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La interesada manifestaba que fue desahuciada de una vivienda de alquiler en febrero de 2018, desde entonces se encontraba durmiendo cada noche en un sitio diferente en casa de conocidos. Por su parte, su hija y nieto de un año se estaban alojando provisionalmente en casa de unos amigos. Los servicios sociales les habían ayudado pagándole una pensión, pero se fue de allí porque era un lugar muy conflictivo.

Tenía solicitada vivienda pública, siendo el número 46 de la lista de adjudicatarios. En Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A. (Procasa), le indicaron que buscara una vivienda de alquiler y que ellos podían concederle una ayuda para el pago, pero al carecer de nómina no le alquilaba nadie. Tampoco nadie quería negociar con el Ayuntamiento de Cádiz.

En vista de lo anterior, solicitamos informe a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz y a Procasa.

Desde Procasa nos indicaron que la interesada se encontraba en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz como demandante de vivienda en alquiler. De conformidad con el art. 9.2 de la Ordenanza Municipal reguladora del Registro, la selección de adjudicatarios para esta modalidad de vivienda se lleva a cabo mediante el sistema de baremo, según el cual, la interesada ocupaba el orden 47 en la lista general, publicada en mayo de 2018, con un total de 15 puntos. No obstante, la puntuación de cada demandante inscrito se verificaba al momento concreto de adjudicación de la vivienda.

Por su parte, la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz nos informó de las intervenciones realizadas a la interesada y que la misma se encontraba en esos momentos percibiendo la Renta Mínima de Inserción Social. Había encontrado una habitación en régimen de alquiler compartido y había solicitado en los servicios sociales la tramitación de una ayuda de alquiler, encontrándose el Ayuntamiento a la espera de la documentación necesaria para su valoración y tramitación.

A la vista del contenido de ambos informes, se deducía que el asunto por el que la interesada acudió a esta Institución se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Camas lleva a cabo trabajos de limpieza y adecentamiento de la zona situada en el entorno de la prolongación de la calle Joaquín Turina, atendiendo así las demandas vecinales.

En su escrito de queja, el interesado, vecino del municipio sevillano de Camas, nos relataba que había denunciado en varias ocasiones que en la prolongación de la C/ Joaquín Turina, del citado municipio:

“- Se están continuamente haciendo fuertes ruidos de golpes, a todas horas.

- Se pone música a un volumen altísimo, a todas horas, molestando a los vecinos.

- Por la noche hay motogeneradores funcionando, provocando molestias de ruidos que no dejan dormir.

- El arroyo y sus inmediaciones son un vertedero de basuras. Ya hay toneladas de basuras.

- Se están talando árboles (o parte de ellos) para hacer hogueras y para ocultar basuras bajo las ramas. Todas las noches se puede comprobar varias hogueras encendidas en la citada calle.

- Se han quemado dos palmeras.

Todo esto va en contra de numerosas ordenanzas municipales y otra legislación. Por lo tanto, solicito que las administraciones competentes atiendan a sus obligaciones, resuelvan estos problemas y restauren la zona y el arroyo”.

Siempre según el interesado, a pesar de estas denuncias y una reunión que mantuvo con responsables de urbanismo y policía local, la situación continuaba igual.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste, en un primer informe, nos dijo que desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se había trasladado la problemática de la prolongación de la C/ Joaquín Turina de Camas al Inspector Jefe de la Policía Local, tras la reunión mantenida en su momento con los vecinos afectados, para que se incluyera en las diferentes órdenes de servicio policial la actuación preferente en la zona. Asimismo, se nos informaba que los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, apoyados por varios efectivos de policía local y policía nacional, habían realizado actuaciones de limpieza en las últimas fechas sobre la zona afectada, a fin de solventar esta problemática. Además, desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, se iba a contar con todos los recursos disponibles para solucionar este asunto.

A este informe, el interesado nos dijo, en síntesis, que a pesar de estas medidas, la zona en cuestión “sigue siendo un basurero” y que las medidas tomadas habían sido claramente insuficientes.

En su último informe, el Ayuntamiento de Camas nos comunicó que entre los meses de febrero y marzo de 2019 se habían llevado a cabo labores de recogida de basuras, enseres y escombros arrojados al cauce del arroyo situado en la prolongación de la calle. Además, nos informaba que se habían llevado a cabo trabajos de desbroce de hierbas y poda del arbolado existente, y que se habían colocado contenedores en el entorno, para disuadir de nuevos depósitos en la zona.

Con ello entendimos que el Ayuntamiento había puesto solución al problema objeto de la queja al haber llevado a cabo trabajos para dar satisfacción a la pretensión vecinal, por lo que consideramos que no eran precisas nuevas actuaciones y procedimos al archivo del expediente de queja.

En su escrito de queja, una asociación de protección de los derechos de los consumidores de Cádiz nos exponía que en febrero de 2016, en nombre de un asociado, presentaron una denuncia ante el Servicio Provincial de Consumo de esa provincia, que admitió la denuncia. En marzo de 2016 les comunicaron que trasladaban la denuncia al Servicio Provincial de Consumo de Málaga por razón de competencia, pero éste vuelve a trasladar la denuncia al de Cádiz “al considerar que el consumidor reside en esta última provincia. Que con fecha 28/04/2017 solicitamos al mencionado Servicio de Consumo de Cádiz que nos informara del estado en el que se encuentra la tramitación de dicha denuncia”, pero sin embargo no reciben respuesta alguna.

Tras admitir a trámite la queja a fin de que la Dirección General de Consumo nos informara de la respuesta que se hubiera dado a esta reclamación, ésta nos responde, en síntesis, que habían solicitado informe al Servicio de Consumo de Cádiz que les había informado que “debido a la carga de trabajo no se ha podido dar respuesta a los escritos recibidos el .. de marzo y .. de septiembre de 2018”.

A la vista de esta respuesta, formulamos a la Dirección General de Consumo resolución en la que formulamos Recomendación a fin de que respondiera expresamente a la reclamación presentada por la asociación de defensa de los consumidores en nombre de uno de sus asociados.

Como respuesta a esta resolución, la Dirección General de Consumo nos dio cuenta de la respuesta que había facilitado a la asociación, por lo que entendimos que se había aceptado nuestra resolución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En la respuesta facilitada a la asociación, la Dirección General de Consumo le informaba que habían archivado la denuncia ante la imposibilidad material de continuar con el procedimiento pues no fue posible contactar con la empresa en la dirección indicada en la denuncia.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible procede al arreglo de un tramo de una vía pecuaria que transcurre por el término municipal de Santaella, Córdoba, cuyo estado de conservación impedía el tránsito de vehículos y maquinaria para los trabajos agrícolas.

En su escrito de queja, el interesado nos exponía que en febrero de 2015 había solicitado de la entonces Delegación Territorial de Agricultura y Medio Ambiente en Córdoba, que reparase la Vía Pecuaria que transcurre por el término municipal de Santaella (Córdoba) pues estaba en un estado lamentable. Sin embargo, la respuesta fue la imposibilidad de acometer tal arreglo debido a la falta de presupuesto, lo que motivó que presentara queja en esta Institución.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, en julio de 2017 dimos por concluidas nuestras actuaciones al conocer que la Delegación Territorial de Córdoba de Medio Ambiente había incluido la actuación de reparación de la vía pecuaria de Santaella en su planificación y había iniciado ya la elaboración de los presupuestos, previa visita de los agentes de medio ambiente para identificar exactamente las actuaciones necesarias. Una vez que estuvieran realizados los presupuestos, la Oficina del Plan de Vías Pecuarias, dependiente de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, remitiría crédito descentralizado a la Delegación Territorial de Córdoba para hacer frente a esta actuación.

Sin embargo, en febrero de 2018 se puso de nuevo en contacto con nosotros el interesado para comunicarnos, en síntesis, que, finalmente, no se había incluido la actuación de reparación de la vía pecuaria de Santaella en ninguna planificación, ni se había elaborado presupuesto alguno al no tener la Consejería crédito. Además nos relataba que en “diciembre de 2017 tuve que mandar una máquina excavadora-pala para dar unas pasadas para poder sacar la recolección de la aceituna al estar intransitable para tractores y remolques, coste que he tenido que soportar, siendo plenamente injusto que un ciudadano tenga que repararla a su costa. Por ello, solicito la reapertura de la Queja a los efectos de que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio repare la misma”.

Tras reabrir el expediente de queja, nos dirigimos a la, entonces, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de conocer los motivos que provocaron el cambio de decisión respecto de lo que se nos informó en su momento.

Como respuesta, la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible nos ha informado que en septiembre de 2018 se encargó a una empresa la conservación y mejora de la referida vía pecuaria, por importe de 48.000 euros. Los trabajos comenzaron en septiembre y finalizaron en noviembre de 2018; tras la oportuna inspección, concluyeron los técnicos que la obra se había realizado conforme al encargo.

Por tanto, entendimos que el problema planteado, el arreglo de la Colada de Santaella, estaba solucionado, por lo que dimos por concluida nuestra intervención en este asunto y procedimos al archivo del expediente de queja.

El Ayuntamiento de Rota anuncia que se han adoptado medidas para reducir el ruido que sufren los residentes en el entorno de la Plaza de las Canteras, especialmente respecto de los establecimientos de hostelería y ocio que se ubican en la misma, que son vigilados por la policía local, habiéndose además mantenido una reunión con los hosteleros y los vecinos afectados.

Se dirigió a esta Institución la comunidad de propietarios de un edificio sito en el entorno de la Plaza de Las Canteras, en el municipio gaditano de Rota, exponiéndonos, textualmente, lo siguiente:

"Los propietarios de las viviendas en los bloques … de Plaza de las Canteras, llevamos muchas reclamaciones al Ayuntamiento de Rota sobre la situación que estamos padeciendo, cierres de bares a las 4 y 5 de la mañana, música en todos ellos sin tener licencia, botellonas en nuestras puertas, consumo de alcohol por menores, consumo de droga, sin que hasta el momento se hayan puesto, por parte del Ayuntamiento, medidas para solucionarse.

Hemos tenido dos reuniones con el Sr. Alcalde, las cuales no han servido para nada, dado que este fin de semana hemos estado igual. La Policía Local nos indica, verbalmente y no por escrito, que tiene instrucciones de Alcaldía de solo intervenir si son requeridos. Está claro que cuando nosotros llamamos a la Policía ya estamos cansados y los hechos ya se han producido.

Rogamos su intermediación en este asunto, los vecinos solo queremos que se cumpla la normativa vigente de ruidos y cierre de bares y ya estamos hartos y cansados de esta situación de burla por parte del Ayuntamiento de Rota".

De lo expuesto se desprendía, fundamentalmente, que ni la policía local, ni el Ayuntamiento tomaban medidas de vigilancia de oficio, o un plan especial para esta zona especialmente ruidosa de esa ciudad, por la afluencia de público y la aglomeración de locales de distinto tipo en poco espacio, sino que únicamente acudían cuando se producían llamadas de denuncia de la ciudadanía, en cuyo caso el perjuicio ocasionado no era tratado de forma previa y preventiva y ejercer el derecho al descanso se convertía en una verdadera odisea.

Tras varias actuaciones en la citada queja, finalmente esta Institución formuló resolución dirigida a la Alcaldía-Presidencia en la que realizamos una serie de Recordatorios y Recomendaciones al Ayuntamiento de Rota en relación con la saturación acústica que, de hecho, presenta la Plaza de las Canteras de dicha localidad.

Así, hemos recordado la obligación legal de ejercitar las competencias municipales en materia de "botellón", de policía de actividades y establecimientos públicos, recomendando una mayor presencia policial que no solo disuada de comportamientos contrarios a la normativa que generen incidencia acústica grave, sino que también suponga una forma de prevenir tales comportamientos, inspeccionando los locales de ocio, sus terrazas de veladores y el cumplimiento de horarios y actividades autorizadas, aconsejando un plan de inspección específico. Asimismo, hemos recomendado que conforme a la normativa legal vigente se valore si este espacio público cumple o no los requisitos para ser declarado zona acústicamente saturada (ZAS).

En su respuesta, el Ayuntamiento de Rota nos indicaba, en síntesis, en lo que respecta al problema del “botellón” en la Plaza de las Canteras, “que la queja vecinal no se ajusta, en este aspecto, a la realidad vecinal en la zona, ya que en dicha plaza no tenemos problemas de concentración de ciudadanos para beber alcohol más allá de los consumidores de los distintos bares existentes. Por lo tanto, en esta zona no es necesario adoptar medidas en este sentido, toda vez que el fenómeno del botellón tal como se conoce y aparece regulado en la Ley 7/2006, no se da en las inmediaciones de la Comunidad de Propietarios que ha interpuesto la queja”.

En cuanto al otro asunto sobre el que versaba esta queja, nos informaba de que “en relación al horario de apertura de los establecimientos, tenemos que manifestar que la policía local sí está actuando de oficio. Es más, desde el verano pasado, y tras una reunión mantenida con los vecinos que han interpuesto la queja, se intensificó la vigilancia de la zona, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento se reunió con los hosteleros de la localidad para abordar el problema”.

Y se añadía en ese informe que “prueba evidente de que la inspección por parte de la policía local se produjo y que se obligó al cumplimiento de la normativa vigente, lo tenemos en el dossier que se adjunta, donde se puede comprobar cómo este asunto fue objeto de tratamiento por la prensa local, y además destapó una ola de protestas importantes por parte de la ciudadanía en las redes sociales, donde se acusaba a este Ayuntamiento de cargarse el futuro económico de la localidad por llevar a cabo el cierre de los establecimientos en los horarios fijados por la normativa vigente”.

En su momento dimos traslado de ese informe, en trámite de alegaciones, al interesado. Valorando toda la información existente en el expediente, incluidas las alegaciones de la parte promotora de la queja, entendimos que, en lo fundamental, se había aceptado nuestra Resolución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

No obstante ello, solicitamos del Ayuntamiento de Rota que, si aún no lo hubiera hecho, diera expresa respuesta al escrito presentado por la promotora de la queja en septiembre de 2018 y que se mantuviera especialmente vigilante y atento a los establecimientos que se ubican en la zona objeto de queja, tanto en lo que respecta a la actividad que desarrollan en el interior de los locales como hacia el exterior con estructuras, veladores e instalaciones auxiliares y complementarias, a fin de que se ajusten a lo estrictamente autorizado en aras de hacer compatible el derecho al descanso con el desarrollo de una actividad empresarial y el ocio de la clientela. Asimismo, pedimos al Ayuntamiento que vigilara que no se producen los denominados botellones, que tanta incidencia acústica generan en la ciudadanía que reside en los entornos y zonas afectadas. De lo contrario, el problema seguirá sin resolverse y estamos convencidos que un ocio y un turismo sostenibles ambientalmente, respetuosos con los derechos de la ciudadanía y el descanso de los residentes, permanentes o temporales, es la única vía de lograr un equilibrio que redunde en beneficio para la localidad.

Conseguimos que el Ayuntamiento de Écija active sus competencias inspectoras y disciplinarias por el ruido de un bar que venía desarrollando actividades no autorizadas y con una modificación sustancial de la autorización concedida en su momento. Tras instar a la legalización de lo no autorizado, el establecimiento cesa en su actividad, poniendo fin al foco emisor de ruido.

El interesado nos trasladaba en su escrito de queja la problemática de ruidos, no solventada por el Ayuntamiento de Écija (Sevilla), que padecían él, su mujer y su hijo de 4 años, y otros tantos vecinos de su bloque, por la actividad de un pub situado bajo el mismo. Al parecer, llevaban dos años con este asunto y no se había solucionado. Según pudimos comprobar, habían sido varias las denuncias por escrito presentadas contra este local, como, por ejemplo, en mayo y diciembre de 2016 y septiembre de 2017.

Igualmente, pudimos comprobar que desde el Ayuntamiento se habían emitido varias comunicaciones sobre este asunto: oficio de agosto de 2016, en el que se comunicaba que tras una comprobación policial, la esposa del denunciante decía que las molestias habían cesado, y providencia de febrero de 2017, del Teniente Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano, en la que se decía que el establecimiento era un café bar sin música y por tanto se había excedido en la autorización concedida al disponer de un equipo reproductor de música, y se acordaba iniciar procedimiento sancionador, dando un plazo de tres días para la retirada del referido equipo y notificando dicha providencia a la policía local; Propuesta de Resolución de abril de 2017, por el que se proponía una sanción de 1.500.-euros como responsable de la infracción tipificada en el artículo 20.1, en relación con el 19.2, de la Ley de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Pese a estas actuaciones, el problema persistía y este establecimiento seguía disponiendo de equipos musicales, generando un ruido para el que el local que lo albergaba no estaba preparado y, por tanto, que sufrían los residentes en las viviendas del entorno y colindantes. De hecho, en las denuncias presentadas en el Ayuntamiento se dejaba bien claro que debido a este ruido no podían dormir en su domicilio, que no podían descansar y que ello estaba afectando a su salud física y psíquica, dado que además “la puerta del pub se queda abierta hasta altas horas de la madrugada”, lo cual podría además constituir infracción en materia de horarios de cierre.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Écija, de la respuesta de éste podemos destacar, en síntesis, lo siguiente:

• El bar objeto de la queja tenía licencia para bar sin cocina y sin música.

• Constaba expediente sancionador contra el titular de dicho bar por utilización de equipo de reproducción musical, en el que se había dictado resolución final en abril de 2017, con la imposición de una multa de 1.500.-euros.

• Desde la tramitación de dicho expediente sancionador (mayo de 2017), no constaban en el Negociado de Disciplina Medioambiental nuevas denuncias presentadas contra él, aunque existe otro departamento municipal en Economía, en el que se tramitan expedientes por infracciones varias, al que se había pedido informe.

Trasladamos esta información al interesado a fin de que éste nos remitiera sus alegaciones, en las que nos dijo que la problemática de ruidos que generaba este establecimiento no solo no se había resuelto sino que incluso iba a peor, y que le estaba provocando un grave perjuicio en la salud familiar, especialmente en la de su esposa e hijo de 4 años, que no podían descansar y que estaban ya sufriendo alteraciones considerables, que el local denunciado seguía disponiendo de música y abierto hasta altas horas de la madrugada, que seguían sufriendo ruidos en su vivienda tanto del interior del local como del exterior del establecimiento, que la terraza no se recogía a la hora debida sino que solía estar hasta las 3 de la madrugada en funcionamiento.

Por ello, volvimos a dirigirnos al citado ayuntamiento, que nos traslado, en varias respuesas posteriores, que se habían detectado diversas irregularidades, fundamentalmente:

1.- Desarrollo de la actividad sobre un local que había sufrido “cambios sustanciales , tanto a nivel de instalaciones (Baja Tensión, Contraincendios, ventilación, etc.) como acústico y de accesibilidad. Es decir, la apertura de una nueva puerta, la división del establecimiento con obras de fábricas, y segregación del establecimiento original en otro establecimiento del legalizado, la ampliación con parte del establecimiento colindante, todo ello genera una modificación tanto de la actividad como de las condiciones de prevención que determinan que no esté garantizado la seguridad y un funcionamiento inocuo, es decir, un funcionamiento del establecimiento sin que pueda incidir negativamente sobre los recintos protegidos colindantes y afecte a los usuarios del establecimiento. Por ello “se estima que los cambios llevados a cabo en el establecimiento modifican sustancialmente la calificación ambiental con que cuenta la actividad, así como que suponen una modificación de las instalaciones y obras legalizadas, lo que determina, que no debe funcionar hasta tanto no esté garantizada la inocuidad de la misma”.

2.- Desarrollo de la actividad de terraza y veladores sin autorización municipal, constituyendo éste uno de los principales focos sobre los que se inciden en las reiteradas molestias denunciadas.

En base a estas irregularidades, la Delegación Municipal del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad había dictado, en octubre de 2018, acuerdo de incoación de expediente de restauración de la legalidad ambiental alterada, concediendo al titular del local un plazo de diez días de audiencia, así como ordenando a éste el cese inmediato de la actividad e instando la legalización de las modificaciones sustanciales realizadas en el plazo más breve posible (obras y apertura conjunta). Se le advertía al infractor de que en caso de incumplimiento se podría proceder al precinto del local por parte de la policía local.

Tras ello, finalmente conocimos que el establecimiento denunciado por el interesado había cesado en su actividad, tal como habían podido constatar los servicios de policía local en informe de diciembre de 2018; así como que se había dictado Resolución por la que se resolvía el expediente de restauración de la legalidad ambiental incoado, se incoaba expediente sancionador y se indicaba al titular de la actividad que no podía reiniciar el funcionamiento de la misma hasta tanto no se legalizaran las modificaciones sustanciales realizadas.

Por tanto, al haber desaparecido el foco de ruidos objeto de esta queja, entendimos que no procedían nuevas actuaciones por nuestra parte y procedimos al archivo del expediente de queja.

En su escrito de queja, la interesada nos exponía que residía en el núcleo de Aguadulce, en el municipio almeriense de Roquetas de Mar. En concreto, nos indicaba que en junio de 2018 se había dirigido al Ayuntamiento de esta localidad exponiendo en un escrito la problemática de ruidos del tráfico rodado de vehículos que acontece la calle en la que reside y que sufría el interior de su domicilio. En el escrito exponía, textualmente, “los elevados índices de contaminación acústica por exceso en la densidad del tráfico rodado en la c/ ...”, por lo que solicitaba que “se adopten medidas urgentes ante la extraordinaria contaminación acústica producida por la densidad de tráfico existente” y para lo que consideraba “fundamental la adopción de la dirección única para el tráfico en esa vía”.

Citaba, a estos efectos, algunos preceptos de la Constitución Española, la Ley 37/2003, del Ruido y diversos pronunciamientos jurisprudenciales, así como las normas que regulan el régimen y la autonomía local y el Reglamento andaluz de protección contra la contaminación acústica, Decreto 6/2012.

Pedía, además, que se practicara un ensayo acústico que permitiera determinar con la máxima exactitud y objetividad cuáles eran esos niveles acústicos que denunciaba y que sirviera para adoptar las medidas que correspondieran, entre las que sugería la dirección única en la calle. A dicho escrito no había obtenido respuesta, por lo que se dirigió a esta Institución en queja.

Admitimos a trámite la queja sin entrar en el fondo del asunto planteado, a fin de que el Ayuntamiento respondiera a este escrito. Como respuesta, el Ayuntamiento nos remitió informe de la Policía Local en el que se daba respuesta a las cuestiones planteadas por la interesada y en el que, en esencia, se estimaba que la calle estaba debidamente señalizada y que el ruido que motivaba su reclamación se debía al gran aumento de vehículos en temporada estival.

Remitimos copia de este informe a la interesada indicándole, a tenor de las expliaciones dadas, que considerábamos que no eran precisas nuevas actuaciones por parte de esta Institución, por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María despliega actividad inspectora y disciplinaria respecto de unos locales con múcia que, junto con otros en una misma calle, provocan una situación de saturación acústica, incoando expedientes sancionadores contra dos de ellos y advirtiendo al resto de las condiciones en las que deben desarrollar su actividad.

En su escrito de queja, el interesado exponía que venía denunciando ante el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) y en las dependencias de la Policía Local, la incidencia acústica y la vulneración del derecho al descanso que generaban varios locales de hostelería y ocio nocturno que se encuentran en la calle en la que reside. En concreto, manifestaba que esta calle “... cuenta con un gran número de bares de ocio nocturno y que nos ocasionan molestias causadas por el ruido provocado por la música así como por la entrada y salida de las personas en dichos locales, sufriendo también molestias por las vibraciones provocadas por la música en nuestras viviendas. Hemos presentado diversas quejas y alguna denuncia ante el Ayuntamiento y necesitamos más control sobre el horario de cierre, ruidos y vibraciones, incluso existe un caso de no tener licencia para el uso de música, por lo que necesitamos la ayuda de esta Institución”.

Entre los locales objeto de queja se encontraba uno situado en los bajos de su vivienda del que denunciaba elevados niveles de ruido generados por los equipos de música y respecto del que ya se había dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento y a la Policía Local. También citaba otro que, siempre según el interesado y después de una intervención de la Policía Local, los agentes hicieron constar que tras la inspección del local “se detectan anomalías en el funcionamiento del equipo”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó, en síntesis, que el Servicio de Disciplina Urbanística había detectado diversas irregularidades en los locales de ocio de la calle. En concreto, en cuanto al situado bajo la vivienda del reclamante, se nos informó de que tenía licencia para pub y que “en fecha .. de junio de 2018, se remitió por parte de la Unidad Móvil de Acústica Medioambiental informe relativo al aislamiento del local y del equipo limitador-controlador de música, el cual se encuentra pendiente de informe por parte de los Técnicos de este Servicio”. Asimismo, en lo que afectaba a otros establecimientos que citaba el interesado, contra uno uno se había incoado expediente sancionador por desarrollar una actividad distinta a la autorizada, estando en aquellos momentos pendiente de resolución de alegaciones; en otros establecimientos que tenían licencia, se habían detectado que desarrollaban su actividad con puertas abiertas, por lo que se les había remitido a sus titulares advertencias “para que mantengan las puertas cerradas”.

Aunque de esta información se desprendía que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María estaba ejerciendo actividad inspectora y disciplinaria sobre los locales, la trasladamos al interesado para que nos remitiera sus alegaciones, que nos planteó lo siguiente sobre uno de los locales: “sigue ejerciendo su actividad con las puertas abiertas, por lo que no ha habido solución a mis reclamaciones y “...” sigue ejerciendo actividad de pub a pesar de carecer de licencia y ya van para dos años y medio, siendo además es el que más tarde cierra saltándose incluso la normativa de horario de pub, con las puertas abiertas y sin estar habilitado ni insonorizado”.

Tras estudiar estas alegaciones esta Institución entendió que el Ayuntamiento estaba interviniendo, por lo que, sin perjuicio de situaciones puntuales, consideramos que la problemática objeto de este expediente se encontraba en vías de solución por lo que procedimos a su archivo. No obstante, en viamos al Ayuntamiento un escrito acompañado de las manifestaciones del interesado, interesando que adoptara todas las medidas oportunas de vigilancia y, en su caso, disciplinarias para que los establecimientos objeto de queja desarrollen su actividad ajustándose a las autorizaciones concedidas y sin generar ruidos que ocasionan la vulneración del derecho al descanso de quienes residen en el entorno.