro sistema penitenciario.

Quiere ello decir que la puesta efectiva a la disposición a favor de este colectivo de alumnado en las prisiones de las condiciones que permitan su continuidad adquiere para esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz una irrenunciable prioridad.

Por tanto, entendemos que a este respecto y en cuanto a los hechos tratados en el presente expediente, que la administración penitenciaria procura impulsar las acciones educativas respecto de sus internos recabando, en esta ocasión para los estudio de Secundaria, toda la colaboración de la Administración Educativa.

Por su parte, en el informe de la Delegación Territorial de Educación se hace mención a tres cuestiones:

• El personal docente es suficiente para los planes educativos prioritarios.

• Existen problemas técnicos para la instalación de banda ancha en el centro penitenciario de Córdoba, que requieren una mayor financiación.

• Los maestros/as con destino en el CP de Córdoba, atienden toda la demanda prioritaria (Planes Educativos encaminados a obtener la titulación mínima necesaria para acceder al mundo laboral). No obstante, no pueden impartir clases de Bachillerato (que es título postobligatorio y no prioritario) al carecer de licenciatura.

Parece, pues, que el núcleo de la cuestión es solventar la referida imposibilidad de disponer de la instalación en los centros penitenciarios de banda ancha para así poder atender la demanda de los internos, en su caso, desde el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía (IEDA) a través de modelos no presenciales y telemáticos de impartición de la enseñanza. Tal es el modelo que se se nos ha manifestado que se aplica en los centros de Sevilla I, Sevilla II y Málaga, pero no en el centro penitenciario de Córdoba, que continua con problemas técnicos pendientes de solución, dado que su adecuación requiere una inversión mucho mayor que en el resto de establecimientos.

Se nos ha indicado que “se estaba explorando vías extraordinarias de financiación” así como un compromiso por procurar alcanzar una solución desde la Delegación Territorial. A este respecto, conviene recordar que si bien el informe de la Delegación Territorial esta fechado en Julio de 2015, es el propio centro penitenciario de Córdoba quien ya plantea esta problemática en Junio de 2013, habiendo transcurrido ya 3 años sin una solución satisfactoria de la cuestión.

Por ello, procuramos con esta Resolución impulsar las medidas anunciadas y poder lograr, finalmente, que el Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba) se una a los demás centros en permitir la continuidad de los estudios de Educación Secundaria para sus internos.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Delegación Territorial de Educación la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los preceptos anteriormente citados.

RECOMENDACIÓN para que se proceda a adaptar todas las medidas necesarias por la Delegación Territorial de Educación, junto con la colaboración de la Administración Penitenciaria, para que se garantice la continuidad de los estudios de Educación Secundaria a favor de los internos del Centro Penitenciario de Córdoba.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado al Ayuntamiento de Sevilla que estudie y resuelva sobre la posible caducidad de la licencia de actividad con la que viene funcionado un bar con música en base a los argumentos y pruebas esgrimidos por los vecinos afectados por el elevado nivel de ruido que produce dicho establecimiento y, en el caso de que la licencia no haya caducado, realice las comprobaciones oportunas ante las denuncias de estos vecinos; en caso contrario, es decir que la licencia esté caducada, se ha recomendado que investigue estos hechos y, en su caso, exija la responsabilidad de quienes tuvieron la obligación de estudiar y resolver la petición de caducidad formulada por los denunciantes, ante la injustificada actitud pasiva que los responsables municipales han mantenido en este expediente.

ANTECEDENTES

El motivo de la queja era la situación de pasividad por parte del Ayuntamiento de Sevilla, más concretamente la Dirección General de Medio Ambiente, ante la posible caducidad de la licencia de actividad del bar con música denominado "...”, que antes había funcionado con otras denominaciones, sito en la calle ... de Sevilla. En este sentido, manifestaba el interesado que los vecinos de esta calle llevaban desde noviembre de 2014 pidiendo que se declarase la caducidad de la citada licencia de actividad del referido bar con música. Constaban varias denuncias (22 de febrero, 9 y 11 de abril de 2015) formuladas ante la policía local por los vecinos afectados, especialmente los residentes en una vivienda de un conjunto residencial.

Al parecer, este local habría estado cerrado por tiempo superior a 4 años, existiendo incluso un certificado de la policía local que así lo acreditaría, de tal forma que en aquel momento la licencia estaría caducada y, por lo tanto, el nuevo establecimiento estaría operando sin autorización. Además de estas denuncias particulares antes referidas, la comunidad de vecinos del edificio también había presentado otras tantas denuncias solicitando que se declarase la caducidad de la licencia y el cese de la actividad.

En este sentido, entre la documentación obrante en este expediente de queja y que igualmente remitimos en su momento al Ayuntamiento constaban, entre otros, un acta notarial de manifestaciones de un vecino, diversas denuncias y escritos formulados y un certificado de la policía local donde se hacía constar que "el local cesó su actividad hace al menos unos cuatro años".

Sin embargo, pese a todas estas denuncias, al tiempo de presentarse esta queja no se había producido ningún pronunciamiento del Ayuntamiento, por lo que seguían sufriendo los ruidos que generaba esta actividad de bar con música, que no sólo había sido denunciada por estar funcionando posiblemente con la licencia caducada, sino también por permitir el consumo fuera del establecimiento, por no presentar documento de titularidad y por incumplir horarios máximos de cierre.

Por otra parte, de la citada documentación se desprendía que la situación denunciada era de tal gravedad –por la afectación a la calidad de vida de los denunciantes- que los principales afectados, residentes en la vivienda en régimen de alquiler, habían tenido que abandonarla porque la vida en su interior "ha resultado intolerable, sin que la respuesta del Ayuntamiento o del propio empresario haya resultado eficaz. Más bien no ha habido ninguna respuesta. Estando la actividad en la actualidad fuera de control, autocontrol o vigilancia del Ayuntamiento", como se manifestaba en el acta notarial antes referida.

En esta misma acta notarial se hacía constar también que "la vida en dicha vivienda era correcta hasta noviembre de 2014 en que los ruidos provenientes del local de abajo, bar que cree denominarse "...”, han hecho su vida imposible... Sufriendo ambos miembros del matrimonio ansiedad, angustia, insomnio, estrés, dolores de cabeza, que han perturbado sus trabajos, su convivencia personal y su vida laboral, personal y habitual. En concreto su hijo lloraba desconsoladamente de madrugada transmitiendo sufrimiento. Que entiende que sus derechos fundamentales concernientes a la salud, intimidad e inviolabilidad de domicilio y a su vida personal y familiar han sido gravemente perturbados". El citado menor al que se hacía referencia sólo contaba entonces con un año de edad y, por lo tanto, el grado de afectación que podía sufrir era máximo.

Admitida a trámite la queja e interesado el preceptivo informe nos fue remitido oficio de Alcaldía en el mes de octubre de 2015, acompañado de comunicación de la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y, a su vez, de informe de la Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, de septiembre de 2015. En este informe se decía, al final, lo siguiente:

"El Jefe de Sección de Disciplina Ambiental traslada a la Sección de Licencias en fecha 24 de septiembre de 2015, documentos que constan en su expediente disciplinario y que considera oportuno que consten en mi sección. Se trata de denuncias de los vecinos, partes de la policía local sobre ruidos provenientes del local en c/ .., peticiones de revocación de licencia por estar sin funcionamiento la actividad más de cuatro años y una declaración indeterminada de un policía local (...) en el mismo sentido.

Ante estos documentos y la queja del Defensor del Pueblo, la Sección de Licencias ha establecido una actuación de trabajo consistente en:

- Primero: revisar todos los cambios de titularidad presentados hasta el momento. Esta línea de actuación se establece por el motivo fundamental de que se ha observado una posible confusión con un local anexo situado en la calle ...

- Segundo: una vez concluida la labor anterior, y siempre que de la misma resulte la validez de toda la actuación administrativa, se procederá a recabar la información necesaria para determinar la caducidad de la licencia de actividad de bar sin música y sin cocina de la calle .., siempre con la debida audiencia a las partes interesadas como trámite constitucionalmente garantizado y sin perder de vista que la carga de la prueba recae en la parte que la alega".

Este informe del Director General de Medio Ambiente era de 29 de septiembre de 2015; sin embargo, cinco meses después, parece que la situación seguía siendo la misma, es decir, que el local denunciado seguía abierto sin que se hubiera tomado decisión alguna al respecto sobre la posible caducidad de la licencia concedida en su momento pese a las evidencias que habría de ello. Esto era, en definitiva, lo que se desprendía de un nuevo escrito del promotor de la queja en el que nos decía que el local no sólo seguía abierto, sino que incluso tenía actuaciones musicales en directo con frecuencia. Además, añadía que ni los vecinos ni la comunidad de propietarios tenían alguna noticia del Ayuntamiento sobre este asunto y que únicamente habían podido comprobar que sólo se hacían inspecciones en horario de mañana, cuando el local estaba cerrado.

A la vista de ello, interesamos nuevamente la colaboración del Ayuntamiento, concretamente de la Dirección General de Medio Ambiente, para que nos informara qué se había decidido respecto de la denunciada caducidad de la licencia del local sito en c/ ... Del mismo modo, interesamos también informe sobre si tenía conocimiento de que se celebrasen actuaciones musicales en directo en el local y qué medidas se había tomado al respecto para evitarlas en caso de que no estuviesen autorizadas.

Este segundo informe lo hemos solicitado mediante escritos de 11 de febrero, 4 de abril y 12 de mayo de 2016, sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta de ese Ayuntamiento.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones. En este sentido, el hecho de que ya se haya emitido un primer informe en este expediente de queja, no es óbice para que esta Institución considere necesario y requiera un segundo o ulterior informe sobre el mismo asunto. Hay que recordar que esta obligación de auxilio y colaboración «con carácter preferente y urgente» que se debe a esta Institución, lo es durante toda la fase de investigación y comprobación de una queja o en un expediente iniciado de oficio.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Sevilla, al no enviarnos el segundo informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito, más una última de manera telefónica con posterior remisión de correo electrónico a la Alcaldía, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de ese segundo informe no ha impedido a esta Institución analizar, dentro de lo posible, el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

En cuanto al fondo del asunto, el problema planteado en este expediente de queja exige, ante todo, que por parte del Ayuntamiento de Sevilla se estudie, si aún no se ha hecho, y se dé respuesta expresa a la cuestión planteada reiteradamente por los afectados, tanto a título individual, como colectivo a través de la comunidad de propietarios, de si la licencia concedida en su momento al local objeto de esta queja, está vigente o por el contrario ha quedado extinguida por el transcurso del plazo previsto en la Ordenanza actividad, en virtud de lo establecido en el artículo 23.1.f) de la Ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla, según el cual procederá declarar la caducidad de las licencias «Cuando la actividad cese o cierre por período superior a un año, por cualquier causa, salvo que la misma sea imputable a la Administración». Recuérdese que consta un certificado de la policía local donde se hacía constar que "el local cesó su actividad hace al menos unos cuatro años”.

En cualquier caso, habría que atenerse a lo establecido en el apartado 4 del artículo 23 de la Ordenanza citada, y a las consecuencias que de ello se desprendieran: «La caducidad se producirá por el mero transcurso de los plazos señalados, incrementados, en su caso, con las posibles prórrogas que pudieran haber sido concedidas. Surtirá efectos una vez dictada resolución expresa por parte del órgano competente, previa audiencia al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Las actuaciones que se realicen una vez declarada la caducidad de la licencia, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades correspondientes».

No obstante, si se llegara a la conclusión, motivada en todo caso, de que la licencia está vigente y que es válida pese al tiempo transcurrido sin actividad, el Ayuntamiento debe, en todo caso, atender a las denuncias que la comunidad de propietarios ha formulado por el ruido generado por la actividad del local objeto de esta queja. En este sentido, los diversos escritos que se han presentado por este asunto deben ser considerados por el Ayuntamiento de Sevilla como denuncias por incumplimiento de los niveles de calidad acústica en los términos del artículo 55 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (en adelante, RPCAA), cuyo apartado 1 señala que «1. Las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de procedimiento sancionador a la persona responsable, notificándose a las personas denunciantes la iniciación o no del mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso».

Como es conocido, la inspección medioambiental consiste, fundamentalmente, en la realización de mediciones, partiendo de la premisa de que las Administraciones Públicas cuentan con los medios humanos y materiales necesarios para que se efectúen estas inspecciones ante las denuncias que en materia de contaminación acústica les sean presentadas (art. 46 RPCAA), existiendo la posibilidad de solicitar la actuación subsidiaria de la Consejería competente en materia de medio ambiente (art. 52 del RPCAA).

Pero, parece que tampoco el Ayuntamiento, al tiempo de pedir el segundo informe no remitido a esta Institución, ha atendido estas denuncias por ruidos o, al menos no hay constancia de que haya llevado a cabo medición acústica alguna para controlar el cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica conforme al RPCAA.

Estando ante la falta de respuesta a una cuestión trascendental en el problema de fondo, que no es otro que la posible caducidad de la licencia, y estando también ante un posible incumplimiento de la obligación de realizar inspecciones medioambientales y mediciones acústicas, hay que recordar diversos principios que, a fuerza de ser reiterativos, son frecuentemente olvidados por las Administraciones Públicas a tenor de las actuaciones que de forma repetida llevamos a cabo por asuntos de esta naturaleza. Baste mencionar como incumplida en el asunto de este expediente de queja, sin ir más lejos, la obligación de resolver del artículo 42 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que señala en su apartado 1 que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y en su apartado 7 recuerda que el personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, añadiéndose que el incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente. Esto, por cuanto a la obligación de resolver la petición de la comunidad de propietarios sobre la caducidad de la licencia.

Pero, además de la obligación de resolver las peticiones de los ciudadanos, también se ha incumplido el principio de la buena administración regulado como derecho en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y también en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo). Este último precepto garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.

Principio (y derecho) de buena administración que no es sino el reflejo de otros ya recogidos en la propia Constitución Española (art. 103.1), en la LRJPAC (art. 3) o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LRBRL (arts. 2 y 6), como los principios de eficacia, eficiencia, proximidad, sometimiento a la ley y transparencia, pues no en vano con la falta de respuesta a la cuestión de la posible caducidad de la licencia de sala de fiestas se está dando una situación de aparente falta de transparencia, pues como en alguna ocasión se ha dicho, la transparencia no es sino el derecho de los ciudadanos de conocer y entender la actividad administrativa, derecho del que se está privando a la Comunidad de Propietarios con el silencio que impera, pues ni siquiera se ha respondido a este respecto a las preguntas que esta Institución ha formulado.

En consecuencia con todo lo anterior, se hace preciso que el Ayuntamiento, sin más demoras injustificadas, estudie y responda motivadamente a la cuestión afectante a la posible caducidad de la licencia que nos ocupa, y que actúe en consecuencia; así como también se hace preciso, si se llegara a la conclusión de que la licencia no ha caducado, que lleve a cabo una medición acústica cuando el local esté en funcionamiento, a fin de comprobar el cumplimiento de los estándares acústicos y, en función de sus resultados, exigir medidas correctoras o de aislamiento y, en caso de incumplimiento, incoar procedimiento sancionador con las medidas provisionales y accesorias que resultaran procedentes.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de la obligación de colaboración establecida en el artículo 19.1 de la LDPA, según el cual todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN para que se emita el segundo informe interesado en el presente expediente de queja a la mayor brevedad posible, incluyendo en su contenido las novedades que hayan acontecido respecto del local objeto de esta queja desde que lo solicitáramos por primera vez.

Por otra parte, para el supuesto de que, a la fecha en que se reciba esta Resolución persista el problema de contaminación acústica objeto de esta queja, se formula:

RECORDATORIO 1 de la obligación de resolver del artículo 42 de la LRJPAC, así como de la obligación de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, proximidad, sometimiento a la ley y transparencia previstos en la Constitución Española (art. 103.1), en la LRJPAC (art. 3) y en la LRBRL (arts. 2 y 6), garantizando el derecho a una buena administración en los términos del artículo 31 del EAA y del artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

RECOMENDACIÓN 1 para que, a la mayor brevedad posible se proceda a estudiar la posible caducidad de la licencia concedida en 1998 para sala de fiestas objeto del presente expediente de queja, en los términos de la Ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla y teniendo en cuenta los argumentos y pruebas esgrimidos por los afectados.

RECORDATORIO 2 para el eventual supuesto de que se llegara, tras el estudio recomendado, a la conclusión de que la licencia concedida en su momento no ha caducado, de lo establecido en el artículo 55.1 del RPCAA, en cuya virtud las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica han de dar lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de procedimiento sancionador a la persona responsable, notificándose a las personas denunciantes la iniciación o no del mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso.

RECOMENDACIÓN 2 para que, en ese mismo supuesto (es decir, si tras el estudio recomendado se llegara a la conclusión de que la licencia concedida en su momento no ha caducado y sigue siendo válida), a la mayor brevedad posible, se proceda a realizar una inspección medioambiental con la correspondiente medición acústica del local cuando éste se encuentre generando el ruido propio de su actividad y, en función del resultado y conclusiones obtenidas, se proceda, de resultar necesario, a exigir la ejecución de medidas de insonorización y/o aislamiento del local y, en caso de incumplimiento, a incoar expediente administrativo sancionador, con las medidas provisionales y accesorias a que hubiera lugar.

RECOMENDACIÓN 3 habida cuenta las circunstancias puestas de manifiesto en este expediente de queja, para que, en el supuesto de que licencia otorgada a este local hubiera efectivamente caducado por las razones esgrimidas, se abra una investigación a fin de esclarecer, y en su caso exigir, las posibles responsabilidades que hayan de asumir quienes tuvieron la obligación de estudiar y resolver la petición de caducidad planteada desde que dicho asunto fue puesto por primera vez en conocimiento del Ayuntamiento mediante escrito, pues de haber caducado la licencia, en principio es injustificable de todo punto la actitud pasiva que los responsables han mantenido ante los diversos escritos de los interesados y de esta Institución que han sido enviados interesándose por este asunto.

SUGERENCIA para que, dada la naturaleza de las cuestiones tratadas en este expediente, dé traslado de este escrito tanto a la Dirección General de Medio Ambiente como a la Gerencia de Urbanismo a fin de que coordinen sus actuaciones en este concreto caso y se dé cumplimiento a las resoluciones dictadas por esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Ayuntamiento de Morón de la Frontera que, según lo establecido en el art. 93 de la Ley General Tributaria, cuanto tenga conocimiento de la existencia de una parcelación ilegal, se dé cuenta de toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes de trascendencia tributaria, tanto de los promotores como de los ciudadanos que ejecuten construcciones sobre ellas, a la Agencia Tributaria con objeto de que, si procede, asuman las correspondientes cargas tributarias al constituir, tanto la adquisición de parcelas como la construcción de las edificaciones, hechos imponibles susceptibles de tributación.

ANTECEDENTES

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio al conocer, a través de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente, la parcelación ilegal existente en el municipio sevillano de Morón de la Frontera, conforme a la práctica de colaboración entre ambas instancias desde hace varios años. En ella, nos dirigimos al citado Ayuntamiento para que, sin entrar en las cuestiones que habían sido objeto de investigación por la Fiscalía o habían pasado a la vía judicial, prestara la máxima colaboración a las autoridades judiciales para que puedan desempeñar sus funciones constitucionales; instamos al Ayuntamiento a que diera cuenta a la Agencia Tributaria de los datos de que disponga relativos a la parcelación inicial y de los promotores de la misma, a fin de que sea investigado un posible ingreso patrimonial no declarado a efectos fiscales; estudiase las actuaciones a seguir para salvaguardar los intereses públicos que, en su caso, hayan sido lesionados y, por último, demandábamos que, en el futuro, por parte del Ayuntamiento se actúe con la eficacia y diligencia necesaria frente a este tipo de gravísimas infracciones urbanísticas de forma que se pueda evitar la consolidación de cualquier intento de parcelación ilegal.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera nos manifestó, en lo relativo a dar cuenta a la Agencia Tributaria, que “La indicación de dar cuenta a la Agencia Tributaria se considera innecesaria dado que se supone que la Agencia Tributaria tiene conocimiento de estos datos, ya que se encuentran dados de alta en el Catastro”.

CONSIDERACIONES

Para esta Institución es necesario aclarar que, con independencia de que los inmuebles se encuentren dados de alta en el Catastro, lo que se pretende con el acuerdo adoptado en su día es que se facilite a la Agencia Tributaria información selectiva y singularizada que les permita identificar con facilidad y a la mayor brevedad posible (para evitar posibles prescripciones de infracciones tributarias) a los promotores de las parcelaciones ilegales, con objeto de conocer si, como consecuencia de estas operaciones ilícitas, que tan gravemente lesionan los valores naturales de nuestro territorio, se ha producido un enriquecimiento que deba tributar como hecho imponible, de acuerdo con las normas tributarias.

Ese Ayuntamiento no lo considera necesario. Por el contrario, esta Institución sí estima muy conveniente que se haga, tanto porque, por un lado, demuestra que se castigan estas conductas al conllevar los efectos de que, además de las consecuencias que se derivan de la normativa urbanística y, en su caso, penal, son actos que tendrán consecuencias de naturaleza tributaria.

En segundo lugar, porque parece justo y conforme a un Estado de Derecho que quien obtiene beneficios como consecuencia de actuaciones ilícitas que, incluso, están tipificadas en el Código Penal como delictivas, al menos tributen ante la Hacienda Pública por la obtención de ese ilícito y antijurídico enriquecimiento.

Por ello, esta Institución, con esta finalidad, dará cuenta a la Agencia Tributaria de la información enviada por la Fiscalía a los efectos ya comentados.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA en el sentido de que, con base a las Conclusiones de la II Jornada de Coordinación del Defensor del Pueblo Andaluz y la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía (al que puede acceder a través del siguiente enlace: http://www.defensordelpuebloandaluz.es/ii-reunion-de-la-oficina-del-defe...) y del escrito que le remitimos el 6 de Junio de 2005 sobre esta Jornada, y según lo dispuesto en el art. 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre el deber de facilitar información a la Agencia Tributaria de toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes de trascendencia tributaria, en lo sucesivo, cuanto tenga conocimiento ese Ayuntamiento de que algún promotor lleva a cabo una parcelación ilegal, lo ponga en conocimiento, a los efectos oportunos, de la Agencia Tributaria, actuando de la misma manera cuando, sin ser promotor de la urbanización, algún ciudadano, promueva y/o construya una parcelación ilegal y ejecute una edificación sobre la misma, pues con independencia de que figuren en las revisiones catastrales que periódicamente se llevan a cabo, al tratarse de actos jurídicos no registrables, la Agencia Tributaria tiene serias dificultades para identificarlos a tiempo, con objeto de que, si procede, asuman las correspondientes cargas tributarias al constituir, tanto la adquisición de las parcelas como construcción de las edificaciones, hechos imponibles susceptibles de tributación.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz