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En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al silencio mantenido por la Administración a la reclamación formulada por rotura de lápida, el Ayuntamiento de Utrera nos traslada la siguiente información:

“ …... Visto los informes expuestos se propone reconocer la responsabilidad del Ayuntamiento por los siguientes fundamentos:

Los hechos se producen en un edificio de propiedad municipal concretamente el cementerio municipal. Dicho edificio dispone, tal y como se establece en el informe del ingeniero técnico industrial, de un cerramiento en todo su perímetro con una altura variable, pero que se entiende suficiente para evitar que alguien pueda entrar y para que la seguridad de la parcela este garantizada, máxime cuando tal y como se desprende del informe de la arquitecta técnica municipal: “...la altura del cerramiento del cementerio,no tiene limitación, pudiendo ser cualquiera que se entienda garantiza la seguridad de la parcela”. Es por ello que en circunstancias ordinarias y normales la seguridad del cementerio está garantizada.

Ahora bien, en la fecha en la que ocurrieron los hechos se estaban efectuando obras en una parte del cementerio, tal y como queda constatado en el informe del administrador del cementerio y en el del responsable del contrato de las obras que se estaban efectuando. Se daba por tanto una circunstancia excepcional que interfirió en la seguridad de la parcela municipal, que hizo que la seguridad de la misma no estuviera garantizada tal y como se establece en el informe del administrador del cementerio: “....Este cerramiento que sustituyó al de placas de hormigón era de fácil acceso al recinto. Se adjuntan fotografías:.. No se adoptaron medidas especificas de vigilancia del recinto durante el transcurso de las obras.” Todo ello, sin perjuicio de que las condiciones de seguridad y salud de la obra, tal y como se especifica en el informe del arquitecto técnico municipal, eran las adecuadas.

Igualmente queda acreditado mediante informe del administrador del cementerio, de que entre las lápidas que sufrieron daños por los actos vandálicos en el cementerio, está la del interesado , coincidiendo los daños que reclama con los que se describen en el citado informe y en las fotografías que se adjuntan al mismo.

Por todo lo anterior, podemos concluir que existe un hecho imputable al servicio público que provocara el siniestro que se reclama, y por tanto concurren las circunstancias requeridas jurisprudencialmente para considerar existente un nexo causal para este supuesto, por lo que resulta procedente estimar la reclamación presentada.

El interesado aporta un presupuesto de 776 €. A la vista de las concretas circunstancias del caso, se considera que el presupuesto aportado constituye un documento probatorio suficiente para fijar el valor de reparación de los daños producidos, ya que la entidad de las labores de reparación quedan acreditadas como se ha expuesto en el informe del administrador, constando además concretamente en el presente caso, fotografías aportadas por el administrador municipal de la lápida propiedad del interesado. Es por ello que, no parece que quepa dudar de la razonabilidad del importe presupuestado, pese a que se exija por la compañía de seguros municipal con posterioridad, factura acreditativa del importe presupuestado.

En la tramitación del presente procedimiento se ha observado lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Vistos los antecedentes mencionados y la normativa que resulta de aplicación, formulo la siguiente,

PROPUESTA

ÚNICO.- Estimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D. ..., con DNI:...... por los fundamentos expuestos en el cuerpo del presente escrito , reconociendo los perjuicios causados en 776€.

Es lo que se informa a los efectos oportunos. …..”

Por el presente vengo en DECRETAR:

PRIMERO: Estimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por D. ….., con DNI: …. por los fundamentos expuestos en el informe-propuesta de la TAG del Área de Presidencia, reconociendo los perjuicios causados en 776€

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado comunicándole los recursos legales correspondientes así como a la compañía de seguros municipal.”

Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a vulneración derecho y acceso a información, la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, nos traslada la siguiente información:

“En contestación a su escrito que tuvo entrada en esta Delegación Territorial el 11 de septiembre de 2020,con número de registro E/2020 121300023114, en relación con su petición de dar respuesta expresa al escrito presentado en fecha 3 de enero de 2020, por la Sra. (...), informándoles al respecto, se emite el presente

INFORME:

PRIMERO.- Por la interesada se presentó solicitud de información pública en fecha 03/01/2020, a través de la Unidad de Transparencia, marcando en la casilla 7 de su solicitud, como modalidad de acceso a la información, la de correo electrónico. Igualmente, como modalidad en que deseaba recibir la notificación marcó la de correo electrónico, en el casillero 6 de su solicitud. No daba dirección postal alguna e indicaba como correo electrónico a efectos de notificaciones y traslado de la información.

SEGUNDO.- Mediante comunicación de fecha 07/01/2020 se hacia saber a la solicitante que se procedía a dar tramite a su solicitud de acuerdo a lo establecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucía, considerándose competente esta Delegación para resolver su petición que, se le indicaba, le sería notificada a la antes reflejada dirección de correo electrónico.

TERCERO.- Mediante comunicación de fecha 29/01/2020 se hacia saber a la solicitante que se procedía a dar traslado de su solicitud a terceros interesados cuyos derechos podían verse afectados caso de concederse la información peticionada, según lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, suspendiéndose el plazo para dictar resolución hasta la fecha de recepción de las alegaciones o de finalización del plazo para su presentación.

CUARTO.- EI siguiente día 21 de febrero de 2020 se dicta resolución por la que se acuerda facilitar la información solicitada.

QUINTO.- El mismo día se notificó a la interesada, por el antes mencionado conducto por ella elegido, la anterior resolución, y se le adjunto la documentación relacionada en la misma.

SEXTO.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de marzo de 2020, en la oficina de correos de Cabra, ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la interesada reconocía haber sido notificada de la antes citada resolución de 21/02/2020 y reclamaba solicitando el amparo de dicho.

SÉPTIMO.- Solicitado el expediente por el antes citado Consejo en fecha 12 de agosto de 2020, el mismo fue remitido acompañado de informe de fecha 31/08/2020, quedando a día de hoy la reclamación formulada pendiente de resolución por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

De lo hasta ahora expuesto se desprende que si que se dio respuesta a la formulante de la queja que motiva la emisión del presente informe, lo que sucede es que la misma no consideró suficiente la respuesta recibida, formulando frente a ella reclamación a la instancia superior en materia de transparencia en nuestra comunidad autónoma; reclamación que se encuentra a día de hoy pendiente de resolver.

Todo lo que antecede comunico a V. l. mediante el presente informe, emitido en la fecha de su firma y anticipado vía email, entendiendo esta Administración esclarecido el asunto, y quedando a su disposición para ampliar información sobre cualquier extremo que considere necesario.”

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto por el que acudió a esta Institución se encuentra en vías de ser solucionado, una vez que la citada Delegación Territorial dió traslado de su informe y del expediente al Consejo de Transparencia que resolverá al respecto en ejercicio de sus funciones y competencias; por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

No obstante, si transcurrido un tiempo prudencial observase que no se realizan las actuaciones mencionadas o el problema por el que se dirigió a esta Institución continúa, podrá dirigirse nuevamente a esta Institución para poder prestarle de nuevo nuestra colaboración.

El promotor de la queja nos trasladaba su preocupación por la situación en la que se encontraba su madre, de 90 años de edad, y Grado III de Gran Dependencia reconocido desde hace más de un año. Manifestaba que su madre convivía con él y su mujer, sin embargo, ambos trabajaban, quedándose sola en casa toda la mañana, por lo que temía que en ese tiempo le sucediese algo.

Solicitaba que se resolviese, sin más demora, el expediente de dependencia de su madre, y de este modo poder acceder al Servicio de Atención Residencial propuesto por Servicios Sociales Comunitarios.

Interesados ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, y aunque en el informe recibido en respuesta se nos participaba que el expediente de la dependiente se encontraba pendiente de validación y resolución, finalmente el reclamante nos ha comunicado que se ha emitido resolución aprobatoria del PIA de su madre, reconociéndole el derecho de acceso al servicio de atención residencial.

Por tanto, considerando que el asunto planteado se encontraba solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte, ante la falta de contestación de diversos escritos presentados en el Ayuntamiento de La Mojonera en los que planteaba cuestiones de índole retributiva y relacionadas con derechos sociales reconocidos a los funcionarios de ese Ayuntamiento, en general, y particularmente a los integrantes del Cuerpo de Policía Local de la localidad citada.

Con fecha 7 de septiembre de 2020 recibimos respuesta del mencionado Ayuntamiento a la Resolución dictada con fecha 16 de diciembre de 2019 en la que, nos comunica que se ha procedido a dar respuesta a las distintas cuestiones planteadas por el interesado.

Motivo por el que hemos dado por finalizadas nuestras actuaciones en el expediente de queja al aceptar la Administración local la Resolución formulada.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte, referente a la la demora por parte de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, en resolver la Pensión No Contributiva de Jubilación solicitada en mayo de 2019.

Recibido informe de la Delegación Territorial se nos comunica que le han concedido a la persona interesada la Pensión No Contributiva de Jubilación, con el abono de los atrasos correspondientes desde el mes siguiente a Ia fecha de su solicitud.

Se dirigieron a esta Institución varios vecinos de una calle del municipio sevillano de La Roda de Andalucía, manifestando que llevaban varios años soportando la grava incidencia acústica que producía un establecimiento hostelero, cafetería-pub, situado en su misma calle y que, a pesar de las conversaciones que habían mantenido con el titular del establecimiento y de las denuncias que habían interpuesto en el ayuntamiento, la situación seguía siendo la misma. Siempre según los vecinos, la Concejalía de Seguridad Ciudadana había trasladado unas recomendaciones a la propiedad del establecimiento, pero ésta había hecho caso omiso de las mismas. Las denuncias de los vecinos eran las siguientes:

- El establecimiento, que tenía licencia como “cafetería sin cocina”, ofrecía música desde su apertura hasta el cierre, cuyo horario incumplía, y permanecía con las puertas abiertas, por lo que el ruido llegaba a los vecinos.

- El establecimiento contaba con una terraza, al parecer sin licencia, cuyas mesas y sillas colocaba “caprichosamente”, según los vecinos, en la acera e, incluso, en la calle donde transitaban los vehículos, por lo que obstaculizaba el paso de los peatones y atentaba al derecho al descanso de los vecinos, pues el griterío, broncas, risas, etc., que formaban las personas que ocupaban las mesas y sillas no les permitía el normal desarrollo de la vida de los vecinos.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado ayuntamiento, después de varias gestiones por parte de esta Institución finalmente conocimos las actuaciones que había realizado éste en relación a las denuncias de los vecinos para dar solución a las irregularidades, como ordenar a la policía local la realización de inspecciones al local denunciado para controlar horarios de cierre, existencia de música o ruido u ocupación de la vía pública.

Además de ello, fueron los vecinos que presentaron la queja los que se pusieron en contacto con esta Institución manifestándonos que había quedado resuelto el problema pues “tras recurrir al asesoramiento de un abogado, el Ayuntamiento ha cumplido, de una vez por todas, con su deber al obligar al Sr. que regenta el local nocturno, del que surgió nuestras quejas, a mantener sus puertas cerradas y a impedirle que coloque veladores en la puerta, ya que estaba incumpliendo la normativa obstaculizando el paso de los transeúntes”.

Por tanto, procedimos al cierre del expediente al considerar que el problema estaba solucionado.

Tras nuestra intervención ante el Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, se adoptan una serie de medidas sobre unas instalaciones deportivas cercanas a unas viviendas para que el impacto de los balones en elementos metálicos deje de producir ruidos, fijando un horario de apertura y cierre.

En su escrito de queja el interesado planteaba que en abril de 2011, los vecinos de su calle habían denunciado en el Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, el ruido que venían soportando como consecuencia del golpeo de balones en las vallas metálicas de unas pistas deportivas situadas a escasos metros de las viviendas. En dicho escrito también se denunciaba el horario establecido para dichas pistas, pues “no se respeta y son frecuentes reuniones de jóvenes hasta la madrugada”. Esta denuncia la habían reiterado en junio de ese mismo año ante la Policía Local, pero no habían obtenido respuesta alguna. En concreto, en su escrito solicitaban que se cambiaran las vallas metálicas por redes de cuerda, que no provocasen el ruido que aquéllas generaban tras el impacto de los balones y que se adoptara alguna medida en cuanto al horario de uso, para evitar que lo que es una pista deportiva se convirtiera en un “botellódromo” improvisado, dándole un uso no previsto que además genera elevados niveles de ruido en horario de descanso.

Durante la tramitación de esta queja también se planteó la misma cuestión por el interesado de la queja 18/2665, por lo que unimos la tramitación de las dos quejas en un solo procedimiento.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado ayuntamiento, éste, en un primer informe, nos informó de que en marzo de 2017 se habían retirado las vallas metálicas para instalar una doble línea de parada de balones para que estos no llegasen a las viviendas.

Dimos traslado de esta información al interesado que nos respondió, en síntesis, que las vallas hacía ya cinco meses que se habían retirado, pero que no se habían ejecutado las obras que anunciaba el ayuntamiento y que, además, el ayuntamiento nada decía del tema del horario de apertura del recinto deportivo para evitar la concentración de personas que utilizaban el mismo para el consumo de bebidas a cualquier hora pues “el descanso es muy difícil y no hay control alguno. El muro que hay entre las viviendas y las pistas, tiene las redes rotas, provocando ruidos al golpear los balones. Hay escasos 6 metros. Al no haber horario, es muy frecuente la utilización a cualquier hora, y ya no solo es el ruido de los balones, sino las propias personas realizando las actividades. Son frecuentes discusiones y voces”.

Después de dirigirnos nuevamente al ayuntamiento, éste nos informó que ya se habían ejecutado las obras para dotar a la instalación deportiva de dos líneas, pero en el transcurso del tiempo una de ellas presentó diversos desperfectos por lo que hubo que proceder a su arreglo y, en cuanto al horario, el ayuntamiento había redactado un pliego para la contratación de una empresa de servicios para la apertura y cierre de varias pistas deportivas del municipio y de su limpieza.

Cuando dimos traslado de esa información a los interesados, uno de ellos manifestó que la valla seguía rota y que ello había provocado diversos daños a su vivienda, por lo que tuvo que presentar solicitud por la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Además, continuaban las vibraciones y ruidos provocados por los balones que golpeaban la estructura metálica que habían colocado frente a su vivienda, ya que estaban ancladas a uno de los pilares de sujeción. Las vibraciones se transmitían a través del suelo y parte de la estructura del edificio, lo cual no ocurría con las redes anteriores, ya que no estaban ancladas a dichos pilares, y por lo que había solicitado la retirada o insonorización de las mismas, sin que hasta aquel momento se hubiera atendido dicha petición.

Tras varias actuaciones, finalmente conocimos que se había adelantado la valla de protección con red algunos metros respecto de las viviendas, separando los puntos de soldadura de los muros de contención, para evitar las vibraciones y se habían recubierto los postes con material que amortiguaba los impactos de los balones en los postes metálicos para evitar los ruidos. En cuanto al horario del recinto, se había establecido un nuevo horario y una persona encargada de la apertura y cierre del mismo y, además, se había prohibido la entrada de animales en el recinto deportivo.

Dimos traslado de esta información a los interesados para que nos remitieran sus alegaciones. No recibimos respuesta de éstos por lo que entendimos que el problema se había solucionado al considerar que no eran precisas nuevas actuaciones por parte de esta Institución.

El Ayuntamiento de Sevilla, tras aceptar nuestra Resolución, incoa procedimiento sancionador contra un establecimiento hostelero e impone multas coercitivas.

En su escrito de queja, la interesada denunciaba el incumplimiento de una resolución dictada en abril de 2017 por el Director General de Medio Ambiente y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, en un expediente instruido sobre la actividad de un establecimiento de bar-cafetería sito en la calle ... de la ciudad. En dicha Resolución se había acordado iniciar un procedimiento sancionador contra el titular de la actividad y se había ordenado, como medida administrativa no sancionadora de restablecimiento de la legalidad, la clausura de la actividad hasta que se llevase a cabo la legalización de la misma o se pudiera llevar a cabo la puesta en marcha de conformidad con el artículo 74.5 de la Ordenanza reguladora de obras y actividades (OROA). Se advertía en aquella Resolución que la orden de clausura era inmediatamente ejecutiva desde la notificación de la misma,y que, además, se notificaba a la policía local para que vigilase su cumplimiento para que, en caso de no realizarse voluntariamente por el obligado, se procediera a su ejecución forzosa mediante precinto.

Esta orden de clausura, siempre según la interesada, ni había sido cumplida por el obligado ni tampoco había sido ejecutada forzosamente por la policía local, por lo que el local seguía generando elevados niveles de ruido dada su singular configuración. A tal efecto, se habían presentado nuevos escritos de denuncia en el Ayuntamiento, concretamente en mayo de 2017.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló resolución a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla en la que le recomendamos que si persistían las irregularidades detectadas en el establecimiento, sobre el que habían recaído ya varias resoluciones disciplinarias, instara la clausura del mismo y, de ser necesario, se activaran los mecanismos de ejecución forzosa, previos los trámites legales oportunos, manteniendo una especial vigilancia sobre dicho establecimiento.

Como respuesta a esta resolución el ayuntamiento nos ha comunicado que mediante resolución dictada en junio de 2018 se inició el procedimiento sancionador contra el establecimiento pues el local disponía de “elementos no legalizados, tales como televisión, proyector ... de pantalla de 80'' y dos juegos de dardos y futbolín. Asimismo, se dicta Resolución ... de fecha .. de junio de 2019, manteniendo la orden de clausura impuesta en la resolución anterior ya que no se retiraron los elementos descritos anteriormente”.

También la Gerencia Municipal de Urbanismo había dictado resolución por la que se ordenaba la ejecución de medidas para la restitución de la realidad física alterada, por la ejecución de obras sin licencia no legalizables. Como habían detectado que no se habían ejecutado las medidas ordenadas, en septiembre de 2019 “se ha procedido a imponer primera multa coercitiva por importe de 600€ a la entidad denominada ..., como medida de coacción para que cumpla con lo ordenado, que se aprueba mediante Resolución de fecha ../09/2019 adoptada por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo”.

Dimos traslado de esta información a la interesada para que nos informara si le constaba que se hubieran cumplido las órdenes dictadas por las diversas dependencias del Ayuntamiento de Sevilla o la situación seguía siendo la misma, con la fachada del establecimiento completamente abierta al exterior. Sin embargo, la interesada no respondió a esta comunicación en el plazo que a tal efecto le dimos, por lo que entendimos que consideraba que no eran necesarias nuevas actuaciones y, por tanto, procedimos al archivo del expediente de queja.