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El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas sobre la adecuada conservación de los valores paisajísticos y contemplativos del Castillo de Belalcázar y sus entornos.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 2 de junio de 2025 el necesario informe ante el propio ayuntamiento de la localidad y la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba.

Esa Delegación con fecha 7 de julio de 2025 nos informaba:

“1. ANTECEDENTES

Con fecha 16 de junio de 2022 denuncia un particular el impacto visual negativo que provoca una edificación en el entorno del Castillo de Belalcázar cuando se transita por la carretera A-422. Se trata de la parcela 39 del polígono 44 del término municipal, de uso agrario y situada en suelo rústico, con superficie de 3.371 m² y 209 m² construidos (según datos catastrales). Se dirigen varios escritos al Ayuntamiento de Belalcázar solicitando su colaboración respecto a las medidas a adoptar para el control de los elementos distorsionantes de la edificación; remitiendo finalmente éste con fecha 21/11/2022 copia de la comunicación dirigida al propietario de la finca, instándole a aplicar el deber de conservación y rehabilitación.

Con fecha 25 de julio de 2023 se registra escrito del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a la queja que se tramita respecto a elementos que generan contaminación visual en el entorno del Castillo de Belalcázar. Teniendo en cuenta los antecedentes, se decide solicitar información al Ayuntamiento de Belalcázar sobre la legalidad de la construcción objeto de denuncia, para posteriormente elaborar un informe técnico que determine las intervenciones y actuaciones a realizar.

El Ayuntamiento de Belalcázar presenta escrito con fecha 20/09/2023 adjuntando certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca en cuestión, aunque sin pronunciarse respecto a su situación legal. Se visita el emplazamiento con fecha 22/11/2023, redactando informe que concluye en lo siguiente:

“La edificación denunciada ocupa una parcela en la zona suroriental del entorno de protección, junto al arroyo Caganchas y próxima a la carretera A-422. Dentro de la parcela existe una zona cercada con sendas edificaciones de una planta dispuestas en L. Se trata de una construcción muy heterogénea: muros y pilastras de bloques de hormigón (algunos antiguos de factura manual; otros ya de fabricación industrial), de ladrillo hueco sin revestir o de mampostería; viguetas de hormigón; cubierta de chapas apoyadas y sujetas con piedras; huecos cerrados con planchas metálicas; etc. La construcción presenta un aspecto muy precario y en el espacio cercado se acumula chatarra, con una imagen próxima al chabolismo.

Según datos facilitados por el arquitecto municipal, se trata de edificaciones agrarias que se destinaban antiguamente a vaqueriza de leche, hoy en desuso. Las construcciones aparecen ya en la ortofoto de 1977.

La incidencia negativa de esta edificación en el entorno del Castillo se concreta en los recorridos por la carretera A-422 y caminos que discurren junto al arroyo, al interponerse en la visión de la fortaleza. Además, otro de los elementos protegidos -la Fuente del Chorrillo- se encuentra justo al otro lado del arroyo. La contaminación visual no tendría que ver con la altura o volumen del edificio (sólo una planta), sino con el aspecto degradado y precario que lo caracteriza.

Teniendo en cuenta la precariedad de la edificación y el estado de abandono que presenta,

la opción más oportuna sería la tramitación de un expediente de ruina por parte del Ayuntamiento de Belalcázar que culminase en su demolición. La alternativa sería su completa rehabilitación, que por las condiciones del edificio sería prácticamente una reconstrucción, si es que ello fuese legalmente viable al tratarse de una construcción en suelo rústico.

En todo caso, sin entrar en las condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, etc, que le fuesen exigibles, a efectos únicamente de mejorar la integración visual de la edificación en el entorno del Castillo, deberían plantearse al menos las siguientes actuaciones:

• Limpieza, retirada de chatarra y elementos degradados de la edificación.

• Sustitución de la cubierta de modo acorde al entorno.

• Enlucido y pintura de los paramentos exteriores, incluyendo la cerca, para igualar las fábricas.

Estas actuaciones deben concretarse en un proyecto que requeriría autorización previa conforme al artículo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.”

Del contenido del informe se dio traslado al Defensor del Pueblo Andaluz en escrito de 5 de diciembre de 2023. Igualmente se remitió al Ayuntamiento de Belalcázar, indicando que “el informe concreta unas actuaciones de mejora cuya implementación entendemos correspondería al Ayuntamiento de Belalcázar en función de sus competencias”.

Con fecha 3 de junio de 2025 comunica el Defensor del Pueblo Andaluz la admisión a trámite de una nueva queja sobre la referida situación de contaminación visual dentro del recinto protegido del Castillo de Belalcázar (expediente Q25/4938), al no haberse solucionado el problema después de tres años.

2. PROTECCIÓN

El Castillo de Gahete en Belalcázar estaba protegido como Bien de Interés Cultural en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, en relación con el Decreto de 22 de abril de 1949, de Protección de Castillos. Por Decreto 62/2009, de 10 de marzo, se inscribió en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la delimitación del Bien de Interés Cultural Castillo de Gahete, así como el Conjunto Hidráulico de la Fuente del Pilar, la Fuente del Chorrillo y la Noria; delimitando un entorno común a todos ellos.

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

El Castillo de Gahete se levanta al norte del núcleo urbano, en la cima de un cerro de mediana altura rodeado por el arroyo Caganchas. Su ubicación en suelo rústico y su monumentalidad justificaron la delimitación de un entorno de gran amplitud (unas 45,55 Has) en el Decreto 62/2009, de modo que se preservaran sus valores ambientales y paisajísticos; así como ante la posibilidad de que pudieran existir en el ámbito afectado restos relacionados con el Bien. De este modo, el límite sur del entorno viene a coincidir prácticamente con los últimos edificios del núcleo urbano; el límite occidental sigue el Camino viejo de Cabeza del Buey; el límite oriental sigue la carretera A-422 y un camino rural; por último, el límite norte se ajusta a la linde de parcelas catastrales.

Como elementos a destacar en el entorno, aparte de los bienes protegidos (Castillo y elementos hidráulicos), el cauce del arroyo Caganchas (que sigue un sinuoso recorrido rodeando el cerro del Castillo), los caminos rurales que cruzan o bordean el ámbito y las cercas de piedra de las parcelas. Los terrenos están ocupados por algunas huertas en la zona más próxima al arroyo, olivar disperso y predominio de pastos.

Son escasas las edificaciones existentes en el entorno. En la zona más próxima al núcleo urbano, junto a la Fuente del Pilar, las viviendas que bordean la calle de acceso, otra vivienda ya en la zona de huertas, el albergue (antiguo matadero), el edificio anejo al lavadero y unas naves agropecuarias en desuso. Junto al acceso sur al Castillo, una vivienda y parcela de huerta con construcciones anejas. En la zona sureste, el Ayuntamiento acondicionó una parcela como espacio escénico al aire libre (Cerca de la Penitencia). Más próximas al arroyo, tres parcelas con distintas construcciones, alguna vivienda. Una de estas construcciones es la denunciada. En la zona noreste, dos construcciones, una de ellas caracterizada también en catastro como vivienda. Junto al arroyo y cerca de una de las torres del recinto (Torre de los Vargas), una nave agrícola de estructura metálica. Por último, podemos mencionar algunas construcciones próximas al límite noroccidental del entorno.

4. INFORME

Como ya se indicó en el anterior informe, la edificación objeto de la denuncia ocupa una parcela en la zona suroriental del entorno de protección, junto al arroyo Caganchas y próxima a la carretera A-422. Dentro de la parcela existe una zona cercada con sendas edificaciones de una planta dispuestas en L. Se trata de una construcción muy heterogénea: muros y pilastras de bloques de hormigón (algunos antiguos de factura manual; otros ya de fabricación industrial), de ladrillo hueco sin revestir o de mampostería; viguetas de hormigón; cubierta de chapas apoyadas y sujetas con piedras; huecos cerrados con planchas metálicas; etc. La construcción presenta un aspecto muy precario y en el espacio cercado se acumula chatarra, con una imagen próxima al chabolismo.

Es importante destacar que dicha edificación es anterior a la delimitación del entorno de protección del Castillo con el Decreto 62/2009, de 10 de marzo (las construcciones aparecen ya en la ortofoto de 1977).

Teniendo en cuenta el estado que presenta la edificación, la opción más oportuna sería la tramitación de un expediente de ruina que culminase en su demolición o rehabilitación. En todo caso, en el anterior informe ya se apuntaban las actuaciones mínimas para mejorar la integración visual de la edificación en el entorno del Castillo:

• Limpieza, retirada de chatarra y elementos degradados de la edificación.

• Sustitución de la cubierta de modo acorde al entorno.

• Enlucido y pintura de los paramentos exteriores, incluyendo la cerca, para igualar las fábricas.

La iniciativa para el inicio de este expediente de ruina correspondería al Ayuntamiento de Belalcázar, conforme al artículo 146 de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Ello sin perjuicio de que las obras de demolición o rehabilitación a ejecutar requieran autorización previa conforme al artículo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía”.

También, por su parte, el ayuntamiento de Belalcázar, tras ser requerido con fechas 6 de junio, 11 de julio, 25 de septiembre y 1 de diciembre de 2025 enviaba finalmente su informe de fecha 2 de diciembre en el que se indica:

“En contestación a su escrito de fecha 02 de junio de 2025, con Registro de Entrada en estas Dependencias Municipales de 03 de junio de 2025, sobre el Exp. Q25/4938 tengo a bien dirigirme a usted para manifestarle que, tras la denuncia presentada por don José Cortés Fernández en relación con determinados elementos que generan contaminación visual sobre el Castillo de Belalcázar, este Ayuntamiento ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:

1. Requerimiento al propietario del inmueble

Con fecha 18 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento requirió al propietario del inmueble sito en el Polígono 44, Parcela 39, con referencia catastral 14008A044000390000UF del término municipal de Belalcázar, la aplicación del deber de conservación y rehabilitación de edificaciones, instándole a realizar las obras que estimara oportunas para minimizar el impacto visual sobre el entorno del Castillo.

2. Coordinación con la Delegación Territorial de Cultura

Se solicitó a la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Cultura la determinación de las actuaciones que deberían llevarse a cabo para la adecuación ambiental y paisajística, dado que el inmueble se encuentra dentro del entorno de protección de un Bien de Interés Cultural (BIC).

3. Traslado de actuaciones a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte

Del mismo escrito, se dio traslado a la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, para que tuviera conocimiento de las medidas que estaba adoptando este Ayuntamiento y pudiera colaborar en la coordinación de actuaciones que aseguren la preservación del valor patrimonial y paisajístico del Castillo.

4. Informe recibido por parte de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte.

Con fecha 02 de julio del 2024, se recibe en este Ayuntamiento informe de la Delegación de Cultura, donde indican las actuaciones a ejecutar por el propietario de la parcela referenciada.

5. A fecha de hoy, y tras haber mantenido varias conversaciones con el propietario de la parcela, quien se encuentra en edad avanzada, y no siendo conocedor de la situación real en la que se encuentra su parcela, este Ayuntamiento procederá a poner en conocimiento a sus familiares sobre la situación del inmueble, con el fin de facilitar la correcta aplicación del deber de conservación y rehabilitación, así como garantizar la protección del entorno del Castillo.

6. Por parte de este Ayuntamiento se volverá a notificar al propietario y a sus familiares de la parcela sobre el deber de conservación y rehabilitación, con el fin de que, a la mayor brevedad posible, se ejecuten las actuaciones indicadas en el informe emitido por la Delegación Territorial de Cultura de Córdoba. En caso de no llevarse a cabo dichas actuaciones, el Ayuntamiento de Belalcázar iniciará el expediente de ruina física e inminente, procedimiento que, de no actuar los propietarios, podría prolongarse en el tiempo.

Se hace constar que el Ayuntamiento de Belalcázar, con una población aproximada de 3.100 habitantes y presupuesto limitado, no dispone de partida presupuestaria destinada a la ejecución de estas actuaciones, y tampoco se contempla ninguna asignación para ello en los presupuestos de 2026. Según las valoraciones realizadas con el técnico municipal, a la espera del informe definitivo, la retirada de escombros, chatarra y adecuación de la parcela a su estado natural podría suponer un coste aproximado de 50.000 a 60.000 euros.

7. Conclusión:

Este Ayuntamiento reitera su compromiso con la preservación del patrimonio monumental y con la colaboración con la ciudadanía y las autoridades competentes. Se pone a disposición del Defensor del Pueblo Andaluz para facilitar toda la documentación e informes adicionales que se requieran para esclarecer los hechos de la queja tramitada y se informará puntualmente de las medidas correctivas que se adopten“.

A la vista de las informaciones recibidas, podemos acreditar un relato sobre los contenidos de la queja presentada y la posición de los responsables culturales locales y autonómicos. Ciertamente, se trata de una nueva tramitación a la vista de los escasos resultados efectivos que se anunciaron con motivo de la queja 23/5615 que fue concluida considerando que el caso se encontraba en vía de solución.

Tras las actualizaciones ofrecidas recientemente se constata que “Por parte de este Ayuntamiento se volverá a notificar al propietario y a sus familiares de la parcela sobre el deber de conservación y rehabilitación, con el fin de que, a la mayor brevedad posible, se ejecuten las actuaciones indicadas en el informe emitido por la Delegación Territorial de Cultura de Córdoba. En caso de no llevarse a cabo dichas actuaciones, el Ayuntamiento de Belalcázar iniciará el expediente de ruina física e inminente, procedimiento que, de no actuar los propietarios, podría prolongarse en el tiempo”.

Por tanto, hemos de considerar que los procedimientos de control se han activado quedando a la espera de las medidas ciertas y efectivas que se anuncian.

Dejamos, pues, interesada desde este momento la información conclusiva del asunto y de los pasos que se realicen en su ejecución.

La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las gestiones para dotar de mejoras y reparaciones solicitadas para un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de un municipio de la provincia de Granada.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada y al propio ayuntamiento de la localidad.

Pues bien, en el informe recibido el 1 de diciembre de 2025 desde el ayuntamiento se ofrecía un detenido relato de las gestiones y contactos realizados para intervenir en el edificio escolar:

“1. Reconocimiento de la preocupación manifestada

Compartimos la inquietud expresada por el ciudadano en cuanto a la necesidad de mejoras estructurales en el centro educativo, así como el impacto que estas carencias pueden tener en la matriculación del alumnado. Este curso, como bien recoge la queja, el número de niños de 3 años matriculados ha sido inferior al potencial del municipio, lo cual confirma una realidad que venimos advirtiendo: el municipio crece demográficamente, pero sus infraestructuras educativas —competencia de la Junta de Andalucía— no acompañan ese crecimiento desde hace años.

Somos también plenamente conscientes de que, pese a las dificultades, el CEIP cuenta con un equipo docente y una comunidad educativa que mantienen resultados académicos por encima de la media de los colegios de su entorno o de similares características. Ello demuestra el valor del colegio y la necesidad urgente de garantizar instalaciones acordes a ese nivel de excelencia.

2. Marco competencial y actuación del Ayuntamiento

Es esencial subrayar que las competencias municipales en materia educativa son muy limitadas. El Ayuntamiento no tiene competencias en construcción, planificación estructural o ampliación de centros educativos, competencias que corresponden a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Pese a ello, este Ayuntamiento lleva años asumiendo inversiones, trabajos, mejoras y servicios que exceden ampliamente nuestras responsabilidades legales, porque entendemos que la educación es un pilar fundamental y porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la falta de avances por parte de la administración competente.

3. Inversión extraordinaria del Ayuntamiento para la construcción de un instituto

A solicitud expresa de la Junta de Andalucía, y siguiendo sus indicaciones para poder optar a la creación de un instituto en la localidad, este Ayuntamiento realizó una operación económica extraordinaria: Adquisición de un terreno por importe de 300.000 € y cesión gratuita a la Consejería de Educación

- El Ayuntamiento invirtió 300.000 € de fondos propios para adquirir un solar destinado a la construcción del futuro IES del municipio.

- Tras la compra, cedimos gratuitamente ese terreno a la Consejería de Educación, cumpliendo estrictamente los requisitos que la Junta fijó para poder iniciar el proceso de creación del instituto.

- Esta inversión supone una cuantía muy significativa para un municipio de nuestro tamaño y exigió un esfuerzo presupuestario excepcional.

A día de hoy, la Junta de Andalucía no ha comunicado ningún avance, cronograma, proyecto ni compromiso firme respecto a la construcción del instituto, pese a que hemos cumplido todas las condiciones que nos exigieron. Este hecho agrava la situación educativa del municipio: sin un instituto propio, nuestros jóvenes deben desplazarse fuera, y sin mejoras estructurales en el CEIP, el único centro del municipio se ve sometido a una presión que no puede resolver solo con recursos locales.

4. Inversiones del Ayuntamiento que exceden nuestras competencias legales

Además de la compra del terreno, el Ayuntamiento lleva a cabo numerosas actuaciones que no le corresponden legalmente, pero que hemos considerado indispensables para garantizar un mínimo de calidad educativa. Entre ellas, debo destacar:

a) Adecuación integral de patios y creación de espacios infantiles

- Acondicionamiento completo de los patios de recreo.

- Reparación y adecuación de los firmes, zonas de juego y áreas deportivas.

- Construcción de un parque infantil específico para el alumnado de Educación Infantil, costeado íntegramente por el Ayuntamiento.

b) Instalación de toldos y sombreado en los patios

- Instalación de toldos y sistemas de sombra para proteger al alumnado durante los recreos, especialmente ante las altas temperaturas.

- Esta inversión debería ser asumida por Educación, pero la asumió íntegra el Ayuntamiento ante la urgencia.

c) Creación y mantenimiento del huerto escolar

- El Ayuntamiento ha creado un huerto escolar educativo, cuyo mantenimiento corre a cargo de personal municipal.

- No solo financiamos la instalación y el material, sino también el personal que trabaja con el alumnado.

d) Instalación de aire acondicionado y calefacción en todas las aulas

- El Ayuntamiento ha financiado la instalación completa de sistemas de climatización (frío y calor) en las aulas, pese a que esta competencia corresponde a la Junta.

- Esta inversión ha sido imprescindible para garantizar confort térmico y bienestar, especialmente en periodos de olas de calor.

e) Construcción de Pista polideportiva techada anexa al colegio y cesión completa al mismo durante el periodo escolar

f) Compromiso con la calidad de la educación en el pueblo, con la financiación del transporte (autobuses) de todas las salidas/excursiones programadas por el Colegio además de la financiación integra de todas las actividades llevadas a cabo durante la semana cultural del colegio y la financiación y colaboración de muchos de los programas que se imparten en el colegio

g) Cesión de instalaciones municipales para suplir las carencias del colegio

Este es uno de los mayores esfuerzos realizados:

- Dada la falta estructural de espacios en el antiguo edificio del CEIP, el Ayuntamiento cedió el uso de parte del Edificio de Usos Múltiples, permitiendo al colegio utilizar:

- aulas de refuerzo, o un comedor escolar desdoblado,

- aula de informática,

- biblioteca,

- salón de teatro,

- aulas polivalentes para psicomotricidad,

- y otros espacios complementarios imprescindibles.

La cesión de estos espacios hace que la Junta de Andalucía cumpla con los requisitos necesarios plasmadas en ley para poder impartir la educación en el municipio. El centro se ha convertido en un AULARIO SIN ESPACIO (mas de 19 unidades de media en los últimos años, en el 2025 son 21, que convierten el edificio antiguo en un simple aulario) y la cesión por parte del Ayuntamiento es imprescindible

- Para que los menores pudieran acceder directamente desde el colegio sin salir a la calle, el Ayuntamiento construyó un acceso interior, costeado y ejecutado con personal propio.

- Esta cesión implica renunciar a espacios que podrían servir para actividades municipales, culturales, deportivas y sociales. Pese a ello, entendimos prioritario apoyar al colegio.

h) Mantenimiento extraordinario, equipamiento y actuaciones continuas

Además de las inversiones señaladas, el Ayuntamiento realiza trabajos continuos de mantenimiento, reparación, pintura, limpieza reforzada, jardinería, reposición de equipamiento y mejoras que exceden claramente el nivel de conservación exigible legalmente. Además de ser un mantenimiento muy costoso dada la antigüedad del inmueble

5. Falta de inversión autonómica y situación actual

Todas estas actuaciones municipales —que suman cientos de miles de euros en los últimos años— no pueden sustituir indefinidamente a la inversión estructural que corresponde a la Junta de Andalucía. Desde 2018 el CEIP está incluido en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Junta, pero:

- no se ha acometido ninguna reforma integral,

- no se han ejecutado los fondos europeos inicialmente previstos (según la Junta de Andalucía), aunque nosotros entendemos que deberían de hacerlo con sus propios fondos si los europeos no existieran, esa no puede ser la excusa, y la redacción del proyecto sigue pendiente de adjudicación.

La consecuencia es evidente: el colegio acumula carencias estructurales que ningún municipio puede resolver solo, por mucho que se vuelque.

6. Conclusión y disposición del Ayuntamiento

Este Ayuntamiento:

- cumple sobradamente todas sus competencias;

- invierte muy por encima de lo exigido legalmente;-

- colabora con el colegio de manera ejemplar;

- y ha realizado esfuerzos económicos extraordinarios, como la compra del terreno del instituto, que aún hoy siguen sin respuesta de la Junta.

Por todo ello, agradecemos que esta Defensoría investigue la situación y confiamos en que su intervención contribuya a que la administración competente adopte las medidas que nuestro municipio necesita desde hace años. Renovamos nuestra total disposición a colaborar con usted y con cualquier entidad que sea necesaria para mejorar el futuro educativo de la localidad”.

Por su parte, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional relata con fecha 24 de octubre:

“Se ha recibido en este Servicio de Planificación de esta Delegación Territorial petición de informe para dar respuesta a de la queja núm. Q25/10048 del Defensor del Pueblo Andaluz iniciada por dicha institución, en el que pone de manifiesto supuesta situación de deficiencias generalizadas en el CEIP.

Desde este Servicio De Planificación podemos informarle que en el plan de infraestructuras del 2019 se aprobó la adecuación del centro a un modelo C2 y actualmente se encuentra con un presupuesto aprobado de 3.396.643,22 € con una ID de obra asignado y con un programa de necesidades aprobado.

Las obras están pendientes de fuente de financiación, desde este Servicio no tenemos acceso a esa información.

Adjuntamos la normativa relativa al mantenimiento de las condiciones de uso y habitabilidad de los centros docentes públicos, incluidos aquellos de titularidad municipal.

La mencionada normativa es extensa, por lo que se adjunta informe del Servicio de Legislación de la Secretaría General Técnica de esta Consejería, así como informe de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en los que se hace referencia a la normativa vigente sobre la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, de lo que se deriva la obligación del mantenimiento de las condiciones de uso y habitabilidad.

Por todo ello, se deduce que las entidades locales no pueden omitir su responsabilidad, en los trabajos de mantenimiento de las condiciones de uso y habitabilidad de los centros docentes de su titularidad”.

En atención a los informes recibidos desde los servicios educativos, de ámbito autonómico y municipal, podemos considerar que quedan registradas unas actuaciones para dar respuesta a las demandas ofrecidas en la queja y al inicio de determinadas gestiones dirigidas a la mejora de determinados elementos del colegio. El texto municipal referido hace expresa mención de estas operaciones, en particular centradas en las cubiertas y toldos, sistemas de acondicionamiento de aire, pistas deportivas, así como otros elementos de acceso y trayectos internos en el centro. que se destacan en la queja.

Con posterioridad, desde esta Defensoría hemos tenido conocimiento de la posición de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada y la disposición para estudiar otras posibles intervenciones adecuadas al ámbito competencial de la administración autonómica.

A la vista de los relatos ofrecidos, podemos discernir los aspectos provocados por las necesidades de las infraestructuras educativas de la localidad que se procuran atender también con la colaboración de los diferentes recursos municipales que permiten mejorar las condiciones de las actividades del centro y su alumnado, añadiendo, por ejemplo, el apoyo de los gastos de transporte para desplazamientos y excursiones escolares.

Ciertamente, es habitual en este tipo de quejas hallarnos ante una polémica competencial que genera la necesidad de impulsar formalmente —a través de una Resolución— desde esta Institución acciones de diálogo y coordinación. En este supuesto, comprobamos la disposición para mantener estos trabajos en común y programar las respectivas intervenciones en pro de una respuesta efectiva en atención las necesidades acreditadas del centro escolar. Y así, las labores de mantenimiento y reparación se asignaron a responsables municipales, mientras que los proyectos de construcción y creación de una nueva sede educativa deben ser asumidos por la autoridad educativa autonómica y recogidos formalmente en los Planes de Infraestructuras.

Parece confirmarse, pues, las adecuadas respuestas ante las demandas expresadas en la queja en un espacio de clarificación de las competencias concurrentes que se han descrito y, consecuentemente, en las reacciones que cada instancia debe acometer, aprovechando unas imprescindibles medidas de planificación y coordinación.

Pero, de otra parte, permanece el abordaje de la propia viabilidad del centro educativo de Educación Secundaria. En esta linea destacamos el esfuerzo municipal de adquisición del terreno adecuado y la oportunidad de su cesión para este destino esencial para las infraestructuras de la localidad y su entorno permitiendo la continuidad de los estudios de su alumnado en la zona.

No obstante esta cuestión nuclear exige ciertamente un impulso. El proyecto del nuevo centro IES no parece que ofrezca unos resultados coherentes con su acreditada oportunidad. El hecho de que se aluda a la adopción de pasos importantes (como la compra municipal del terreno y su cesión) no esconde una insuficiente respuesta de las autoridades educativas para ofrecer resultados más ágiles para la preocupada comunidad escolar.

Por todo ello, y a la vista de las informaciones recibidas, hemos de considerar que el asunto abordado necesita un impulso decidido para concretar la supervisión del proyecto por parte de los servicios técnicos de la administración autonómica. En tal sentido, desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, y Defensor del Pueblo Andaluz, ratificamos la necesidad de avanzar en los trabajos de puesta en marcha del proyecto del nuevo IES acordes con los compromisos de mejora en las infraestructuras de la localidad.

Desde luego, en dicho objetivo esta Institución, en el ámbito de sus competencias, queda a la disposición de los responsables del proyecto para contribuir e impulsar estas medidas. Del mismo modo permaneceremos atentos a cualquier nueva actuación o novedad que, en su caso, se produzca, de la que rogamos nos den traslado.

Concluyendo las actuaciones desarrolladas en la presente queja

En la tramitación del expediente de queja, arriba indicado, relativo a la discrepancia que mantenía con el Ayuntamiento de Nerja en relación al cómputo de sus rentas que lo dejaba fuera de un sorteo de viviendas públicas.

Concretamente nos trasladaba su disconformidad con el cómputo de sus ingresos económicos para poder ser incluido en la lista de personas admitidas en el sorteo de viviendas promovido por su Ayuntamiento. Concretamente se refería a la prestación por paternidad percibida en 2023, que no había sido tenida en cuenta como ingreso, lo que habría reducido artificialmente su renta y motivado su exclusión.

A través del informe remitido, hemos sido conocedores de que el Ayuntamiento, tras revisar su solicitud ha estimado el conjunto de alegaciones realizadas y ha confirmado que la prestación por paternidad sí debe computarse como ingreso real, aun cuando esté exenta de IRPF, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo y se constata que usted supera el mínimo de renta exigido (16.800 euros), motivo por el cual la Administración municipal ha procedido a incluirle en la lista de admitidos al sorteo, corrigiendo cualquier posible interpretación inicial.

Asimismo, el Ayuntamiento nos informa de que, una vez resueltas todas las alegaciones presentadas, se ha procedido a notificar personalmente a cada una de las personas que han formulado alegaciones la resolución adoptada respecto a su caso concreto, y nos adjuntan copia de la remitida a usted con fecha 7 de noviembre.

Del mismo modo, han traslado que se publicarán en la Sede Electrónica Municipal los listados definitivos de personas admitidas y excluidas, publicación que tendrá los mismos efectos que una notificación individual, garantizando así que toda la ciudadanía pueda conocer el resultado final del proceso con plena transparencia y seguridad jurídica.

Por ello, queremos comunicarle que de la información remitida por su Ayuntamiento se desprende que la actuación municipal ha sido, finalmente, ajustada a la normativa aplicable y respetuosa con sus derechos, al aplicar el criterio jurídico correcto respecto a los ingresos exentos y revisar de forma completa y motivada su situación económica.

Desde esta Institución observamos que la revisión practicada ha permitido corregir cualquier posible interpretación inicial, garantizando así una respuesta acorde con los principios de objetividad, transparencia y seguridad jurídica que deben regir estos procesos.

Por lo que tras un análisis detenido de toda la documentación, podemos concluir que la cuestión planteada en su queja ha quedado solucionada, habiéndose reconocido su derecho a participar en el procedimiento de adjudicación en igualdad de condiciones. Por ello, procedemos a dar por finalizadas nuestras actuaciones en el presente expediente. No obstante, queremos transmitirle que esta Defensoría seguirá a su disposición para acompañarle y prestarle apoyo en cualquier otra situación en la que considere necesario nuestra colaboración.

Una vecina de Málaga presentó queja contra el Ayuntamiento de esta ciudad, debido a que no habían respondido su petición de cambio de ubicación de un núcleo de seis contenedores fracción resto, más otros dos de reciclaje, situados frente a un negocio gastronómico que regentaba. En este sentido, decía que tratándose de un local de esa actividad, la suciedad que generaban estos contenedores, unida a los malos olores y presencia de insectos, era un perjuicio añadido para su negocio más allá de la mera cuestión estética.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Málaga para solicitarle que por parte de LIMASA se valorase la situación de estos contenedores en relación con el local de gastronomía de la reclamante, y la petición de cambio de sitio, si ello fuera posible, o si no lo fuera, que se estudiara si era posible tomar alguna medida alternativa como podía ser, por ejemplo, la reducción del número de contenedores o la que se estimase oportuna para que esta ubicación de los contenedores no supusiera una carga excesiva para este establecimiento.

Desde la empresa LIMASA se nos trasladó informe en el que se exponían las razones por las que ese número de contenedores se encontraba en esa ubicación y se indicaba que se había cambiado la tipología de aquellos y se había reducido en dos el número. En concreto el informe decía lo siguiente:

“... le comunicamos que, en la citada calle siempre han existido contenedores, hasta que se retiraron provisionalmente para que no interfirieran con la obra de peatonalización de la calle que se realizó recientemente.

Tras la finalización de las obras, se dejaron destinadas ubicaciones para contenedores y en una de ellas, se instalaron la isla ecológica (ubicación de contenedores formada por contenedores de cada fracción para mejorar la separación en origen), una de ellas en el número (...).

Los contenedores son necesarios para dar servicio a la generación de residuos que se produce en la zona, y por tanto, no se pueden retirar. Reubicarlos es complicado porque sería trasladar los contenedores a otro punto, por lo que, seguiría existiendo el problema de molestias.

Para intentar mejorar la ubicación de Carreterías, 86 se ha cambiado el tipo de contenedor de envases, pasando de tipo campana de carga superior que ocupa mucho más espacio por contenedor de carga trasera de envases y además hemos quitado 2 contenedores grises de resto.

Se ha reformado la recogida de calle, llegándose a vaciar los contenedores de restos 3 veces al día y los de envases 2, con el objetivo de que la basura que se deposite de forma incívica, esté el menor tiempo en la calle.”

A la vista de estas medidas, aunque no suponían la eliminación total de esos contenedores de ese concreto punto, sí que se reducía su número y se reducía la problemática que generaban los que permanecían, por lo que podía estimarse parcialmente atendida la petición de la promotora y procedimos al cierre del expediente de queja.

Una asociación medioambientalista nos planteó queja por la falta de respuesta de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Córdoba, a una instancia, acompañada de un escrito, presentada el 13 de diciembre de 2023, con la que se denunciaba el corte en varios puntos de una vía pecuaria denominada Vereda del Descansadero del Empalme a la Venta de los locos, solicitando expresamente “1. Investigación y constatación de las incidencias detectadas al objeto de que, una vez realizada ésta se proceda, en su caso, a remover los obstáculos que impidan el libre tránsito. 2. Que nos tenga por parte en el expediente/s de investigación, constatación, remoción de obstáculos, recuperación y mantenimiento de la vía pecuaria en base al interés legítimo que entendemos ostenta la Asociación Medioambiental descubriendo el río Yeguas”.

Admitimos a trámite la queja a fin de que la citada Delegación Territorial respondiera expresamente el escrito en cuestión.

La Delegación Territorial nos informó que se había dado expresa respuesta a la reclamación recibida y que se confirmaban las incidencias denunciadas, anunciándose que se había trasladado toda la información al Departamento de Informes y Sanciones, al objeto de que se llevasen acabo las actuaciones oportunas.

Habiéndose puesto fin a la situación de silencio administrativo, con la respuesta expresa del escrito, dimos por terminada nuestra intervención en la queja y procedimos a su archivo.

Un vecino de Tomares planteaba queja contra el Ayuntamiento de esta localidad por la falta de respuesta del mismo a un escrito en el que denunciaba el presunto incumplimiento de las obligaciones atribuidas a los ayuntamientos en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en concreto la relativa a «la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal» de su artículo 22, apartado 1.

Este incumplimiento derivaba, según relataba en el escrito, de una llamada a la policía local de Tomares que habría realizado en octubre de 2024 solicitando la retirada de un perro abandonado en una zona de la localidad, en el que invocaba el antes citado artículo 22 de la Ley 7/2023 y terminaba solicitando que ese Ayuntamiento “cumpla con la ley ley 7/2023 y ofrezca un sistema de protección para los animales abandonados. Por el bienestar, por preservar la salubridad y por la seguridad de los animales y los ciudadanos de este municipio”.

Al no haber tenido ningún tipo de respuesta a esta instancia, se había dirigido en queja a esta Institución, tanto por lo anterior como, especialmente, por la cuestión de la posible inexistencia de medios para cumplir esta obligación legal en relación con animales extraviados y abandonados.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Tomares, que en respuesta del Área de Medioambiente Urbano, Edificios Municipales, Vías y Obras del Ayuntamiento de Tomares, nos informó reconociendo el incumplimiento alegado por el reclamante, aunque lo excusaban en cuestiones presupuestarias que, al parecer, ya se habían solventado y darían lugar al próximo cumplimiento legal, estando prevista la contratación en las siguientes fechas. En concreto, decía el informe lo siguiente:

“(…) Atendiendo al escrito presentado por el vecino de fecha 17 de octubre de 2024 en el Ayuntamiento de Tomares, y siendo cierto los hechos, debemos comunicar que el Ayuntamiento en esas fechas estaba en elaboración de sus presupuestos para el ejercicio de 2025, que recientemente han entrado en vigor.

Por tanto, el Ayuntamiento de Tomares tiene en la planificación de este ejercicio dar cumplimiento a la mencionada ley, realizando la tramitación de la contratación de ese servicio, que, dicho sea, esta administración lo venía realizando a través de convenios y contratos menores, pero por motivos del carácter estructural del servicio debe tramitarse por un procedimiento de contratación que responda a la perdurabilidad en el tiempo de este servicio.

Igualmente le comunicamos que este Ayuntamiento tiene suscritos convenios de colaboración con el Colegio Profesional de Veterinarios con el objeto de dar cumplimiento a las muchas obligaciones que la citada Ley impone a los ayuntamientos, debiendo financiarse con recursos propios.

En consecuencia, de lo manifestado damos traslado de este escrito a esta Defensoría, así como al escrito del vecino.”

A tenor de lo informado, cabía considerar en vías de solución la cuestión objeto de queja, reconocida expresamente por el propio Ayuntamiento, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este asunto y procedimos a su archivo.

Un vecino de Manilva se quejaba de que llevaba al menos dos años reclamando el arreglo de dos arquetas de MOVISTAR situadas en una calle, en pleno acerado junto a una zona hotelera, y cuyo estado de conservación producía un grave riesgo para viandantes. La reclamación la había hecho por varias vías: redes sociales, policía local (que había precintado el lugar), a través de MOVISTAR, sin que se adoptaran de arreglo definitivo.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de MOVISTAR, que nos informó que las arquetas ya habían sido reparadas, y a tal efecto nos acompañaban dos fotografías, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este asunto y procedimos al archivo de la queja.

Una vecina de Montilla se quejaba de que, desde hacía tiempo, el Ayuntamiento había ubicado un grupo de cinco contenedores de basura justo frente a la puerta de su negocio, en una calle con una anchura aproximada de cuatro metros. Esta decisión se había tomado unilateralmente y le estaba generando varios problemas, especialmente el impacto negativo en su negocio por olores desagradables y persistentes.

La afectada había presentado una instancia en el Ayuntamiento de Montilla solicitando la reubicación de estos contenedores en un lugar más adecuado, que a su vez el Ayuntamiento trasladó a la empresa de recogida de basuras “para que extreme la limpieza de dichos contenedores y su entorno así como el estudio de una nueva ubicación”, pero sobre esto último, ya se le informaba que “Comunican que no es posible trasladar a una nueva ubicación los contenedores, ya que no hay alternativa cerca, limitado sobre todo por la posibilidad de circulación del camión de la basura”.

Nos aportaba la afectada una serie de fotografías que ilustraban la problemática, en las cuales ciertamente podía verse un gran número de contenedores completamente llenos que dejaban en evidencia las circunstancias objeto de queja y que entendíamos que al menos habrían de mover al Ayuntamiento, si verdaderamente no era posible una reubicación, a tomar alguna medida alternativa, como pudiera ser -a título únicamente de ejemplo- la reducción del número de contenedores, una mayor limpieza o cualquier otra que implicase una reducción de la incidencia en olores, que va más allá del perjuicio meramente estético.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del citado Ayuntamiento para que procediese a un mayor análisis en el que se abordasen medidas alternativa a la eliminación completa y/o reubicación de todos los contenedores si, como parecía, no era viable.

En respuesta, el Ayuntamiento de Montilla nos informó de que finalmente se había accedido al cambio de ubicación de dichos contenedores pero advirtiendo de que, si en la nueva ubicación se generaban problemas, se tendría que volver a la anterior ubicación. En este sentido, el informe concluía de la siguiente forma:

“Por todo lo expuesto, se considera viable proceder a la retirada provisional de la isla de contenedores situada en la calle (…) , actuación que se llevará a cabo de manera inmediata. No obstante, se advierte que, en caso de que se registren incidencias en las islas de contenedores cercanas por problemas de saturación o exista una demanda justificada para su restitución, el Ayuntamiento se verá obligado a reinstalar los contenedores en la misma ubicación, al no disponer de alternativas que garanticen la cobertura de la demanda ciudadana. En cualquier caso, el Consistorio está obligado a asegurar a la ciudadanía el acceso a un servicio adecuado de gestión de residuos de competencia municipal, debiendo prevalecer el interés general sobre el particular.”

Entendimos, por tanto, que el problema estaba solucionado en línea con lo solicitado por la reclamante, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.