El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha intervenido este viernes 17 de febrero en una mesa de diálogo, junto a Manuel Delgado Ruiz, dentro del encuentro organizado en torno a una “arquitectura por y para la sociedad”,
Partiendo de la ciudad como espacio “de y para las personas”, el Defensor ha aportado algunas reflexiones en torno al papel que deben desarrollar nuestras ciudades en estos primeros años del siglo XXI y que pueden resumirse en:
1) Nuestras ciudades tienen que ser inteligentes, es decir conocer las necesidades de la población y dar respuestas eficaces y eficientes. Más allá de la enorme expectativa de negocio que la incorporación de las TIC genera al “funcionamiento” de nuestras ciudades, el objetivo irrenunciable de un modelo “smart city” de ciudad es la inclusión social y la sostenibilidad ambiental aprovechando las oportunidades que ofrecen las TIC.
2) En coherencia con ello pero también con el objetivo de la lucha contra el cambio climático habrá que hacer un reparto bastante más equitativo del espacio público del que hoy ofrecen nuestras ciudades entre las personas y los automóviles, devolviendo el espacio ocupado por vehículos.
3) Nuestras ciudades continúan siendo inaccesibles para ese gran colectivo, que representa en torno al 9 % de nuestra población, que son las personas con movilidad reducida o con discapacidad. Es tiempo y hora de inventariar barreras, planificar actuaciones y asumir financieramente los costes para su supresión como premisa indispensable para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en nuestras ciudades.
4) Hay que incorporar la perspectiva de la salud y la calidad de vida como referencias obligadas en el ejercicio profesional de la arquitectura.
5) Finalmente, la quinta reflexión está muy relacionada con el auge de las redes sociales, el acceso a los “big data” y, en suma, las oportunidades que las TICs ofrecen para una participación real y efectiva de la ciudadanía en el diseño de ciudad.
Durante su intervención, Jesús Maeztu ha defendido que la ciudad que queremos debe ser fruto de “la codecisión” adoptada por los gobiernos locales y la ciudadanía facilitando a través de las plataformas idóneas la participación ciudadana, tanto en la aprobación de los planes, como en las modificaciones que imponga la dinámica social, económica o ambiental, evitando que éstas se lleven a cabo, como ocurre con frecuencia, de espaldas a la ciudadanía. "No podemos diseñar ciudades inteligentes si no ponemos en marcha políticas que apuesten por un modelo de desarrollo económico sostenible en un escenario de economía circular. No podemos crear ciudades inclusivas si las políticas de vivienda, de salud, de educación y prestación de servicios públicos no parten, como referencia obligada, de un objetivo de inclusión social. El futuro de nuestras ciudades no va a depender de los instrumentos tecnológicos, aunque éstos sean imprescindibles para garantizar la eficiencia y eficacia de los objetivos trazados, sino de que, desde el consenso con la sociedad civil, los poderes públicos asuman el compromiso político de poner los medios para que, entre todos -no puede ser de otra forma-, construyamos la “ciudad de y para la ciudadanía”, ha dicho.
