12/02/2015 | Aniversario del Diputado del Común (Parlamento de Canarias)
El Defensor del Pueblo Andaluz asiste a los actos conmemorativos del XXX Aniversario del Diputado del Común
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El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y el profesor titular de Derecho Constitucional, Alberto Anguita Susi, presentan este viernes el libro "Derechos estatutarios y defensores del pueblo. Teoría y práctica en Italia y España". El acto, que tendrá lugar a las 12 horas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (sala de juntas, edif. D-1) contará con la asistencia del Decano de la Facultad y el Secretario General de la Universidad de Jaén.
La obra tiene como objeto analizar la naturaleza y alcance jurídico-constitucional que poseen las declaraciones de derechos previstas en algunos Estatutos de Autonomía.
Queja número 14/3062
La Administración nos informó que comprobada que la denegación de las becas solicitadas se debió a un error informático, se procedería a subsanar la solicitud.
La persona interesada nos comunicó que por un problema burocrático, las becas que solicitó su hija le fueron denegadas.
PP-A, PSOE-A, IU-LV-CA, PA, Unicef y Defensor del Menor de Andalucía renuevan su compromiso para dar un nuevo impulso a los acuerdos que firmaron en 2010 para blindar los derechos de la infancia
El Defensor del Menor de Andalucía ha mantenido hoy una reunión con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía para abordar la atención que reciben los más de 700 menores que actualmente se encuentran privados de libertad en los 15 centros de internamiento con los que cuenta Andalucía, y que la Defensoría Andaluza ha analizado en un informe especial que presentó en el Parlamento el pasado mes de diciembre.
El consejero de Justicia y el Defensor del Menor han destacado que el 80% de los menores que se encuentran internados en estos centros por delinquir, termina siendo rehabilitado.
Tanto el Consejero de Justicia como el Defensor del Menor consideran que el informe concluye con una valoración positiva general de la atención que reciben estos menores infractores, aunque apunta una serie de actuaciones para ir resolviendo las deficiencias detectadas en infraestructuras, normativa y servicios de estos centros.
Entre ellas, el titular de Justicia e Interior ha destacado la elaboración de un decreto para mejorar la regulacion del funcionamiento en estos centros y las actuaciones previstas para la retirada progresiva de las concertinas en los centros que todavía cuentan con ella.
Por su parte, el Defensor del Menor ha insistido sobre su preocupacion por el incremento de los casos de menores internados por delitos de violencia intrafamiliar -de hijos a padres-. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial –entre los años 2007 y 2013, se han incrementado las sentencias relacionadas con este tipo de delitos en un 60 por 100.
En el caso de Andalucía, durante 2013, del total de sentencias impuestas a personas de 14 a 17 años, un 11,4% del total se debieron a estos delitos.
Otro aspecto que también preocupa al Defensor Andaluz es la situación de los menores con problemas de salud mental que delinquen. En este caso, ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones en las labores preventivas que eviten el desenlace del delito y su internamiento. Para ello aboga por un convenio de colaboración entre las Consejerías de Justicia y Salud que garantice la atención a menores con problemas de salud mental que cumplen o han cumplido una medida de internamiento.
Finalmente, Jesús Maeztu ha llamado la atención también sobre la necesidad de implicar a la sociedad con quienes en su juventud han cometido actos delictivos y hacia quienes padecen las consecuencias de éstos. El Defensor ha querido recodar que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad, además de las funciones propias de estos centros que son las de garantizar su reeducación y reinsercion, por lo que es necesario favorecer la colaboración de toda la sociedad en este proceso de integración social.
Queja número 14/2285
La Administración nos informó que aumentó la oferta educativa de dos a tres unidades en el primer curso del Primer Ciclo de Educación Infantil.
La persona interesada nos exponía la discrepancia del colectivo de padres y madres que han solicitado que sus hijos e hijas sean escolarizados, para el curso 2014-2015, en el Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil en un Centro docente de Sevilla, con la decisión adoptada por parte de esa Delegación Territorial de suprimir una de las tres líneas con las que hasta ahora contaba dicho centro docente.
Las 50 plazas ahora ofertadas no son suficientes para cubrir las 69 solicitudes presentadas, de modo que habrá 19 niños y niñas que tendrán que ser escolarizados en otro centro docente. El colegio en cuestión es el que tiene mayor demanda de la zona de escolarización, habiéndose producido también un exceso de demanda en todos los colegios más cercanos, por lo que el alumnado que no pudiera obtener plaza tendría que ser reubicados en otros centros muy alejados de los respectivos domicilios familiares.
Queja número 14/1128
La Administración nos informó de la paralización de la ejecución de la Sentencia hasta finalizar el curso.
La persona interesada nos exponía que la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte le comunicó que, en ejecución de una Sentencia, su hijo, debía ser trasladado del centro docente en el que estaba escolarizado, a otro de los que tenían plazas.
Solicitaba la posibilidad de permanencia de su hijo en el centro docente hasta final del curso, que estando a escasos tres meses para su finalización, un cambio de centro en esos momentos, podría causarle al menor perjuicios de imposible reparación.
Además los inconvenientes que a esas alturas dicho cambio de centro ocasionaría a la conciliación familiar-laboral, puesto que mientras que el menor estaría en un centro docente, su otra hija permanecería escolarizada en el mismo centro.
Aunque las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales no son susceptibles de revisión por parte de instituciones ajenas al Poder Judicial, principalmente, en atención a los intereses superiores del menor afectado por la cuestión planteada, desde esta Institución se decidió mediar en el asunto.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 14/5341 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla, Deleg. Territ. Educación, Cultura y Deporte
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
La resolución dictada ha provocado la respuesta favorable de la Autoridad Portuaria indicando que promoverá las medidas oportunas para la protección del Puente de Alfonso XII.
Por su parte la Delegación de Cultura ha respondido a las propuestas anunciando su inclusión en el Catalogo General de Patrimonio Histórico Andaluz para definir su régimen especial de protección y el destino final de la instalación. El Ayuntamiento de Sevilla no se ha pronunciado
12-12-2014 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
A través de noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido conocimiento de que al parecer el Puente de Alfonso XIII, conocido popularmente como “Puente de Hierro”, que se construyó para la Exposición Iberoamericana de 1929 y al que el planeamiento urbanístico de Sevilla contemplaba como bien catalogado, según indican las fuentes informativas consultadas, podría haber sufrido diferentes actos de “expolio”
En este sentido, según los citados medios de comunicación, la infraestructura ha sufrido el robo masivo de las barandillas de hierro y de las bolas características que decoraban los pasamanos, pese a las advertencias que tres asociaciones hicieron al Puerto este verano sobre la falta de vigilancia de la estructura.
Al parecer, este hecho fue constatado por tres entidades que reivindican que se dé uso al puente en cuestión: la asociación Parque Vivo del Guadaíra, Ecologistas en Acción y la asociación Planuente, para la conservación del llamado puente de Alfonso XIII.
Las mismas prevén presentar escritos dirigidos a la Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y Consejería de Cultura para solicitar cambios que requerirían una inversión muy modesta y que vayan orientados a garantizar la conservación del puente y su entorno, así como su puesta en valor.
Teniendo en cuenta que los hechos descritos podrían afectar a un bien de relevancia para el patrimonio cultural de Andalucía, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha entendido oportuno iniciar una actuación de oficio ante la Delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de Sevilla y ante el Ayuntamiento de Sevilla, orientada a confirmar los hechos puestos de manifiesto por los medios de comunicación consultados, verificar el nivel de protección con el que goce la infraestructura, conocer con mayor detalle las circunstancias acaecidas así como las actuaciones que hayan sido o vayan a ser llevadas a cabo al objeto de garantizar la protección y conservación de este bien.
Todo ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.
20-02-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
La resolución dictada ha provocado la respuesta favorable de la Autoridad Portuaria indicando que promoverá las medidas oportunas para la protección del Puente de Alfonso XII.
Por su parte la Delegación de Cultura ha respondido a las propuestas anunciando su inclusión en el Catalogo General de Patrimonio Histórico Andaluz para definir su régimen especial de protección y el destino final de la instalación. El Ayuntamiento de Sevilla no se ha pronunciado
Así pues, se procede tras la tramitación procedente a concluir el expediente de oficio mediante la aceptación (FAAR) de las medidas propuestas a cargo de la Autoridad Portuaria y de la Delegación de Cultura de Sevilla y el cierre por no responder en plazo asignado al Ayuntamiento
En todo caso, permaneceremos atentos a la cuestión y realizar las acciones de seguimiento que sean necesarias a fin de disponer las medias de conservación y vigilancia que el Puente de Alfonso XII necesita, así como la decisión sobre su instalación definitiva y puesta en valor.
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