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Funciones de las farmacias en horario de guardias.

La interesada exponía su disconformidad con la actuación de una farmacia a la que acudió el pasado 24 de Junio sobre las 21.00 horas, dado que se negó a dispensarle un antiséptico (cristalmina) para tratar las heridas superficiales de su hija, producidas tras caerse de una bicicleta.

La justificación esgrimida para ello por parte del farmacéutico, no fue sino la de imposibilidad de venderle dicho producto en servicio de urgencias.

A la vista de que la interesada se preguntaba por el fundamento jurídico de dicha actuación, y dado que desde esta Institución no lo encontramos en normativa estatal ni autonómica, aunque somos conscientes de que hay Comunidades Autónomas que cuentan con regulaciones que limitan la obligación de dispensar en servicio de guardia, a los medicamentos prescritos por medio de recetas calificadas de urgentes, decidimos admitir esta queja a trámite y solicitarle el informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora.

Interesaba conocer, en caso de que dicha imposibilidad esté justificada normativamente, si se habían realizado actuaciones inspectoras en esta materia.

En virtud del documento administrativo recibido de la Dirección General de Planificación y Ordenación Farmacéutica, nos requerían información respecto a la concreta farmacia que era objeto de denuncia por parte de la interesada, a fin de realizar actuaciones para tratar de averiguar lo sucedido.

De todas maneras sostenían que a tenor de la hora en que se produjo la demanda, no parecía que la denegación de la misma resultara ajustada, pues se entiende que no es una hora inusual para acudir a este tipo de establecimientos solicitando atención.

Ahora bien, con independencia de que pongamos esta información en conocimiento de la interesada, con el objeto de que si lo desea, comunique los datos de la farmacia en cuestión; la intención que subyacía a su queja, y que igualmente animaba a esta Institución, era la de conocer si existía algún fundamento jurídico que legitimase la exclusiva dispensación durante el horario de guardia, de medicamentos recetados como urgentes.

A la vista de que el informe recibido no se pronunciaba sobre este aspecto, y siendo de interés para valorar casos similares que se nos puedan presentar, es por lo que requerimos la emisión de informe complementario, con idéntico fundamento normativo en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, en el que se indicara si existía alguna norma, como nos constaba que se daba en otras Comunidades Autónomas, que estableciera reglas para la atención farmacéutica de urgencias.

En el nuevo informe emitido nos refieren que no existe en nuestra Comunidad Autónoma una normativa específica que regule los medicamentos y productos sanitarios que deben ser dispensados por las farmacias durante el servicio de atención continuada.

Al mismo tiempo señalan que es criterio de ese ente directivo que las farmacias presten todos los servicios y funciones que le resultan exigibles legalmente, con independencia del horario o jornada en el que se encuentre abierta, por lo que concluyen que el motivo alegado por el farmacéutico en el caso que nos comentaba “no parece suficiente para negar la dispensación”.

Dado que por parte de la Administración se insiste en la conveniencia de conocer los datos de la oficina de farmacia para poder investigar los hechos denunciados por medio de los servicios de inspección, y tras haber requerido a la interesada a este respecto, le dimos traslado de los mismos, confiando en que de esta manera se desarrollen las actuaciones necesarias tendentes a poner fin a la problemática suscitada con el establecimiento farmacéutico en cuestión.

La Administración local se compromete a solventar el problema de un ciudadano referente a la devolución de ingresos indebidos, después de siete años de gestiones a tal efecto.

Los Convenios y Acuerdos Interadministrativos de colaboración  en materia de gestión de tributaria y sancionadora, puede que constituyan un valioso instrumento para el eficaz y eficiente ejercicio de las potestades tributaria y disciplinaria de las Administraciones Locales, pero para el contribuyente, se pueden convertir en ocasiones en fuente de lesión a sus derechos  y obligaciones en la relación jurídico tributaria y recaudatoria.

La parte promotora formuló queja, en el año 2006, ante esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, tras el embargo –que entendía indebido- del que había sido objeto por parte del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Cádiz, en concepto de liquidación de IBI, correspondiente al ejercicio 1999, en cuantía de 786,11euros.

Finalmente, tras nuestra intervención, se acordó por dicho Servicio el levantamiento del embargo y la devolución de la cantidad indebidamente retenida, de acuerdo con la comunicación dictada por el Ayuntamiento de Los Barrios en la que se reconocía que el interesado no era titular de la finca gravada. Así, considerando que el asunto se encontraba solucionado, por Resolución de esta Defensoría de fecha 11 de septiembre de 2006 se acordó el archivo de las actuaciones en la queja.

No obstante, el interesado volvía a dirigirse a esta Institución en 2010 en virtud de comunicación que dio lugar a un nuevo expediente de queja, en el que nos informaba que desde el año 2008 estaba siendo objeto de nuevos embargos por parte del Servicio Provincial indicado, igualmente en concepto de IBI, correspondiente a la misma finca.

En este sentido, invocaba la Resolución dictada por la Gerencia Territorial de Catastro de fecha 29 de agosto de 2007, en virtud de la cual se declaraba que el interesado no era titular del inmueble gravado, añadiendo que dicha Resolución era conocida por el Servicio de  Recaudación.

En atención a lo expuesto, el interesado solicitaba: devolución de cantidades detraídas ilegalmente; una petición de disculpa, los intereses derivados de los importes retenidos; reparación del daño causado, compensación por todo el sufrimiento y tiempo perdido, por la factura de mi defensa legal y otros gastos derivados y cualquier otra indemnización a la que, en justicia, sea acreedor; y la depuración de responsabilidades.

Tras examinar la queja del interesado, así como los antecedentes de la cuestión debatida, se concluyó que los embargos que se le venían practicando desde el año 2008, lo eran por el mismo concepto que el que se le practicó en 2006 referido al ejercicio del año 1999, y que fue objeto de devolución, con la correspondiente liquidación de intereses de demora, en virtud de Decreto de 26 de junio de 2006, al constar a ese organismo que el afectado no era titular de la finca gravada.

Tras pedir los informes correspondientes, en octubre de 2011 recibimos informe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Los Barrios donde, como explicación a lo ocurrido, se aludía a una concurrencia de incidencias derivadas de la inexacta asignación de la finca, por errores en la cartografía catastral, así como en la titularidad de la misma. Estos hechos habían producido la errónea emisión de recibos.

Habiéndose efectuado consulta al Padrón Municipal del ejercicio 2011 en el que aparecía como titular de la finca en cuestión otra persona distinta, se entendía subsanado el error en la titularidad y en la asignación de la finca en la cartografía catastral. Por ello, el Ayuntamiento de Los Barrios anunciaba que procedía la anulación de los recibos correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 y la devolución de los ingresos indebidos.

Pues bien, para nuestra sorpresa, en el año 2013 volvíamos a recibir escrito del interesado indicando que aún estaba pendiente la devolución de la cantidad de 400,93 euros, habiendo transcurrido ya más de dos años desde que se hicieron las actuaciones oportunas para subsanar el error.

Tras enviar escrito al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Cádiz, nos comunican que las cantidades pendientes de devolución debía solicitarse al Ayuntamiento de los Barrios al pertenecer a un ejercicio contable ya cerrado. A esto añadían que cuando se llevaron a cabo los mismos aún no contaban con el escrito del departamento de catastro por el que se corregía el error.

En definitiva, tras siete años de calvario burocrático el interesado aún no había recuperado la totalidad de lo indebidamente cobrado, y lo más irónico del caso es que actualmente el retraso se debía a no haber presentado escrito ante el Ayuntamiento que es el competente para hacerlo ahora efectivo.

Ante lo expuesto realizamos gestión telefónica con la Tesorería del Ayuntamiento de los Barrios, quien con suma colaboración se ha comprometido a solventar el problema una vez le llegue la solicitud de devolución del ingreso indebido. 

El Ayuntamiento de Mijas resuelve recurso de reposición aceptando solicitud de la parte interesada y, dando de baja los recibos a su nombre de un bien que no era de su titularidad desde unos cuatro años antes.

Una ciudadana de la localidad de Mijas exponía que, desde el año 2010, el Ayuntamiento le reclamaba el IBI y tasa de basuras de un piso que era de su propiedad pero que le había sido embargado el 2 de diciembre de 2009, habiendo pagado todos los tributos correspondientes hasta ese mismo año.

Según nos trasladaba, con fecha 4 de junio de 2010 había presentado escrito ante el Ayuntamiento, comunicando que el inmueble, que había sido suyo hasta el momento, pasó en diciembre de 2009, a ser propiedad de Entidad Financiera. Tres años después, en abril de 2013, la interesada había vuelto a presentar escrito, al haber recibido notificación de embargo de su vehículo, por una deuda proveniente del impago de los tributos de la vivienda referida propiedad de la referida Entidad, desde diciembre de 2009, formulando recurso de reposición y, pidiendo -por lo tanto- que se anularan los recibos pendientes a su nombre y el consecuente expediente de embargo.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Mijas, se nos responde que han resuelto el recurso de reposición presentado, y han aceptado la baja de los recibos recurridos; quedando cerrado el expediente administrativo de apremio.

La Diputación Provincial de Cádiz, rompe el silencio administrativo mantenido y  acuerda proceder a la devolución de la cantidad indebidamente ingresada en concepto de embargo  de sueldos y salarios por deuda tributaria revocada.

Con fecha 1 de abril y 27 de mayo de 2013 presentó escrito ante la Unidad de Recaudación de Algeciras por embargos sobre un bien inmueble que vendió hace 15 años, sin que hubiera recibido una respuesta.

 Tras solicitar informe a la Diputación Provincial de Cádiz, se nos responde que por parte de la Unidad de Recaudación en Algeciras, ya se ha iniciado a instancia del interesado, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos de la cantidad embargada.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla procedió a archivar un expediente sancionador de tráfico contra la empresa titular del vehículo, que se dedicaba al arrendamiento de vehículos a largo plazo, a pesar de que, en el procedimiento, había notificado al Ayuntamiento el conductor que, en el momento de la infracción, utilizaba el vehículo.

Estudiante de Máster consigue que no se le reclame el pago de la matrícula tras la estimación de su recurso contra la denegación de beca por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Se recibió escrito de un estudiante exponiendo que, en el curso 2012/2013, inició un Master en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla con objeto de aumentar sus posibilidades de empleo.

Con objeto de poder costear tales estudios, solicitó beca al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sin embargo, en el mes de junio de 2013, y con el curso prácticamente terminado, la beca le habría sido denegada “por superar los umbrales de patrimonio”.

Tras realizar las oportunas averiguaciones, resultaría que la denegación se produce por no haber contabilizado su vivienda habitual como tal. Este hecho, fue un error producido a partir de la declaración de la renta de 2011, el cual ya se habría rectificado por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y justificado en el oportuno recurso de reposición formulado contra la resolución denegatoria de beca.

No habiéndose aún resuelto dicho recurso, en el mes de octubre de 2013 el interesado recibe notificación de  la Secretaría de la ETSI reclamándole el pago de la matrícula o, en su defecto, se procedería a anular la misma.  

Nos dirigimos al Vicerrectorado de Estudiantes solicitando se estudiasen los mecanismos que hiciesen posible paralizar la exigencia de abono de la matrícula correspondiente al curso 2012/13 hasta la resolución del recurso formulado.

En la respuesta recibida, se nos informa que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha estimado el recurso de reposición interpuesto por el interesado contra la denegación de la beca, por lo que no tendrá que abonar su matrícula del curso 2012-2013.