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Recibimos un escrito en el que la persona interesada solicitaba que la Administración Sanitaria acometiera una campaña divulgativa en los centros sanitarios sobre el riesgo del uso por menores de teléfonos móviles sin control paterno.

Tras admitir la queja a trámite expusimos el caso a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y solicitamos que nos fuera remitido un informe al respecto. En respuesta a nuestro requerimiento la Dirección General se indica lo siguiente:

“... se comunica que en el marco del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (nueva edición en elaboración), así como del Plan Integral de Infancia y Adolescencia, se contempla la prevención de riesgos asociados a las tecnologías digitales. Algunos ejemplos son:

- Distribución de material educativo sobre uso responsable de pantallas, redes sociales y móviles en ámbitos escolares y sanitarios.

- Colaboración con entidades como la Asociación Española de Pediatría para difundir guías y documentos sobre el uso de dispositivos electrónicos en menores.

- Desarrollo de charlas formativas en centros escolares y comunitarios sobre la salud digital.

No obstante, es cierto que estos materiales no siempre están expuestos de manera visible y uniforme en todos los centros sanitarios, lo que podría dificultar el acceso espontáneo de las familias a esta información.

Por lo que tendremos en cuenta la sugerencia recibida a través de su institución.

Desde esta Dirección General se considera adecuada y oportuna la propuesta de intensificar las acciones de difusión visible (pósters, folletos, stands informativos) en centros sanitarios, sobre el uso responsable de móviles y pantallas en menores. Para ello, vamos a estudiar las siguientes actuaciones:

- Elaboración o actualización de materiales divulgativos impresos (carteles, trípticos) en colaboración con sociedades científicas, especialmente la Asociación Española de Pediatría, incluyendo recomendaciones específicas de edad y tiempos máximos de exposición.

- Distribución de dichos materiales en áreas visibles de centros de atención primaria, consultas de pediatría y hospitales.

- Inclusión de contenidos en la página web y redes sociales del Servicio Andaluz de Salud, facilitando su descarga por profesionales y ciudadanía.

- Revisión de los protocolos de atención pediátrica para reforzar la entrega activa de esta información durante las consultas.

Además, en el marco del Plan Estratégico de Salud de la Infancia y Adolescencia (PESIA) se aborda de manera integral la promoción de la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Para ello, se han establecido dos grupos de trabajo: uno, incluido dentro del Reto 2, que trabaja en el Plan de Salud Infantil e incluye la formación en parentalidad positiva y en el uso racional de dispositivos móviles, entre otros consejos; y otro, en el Reto 3, que aborda la adolescencia, en el que se trabaja específicamente en la capacitación y formación de la población en esta franja etaria para el buen uso de cualquier tipo de tecnología, sensibilizando acerca de los problemas relacionados con el mal uso de las tecnologías digitales.

Desde la Consejería ya se está trabajando, de forma conjunta con el Servicio Andaluz de Salud y en el marco del PESIA, en la elaboración de cartelería específica sobre este tema, actualmente pendiente de publicación.

Por tanto, se comparte la preocupación trasladada por la persona reclamante y se manifiesta el compromiso de este Servicio Andaluz de Salud de reforzar las actuaciones de divulgación y sensibilización sobre los riesgos del uso precoz e inadecuado de teléfonos móviles en menores. (...)”

Damos por concluida nuestra intervención en la queja ya que la Administración Sanitaria viene realizando actuaciones en el sentido expuesto por la persona titular de la queja, orientadas todas ellas a desincentivar el mal uso por parte de menores y jóvenes de las nuevas tecnologías de la comunicación e información.

Recibimos un escrito en el que la persona interesada se queja de que el Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Sevilla ha procedido al cambio del domicilio en el que figura inscrito su hijo en el padrón municipal, y ello a instancias de una solicitud del padre que incumple la normativa ya que no cuenta con su autorización como madre, titular de la patria potestad del menor.

Tras admitir la queja a trámite y solicitamos informe del Ayuntamiento. En respuesta a nuestro requerimiento envía un informe en el que reconoce el error cometido al dar trámite a la modificación padronal contraviniendo la normativa aplicable. Refiere que se encuentran en trámite las actuaciones administrativas necesarias para rectificar dicho error.

Con esta información damos por concluida nuestra intervención en el expediente de queja.

Hemos recibidos los informes emitidos por las distintas Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos andaluces de menos de 50.000 habitantes, relativos al expediente de queja de oficio.

Del examen de las respuestas recibidas se desprende que, en su mayoría, han aceptado los contenidos esenciales de la Resolución que dictó esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Como conclusión definitiva podemos advertir la voluntad de los municipios de menos de 50.000 habitantes de la comunidad autónoma de Andalucía de introducir en las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de derecho de examen que se dicten a partir de nuestra Resolución, las exenciones o bonificaciones que esta Institución propone, así como incluir las mismas en las ordenanzas actualmente vigente.

Así mismo, existe el compromiso por parte de las corporaciones locales de utilizar, a la hora de fijar la cuantía de la tasa, el criterio de capacidad económica.

Todo ello, con el propósito de que la tasa no constituya un obstáculo en el acceso al empleo público.

Con ello hemos dado por concluidas nuestras actuaciones en la presente actuación de oficio.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte, en la que la persona interesada solicitaba la revisión del procedimiento para contratación temporal de trabajadores desempleados agrarios en el Programa de Activación de Empleo Municipal de un Ayuntamiento andaluz.

Se recibe respuesta de la Administración Local aceptando la Recomendación y Sugerencia, en el que pone de manifiesto que se atenderá la recomendación formulada para futuras convocatorias y la sugerencia establecida en dicha Resolución.

Por consiguiente, acordamos el archivo de las actuaciones en la queja.

La persona interesada en el presente expediente de queja nos exponía que habiendo concluido sus estudios profesionales de música en un Conservatorio Profesional de Música de Andalucía, y habiendo cumplido, en el mes de mayo de 2025, 18 años de edad, así como careciendo del título de Bachillerato por tener que haber repetido un curso de dicho nivel educativo debido al padecimiento de una grave enfermedad, pretendió presentarse a la prueba de madurez prevista en el artículo 13 de la Orden e febrero de 2022, por la que se regulan en la Comunidad Autónoma de Andalucía el acceso, los criterios, los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado de enseñanzas artísticas superiores en los centros docentes públicos, así como las pruebas de acceso a las citadas enseñanzas, cuyo contenido reproducimos literalmente a continuación:

Artículo 13. Consideraciones generales.

1. Las pruebas de madurez académica podrán ser realizadas por las personas aspirantes mayores de dieciocho años que quieran acceder a las enseñanzas artísticas superiores, así como las personas que con dieciséis años de edad pretendan acceder a los estudios superiores de Grado en Música o en Danza en cualquiera de sus especialidades, que no reúnan el requisito académico de titulación al que se refiere el artículo 4 y que se encuentren incluidas en la publicación definitiva de personas aspirantes admitidas a la citada prueba. El requisito de la edad mínima establecida para la participación en esta prueba se entenderá cumplido siempre que se alcance la referida edad en el año natural de su realización.

2. La superación de esta prueba de madurez académica acreditará que la persona aspirante posee los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas. La superación de dicha prueba tendrá validez permanente para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores en todo el Estado.

Siendo de este modo, desde el mes de febrero vino interesándose por los distintos aspectos de esta prueba de madurez (requisitos, fechas, contenido), siendo en todos los casos informados de que teniendo en cuenta sus circunstancias personales (carencia del titulo de Bachiller y edad, 17 años hasta el 31 de mayo de 2025), no había problema alguno para presentarse a la prueba, por lo que tan solo debía estar atento a la publicación de la convocatoria para presentar la correspondiente solicitud y conocer el calendario para su realización.

Sin embargo, una vez publicada la Resolución de 22 de abril de 2025, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 2025/2026, se determinan aspectos de organización de las mismas y se establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de acceso, admisión y matriculación en los centros docentes públicos, y a pesar de que en su apartado V (Prueba de madurez académica para personas aspirantes a las enseñanzas artísticas superiores de música y danza menores de 18 años sin requisitos de titulación de bachillerato o equivalente), en su punto 1 establece que «podrán realizar esta prueba de madurez académica las personas aspirantes de 16 y 17 años que pretendan acceder a los estudios superiores de Música o de Danza, que no reúnan el requisito de titulación de Bachillerato o equivalente», se le informó de que no podrían presentarse a la prueba puesto que si bien tenía 17 años en el plazo de solicitud de acceso a la prueba, en este año natural de 2025 cumpliría 18. O lo que es lo mismo a nivel general, que quedaban excluido de la realización la prueba de madurez todos aquellos aspirantes que nacieron en el año 2007, que son los que cumplirán 18 años durante 2025.

Dadas estas circunstancias, y ante la certeza de que su solicitud de realización de prueba de madurez no sería admitida en la comunidad autónoma de Andalucía, solicitó información en otras comunidades autónomas.

De ello resultó que, en todos los casos en los que realizó la consulta, se le indicó que, teniendo en cuenta el artículo artículo 7.3 de la Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, así como la Disposición transitoria quinta, que establece que «en las materias para cuya regulación esta ley remite a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella» -lo que no ocurría-, . y ), no había problema alguno para que se presentara a la prueba de madurez al no tener el titulo de Bachillerato o equivalente y tener 17 años aunque cumpliría los 18 este mismo 2025. Finalmente realizó la prueba en otra comunidad autónoma, superándola, lo que acreditaba con el certificado correspondiente.

Ya aprobada la prueba y en poder del certificado señalado, acudió al Conservatorio Superior en el que pretendía realizar la prueba específica, donde fue informada, una vez más, que no podía ser admitido a esta prueba por no cumplir el requisito de la edad, a pesar de contar con el certificado de superación de la prueba de madurez académica, la que, según el apartado 2 in fine del artículo 13 de la Orden de febrero de 2022, anteriormente transcrito, «la superación de dicha prueba tendrá validez permanente para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores en todo el Estado».

Es por esta razón, que entendiendo que cumplía con los requisitos exigidos legalmente para poder realizar la prueba específica de admisión en los conservatorios superiores de Andalucía, solicitamos la emisión del preceptivo informe a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

En respuesta, y entendiendo que no podía ser de otro modo, el centro directivo nos informó de que, efectivamente, tal como había señalado el interesado y nosotros compartíamos, acreditada la superación de la prueba de madurez, con validez en todo el territorial nacional, podía presentarse a la prueba especifica, por lo que se le autorizó para ello.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

Ver Resolución

Queja tramitada a instancias de una persona que se lamentaba de que las visitas guiadas al interior del Parque Nacional de Doñana no contasen con reducción de precios para familias numerosas. Nos decía que presentó una reclamación ante la empresa concesionaria, la cual no fue respondida, por lo que se dirigió a la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos que le confirmó que, efectivamente, en esos momentos aún no estaba contemplada dicha bonificación en el precio pero que era intención del Gobierno de la Junta de Andalucía implementarla. En consecuencia, al transcurrir años desde entonces y no estar todavía aprobadas dichas bonificaciones se dirigió a esta Defensoría.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos la emisión de un informe a la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos que en su respuesta expuso que dicho órgano administrativo no comercializaba ningún producto o servicio, estando el servicio de visitas al interior del Espacio Natural de Doñana adjudicado a empresas concesionarias o autorizadas. A pesar de ello en junio de 2023 comunicó a la persona reclamante que se tendría en cuenta esta cuestión en los nuevos pliegos que habrán de regir la próxima adjudicación del Servicio. A lo cual añadía la Dirección General los contactos mantenidos con la empresa concesionaria para recomendar la implementación de los descuentos correspondientes a familias numerosas, además de los descuentos que ya ofrecen por grupos numerosos, grupos de escolares, etc.

Para analizar la respuesta de la Dirección General nos remitimos a lo expuesto en la exposición de motivos de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad desempeñando múltiples funciones sociales que la hacen merecedora de una protección específica tal como señalan numerosos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Por su parte, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

Y señala dicha Ley 40/2003 que «dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos hijos o sin ellos. En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 9.2 de nuestra Constitución establece el principio de igualdad material, que debe llevar al legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales».

A este respecto el Reglamento ejecutivo de la Ley de Protección a las Familias Numerosas (Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre) viene a establecer determinados beneficios de los que podrían disfrutar las personas incluidas en un título de familia numerosa, muchos de los cuales sólo resultan aplicables a tributos, prestaciones o servicios de competencia de la Administración del Estado, pudiendo complementarse dichos beneficios con los que pudiera reconocer la Administración de la correspondiente Comunidad Autónoma o entidad local, así como empresas o particulares concernidos por sus responsabilidades y compromisos con la sociedad.

Y en este contexto vienen al caso las competencias que el artículo 61.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución.

Así pues, para dar contenido a dichas medidas de protección social a la familia, y de manera especial a las familias numerosas, facilitando su acceso a actividades culturales, de ocio, o de medio ambiente, minorando la carga económica que conlleva la suma de personas que integran la familia, muchas de ellas menores de edad, hemos de congratularnos de la favorable acogida de la Administración Autonómica a la petición realizada por la persona titular de la queja para que se contemple una reducción en los precios aplicables a las visitas al Espacio Natural de Doñana, pero, sin embargo, no podemos conformarnos con quedar durante años a la espera de que finalice la vigencia del presente contrato de concesión para que dichos beneficios pudieran ser efectivos.

Es por ello que hemos de remitirnos a la posibilidad de que conforme a la normativa de contratación pública se pudiera promover una modificación del contrato de concesión actualmente en vigor introduciendo la obligación a la empresa concesionaria de aplicar bonificaciones en las tarifas aplicables a familias numerosas, para lo cual sería necesario que se mantuviera el equilibrio económico del contrato llegando a un acuerdo con la empresa concesionaria para compensar el perjuicio económico que pudiera sufrir.

En virtud de cuanto antecede formulamos la siguiente Recomendación:

"Que se acometan las acciones necesarias para modificar el actual contrato de concesión del servicio de visitas al Espacio Natural de Doñana, de tal modo que sus tarifas incluyan reducciones o bonificaciones a familias numerosas”.

En respuesta a nuestra Recomendación la Dirección General nos expone que en los pliegos administrativos que se están elaborando para la próxima adjudicación del Servicio se contempla la reducción o descuento en el precio de sus tarifas a familias numerosas. Y también nos informan que se ha vuelto a contactar con la empresa que actualmente ofrece estos servicios, instándoles a que en la medida de lo posible apliquen ya en sus tarifas dicha reducción o descuento, recomendando a su vez que cualquier tipo de queja o súplica que se reciba sea respondida en tiempo y forma en aras de mejorar en el servicio.

La persona interesada, madre de una menor, exponía que presentó solicitud de plaza en una Escuela Infantil (E.I) de una localidad de la provincia de Sevilla, nos señalaba que desconocía los motivos por los cuales cuando se publicaron las listas de admitidos aparecía que su hija no había sido admitida porque había renunciado a la solicitud.

La interesada aseguraba que en ningún momento presentó ningún escrito de renuncia, así como que la propia escuela infantil le había señalado que tampoco conocía el motivo por el que aparece dicha renuncia, habiéndose presentado por ambas partes sendos escritos a la administración, sin que hubiese recibido respuesta hasta la fecha de dirigirse a esta Institución.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema en el que se pone de manifiesto que se ha estimado en todos sus términos el recurso de alzada interpuesto por la reclamante, solicitando la escolarización de su hija en la escuela infantil señalada dado que posee puntuación suficiente para ello. Añadiendo la resolución del recurso que, en caso de no existir plazas, habría que proceder a un incremento de la ratio.

Finalmente la Administración educativa confirma que la menor ya ha sido admitida en el centro solicitado.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.