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Recibido informe de la Dirección General de Profesionales nos comunica por lo que se refiere a la Sugerencia que en la sesión de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad de 21 de febrero de 2014, esta Dirección General de Profesionales incluyó en el punto cuarto del orden del día la adaptación del modelo de Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud a la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2012. Para ello, se acordó la constitución de una Mesa Técnica al efecto, dependiente de la Mesa Sectorial, que ha iniciado sus trabajos de negociación.

Respecto a la Recomendación formulada a la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, dicho organismo ha dictado Resolución con fecha 29 de abril de 2014 (BOJA nº 89), por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la adaptación de la regulación de la carrera profesional del Servicio Andaluz de Salud, a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 2012 y el mantenimiento de la suspensión temporal de los procesos de carrera. La publicación de dicha Resolución es la materialización práctica de la aceptación de las Resoluciones realizadas desde esta Defensoría.

En su escrito de queja nos exponían su discrepancia con la prolongación de la suspensión de la carrera profesional que como consecuencia de una Sentencia del Tribunal Supremo trae causa, resolución judicial que anulaba preceptos sustanciales de la normativa reguladora en la materia, y en concreto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2006, que en su Anexo V regula el modelo de carrera profesional del personal estatutario al servicio del SAS.

Ver Resolución

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Almería, con el acuerdo de los miembros de la unidad familiar, ha adquirido la vivienda en la que residían, incluida en una Unidad de Ejecución de un Plan Especial de Reforma Interior, poniendo a disposición de la familia otra vivienda en régimen de alquiler social, debido a sus circunstancias socio-económicas.

La interesada nos indicaba en su escrito de queja que residía en Almería y era propietaria de una vivienda de dos plantas, que adquirió en 1984 y arregló tras una subvención del programa de rehabilitación de la Junta de Andalucía, pero que estaba previsto su desahucio dentro del proyecto de un Plan Especial de Reforma Interior, que preveía su expropiación. Mostraba su disconformidad debido a que sus circunstancias socio económicas no le posibilitaban acceder a otra vivienda, cuando otras viviendas, por ejemplo la que colindaba con la suya, sí se mantenían.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones con el Ayuntamiento de Almería, hemos conocido que la vivienda de la interesada se encontraba incluida en la Unidad de Ejecución denominada PERI-NAN-01/105, afectada por una actuación de transformación urbanística que tiene por objeto reformar o renovar dicho ámbito. La redacción del Proyecto de Reparcelación del mencionado PERI no era definitiva y podían acordarse modificaciones en función de la resolución de las alegaciones presentadas por los vecinos dentro del periodo de información pública y del trámite de audiencia. Posteriormente, una vez que se alcanzó un acuerdo con la afectada, el Ayuntamiento había adquirido la vivienda de su propiedad, se había conseguido una quita en la hipoteca afectada al inmueble y se había puesto a disposición de los familiares de la interesada un piso en régimen de alquiler social.

Por tanto, entendimos que el problema que motivó la presentación de la queja, la expropiación de la vivienda, había quedado solucionado tras el acuerdo alcanzado y no resultaban precisas nuevas gestiones por nuestra parte en torno a este asunto.

Accede al tratamiento de un linfoma.  

Un preso fue diagnosticado con un linfoma en grado 2 y requería un delicado tratamiento. Cuando nos solicitó ayuda requerimos a la administración penitenciaria la máxima agilización a la hora de su clasificación.

Por fin nos comunican que desde Abril ha sido calificado como preso de tercer grado y ha podido acceder al tratamiento facilitado por su hospital de referencia.

Se normaliza el pago para abogados de los turnos de oficio.

En el mes de Octubre de 2013 se anunciaron medidas de protesta por parte de los abogados porque se producían importante retrasos en los pagos de sus honorarios por atender el servicio de turno de oficio. Para conocer el alcance del conflicto y preocupado por su impacto, el Defensor abrió una queja de oficio pidiendo al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados un informe sobre el estado de la situación.

Finalmente, las negociaciones con la Consejería de Justicia e Interior propiciaron un calendario acordado de pagos que ha permitido superar el anuncio de medidas de protesta y la normalización del servicio.

A la vista de esta información, hemos concluido nuestras actuaciones pero en todo caso, hemos dejado señalado nuestro interés por conocer cualquier posible incidente que pudiera poner en peligro este servicio de asistencia jurídica para la ciudadanía.

Tras la denuncia de una afectada y después de tramitar el oportuno expediente de queja, el Ayuntamiento de Montilla ha cumplido, por vía de la ejecución subsidiaria, una orden de obras dictada para ejecutar diversas obras de seguridad en un inmueble.

La interesada denunciaba en su escrito de queja que residía en la planta superior de un edificio de dos plantas, en el que la planta inferior estaba, desde hacía ya dos años, sustentada por puntales. La situación, siempre según la interesada, se había agravado en la última temporada de lluvias.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba) nos informó que había ordenado a la propiedad del inmueble la ejecución de las obras necesarias para garantizar las condiciones de seguridad del mismo, consistentes en reparación o sustitución, utilizando las técnicas adecuadas, del forjado en mal estado. Sin embargo, al no ejecutarse, por parte de la propiedad, estas obras, se acordó ejecutar las mismas por parte del Ayuntamiento mediante la figura de la ejecución subsidiaria, para lo que fue necesario redactar el proyecto y contratar las obras con cargo a los propietarios de los inmuebles afectados.

Finalmente, dimos por concluidas nuestras actuaciones cuando el Ayuntamiento nos comunicó que se habían iniciado las obras y que, una vez finalizadas éstas, se giraría visita de inspección para comprobar que se habían ejecutado de acuerdo con la orden de ejecución dictada.