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La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con la dotación de recursos para la atención educativa del alumno con necesidades especiales matriculado en un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en una localidad de la provinica de Sevilla.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla. En el informe realizado se recoge:

“Este centro educativo cuenta en su Relación de Puesto de Trabajo, es decir en su plantilla, con un PTIS (Personal Técnico de Integración Social). Esta trabajadora se dio de baja por una incapacidad laboral temporal con fecha 13 de septiembre. Una vez que esta Sección de Personal no Docente tuvo conocimiento de esta baja tramitó la sustitución de esta trabajadora, alargándose un poco más el proceso porque hubo que solicitar al Servicio Andaluz de Empleo que nos mandase a un/a candidato/a para cubrir dicha baja. La PTIS sustituta se incorporó en su puesto de trabajo el día 24 de octubre y desde entonces presta servicio en el centro”.

En atención al informe recibido desde los servicios educativos, podemos considerar que quedan registradas las actuaciones realizadas para la atención al alumno a través de la cobertura de la vacante que se produjo en la plaza de PTIS.

Comprendiendo la lógica premura de la familia por poder corregir la ausencia de este perfil profesional, parece deducirse que el motivo de la queja ha sido superado y el caso ha quedado resuelto. En cualquier supuesto, estamos dispuestos a realizar las actuaciones de seguimiento que resultaran necesarias.

La persona reclamante exponía, textualmente, lo siguiente:

“Formulo queja al Defensor del Pueblo Andaluz respecto del mal servicio de transporte público que se presta en la urbanización sita en Ayamonte.

Soy propietaria de un apartamento en la localidad de Ayamonte (Huelva). Concretamente el piso se encuentra en la urbanización residencial COSTA ESURI. Se trata de una zona en la que viven muchísimas personas durante todo el año y en verano se triplica debido al turismo y por ser segunda residencia de muchas familias que pasan la temporada estival allí.

Mi queja se centra en el servicio de transporte público que el Ayuntamiento de Ayamonte presta a las personas que allí nos tenemos que desplazar.

Durante los meses de invierno solo tenemos tres autobuses en todo el día de lunes a viernes: dos por la mañana y uno por la tarde. Los sábados sólo hay dos autobuses por la mañana. Y los domingos y días festivos no pasa ningún autobús.

En los meses de verano la dinámica es la misma con la única diferencia que se cambian los horarios pero la frecuencia es la misma.

No es para nada aceptable que en una zona donde residen tantas personas sólo pasen tres autobuses al día, y mucho menos que los días domingo y festivos no pase ni un solo autobús en toda la jornada. Es del todo vergonzoso.

Pero es que si la escasa frecuencia del transporte público no fuese ya por si pésima, encima los usuarios de dicho transporte nos tenemos que ver en la desagradable situación de que en muchas ocasiones el autobús NO LLEGA A PASAR o SI PASA LO HACE HASTA CON UNA HORA DE RETRASO. Esto es inadmisible y del todo desconsiderado hacia el ciudadano no cumpliendo la Administración pública con su obligación de prestar este tipo de servicio con los mínimos legales que la normativa recoge.

Es inadmisible que cuando el autobús no pasa, los usuarios nos veamos obligados a tener que llamar a un taxi y tener que pagar 12 euros en lugar de 1 euro que cuesta el autobús, y ello por ser la única alternativa para poder llegar hasta el pueblo que está a 3 kms de la urbanización pero que no puede recorrerse a pie por ser todo una zona de bosque, no contando la carretera con una simple acera ni alumbrado.

La urbanización no cuenta con supermercados ni farmacias por lo que desplazarse al pueblo es casi vital para subsistir, eso sin contar que la gente debe desplazarse para poder ir a trabajar.

Aparte me parece del todo desconsiderado que las paradas de autobús no cuenten con una marquesina que resguarde al ciudadano de la lluvia o del sol sobretodo cuando tiene que esperar a que el autobús llegue hasta una hora tarde a la parada!.

Les adjunto los horarios de invierno y de verano. Y les pido que puedan gestionar la AMPLIACIÓN DE LA FRECUENCIA HORARIA DE LUNES A DOMINGO y FESTIVOS así como LA ERRADICACIÓN DE LOS IMPORTANTES RETRASOS HORARIOS QUE SUFRE ESTE SERVICIO.”

En un escrito posterior manifestaba lo siguiente:

“Como complemento a mi reclamación adjunto el nuevo horario de autobuses para este año 2020 en temporada de invierno para el transporte entre Ayamonte y la urbanización Costa Esuri de dicha localidad. Como pueden observar el Ayuntamiento ha procedido a REDUCIR AÚN MÁS la frecuencia horaria, y ahora los sábados hay un autobús menos (se ha anulado uno de los autobuses concretamente el que bajaba al pueblo los sábados al mediodía). Por tanto ahora sólo se puede bajar al pueblo el sábado a las 9:30H y no vuelve a pasar ningún autobús más hasta el lunes a las 10H.

ESTO ES INADMISIBLE!!! Les pido exijan al Ayuntamiento una solución porque todos los que aquí residimos pagamos nuestros impuestos, que por cierto baratos no son, por lo que tenemos derecho a un servicio de autobús digno y eficiente y no a un parche como este.”

Admitimos la queja a trámite y nos dirigimos al Ayuntamiento de Ayamonte interesando que, adjuntando copia a esta Institución, se emitiera la respuesta que resultara procedente ante el escrito de la persona interesada del 12 de septiembre de 2019, señalando si sería posible incrementar las frecuencias y mejorar los horarios del servicio de autobús que comunica Costa Esuri con Ayamonte que demandaba la interesada o, de no ser así, que nos expusiera las causas que lo impedían.

En la respuesta municipal se nos trasladaba lo siguiente:

“En el caso de Costa Esuri, núcleo de población de reciente creación, y en el que la demanda de este servicio es mínima, se han mantenido numerosas reuniones con la empresa que presta el servicio y con la Asociación de Vecinos de Costa Esuri, en el siguiente sentido:

- Ajustar el horario de autobuses a la demanda real de usuarios.

- Modalidad de “transporte a demanda". Esta modalidad se implanta a partir del 27 de abril de 2020, tras el estado de pandemia, para ello se facilitó a los vecinos un teléfono donde contactar para la prestación del servicio.

- Se han mantenido reuniones con entidades privadas del sector del transporte y con los técnicos redactores del Plan de Movilidad de Ayamonte, los cuales nos hablan del problema que dicho servicio de autobuses tiene, dado que, de entrada. es deficitario dado el escaso número de personas que utilizan el servicio; algo que se contradice con las necesidades que supuestamente demandan los vecinos de Costa Esurl.

- Se ha mantenido reunión con el Consorcio de Transporte de la Provincia de Huelva, al que se ha trasladado la problemática, en aras, igualmente, de obtener una respuesta positiva y solucionar el problema.

- Actualmente se está trabajando en la mejora del transporte del municipio a través de varias líneas de actuación:

1°: El Plan de Movilidad.

2°.- Estrategia de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de la Provincia de Huelva, en la que se contempla la mejora del transporte público en la zona.”

En vista de lo anterior, nos dirigimos al Consorcio de Transporte Metropolitano, Área de Huelva interesando nos informara sobre las actuaciones previstas en atención a las peticiones del Ayuntamiento de Ayamonte, relativas al Transporte con Costa Essuri.

El Consorcio nos indicó que el servicio de transporte público aludido es un servicio de transporte urbano gestionado íntegramente por el Ayuntamiento, no existiendo en las rutas de las concciones adscrita al Consorio ninguna parada de transporte público regular de viajeros en autobús, en la urbanización Costa Esuri.

Cuando los servicios urbanos afectan a intereses públicos que trascienden a los puramente municipales o puedan servir a la satisfacción de necesidades de transporte metropolitano las competencias de los Ayuntamientos se ejercerán de forma coordinada con las de las Administraciones y Entidades de ámbito territorial superior. A tal fin se trató de incorprar alguna parada en las rutas de transporte regular interurbano que discurren por el municipio, sin embafgo, tal actuación suponía un incremento mínimo del tiempo de viaje de 23 minutos, en el recorrido dentro del término municipal de Ayamonte que hicieron descartar tal opción, dado que las rutas interurbanas tienen como priridad el atender necesidades de movilidad entre distintos términos. Se consideró, por tanto, no asumible dicho detrimento en la eficiencia de viaje por parte de ususarios con necesidades de movilidad interurbanas.

Por otro lado, las necesidades de movilidad que el Ayuntamiento pretendía atender con la contratación de tales servicios de transporte, tenían por objeto cubrir las necesidades de movilidad de sus vecinos dentro de su término municipal (transporte urbano) para realizar gestiones de la vida diaria entre distintas barriadas o urbanizaciones y su núcleo principal, no siendo en ningún momento éstas unas necesidades de movilidad interurbana o metropolitana, y por tanto, no competencia del Consorcio.

Con toda la información obrante en la queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, no por las medidas que pudiera adoptar el Consorcio sino por las que el Ayuntamiento se comprometió.

La persona reclamante manifestaba que el 2 de septiembre de 2021 presentó una reclamación en el Ayuntamiento de Almería dirigida a la Concejalía de Seguridad y Movilidad y que no había recibido contestación.

Explicaba los problemas que tenía un tramo de una calle y declaraba que:

- Era el único tramo de todas las calles del entorno en la que estaba autorizado el aparcamiento a pesar de las señales de prohibido aparcar que existían, se ocupaban los vados de las cocheras y había coches que usaban las aceras como cocheras no moviendo los coches durante meses.

- La calle no tenía las medidas reglamentarias de anchura por lo que los coches aparcaban encima del acerado. Los coches que circulaban se veían obligados a pasar por encima de la acera contraria para poder pasar.

- Las personas se veían obligadas a meterse en los portales de las viviendas o en los huecos que dejaban los vehículos aparcados cuando éstos existían para poder pasar por ella.

Por último, reclamaba que ese tramo de calle fuera igual al resto de las calles de su entorno y resto de calles que había en la ciudad de Almería.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe al citado Ayuntamiento para conocer si tenía previsto medidas para la señalización que prohibiera aparcar en la calle que nos ocupaba y, en caso afirmativo, nos señalara plazo para su materialización efectiva.

En la respuesta municipal recibida se indicaba que el 23 de febrero de 2022, se emitió informe desde la Unidad de Trafico y Seguridad Vial, Sección de planificación y control de tráfico de la Policía Local de Almería, en el que se consideraba que:

“- En cuanto a la petición de prohibir el estacionamiento en toda la calle, es decir desde el n.º 1 hasta el n.º 17, indicar que los vehículos estacionan en línea justo en frente a partir del n.º 2 hasta la calle San Eugenio quedando una anchura libre de paso de 2,80 metros cuando el ancho mínimo indicado en instrucción de la ordenanza de obras en la vía publica Artículo 20 indica que “ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a dos metros y medio libres para el tráfico”.

- En cuanto a la solicitud de pintar linea amarilla en el bordillo de la cochera n.º 10, indicar que esta solicitud corresponde al titular de la Licencia Municipal de Vado que en este caso no es del solicitante y si lo es de un garaje sin autorización de vado en el inmueble n.º 9 del que es titular sospechando que la petición es para facilitarle a él su libre acceso.

- Se debería de sustituir la señal R-307 con la leyenda 8 metros y pintar línea amarilla de refuerzo.”

En vista de lo anterior, se procedió a la sustitución la señal R-307 con la leyenda 8 metros y a pintar línea amarilla de refuerzo, lo cual documentaban con fotografía de la señalización.

Por tanto, considerando que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona reclamante presentaba queja por la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Monachil en un expediente sancionador de tráfico, al haber acudido directamente al trámite de publicación sin antes haberle notificado la denuncia en su domicilio electrónico o físico, vulnerando sus derechos constitucionales, y referido a un procedimiento prescrito.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe al Ayuntamiento de Monachil sobre las notificaciones practicadas o, en su caso, infructuosas.

En el informe municipal emitido se fundamentaba la desestimación de las alegaciones en cuanto a falta de notificación o notificación improcedente por estar acreditado los intentos de notificación en el único domicilio al cual tenía acceso esa Administración. También se fundamentaba la desestimación de lo alegado en cuanto a la prescripción de la infracción a fecha de 30 de junio de 2021 por estar acreditada la existencia de actos que interrumpían la misma.

Y en cuanto a la caducidad del procedimiento, se resolvía su declaración, ya que de los documentos obrantes en el expediente se apreciaba el transcurso de un año desde la notificación del documento de inicio del expediente sancionador sin que hubiera recaído resolución sancionadora definitiva resolviendo las alegaciones efectuadas, a causa de las posibilidades coyunturales y materiales que habían incidido en diversos servicios, tales como la acumulación de tareas, reasignación de efectivos y situación pandémica excepcional entre otros, que había conllevado que el plazo establecido para emitir la resolución hubiera sido de imposible cumplimiento. Por tanto, procedía el archivo de las actuaciones por los motivos anteriores.

Entendiendo que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En un primer escrito, la persona reclamante solicitaba información sobre la posibilidad de recuperar el importe de tasa por el servicio de grúa abonado días antes ante el Ayuntamiento de Córdoba. Exponía textualmente lo siguiente:

“Mi coche estaba aparcado en una vía donde más adelante había una señal de “prohibido aparcar” orientada hacia el sentido contrario de la vía. Esto es, desde donde yo aparqué, podía verse el “dorso” de la señal (adjunto fotos de donde estaba aparcado mi coche (el ... con matrícula ...) y de la vía). La vía es la Avenida ..., Córdoba.

Motivada por la situación, fui a recoger mi vehículo dispuesta a reclamar, pero mi sorpresa fue que no me pusieron multa, por tanto, no rige el principio de presunción de inocencia. Tuve que pagar 169,80€ por las tasas del servicio de grúa.

Según tengo entendido, en el art. 71 de la LSV, sobre la normativa sobre retirada de vehículos por la grúa y en su actualización del 24 de mayo, no hay motivo aparente para que la grúa se llevara mi coche, dado que no obstaculizaba el tráfico, ni la situación cumplía con ninguno de los supuestos por los que la grúa puede llevarse un coche.

Según me dijeron los vecinos de la zona, estas retiradas de vehículos parecen ser una práctica habitual en esa avenida. No tienen razón de ser, a no ser que la finalidad sea cobrar una suma de dinero fácilmente.

Por tanto, quisiera saber si puedo reclamar de alguna manera el importe que pagué, y si se pueden denunciar esas “prácticas habituales” del Ayuntamiento de la ciudad.”

En escrito posterior nos comunicaba que hacía dos meses presentó recurso de reposición ante el citado Ayuntamiento por estar disconforme con la respuesta de la entidad municipal considerándola no ajustada a derecho.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe al Ayuntamiento de Córdoba que, tras varias reiteraciones de nuestra petición por su falta de respuesta nos comunicó lo siguiente:

“(...) consta en el expediente que en fecha 13/12/2020 y siendo las 17:45 horas del mentado día, se formula denuncia en boletín número ... por agentes de la Policía Local de Córdoba por infracción al artículo 154 apartado 6, del Reglamento General de Circulación (RGC) consistente en estacionar en parada prohibida; hechos ocurridos en la Avenida ..., cuyos demás datos de identificación figuran en el citado boletín. Una vez incoado el procedimiento por el órgano competente contra ..., se notifica la denuncia en fecha 25/02/21 con un importe de cero euros.

Consta igualmente que en el boletín de denuncia, en la parte destinada a las medidas cautelares, el agente denunciante consigna la casilla de «Retirada», siendo retirado el vehículo y llevado al depósito municipal el día 13/12/20 a las 18:20 horas, exigiéndose para la devolución del vehículo a la interesada el abono de la cantidad de 169´80 € en concepto de prestación patrimonial de carácter público no tributario.

En fecha 11/01/21 la interesada interpone recurso de reposición a la exacción de la referida prestación patrimonial por considerar que no se dan los supuestos legales para la retirada del vehículo de la vía el día 13/12/2020.

Así, en fecha 04/03/2022 se emite informe de la técnico instructora de multas (CSV ...) que sirve de motivación al Decreto del Sr. Coordinador de Seguridad, Vía Pública y Movilidad de la misma fecha estimando el recurso de reposición formulado por la interesada y declarando no ajustada a derecho la retirada del vehículo de la vía y su depósito en instalaciones municipales y ordenando la devolución de la cantidad abonada por la interesada en concepto de prestación patrimonial satisfecha (CSV...).

La interesada ha sido notificada del citado Decreto en fecha 07/03/22 a las 13:37 horas y desde esta unidad de multas se ha contactado telefónicamente con ella al objeto de que facilite un número de cuenta de la entidad bancaria para la devolución de la cantidad abonada en concepto de prestación patrimonial satisfecha.

No obstante lo anterior, y en aras de evitar otra retirada del vehículo en la misma vía, el Jefe del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento ha señalizado correctamente la vía, de forma que en el lugar en el que estacionó la interesada queda prohibido el estacionamiento de forma clara mediante una señal vertical R-307 (parada y estacionamiento prohibido).”

Habiéndose solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a nuestra petición de información, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que residían y transitaban por la calle ... de esa capital, así como para evitar los daños materiales en los inmuebles allí situados.

En la respuesta municipal emitida se comunicaba lo siguiente:

“• La calle ... es, junto a la C/ ..., la puerta de entrada al Área de Circulación Restringida A.CI.RE. 3, por lo que solo se permite la entrada a los usuarios, negocios y residentes de A.CI.RE. 3, los escasos vecinos de las calles ..., ... y ...; en días lectivos se permite el acceso de 7:30h a 9:15h y de 13:45h a 15:30h a los padres/madres de los niños menores de 12 años de los colegios ..., ..., ..., ..., ... y, en horario de tarde, el … .

También está permitida la entrada para Carga y Descarga de la zona restringida de 6:00h a 7:30h, 9:15h a 12:00h y 16:30h a 18:30h y los sábados de 6:00h a 12:00h ya que ha de abastecer a los residentes de la zona.

• En cuanto a que entran vehículos pesados, le indico que eso no es posible, ya que existe una limitación física, un poco después de la C/ ..., esto es, en la C/ ..., entrada a zona A.CI.RE. que tiene un panel informativo en una señal R-301 con limitación de velocidad de 20 km/h, R-204 con limitación de anchura de 2 m y texto “preferencia peatonal”.

• Todo esto supone que la intensidad media diaria de vehículos que transitan por la C/ ... no sea mayor que otra del Casco Histórico, en la entrada a su Área de Circulación Restringida, A.CI.RE. y sus condiciones físicas no son peores que otras del mismo eje de entrada a la zona.

• En cuanto a la señalización de la calle, que tiene 150 metros rodados, ya tiene dos paneles informativos con la inscripción ZONA 20 PRIORIDAD PEATONAL que garantiza la seguridad de los peatones.

• En cuanto a los puntos 2, 3 y 4 de su escrito, no hay nada que contestar desde este departamento, porque se desconocen estos escritos y cuando se va a reunir la Comisión de Seguimiento del Plan Director de Accesibilidad al Conjunto Histórico.

• Por último, en cuanto a la recomendación del Defensor del Pueblo para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que residen y transitan por la C/ ..., decir que la vía es de plataforma única y ya está suficientemente señalizada con limitación de velocidad de 20 km/h con prioridad peatonal e incluso se ha pintado un paso de peatones, aunque no era necesario, por el estrechamiento para reforzar la misma.”

En vista de esta información, considerando que la Resolución formulada había sido aceptada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona reclamante manifestaba que ostentaba la tutoría legal de su madre, con una discapacidad del 84%. El 27 de julio de 2021 operarios del ayuntamiento volvieron a repintar el aparcamiento para personas con movilidad reducida, siendo desplazado hacia la puerta de entrada de su vivienda, siendo entonces imposible el acceso a la misma, por lo que su madre no podía salir ni tampoco entrar/salir ningún tipo de locomoción por ejemplo, una camilla de urgencias. En el 2018 solicitó dentro del marco legal urbanístico un vado consistente en una línea amarilla sólo para la puerta, el cual, fue concedido.

Entendía que se habían producido 2 irregularidades: un aparcamiento para personas disminuidas no se podía hacer tapando entradas y, además, el tamaño del aparcamiento ya que como mínimo tenía que ser de 5m y un añadido por la parte posterior de 1 ́5m. En su caso, el aparcamiento tenía 4 ́60m y no tenía el añadido de 1'5m.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe al Ayuntamiento de Guillena que en su respuesta nos indicó que se había podido comprobar que, teniendo en cuenta las dimensiones de la vía y por tanto del acerado, existirían dificultades para acceder a la vivienda para una persona que necesitara cualquier clase de ayuda para desplazarse en el caso de hubiera un vehículo aparcado a la altura de la puerta de entrada. Por ese motivo, se había procedido a desplazar unos metros la zona para el aparcamiento y se había pintado el área de la calzada frente a la puerta de la vivienda con la señalización indicativa de la prohibición de estacionamiento de vehículos.

En consecuencia, deduciéndose que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada nos remitía copia de la reclamación que refería ha presentado ante la Oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía, por los retrasos en la rehabilitación de la 7ª y 8ª fase del barrio Cerro del Moro, en Cádiz, casi treinta años después del inicio de las obras de rehabilitación del barrio. Dicha reclamación había sido firmada por todos/as los/as vecinos/as de las setenta viviendas afectadas y en ella exponían que el estado de los inmuebles era muy deficiente, refiriendo posibles problemas de seguridad estructural.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos a la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio información, en julio de 2022, relativa a las previsiones respecto a la rehabilitación de la 7ª y 8ª fase del barrio Cerro del Moro.

En agosto recibimos respuesta y tras su evaluación, el 5 de octubre de 2022 el Defensor del Pueblo Andaluz Jesús Maeztu, acompañado de personal del Defensor del Pueblo Andaluz realizó una visita a la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Cádiz, a fin de recabar nueva información sobre la situación actual de la ejecución de la octava fase de la remodelación del citado barrio, con la asistencia de la Delegada Territorial, el Director General de AVRA, el Director Provincial de AVRA en funciones y personal técnico de AVRA.

Por el personal de AVRA se expusieron los hitos que se habían llevado a cabo en los últimos años, con el proceso de adquisición de las 47 viviendas y locales de la 7ª fase, la demolición de las mismas, la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de las viviendas de la 8ª fase a construir en el solar en el que se encontraban las viviendas de la 7ª y las reuniones y entrevistas con las familias de la 8ª fase a fin de elaborar el estudio de necesidades de cara a la nueva promoción de viviendas.

Por la Delegada Territorial se manifestó el compromiso total de la Junta de Andalucía en la ejecución de las viviendas que quedaban para la renovación total de la barriada.

La diferencia de la fase 8ª, que era la que quedaba por ejecutar, residía en que las fases 4, 5 y 6 se ejecutaron en suelos públicos cedidos por el Ayuntamiento, y la fase 7, en cuyos terrenos se iban a edificar las viviendas de la fase 8ª, se trataba de suelos privados que se habían tenido que gestionar. A tal fin, Consejería, AVRA y Ayuntamiento de Cádiz estaban colaborando a fin de solucionar la cuestión técnica relativa al planeamiento, consistente en la división de la Unidad de Ejecución en 2, y posteriormente llevar a cabo la nueva reparcelación.

A continuación se mantuvo entrevista por el Defensor del Pueblo Andaluz con el Alcalde de Cádiz, el cual manifestó que el ayuntamiento había hecho ya todo lo que tenía que hacer que era aprobar la modificación del planeamiento para la división en dos de la unidad de ejecución, cosa que se había efectuado en la sesión Plenaria del 14 de septiembre y que para ello se había prestado la mayor colaboración y coordinación del personal técnico municipal con el de AVRA.

Finalmente se concluyó la visita en la propia barriada, en la sede de la Asociación de Vecinos, recibidos por su Presidenta, con la asistencia de otros miembros de la Junta de la Asociación y con la también presencia de la persona promotora de la queja y una representación de la Plataforma de Afectados que había constituido junto con otras personas, a fin de informarles del resultado de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha con ocasión de la tramitación del expediente de queja.

Por miembros de la Asociación, Plataforma y Vecindario presente se expusieron las diversas deficiencias de la barriada que venían denunciando, fundamentalmente en materia de alumbrado público, la cual parecía que iba a ser atendida por el Ayuntamiento mediante el cambio de las farolas. Concluyendo que la reivindicación con carácter general era la de la conservación del barrio.

El 15 de diciembre de 2022 el Defensor del Pueblo Andaluz mantuvo una nueva reunión en la sede de la Asociación de Vecinos a la que asistieron el Alcalde de la Ciudad, acompañado de la Concejala de Vivienda, la Delegada Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz y el Director Provincial de AVRA en funciones en Cádiz, así como personal asesor técnico de AVRA y del Ayuntamiento.

El objeto de la convocatoria era informar al vecindario convocado, incluida la persona promotora de la queja y la Plataforma de afectados/as, sobre el estado actual de las actuaciones encaminadas a la remodelación de la barriada Cerro del Moro con la ejecución de la 7ª y 8º fases. Durante la misma, se proporcionó información sobre:

1. La financiación: con cargo al presupuesto de AVRA, al Programa Ecovivienda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos europeos “Next Generation”, y al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025)m , habiéndose delimitado ya el área Degradada Cerro del Moro mediante Orden de la Consejería de fecha 26 de octubre de 2022.

2. La hoja de ruta a seguir en la tramitación urbanística:

* La división de la Unidad de Ejecución EX 17 Cerro del Moro en dos, que estaba pendiente de la aprobación de la Junta de Gobierno Municipal, tras lo cual debería estar en exposición pública un mes, aprobarse definitivamente y luego tramitarse el proyecto de reparcelación.

* La aprobación de la corrección de errores del PGOU, actualmente en trámite de aprobación en la Consejería de Fomento, organismo competente para ello.

3. Plazo de ejecución de las obras. Se preveía que la tramitación del expediente de contratación de las obras podría alargarse durante todo el ejercicio 2023, por lo que AVRA se comprometió es ir tramitando el expediente de contratación mientras se gestiona la concesión de la licencia de obras, de forma que ambos trámites se solapen con la finalidad de ir ganando tiempo. Aunque ninguna de las administraciones presentes quisieron dar un plazo concreto para el inicio y terminación de las obras, sí se concretó que para el mes de julio de 2026 las viviendas tenían que estar ejecutadas y justificada la subvención con cargo al Programa de Ecovivienda.

Finalmente el Defensor del Pueblo Andaluz se comprometió a tener un nuevo contacto presencial con las dos administraciones presentes, a fin de conocer los avances que se hayan ido produciendo desde la fecha de esta reunión.

Dado que la tramitación aún pendiente iba a tener una demora en el tiempo y considerando que había un horizonte temporal para la efectiva ejecución de las 67 viviendas protegidas programadas, que se concretaba en el mes de julio de 2026, como tiempo máximo, no tenía virtualidad práctica que el presente expediente de queja permaneciera abierto hasta dicha fecha.

En consecuencia, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, sin perjuicio de que transcurrido un plazo de seis meses desde la conclusión de nuestras actuaciones efectuáramos el seguimiento de las practicadas y de las pendientes de ejecución, tal como esta Defensoría se comprometió en la última reunión aludida.