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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga que se revise la Instrucción de la Secretaría General de Servicios Sociales por la que se regula la renta mínima de inserción social en Andalucía, en cuanto a la cobertura de este tipo de supuestos, como el que nos ha ocupado, en el Cambio del titularidad en la RMISA sin alteridad de la unidad familiar.

Asimismo, recomienda que se revise el iter procedimental del expediente de la esposa del solicitante y los defectos procedimentales advertidos, con las consecuencias pertinentes.

ANTECEDENTES

I. Como conoce de nuestros escritos precedentes, comparecía el interesado ante esta Institución para relatarnos sus circunstancias personales, sosteniendo no tener derecho a la pensión de jubilación contributiva pese a estar próximo a cumplir los 65 años y, en esta tesitura, exponía que había solicitado la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía el 24/08/2018, cercano a cumplir la edad de los 65 años, temiendo su denegación, puesto que las personas titulares de la citada prestación han de tener una edad comprendida entre 25 y 64 años, ambos inclusive.

II. Admitida a trámite su queja y solicitado informe a esa Delegación Territorial, con fecha 25/01/2019 recibimos respuesta en la que se expone que el interesado presentó solicitud de Renta Mínima de Inserción Social con fecha de entrada en esa Delegación Territorial de 24/08/2018, informando que el titular de la solicitud cumplió los 65 años el 15/09/2018 y que el artículo 2 del Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, establece una limitación en cuanto a la edad para las personas titulares de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que debe situarse entre los 25 y los 64 años, ambos inclusive.

Añadía el informe que, para mayor protección de los derechos de la infancia, igualmente podrán ser personas titulares de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía las personas de 65 o más años que acrediten debidamente tener a su cargo personas menores de edad, sin que exista otra persona integrante de la unidad familiar que reúna los requisitos para ser solicitante.

III. En esta tesitura, procedíamos al cierre de las actuaciones con fecha 13/02/2019, al entender que no se desprendía, a priori, ningún tipo de irregularidad administrativa, acordando de nuevo con fecha 16/06/2019 la reapertura de la queja, puesto que recibíamos nueva comunicación del interesado en la que nos comunicaba que su esposa había presentado con fecha 02/01/2019 una nueva solicitud de la RMISA, siguiendo las indicaciones de esa Delegación Territorial, ante la advertencia del posible incumplimiento de requisitos en la de su marido. Inexplicablemente, se le había comunicado resolución de acumulación de dicha solicitud a la del expediente de la unidad familiar de D. Francisco Irujo Mayo (Expte (DPMA) 561-2018-00079004-1), registrado con fecha 24/08/18, al comprobarse que los mismos guardan identidad sustancial o íntima conexión.

El interesado pedía nuestra intervención para interesarnos por este último expediente, pues al tiempo de esta última decisión administrativa aún no se había notificado respuesta a su solicitud inicial, ni entendía la acumulación.

IV. El nuevo informe solicitado a esa Delegación Territorial, recibido el pasado 27/08/2019, expone que la persona interesada presentó solicitud de acceso a la RMISA con fecha 24/08/2018 y que iniciada la tramitación del expediente y verificada la información facilitada por el solicitante, se dictó, con fecha 12 de julio de 2019, Resolución denegando la Renta Mínima de Inserción por no tener la persona titular la edad requerida según los artículos 3.2.a) y 3.2.b) y no reunir las condiciones necesarias para cumplir con el Art.3.2.d).

La respuesta señalaba que la citada resolución se encuentra pendiente de ser notificada a Ia persona interesada en el domicilio designado en la solicitud, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 y 41 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y mencionaba la opción que le asiste de interponer el oportuno recurso de alzada.

V. Dado traslado al interesado del contenido del informe, manifestaba su sorpresa y disconformidad, alegando la inviabilidad de recurrir en alzada la desestimación recaída, al ser objetivo el dato de su edad, pero insistía en la persistencia de la situación irregular, puesto que el expediente de su esposa seguía sin resolver y nos pedía mantener la investigación, puesto que entendía que su unidad familiar cumplía con los requisitos para acceder a la renta mínima de inserción social de Andalucía, cuando se solicitó por su esposa en enero de 2019 hasta la fecha de julio de 2019, momento en que el promotor de la queja empezó a cobrar la pensión de jubilación completa, pues la que le pagaron en junio lo fue de modo parcial, ascendiendo su importe a solo 431,38 euros, solicitando por ello esta Defensoría nuevamente la colaboración de esa Delegación y emisión de informe administrativo.

VI. Así las cosas, se recibe nuevo informe administrativo con fecha 22/09/2020, en el que se reitera el iter del procedimiento de la solicitud del interesado y el fundamento de su denegación. En cuanto a las dilaciones de la tramitación del expediente de la esposa del interesado, sostiene que presentó la solicitud de RMISA el 02/01/2019 y que dado que en tal fecha el expediente presentado por su esposo aún no había sido resuelto, se acordó la acumulación del expediente posterior, el de la mujer, al más antiguo, el del marido (expte. nº 561/2019/14493-1 al expte. 561/2018/79004-1), con la consecuencia de que solo se actúa sobre el primer expediente que posteriormente fue denegado por las razones expuestas, por lo que el procedimiento de ambos expedientes quedó resuelto al emitirse Resolución denegatoria de fecha 12 de julio de 2019 recaída sobre el expte. 790041.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Se sustancia en la presente queja un tema muy recurrente en esta Defensoría, que es la demora en la resolución de la renta mínima de inserción social de Andalucía, regulada en el Decreto–ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el marco de los derechos reconocidos en el texto de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Ahora bien, en este caso, a la demora habitual y falta de resolución en el plazo máximo señalado a tal efecto, hemos de sumar cuestiones de la tramitación procedimental que nos resultan de alguna forma anómalas o confusas, como tendremos ocasión de desgranar y que a la postre generan una situación de vulnerabilidad a personas que se encuentran en una situación de partida compleja, como es el caso del interesado, que convive con su esposa, con la que conforma una unidad familiar y observa cómo se le cierran las oportunidades de acceder a la renta mínima de inserción social de Andalucía en un entramado de burocracia, notificaciones y fechas, que realmente escapan a la compresión ordinaria y racional de cualquier ciudadano de “a pie”.

Son varias las cuestiones en las que nos debemos detener en cuanto a los aspectos procedimentales, dejando a salvo, la transcendencia de este tipo de prestación orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que debería conllevar, si cabe, un mayor rigor en el cumplimiento de los plazos y de la facilidad en el acceso y tramitación de la misma, por ser un instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones y la intervención rápida sería cuanto menos deseable.

Centrándonos ya en los aspectos de procedimiento, podemos ir apreciando diversas cuestiones:

Respecto al plazo máximo para resolver la solicitud del interesado de fecha 24 de agosto de 2018, apreciamos un dictado extemporáneo, de conformidad con el artículo 32.2 de la norma reguladora de la renta mínima de inserción social de Andalucía, puesto que la misma debía de producirse en dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver.

Es obvio, según nos informaba la Delegación Territorial, en el segundo informe recibido con fecha 27/08/2019, que la Resolución se dicta fuera de plazo, ya que es de fecha 11 de julio de 2019, según nos indicaban “por no tener la persona titular la edad requerida según los artículos 3.2.a) y 3.2.b) y no reunir las condiciones necesarias para cumplir con el Art.3.2.d)” y se nos señalaba que “la misma estaba pendiente de ser notificada a Ia persona interesada en el domicilio designado en la solicitud, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 y 41 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la opción que le asiste de interponer el oportuno recurso de alzada”.

Igualmente, en cuanto a la notificación de la misma, de la literalidad del informe emitido resulta igualmente incumplida la previsión del artículo 40.2 de la precitada Ley 39/2015, que establece que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado, dado que el 24 de agosto de 2019 la Administración informa que la Resolución de fecha 12 de julio, está pendiente de ser notificada, aún cuando este aspecto constituye una irregularidad no invalidante del acto.

En este contexto es en el que la esposa del interesado presenta la solicitud de renta mínima en enero de 2019, es decir, en el marco de una solicitud presentada por el marido en agosto de 2018, pero aún no tramitada, con una resolución adoptada fuera de plazo (en julio de 2019) y no notificada en el mes de agosto de dicho año, cuyo contenido es desestimatorio por las razones que expone esa Delegación en el informe de fecha 25/01/2019 (haber cumplido el titular de Ia solicitud los 65 años el 15/09/2018, no entrando en el rango de edad comprendido entre 25 y 64 años, ambos inclusive, de acuerdo con el artículo 2, del Decreto-Ley 3/2017).

Pues bien, respecto de la dilaciones en la tramitación el expediente de la esposa del interesado de enero de 2019, refiere la Delegación Territorial en el tercer informe emitido en septiembre de 2020, que se acordó Ia acumulación de su expte. nº 561/2019/14493-1 al expte. 561/2018/79004-1 correspondiente a aquél y que aI estar el expediente de la esposa acumulado al del interesado, solo se actúa sobre el primer expediente, corriendo ambos la misma suerte, a saber: el procedimiento de ambos expedientes quedo resuelto al emitirse Resolución denegatoria de fecha 12 de julio de 2019 recaída sobre el del marido (expte. 790041).

Aquí podemos apreciar nuevamente una inadecuada práctica administrativa, ya que de de conformidad con el artículo 27.3 de la Ley Reguladora de la renta mínima de inserción social de Andalucía, procedía, -dejando a salvo los efectos y consideraciones que cabría apreciar del silencio negativo de la solicitud de la renta mínima de inserción del interesado por el transcurso del plazo máximo para resolver-, la inadmisión y no la acumulación dictada, pues el tenor literal del precepto aludido es claro: “No se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma unidad familiar o persona beneficiaria, mientras otra anterior esté pendiente de resolución”

Con lo que, en lugar del acuerdo de acumulación, contra el que no cabe recurso, debería haberse dictado una resolución administrativa de inadmisión, ya que así lo establece la Ley sustantiva que regula la renta mínima de inserción social de Andalucía. Toda solicitud de un interesado da lugar a un expediente administrativo y el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, con lo que la obligación es la de resolver, dando respuesta a la solicitud, que en este caso debería haber acordado la inadmisión, con fundamento en el artículo 27.3 del Decreto-ley 3/2017 y del artículo 88. 5 de la Ley 39/2015, dejando expedita la vía del recurso administrativo.

Ahora bien, en un ejercicio de comprensión del actuar administrativo, cuando la Administración entiende que la solicitud de la interesada guardaba íntima conexión o identidad sustancial con la solicitud del interesado, aplicando la lógica que inspira la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, esto es, la de considerar como beneficiarias a las unidades familiares que se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7 del presente Decreto-ley, debió acudir a los criterios comprendidos en la Instrucción de la Secretaría General de Servicios Sociales de fecha 10 de octubre de 2018, sobre la aplicación del Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la renta mínima de inserción social en Andalucía y, más particularmente, al posible Cambio del titularidad en la RMISA.

Así, se regula en la citada Instrucción que “el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en su artículo 1.2 establece que dicho Decreto-ley será de aplicación a las personas solicitantes y beneficiarias de las medidas establecidas en el mismo y a las Administraciones Públicas en el ámbito local, provincial y autonómico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Señala que se entenderá por persona beneficiaria de la RMISA las personas titulares de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y las personas que integren la unidad familiar, según el artículo 3.4 de dicho Decreto-ley. Así mismo, se establece en el artículo 12 del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que para determinar el derecho a percibir la RMISA, se tendrá en cuenta la capacidad económica de la unidad familiar en su conjunto, configurada por los ingresos imputables a la misma y su patrimonio, en el momento de la presentación de la solicitud.

La RMISA tiene por finalidad solventar necesidades en el ámbito de la unidad familiar, por ello, conforme al artículo 37.3 del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, cuando se dé la circunstancia del fallecimiento de la persona solicitante, la unidad familiar podrá continuar manteniendo la percepción de la RMISA mediante modificación de la persona titular y de la cuantía, en su caso, y sin perjuicio de las actuaciones establecidas en el Plan de inclusión socio-laboral.

Por todo esto, al ser la RMISA una prestación que beneficia a la unidad familiar y no exclusivamente a la persona titular, cualquier persona legitimada perteneciente a las unidades familiares podrán solicitar tanto en el momento de la instrucción como una vez resuelto, el cambio de titularidad de la misma, siempre y cuando la composición de la unidad familiar y el grado de parentesco de las personas beneficiarias con la persona solicitante no sea alterado del inicialmente presentado en la solicitud, por lo que sólo podrá efectuarse dicho cambio entre los miembros del matrimonio, pareja de hecho o pareja análoga”.

En esta tesitura, parece razonable, que para supuestos como el que hemos analizado, se haga extensible esta lógica y en consecuencia, en el caso del interesado y de su esposa, se hubiera dado la consideración de solicitante a la misma, puesto que su unidad familiar cumplía con los requisitos cuando se solicitó en enero de 2019 y hasta julio de 2019.

En definitiva, procede la invocación de las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española, que regula que la Administración Pública, debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable y en el marco de la lógica de la Ley sustantiva reguladora.

Así, en el presente expediente se han puesto de manifiesto determinadas anomalías en la sustanciación del procedimiento administrativo, que en definitiva han derivado en un cúmulo de circunstancias que, por una u otra vía, han impedido a la unidad familiar que conforman el solicitante y su esposa acceder a la prestación garantizada de la renta mínima de inserción social de Andalucía, por aspectos formales y sin el rigor exigido por la normativa procedimental.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los artículos invocados del Decreto Ley Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta. Mínima de Inserción Social en Andalucía y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECOMENDACIÓN 1 para que se revise la Instrucción de la Secretaría General de Servicios Sociales de fecha 10 de octubre de 2018, sobre la aplicación del Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la renta mínima de inserción social en Andalucía, en cuanto a la cobertura de este tipo de supuestos, como el que nos ha ocupado, en el Cambio del titularidad en la RMISA sin alteridad de la unidad familiar.

RECOMENDACIÓN 2 para que se revise el iter procedimental del expediente de la esposa del solicitante y los defectos procedimentales advertidos, con las consecuencias pertinentes.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Recordamos al Ayuntamiento de Sevilla la obligación legal de dictar resolución expresa y le recomendamos que resuelva expresamente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la persona promotora de la queja.

ANTECEDENTES

I. Con fecha de febrero de 2020 recibimos comunicación remitida por una Asociación de Consumidores en nombre de su asociado, a través de la cual nos exponía que con fecha de junio de 2018, el interesado había presentado en el Ayuntamiento de Sevilla una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos a consecuencia de la caída de una rama en la calle Real de la Jara, mientras caminaba por la misma, y que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud de información.

2. Reunidos los requisitos formales que resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

3. En respuesta, recibimos oficio de mayo de 2020, acompañado del informe del Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, en el que nos decía que el expediente de reclamación patrimonial objeto de esta queja se encontraba entonces pendiente de informe técnico “el cual una vez recibido se procederá a la continuación del expediente, dado el volumen de reclamaciones en este servicio se procede con la máxima celeridad posible”.

4. En relación a esta información, mediante nueva comunicación que enviamos al Ayuntamiento con fecha de mayo de 2020, le trasladamos que, entonces, eran ya casi dos años los transcurridos desde que el afectado había presentado su reclamación, tiempo que estimábamos más que suficiente para que se hubiera evacuado ese informe técnico que tenía paralizado el expediente administrativo. De ahí que no pudiéramos , por tanto, dar por terminadas nuestras actuaciones en este expediente de queja porque ni siquiera se nos daba una fecha, aunque fuera aproximada, de cuándo se podría emitir ese informe técnico y cuándo la resolución expresa definitiva.

De ahí que, en esa comunicación, requiriésemos de nuevo la colaboración del Ayuntamiento para que se agilizase al máximo posible la tramitación del expediente de reclamación patrimonial objeto de esta queja, y el resto que se encontrasen antes de éste en el orden de tramitación, y se dictase la resolución expresa que en Derecho procediera, notificándose al interesado y remitiendo copia a esta Institución.

V. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

“Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de resolver expresamente, a la mayor brevedad posible, la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la parte afectada con fecha de 2018, notificándosela a ésta y remitiendo copia a esta Institución.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

I.- Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, ha recibido comunicación en la que exponía las graves carencias de personal técnico de integración social (PTIS), o monitores, destinados a dar apoyo al alumnado de necesidades educativas especiales (NEE) en Cádiz.

La persona promotora del expediente exponía la necesidad de reforzar de manera muy significativa estas funciones a tenor de la demanda de estos servicios en los centros educativos de la provincia de Cádiz. Describía la esencial labor de apoyo y la presencia de estos Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) si bien consideraba que tales dotaciones de personal no están siendo facilitadas por las autoridades educativas responsables.

II.- La anterior comunicación fue admitida a trámite como queja y ello provocó la petición de información dirigida a la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. El informe de fecha 18 de junio de 2020 señalaba:

“1º.- El recurso PTIS en la provincia de Cádiz está formado por dos tipos de colectivos:

- PTIS de contrato a través de la Agencia Publica Andaluza de Educación (APAE).

- PTIS de Función Pública (Laborales).

2°.- Respecto a los contratados a través de APAE, se ha pasado de 4.330'5 horas contratadas en 2018/2019 a tener 4.647'5 horas contratadas en 2019/2020. Así mismo se ha producido una ampliación de la plantilla de PTIS de Función Pública, (todos contratados a 30 horas semanales), en 10 personas asignadas a la Relación de Puestos de Trabajo de diferentes Equipos de Orientación Educativa en la provincia, y ubicados en centros escolares concretos por parte de la Delegación Territorial”.

III.- Este relato fue trasladado al interesado para que formulara alegaciones que, básicamente, ratificaron la disconformidad por las carencias de personal PTIS y además se alegaba la rotunda disconformidad con la escueta información ofrecida por la Delegación. Ciertamente, frente a una extensa y documentada argumentación del sindicato, la posición de la Delegación se limitaba a ofrecer unos datos de horas contratadas anuales y el aumento de diez personas en la plantilla para los centros educativos de la provincia gaditana.

Analizado el contenido de la información recibida y a la vista de los trámites seguidos en la queja, hemos de ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Hemos de comenzar por reconocer que, en los últimos años, se han producido importantes y significativos avances en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Así, la apuesta por su integración en centros ordinarios y normalizar las respuestas educativas en Andalucía ha sido clara y generalizada. También se han producido modificaciones normativas, organizativas, además de ampliarse el colectivo de personas consideradas potenciales sujetos de dichas necesidades educativas. Y como no, ha sido necesario proporcionar los correspondientes recursos personales y materiales a los centros educativos.

Recordemos que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre el principio de «esfuerzo compartido» de toda la comunidad educativa, reconoce que para la consecución de una educación de calidad «Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar en el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesiten y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo», añadiendo que resulta necesario atender a la diversidad del alumnado contribuyendo de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera.

Se trata, en última instancia, de que todos los centros asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones. Pero a cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. En este sentido, son los responsables de la educación los que «deben proporcionar a los centros los recursos y los medios necesarios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar tal objetivo».

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley de Educación en Andalucía (Ley 17/2007, de 10 de Diciembre) reconoce en el Título III dedicado a la “Equidad en la educación” que el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, teniendo tal concepción el alumno que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

No podemos obviar, por otro lado, que el alumnado que presenta estas necesidades constituye uno de los grupos con mayores riesgos de exclusión escolar y, por consiguiente, de exclusión social. De ahí que la calidad en la atención educativa que se preste a estos estudiantes se convierta en un objetivo de primer orden para un sistema educativo que pretenda conseguir una educación para todas las personas.

En este contexto, debemos insistir en que para conseguir una adecuada integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se precisa la existencia de recursos en los términos que hemos tenido ocasión de señalar. Caso contrario, las proclamas y principios reconocidos en las normas no pasarán de ser más que una quimera, una integración formal y no una esperada y anhelada integración real.

Segunda.- El asunto que se somete a debate se centra en valorar si los recursos de personal, en la categoría de Profesional Técnico de integración Social (PTIS), son suficientes o adecuados para atender las necesidades educativas especiales del alumnado de referencia en la provincia de Cádiz.

Ciertamente, este ejercicio de evaluación no resulta fácil a partir de las afirmaciones, datos y argumentos que dirige el sindicato:

“EI sindicato manifiesta su indignación por la falta de monitores de Necesidades Educativas Especiales (llamados profesionales PTIS) en la provincia de Cádiz. Según los cálculos que nos han sido facilitados desde la Delegación Territorial de Educación hacen falta cubrir para este curso 2.649 horas más semanales de este personal. Dado que desde que empezó el curso se ha ampliado la contratación 317 horas mas, faltan por cubrir 2.332 horas semanales Io que corresponde a 93 PTlS trabajando las 25 horas semanales.

Esta cifra de 93 PTIS más sale de dictámenes de escolarización de los equipos de orientación escolar que cubre el servicio de los distintos centros educativos. No es una cifra caprichosa y encierra una terrible verdad: la Consejería de Educación de Ia Junta de Andalucía no atiende al alumnado que más Io necesita del modo en el que Io necesita. Y, en muchos casos, de ningún modo”.

Los indicadores que dice manejar el sindicato parten del elemento diagnóstico básico para la definición de las necesidades de este alumnado, como son los dictámenes de los Equipos de Orientación Escolar (EOE). Y tales necesidades resultan de aplicar datos que el sindicato atribuye a la propia Delegación Territorial, circunstancia que no ha sido desmentida por dicho organismo en el informe que en su día le solicitamos.

El dato que parece clave es el de 2.649 horas de déficit o carencia que presenta el sistema educativo en Cádiz para atender la suma de atenciones establecidas en los dictámenes aprobados. Ante dicha carencia, se apunta el dato actualizado de añadir con nuevos refuerzos 317 horas, por lo que restan pendientes de ser atendidas 2.332 horas, o, traducido en plazas, 93 nuevos PTIS a razón de 25 horas de desempeño semanal.

Para disponer del criterio de la Delegación de Educación solicitamos el oportuno informe que nos llega manifestando: “(...) se ha pasado de 4.330'5 horas contratadas en 2018/2019 a tener 4.647'5 horas contratadas en 2019/2020. Así mismo se ha producido una ampliación de la plantilla de PTIS de Función Pública, (todos contratados a 30 horas semanales), en 10 personas asignadas a la Relación de Puestos de Trabajo de diferentes Equipos de Orientación Educativa en la provincia, y ubicados en centros escolares concretos por parte de la Delegación Territorial”.

En este caso, los datos se aportan con un criterio diferente al presentado en la queja; y es que se cita el número total de horas facilitadas por los servicios de PTIS (4.330,5 h.) y el incremento que se realiza para el curso pasado 2019/2020 (4.647,5 h.). Se añade además que se ha ampliado el número de plazas con 10 personas a razón de 30 horas semanales. Se alude pues a los totales de horas prestadas, sin que podamos colegirlo con las horas no atendidas que es el criterio inicial que ofrece el contenido de la queja sometida a estudio.

Tampoco acudiendo al criterio de plazas disponibles de PTIS se pueden realizar comparaciones. La queja afirma una carencia de 93 PTIS y la Delegación responde que ha incrementado en 10 plazas el pasado curso, por lo que ni confirma el déficit de plazas, ni tampoco expresa el número total de efectivos disponibles.

Desde luego, podríamos valernos de cualquiera de ambos indicadores para realizar la aproximación valorativa que pretendemos desplegar. No es mejor, ni peor, el criterio de las horas deficitarias que expresa el sindicato, frente a las horas acumuladas ofertadas al año, como hace la Delegación. Pero, en todo caso, sí hubiera facilitado el análisis dirigir el informe oficial partiendo de las manifestaciones expresadas en la queja y remitidas desde esta Institución, con la sola intención de seguir el argumento del indicador inicial elegido en el texto de la queja. Resulta, pues, muy difícil cotejar un datos iniciales (horas no prestadas por PTIS) con las horas totales del servicio. Hubiera sido más coherente replicar con datos oficiales si esas carencias de horas son, o no, exactas para así ajustar el debate a los términos que se recogen en la queja tramitada.

Tercera.- Este tipo de situaciones, donde se producen afirmaciones tan rotundamente contradictorias, provoca la necesidad de ratificar o concretar las posiciones que las partes expresan ante una determinada discrepancia. Y, en este caso, más bien, nos vemos abocados a interpretar que las manifestaciones de la queja no quedan desvirtuadas con los datos que la Delegación ofrece. Y ello por varias razones: la primera porque hemos de entender que cualquier dato erróneo, o sencillamente falso, debe motivar la inmediata respuesta correctiva a cargo de las autoridades responsables de tan delicada materia; segunda, porque los datos que expone la queja sindical dicen tener su origen en la misma Delegación; y tercera, porque la experiencia de esta Institución a la hora de tramitar quejas de este tipo nos sitúa reiteradamente en una mayoritaria confirmación de carencias de recursos que no logran ser desmentidas por la información oficial.

Añadimos que las argumentaciones que ha ofrecido la organización sindical se han reforzado posteriormente con nuevos datos aportados en base a informes realizados por la Cámara de Cuentas, magnitudes de porcentajes de gasto extraídas de los presupuestos, análisis comparativos de otras normativas autonómicas sobre las ratios de atención para este alumnado, etc. Todo un esfuerzo argumental que contrasta sobremanera con la reacción que merece desde la Delegación Territorial a la hora de ser solicitada su aportación sobre el tema desde esta Institución durante la tramitación de la queja.

Con todo, esa frecuente falta de concreción y de información desde la Delegación, que dificulta gravemente nuestra labor de estudio y supervisión, no evita la constatación de tales carencias. La frecuencia de quejas producidas por una insuficiencia de recursos PTIS para el alumnado con necesidades educativas especiales en centros de la provincia de Cádiz se transforma también en un argumento que inclina una valoración sobre tales recursos en un sentido crítico.

La falta de una información más detallada por la Delegación Territorial —que hubiera sido muy bien recibida desde esta Institución para valorar las circunstancias del caso— no ha desmentido las dificultades de acceder a las prestaciones de los PTIS en el número de plazas y régimen horario acordes con las demandas que son determinadas por los Equipos de Orientación Educativa (EOE), cuando recomiendan los recursos materiales y apoyos personales para cada alumno en atención a las singularidades de cada caso y la ordenación de los recursos que se despliegan en cada Centro.

Cuarta.- A modo de conclusión, tras la información ofrecida, hemos podido recopilar dos datos fundamentales de cara a la tramitación de la queja. De un lado, la ausencia de datos claros y descriptivos que avalen las posiciones de la Delegación para rebatir las demandas de la entidad promotora de la queja; y, de otro, la experiencia confirmatoria desde esta Institución de las carencias de medios personales de PTIS a lo largo de un cumplido número de quejas suscitadas en centros educativos de la provincia de Cádiz dedicados al alumnado con necesidades educativas especiales.

Por todo lo señalado, no podemos por menos que mostrarnos proclives a las peticiones que desde el comienzo del curso académico vienen reclamando las familias, sectores profesionales y entidades —también sindicatos— para adecuar los servicios del Profesional Técnico de Integración en los centros acordes con las demandas de servicios diagnosticadas por los EOE. De inmediato, como hemos pronunciado en otras ocasiones ante las autoridades educativas y en concreto la Dirección General de Planificación y Centros, avanzamos que no resulta tarea fácil dar respuesta a estas medidas, porque ciertamente cualquier demanda de ampliación de la atención que se presta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se debe encontrar plenamente justificada, especialmente en épocas como las actuales de contención del gasto público.

Por todo ello, consideramos que la atención del alumnado con necesidades educativas especiales ha acreditado una profunda evaluación de sus recursos disponibles dirigidos a la justificación de los refuerzos en las tareas de apoyo del Profesional Técnico de Integración. Y, acorde con dichos resultados, se proceda desde la Delegación Territorial de Educación de Cádiz a programar las medidas de dotación de estos servicios para el alumnado con necesidades educativas especiales para la adecuada asignación de recursos desde los servicios centrales de la Consejería.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, ha acordado dirigir a la Delegación Territorial de Educación en Cádiz y la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte, en el ámbito de sus respectivas competencias, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para evaluar la ordenación de los recursos de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS), destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en la provincia de Cádiz y promoviendo, en su caso, los refuerzos o ajustes que resulten adecuados para la cobertura del servicio educativo de integración de este alumnado

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

I.- Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibió queja de un Club Deportivo de la provincia de Jaén, en la que se venía a reclamar el pago de diversas subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Jaén. Explicaba que, a pesar de sus repetidos escritos solicitando el abono, no había conseguido una respuesta ni tampoco el pago de dichas cantidades.

II.- La anterior comunicación fue admitida a trámite y ello provocó la petición de información dirigida al ayuntamiento jiennense con fecha 26 de septiembre de 2019, que tuvo que ser reiterada el 4 de noviembre y 13 de diciembre de 2019. Se recibe informe de la Concejalía de Hacienda con fecha 20 de Febrero, en el que se nos reproducía el contenido del artículo 25 de la Ley 47/2003, y se afirmaba que, “consultados los documentos debía entenderse prescrito el derecho a percibir el pago de la cantidad reclamada”.

III.- De dicho informe no se deducía la argumentación expresa que realiza la Administración municipal sobre el caso concreto, ni las respuestas específicas ante las argumentaciones que el interesado ha trasladado a través de sucesivos escritos y gestiones en orden a reclamar el pago de la deuda (24 de Enero, 10 de Febrero y 29 de Noviembre de 2011). Tampoco consta que semejante decisión municipal sobre la prescripción haya sido formalizada y notificada al interesado.

Por ello volvimos a dirigirnos a los servicios municipales requiriendo nueva información con fecha 17 de marzo de 2020, relativa a las respuestas dirigidas a la entidad ante las iniciativas presentadas para reclamar el pago y, en su caso, la resolución expresamente acordada que suponga la declaración formal de la supuesta prescripción y su consiguiente notificación al interesado.

IV.- El ayuntamiento de Jaén remite nuevo informe en el que se da cuenta de que “Con fecha 20 de febrero de 2020 se remite escrito firmado por la Tercera Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda reclamando documentación alguna para la interrupción de la prescripción de la deuda, de acuerdo con la legislación vigente, que al día de la fecha no ha sido remitida a esta Concejalía”.

Concluye el informe señalando que “al día de la fecha el Ayuntamiento de Jaén no tiene documentación suficiente pura llevar a cabo el pago de Ia deuda toda vez que las obligaciones podrían incurrir en prescripción, por lo que el interesado habrá de acreditar la interrupción de la prescripción conforme a las disposiciones del Código Civil (Art. 25 de la Ley 47/2001 de 26 de noviembre, General Presupuestaria)”.

Analizado el contenido de la información recibida y a la vista de los trámites seguidos en la queja, hemos de ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La documentación aportada en la queja por la entidad Club Deportivo recoge la concesión de diversas subvenciones a cargo del presupuesto del Ayuntamiento de Jaén (ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010), por un importe que suma 1.327,02 euros. Así consta en la hoja informativa de “Pendiente por Acreedor” expedida con fecha 22 de septiembre de 2020.

Al menos desde 2010 (15 de abril de 2010) y en 2011 (11 de febrero y 1 de julio) la entidad aporta las comunicaciones dirigidas al ayuntamiento requiriendo el abono y aludiendo, a su vez, a otras iniciativas informales para instar el pago de esta cuantía.

No consta ni de la documentación presentada con la queja, ni de la información recibida por el Ayuntamiento que se hubiera cursado respuesta formal de ese organismo ante las peticiones de la entidad contenidas en dichos escritos.

Segunda.-La situación creada se describe a partir de la existencia de unos derechos económicos reconocidos por el Ayuntamiento, a partir de la formalización de los correspondientes documentos ADOP, según consta en el documento ofrecido por la entidad deportiva de fecha 17/7/2019 y que actualiza el propio ayuntamiento con fecha 22/9/2020.

Nada se informa acerca de las vicisitudes que pudieran explicar la ausencia del pago coherente a partir de la expedición de los sucesivos documentos ADOP y que pudieran enervar esos abonos en función de determinados requisitos. Por tanto, estas obligaciones contraídas no se atienden en el proceso normalizado de proceder a sus abonos respectivos; en el mismo sentido, no parece aceptable que la ausencia injustificada del pago de las subvenciones se atribuya a una supuesta falta de impulso de la entidad beneficiaria a la hora de persistir en estos abonos cuyos sucesivos impagos no han quedado explicados a lo largo de los sucesivos años

Esta singular pendencia sólo presenta algún impulso acreditado en 2010 por parte de la entidad interesada que no obtiene una respuesta formal, salvo alguna manifestación verbal en orden a una posible prescripción que no se formaliza con argumento alguno, ni se concreta en los ejercicios que pudieran verse afectados. A la vista de la documentación aportada, los escritos dirigidos en 2010 (15 de abril de 2010) y en 2011 (11 de febrero y 1 de julio) supondrían una manifestación evidente de reclamación de los pagos pendientes a esas fechas.

Como respuesta municipal, sólo consta la comunicación que se dirige por los servicios de tesorería el 23 de octubre de 2020 a fin de aportar una serie de documentación.

Tercera.- Por tanto, a la vista de la situación, debemos reiterar la necesidad de dar cumplida respuesta a las peticiones del club deportivo superando las manifestaciones informales y carentes de garantía que se han ofrecido a lo largo de diversas gestiones directas del ayuntamiento con la entidad o con motivo de las comunicaciones dirigidas a esta Institución en las que se menciona “la posibilidad”, o bien “la insuficiencia de la documentación aportada para proceder al pago”.

En particular, hemos de considerar la obligación de ese organismo de proceder a evaluar las reclamaciones y, a tenor de los factores que resultan dirimentes para entender la extinción de las obligaciones de pago por supuesta prescripción, se obtenga el pronunciamiento formal y expreso de esa Administración para resolver la reclamación y oponer, en su caso, la causa de la prescripción de los derechos económicos en función de los distintos ejercicios presupuestarios.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir al Ayuntamiento de Jaén la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para resolver sin mayor dilación de manera expresa las reclamaciones de la entidad deportiva reclamando el pago de las cantidades reconocidas en su día acreditando en derecho las razones que fundamenten la resolución dictada.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz