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Se dirigieron a nosotros, a través de una plataforma ciudadana de defensa de los derechos humanos, los vecinos que residían en un edificio, sito en la ciudad de Sevilla, al que se le habían cortado los suministros de agua y electricidad en noviembre de 2019, por enganches ilegales. Apelaban a la garantía de suministros esenciales a personas vulnerables acordada por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

En cuanto al suministro de agua explicaban que las fuentes públicas se habían cortado por decisión municipal ante la alerta sanitaria y la única opción que se les ha habilitado era una fuente distante a casi un kilómetro. Esta solución obligaba a desplazarse a la fuente a varias familias diariamente, incrementando el riesgo para su salud y la de los demás vecinos, además de que no facilitaba una correcta higienización tan necesaria en esta crisis sanitaria.

Tras admitir a trámite la queja, nos dirigimos tanto a Emasesa como a Endesa. La primera nos dijo que se había puesto a disposición de los vecinos dos grifos en la batería de contadores del bloque para el consumo de las familias, que se mantendrían hasta 30 días después de que finalizara el estado de alarma.

Sin embargo, Endesa nos trasladó la imposibilidad de una reconexión del suministro eléctrico ya que “todas las instalaciones afectadas se encuentran en muy malas condiciones, lo que representa un riesgo claro para la seguridad de las personas”.

Por tanto, y ante la imposibilidad de realizar nuevas actuaciones por parte de esta Institución, procedimos a la finalización del expediente de queja.

En esta queja el interesado se dirigió a nosotros para trasladarnos la situación en la que vivía: encontrándose sin luz un día al levantarse y, tras avisar a electricista, descubren que tiene una pegatina por manipulación colocada en el contador, aunque el profesional no encontró nada anómalo. Tras diversas llamadas a los teléfonos indicados en la pegatina, le indicaron que no habían podido hacer fotos al estar el tubo bloqueado y que debía corregir esta situación. El mismo día quedó solucionado y así lo comunicó por teléfono para que acudiese el Técnico a reponer el suministro pero pasaron diez días y nadie acudía.

La situación descrita fue trasladada a Endesa, intentando que agilizaran las gestiones para que se repusiera el suministro eléctrico a la unidad familiar con la máxima urgencia posible.

Como resultado de esta gestión nos comunicaron desde Endesa que la unidad familiar ya disponía de suministro eléctrico, lo que confirmamos con el promotor de queja dando por solucionado el asunto.

Acude a esta Institución una alumna que realizó preinscripción para acceso a Máster en el Distrito Único Andaluz, cuenta que tras la primera adjudicación aparece como excluida por no aportar la documentación acreditativa de los estudios precedentes.

Según señala, al hacer la preinscripción tenía la opción de adjuntar el sustituto del título universitario o el expediente académico con la nota media del grado. En su caso adjuntó el expediente académico ya que lo consideraba mas completo.

Tras dirigirnos a la Comisión de Distrito Único Andaluz recibimos la confirmación de que la documentación aportada había sido admitida.

Entendimos que el problema estaba solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La Universidad de Córdoba posibilita la matriculación de una aspirante al Grado en Educación Infantil que sufrió un fallo informático en el proceso de adjudicaciones.

En su escrito de queja, la interesada nos exponía que no había podido matricularse en un Grado en educación infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba por un fallo informático acaecido durante la fase de segunda adjudicación que le resultó imposible solventar. A este respecto manifestaba haber formulado alegaciones ante diversas instancias de la Universidad de Córdoba sin que las mismas hubiesen sido atendidas.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Comisión del Distrito Único Andaluz que nos informó que se había resuelto la cuestión planteada y la interesada estaba matriculada en los estudios solicitados.

Entendimos, por tanto, que no procedían nuevas actuaciones por parte de esta Institución, procediendo al archivo del expediente de queja.

El interesado nos indicaba en su escrito de queja que durante la tramitación informática del proceso de preinscripción para el acceso a estudios universitarios, se produjo una incidencia tras la última adjudicación que le impidió confirmar su elección y reserva, lo que había provocado la imposibilidad de acceder a los estudios deseados.

Alegaba distintas circunstancias entre ellas los cortes en el suministro de internet sufridos durante el proceso de confirmación de la preinscripción.

Tras dirigirnos al Distrito Único Andaluz, éste nos ha informado que se habían estudiado las alegaciones que el interesado había presentado y que, finalmente, se había matriculado en el grado que le correspondía según su elección.

Entendimos, por tanto, que le problema había quedado solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Una asociación exponía textualmente lo siguiente:

“Por medio de la presente, nos dirigimos a esta Institución para formular QUEJA contra la CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN, por las siguientes irregularidades en el cumplimiento de sus funciones:

Que a través de escrito de fecha 15/03/19 se interpuso por esta parte Denuncia contra la empresa ..., ante el Organismo arriba señalado. (Se adjunta copia).

Que desde entonces no hemos tenido noticias en relación a dicha Denuncia.

Que entendemos que ha pasado un tiempo más que prudencial para que se hubiera producido ya algún tipo de Resolución, cuyo injustificado retraso puede incluso perjudicar a los derechos que corresponden a las personas afectadas.”

Procedimos a admitir a trámite la queja, únicamente, a los efectos de que por la Administración se diera una respuesta expresa al escrito aludido.

En consecuencia, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el escrito presentado por la asociación, y dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.2, inciso final, de nuestra ley reguladora, interesamos de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, dicho escrito, informándonos al respecto.

Se nos remitió un completo informe de la citada Dirección General situando la cuestión al amparo de la normativa vigente y planteando la posibilidad de que resultara aplicable por analogía la obligación del sector del taxi de disponer de un 5% de vehículos adaptados a las empresas de VTC. Se añadía que esta cuestión se había estimado de interés por lo que se había sometido la misma a la consideración de la Comisión Técnica de Accesibilidad, esperando dar respuesta en la primera sesión del pleno que se celebrara.

Así las cosas, nos dirigimos a la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación interesando que nos mantuvieran informados de las conclusiones que, sobre esta cuestión, se alcanzaran por parte de la Comisión Técnica de Accesibilidad y, en definitiva, si se estimaba aplicable a las empresas de VTC la obligación de disponer de un 5% de vehículos adaptados.

Junto a la respuesta se remitía informe de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión dando cuenta del trámite dado a las peticiones de informe de esta Institución y señalando que el borrador de Decreto que tramitaba la Dirección General de Movilidad para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo establecía la adaptación de al menos un 5% de la flota para aquellas empresas con más de quince vehículos VTC.

Entendíamos que esta normativa, una vez aprobada, permitiría atender a las demandas de la asociación ya que las empresas de transporte que motivaron sus quejas deberían disponer del porcentaje de vehículos adaptados similar al servicio de taxi. Ello nos permitía estimar que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución y que, en consecuencia, no resultaban precisas nuevas actuaciones por parte de esta Institución.

La reclamante exponía que hacía dos meses y medio presentó solicitud ante el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra para que le pintaran un estacionamiento para personas de movilidad reducida delante de su domicilio. Al tener un vado con garaje no podía tener ambas cosas, por lo que el Ayuntamiento le dio tres opciones que no le satisfacían. Aducía que la ley de la dependencia exponía que los casos se estudiarían caso por caso y que la única limitación que imponía era no perjudicar a un tercero, cosa que, afirmaba, hacía porque solicitaba pintar delante de su vado una plaza de discapacidad individualizada, para cuando su coche estuviera fuera, no perjudicando a nadie, porque de por si nadie debería estacionar en su vado.

Admitida la queja a trámite solicitamos del citado Ayuntamiento que nos informara si consideraba posible la concesión de dicha plaza de estacionamiento reservada y personalizada, así como si se estimaba compatible con el mantenimiento del vado de garaje que tenía concedido.

En la respuesta emitida se informaba que el escrito presentado por la reclamante se había considerado como recurso de reposición contra la resolución de la Alcaldía acerca de su solicitud de plaza de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida, habiéndose ordenado la emisión de nuevo informe acerca de las alegaciones que se formulaban.

De acuerdo con ello, interesamos que nos mantuviera informados del nuevo informe a emitir y, en base a su contenido, de la resolución que se dictara ante el recurso de reposición interpuesto.

Según la respuesta emitida, la Resolución municipal exponía las distintas alternativas sobre las que la interesada podía elegir para solucionar el problema de estacionamiento o acceso a su garaje que le venía afectando.

Entendimos que, dado que el Ayuntamiento había mostrado su buena voluntad en encontrar una solución aceptable para todos y que, en consecuencia, nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, no resultaban precisas nuevas gestiones por nuestra parte en torno a este asunto por lo que, esperando que la interesada hiciera saber la opción por la que optaba a los responsables municipales, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En la respuesta municipal emitida en la presente queja de oficio ante los problemas que se les planteaban a las personas con discapacidad en relación con la disponibilidad de taxis adaptados en Cádiz se nos daba cuenta, en síntesis, de la elevación del número de autotaxis hasta 23 que se iba a producir en esa capital, así como de las modificaciones que se estaban impulsando en la Ordenanza reguladora de este servicio que iban encaminadas a la mejora de las condiciones de prestación del servicio a las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Así las cosas, valorando positivamente estas reformas y esperando que fueran una realidad a la mayor brevedad posible, no estimamos necesarias nuevas actuaciones en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

El reclamante, en representación de una Asamblea Ciudadana, exponía que la atención sanitaria pública en la localidad de Morón de la Frontera padecía de muchas y graves deficiencias. Y añadía que “todo ello hace que en demasiadas ocasiones sea necesario trasladarse a los Hospitales de referencia de Valme y Tomillar, traslado que resulta muy difícil realizar mediante transporte público. De hecho hasta 2014 ni siquiera existía línea directa de autobuses desde Morón hasta esos hospitales situados a 70 kilómetros y actualmente los horarios son muy reducidos.”

Por ello, afirmaba que el Pleno Municipal había aprobado reiteradas mociones, la última de ellas de mayo de 2018, para que se aumentara la frecuencia de los servicios de transporte público interurbano desde Morón de la Frontera a los Hospitales del Valme, Virgen del Rocío y Tomillar, cuyo texto era el siguiente:

«PRIMERO: Instar a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a que dicte una nueva Resolución que modifique nuevamente el contrato de gestión de servicio de transporte regular de viajeros de uso general Olvera y Sevilla con hijuela a Arahal y Morón de la Frontera para incorporar las siguientes mejoras.

1. Independencia de los servicios desde/hacia Morón-Utrera-Tomillar-Valme de los servicios desde/hacia Morón-Arahal-Sevilla, recuperando los servicios suprimidos tras la Resolución de 14 de mayo de 2014.

2. Que se aumente la frecuencia de los servicios desde/hacia Morón-Utrera-Tomillar-Valme, hasta al menos dos viajes diarios (ida y vuelta) de lunes a viernes y un viaje diario (ida y vuelta) en fines de semana y festivos, incorporando paradas en el Virgen del Rocío.

3. Que cualquier modificación que se autorice no incluya ninguna pérdida de los servicios actualmente existentes, y por tanto, que los nuevos servicios se añadan a los existentes.

SEGUNDO: Instar a la Consejería de Fomento a que a la mayor brevedad posible saque a concurso la concesión de la actual línea Morón-Sevilla (VJA-051-SE), cuya vigencia expiró en junio de 2013, y en cu caso, los itinerarios a las que se refieren los acuerdos anteriores.»

Admitida la queja a trámite, solicitamos de la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que nos indicara si era posible acceder a las peticiones contenidas en el acuerdo municipal transcrito y, de ser así, el plazo aproximado en que podrían implantarse tales mejoras. En caso contrario, deseábamos conocer las causas que no permitían acceder a estas demandas municipales.

En la respuesta recibida, la Administración Autonómica informaba sobre las conexiones de la localidad de Morón de la Frontera con los hospitales de referencia, añadiendo que, con objeto de adaptar el servicio a la demanda real, la Dirección General de Movilidad iba a iniciar un estudio en el que se propondrían fórmulas que garantizaran la oferta necesaria a un coste razonable y que se iban a iniciar los trabajos de renovación de la concesión tratando de mejorar la prestación de los servicios.

En consecuencia, considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.