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El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Almonte que, si aún hubiera lugar, incoe y tramite los expedientes administrativos sancionadores por incumplimiento de horarios de cierre de un establecimiento hostelero en Matalascañas y que en todo caso refuerce su vigilancia sobre el mismo durante el periodo estival.

ANTECEDENTES

El interesado, propietario de una vivienda en la zona de Matalascañas, anejo del municipio onubense de Almonte, mostraba su preocupación ante la, para él, inactividad de este Ayuntamiento ante sus denuncias contra el titular de una actividad de cafetería sita en el inmueble en el que tenía su vivienda que, según el interesado, “tiene colocados en la terraza del edificio 5 altavoces para emitir música pregrabada, realiza actuaciones de conjuntos musicales con 2 bafles de 500W, instala pantalla de televisión con varios altavoces, infringe los horarios de apertura y cierre autorizados y emite todo tipo de ruidos con la subida y bajada de 5 persianas metálicas que están afectando al derecho fundamental al descanso de mi familia y concretamente mis cinco nietos, con edades de 1 a 8 años que impiden que podamos dormir desde las 14 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente”.

Estas irregularidades, según decía el promotor de la queja, venían dándose desde el año 2010, y desde entonces había mantenido reuniones con personal del Ayuntamiento, llamando en innumerables ocasiones a la Policía Local, sin que, según decía, nada se hiciera por evitar las irregularidades denunciadas, contrarias al entonces vigente Decreto 78/2002, por el que se aprobó el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, hoy ya derogado por el nuevo Decreto 155/2018.

Asimismo, también consta que fueron muchos los escritos de denuncia que el interesado presentó en el Ayuntamiento o en la Policía Local denunciando estos hechos. Así, pudimos comprobar denuncias presentadas en marzo y mayo de 2010; marzo, agosto, septiembre de 2015; julio, agosto y septiembre de 2016.

Del mismo modo, hay constancia de varias respuestas del Ayuntamiento a tantas y tantas denuncias, pero de esas respuestas se desprendía, en principio, que lo único que se había hecho respecto del presunto infractor era requerirle para que “de manera inmediata, proceda a adoptar las medidas necesarias al objeto de evitar que se sigan produciendo las molestias derivadas del sonido procedentes del local de referencia entre ellos, retirada inmediata de los aparatos de reproducción musical en fachada”, con expresa advertencia de cierre del local y clausura de las instalaciones, advertencias que nunca se habían llevado a efecto.

Estos “requerimientos” o “advertencias” se habían realizado en julio, agosto y septiembre de 2016 y antes en septiembre de 2015.

Admitida a trámite la queja y solicitada diversa información, recibimos del Ayuntamiento un informe de la Concejalía de Urbanismo, del que resultaba lo siguiente:

1.- Que desde el Departamento de Actividades “se ha venido ejerciendo en todo momento las competencias de control, intervención e inspección del local” y que en prueba de ello se nos remitía una copia íntegra de todas las actuaciones incorporadas al expediente, en el que se incluían inspecciones y diligencias policiales y todos aquellos requerimientos practicados desde el Departamento de Actividades al titular de la actividad y a la parte denunciante.

2.- Que según informe técnico, no constaba ningún acta de denuncia donde se hiciera constar y se probasen los hechos denunciados.

3.- Que en el Departamento de Actividades no había tenido entrada durante el verano 2017 ningún nuevo escrito de queja del reclamante sobre el establecimiento hostelero.

Pudimos comprobar que todas las actuaciones sobre este local que se nos remitían eran del año 2016. A pesar de ello, había varios boletines de denuncia por incumplimiento de horarios, concretamente del mes de agosto de 2016. Sin embargo, no se nos informaba nada sobre si se había incoado expediente sancionador por estos incumplimientos y, en su caso, cuál había sido el resultado de esos expedientes.

A la vista de ello, pedimos nuevo informe sobre si se habían incoado los oportunos expedientes sancionadores por los incumplimientos de horarios de cierre detectados y, en su caso, qué resolución se había adoptado.

En respuesta, recibimos nuevo informe del mismo Área en el que constaba únicamente que el Departamento de Actividades no ejercía las competencias sancionadoras derivadas del incumplimiento de los horarios establecidos y que, en consecuencia, se debía proceder por nuestra parte a solicitar la información requerida a la Jefatura de la Policía Local de Almonte, o en su caso, a los Servicios Jurídicos Municipales.

Y eso es lo que hicimos mediante comunicación enviada al Ayuntamiento en febrero de 2018, luego reiterada mediante escritos de marzo y abril, sin que hasta el momento hayamos recibido la respuesta.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Almonte, al no enviarnos el último informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de este informe no ha impedido a esta Institución analizar, dentro de lo posible, el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

De acuerdo con ello y en lo que afecta al fondo del asunto objeto de esta queja, se denuncia en la misma una presunta situación de permisividad de ese Ayuntamiento frente a las irregularidades cometidas por el titular de un establecimiento hostelero, generando ruidos que sufría el promotor de la queja, y la ausencia de tramitación de las denuncias que, especialmente por incumplimiento de horarios, parece darse, y de la que, pese a haber pedido informe a través de dos peticiones distintas, no se nos ha dado cuenta, circunstancia que sin duda contribuye a alimentar si cabe aún más las dudas en este asunto.

En cuanto a la primera de las cuestiones, informa el Ayuntamiento, en esencia, que no hay constancia a través de denuncia o acta policial, de los hechos denunciados por el promotor de la queja. Ello, a pesar de constar “advertencias”, amonestaciones o requerimientos. Y pese a existir varios boletines de policía local. Se echa en falta quizás algo más de contundencia en el ejercicio de las competencias municipales, especialmente cuando se trata de posibles irregularidades que podrían llevarse cometiendo varios años seguidos.

En cuanto a la segunda de las cuestiones, queda constatada la comprobación policial, pero no hay constancia de la subsiguiente tramitación de los preceptivos expedientes sancionadores. De no haberse incoado y resuelto, dejarían impunes conductas infractoras que han tenido una incidencia acústica grave en el domicilio del afectado en el núcleo residencial de Matalascañas. Ante la falta de respuesta de ese Ayuntamiento, queda la duda de si se han incoado o no los expedientes sancionadores, para castigar los incumplimientos de horarios de cierre.

Para el supuesto de que no se hayan tramitado tales expedientes sancionadores, debemos recordar a ese Ayuntamiento que la potestad sancionadora se desarrolla a través de la incoación de aquéllos, que tienen una finalidad garantista de los derechos de la ciudadanía, castigando la comisión de infracciones administrativas.

Llegados a este punto y para el supuesto de que este problema siga en el mismo estado que dio lugar a la tramitación de esta queja, hemos de recordar a ese Ayuntamiento el derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 10 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA). Dicho derecho consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Asimismo, pueden recordarse los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), singularmente los de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

Del mismo modo, debe recordarse que los municipios ostentan competencias disciplinarias en materia de horarios de apertura y cierre, en los términos y supuestos indicados en el artículo 29 de la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (LEPARA), en relación con la ya derogada Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía (vigente al tiempo de acontecer los hechos objeto de esta queja), y en relación con el vigente Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

Estas competencias, salvo que se nos informe de lo contrario, parece que no han sido ejercitadas, de forma completa, pues no hay constancia de la incoación de los expedientes sancionadores que deben seguir al levantamiento de actas policiales de denuncia.

Ello, al margen de no haber prestado con esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en este concreto caso y en lo que respecta al último informe pedido, una colaboración acorde con las exigencias del deber previsto en el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA).

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: del derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA, que consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 2: de los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de la LRJSP y 6 de la LBRL, en especial de los principios de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

RECORDATORIO 3: de que los municipios ostentan competencias en materia de disciplina por incumplimiento de horarios de cierre de establecimientos hosteleros, conforme a la LEPARA y en relación con la anteriormente vigente Orden de 25 de marzo de 2002 y actualmente en consonancia con el vigente Decreto 155/2018.

RECOMENDACIÓN para que en el caso objeto de la presente queja, si aún hubiera lugar a ello y no se hubiera realizado, se proceda a incoar los expedientes administrativos sancionadores que procedan en función de las actas de denuncia levantadas en su momento por la policía local por incumplimiento de horarios de cierre en el establecimiento objeto de esta queja.

Y, si ello no fuera posible, recomendamos que se refuerce la vigilancia sobre este establecimiento, especialmente en el periodo estival y/o vacacional, a fin de evitar nuevas situaciones de incumplimiento, tanto en materia de horarios como en lo que respecta al desarrollo de actividades que no tenga autorizadas, especialmente las que tengan incidencia acústica como disponer de equipos reproductores de música, celebrar actuaciones musicales en directo, u otros elementos similares.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Brenes que ejercite sus competencias en materia de inspección y disciplina respecto de una actividad de carpintería colindante a una vivienda que genera elevados niveles de ruido y humos y que podría estar desarrollándose sin las autorizaciones exigibles.

ANTECEDENTES

El motivo de la queja por el que se dirigió a esta Institución el interesado era la inactividad del Ayuntamiento de Brenes (Sevilla) ante sus denuncias por los ruidos generados por una actividad de carpintería situada en una finca colindante a su domicilio. Dicha finca tiene entrada principal a la calle ... y, al respecto, decía el reclamante que “además de tener la residencia habitual de las personas que allí viven, tiene dentro de su terreno una edificación la cual es utilizada por su propietario a modo de carpintería, dándose la circunstancia de que mi vivienda comparte pared en las dos plantas con dicha carpintería”. En su escrito de queja manifestaba textualmente, entre otras cosas, lo siguiente:

3º- Que esa carpintería, es utilizada como negocio por su propietario, y que cuando funcionan las máquinas para realizar esa actividad, el ruido que estas producen es insoportable escuchándose toda esa actividad en el interior de mi vivienda. Que además, una de las dependencias de la vivienda que linda con la carpintería, es el dormitorio principal.

4º- Que como la carpintería está dentro de la finca donde el propietario tiene su vivienda habitual, no hay horarios ni días festivos según la carga de trabajo que ese negocio tenga, llegándose al caso de estar las máquinas encendidas a las 07:50 horas, a las 23:00 horas durante la semana o las 09:00 horas de un domingo, por lo que el descanso de mi familia y el mío propio se hace muy complicado, afectando esto a las relaciones familiares.

5º- Que esta circunstancia ha sido puesta en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Brenes en repetidas ocasiones, si bien nunca se ha formulado denuncia o queja por escrito, ya que siempre han dicho que iban a hablar con el propietario de la finca, pero que tenía una difícil solución este problema al carecer el Ayuntamiento de Brenes de legislación específica en materia de ruidos y de medios técnicos para realizar mediciones.

6º- Que si bien en un principio (hará unos 5 ó 6 años) al menos se respetaba un cierto horario, con el paso del tiempo se ha vuelto a la situación inicial. Que se ha llamado en repetidas veces a la Policía Local del municipio, pero que los agentes, si bien dicen que van a hablar con el dueño de la carpintería, informan que prácticamente dependen de la buena voluntad de esa persona, al carecer el Ayuntamiento de medios para la medición de ruidos, a la vez que vuelven a recordar de la falta de regulación específica en esa materia. Que como consecuencia de estos hechos, el descanso en el interior de mi propia casa es imposible, circunstancia que se repite desde el año 2004.-

7º- Que repasando la legislación vigente en materia de ruidos de la Junta de Andalucía, esta hace mención expresa en los casos de los municipios carentes de dicha regulación específica, aplicándose en esos supuestos la legislación genérica en esa materia.

8º- Que no obstante todo lo anterior, se añade además que la chimenea que tiene para la salida de humos procedente de quemar la madera, la tiene a ras de la azotea particular de mi casa la cual tiene acceso directo desde la vivienda. Que la azotea, además de ser utilizada para tender la ropa, es utilizada como zona de vida al ser particular, pero que cuando se quema madera, el humo entra dentro de la vivienda y que impregna de olor las ropas tendidas, por lo que tienen que ser nuevamente lavadas, además del olor a humo que queda dentro de la casa”.

Admitida a trámite la queja e interesado el preceptivo informe al Ayuntamiento de Brenes, recibimos informe de mayo de 2017, en el que, en esencia, se nos daba cuenta de que, a juicio de la policía local, tras visita de inspección, “se ha podido constatar la existencia de unas instalaciones con herramientas y útiles de carpintería, pero que se encuentran sin actividad alguna” y que “en base a lo expuesto, desde este Ayuntamiento se girarán nuevas visitas de inspección”.

Dicho informe lo trasladamos al interesado a efectos de que formulara las alegaciones que creyera oportunas, que nos remitió con el siguiente tenor:

“... comunicarle que la actividad de la carpintería en cuestión no ha cesado, causando las mismas molestias y un grave perjuicio para la convivencia y descanso de mi familia y el mío propio.

Como muestra, le dejo un enlace de Internet, el cual corresponde al programa de televisión ..., donde ..., se observa al dueño y propietario de la carpintería (...) explicar los trabajos que suele hacer:... Dicho programa es .... Que además del enlace de este programa, puede corroborar mi queja con los vecinos que tengo a mis lados, es decir, los del número .. y número .., si bien, mi vivienda es la más afectada.

No obstante lo anterior, adjunto pequeña grabación realizada con mi teléfono móvil en el día de hoy y desde el dormitorio principal, donde se puede apreciar los ruidos que provoca la actividad de la carpintería, haciéndole constar que en la grabación que aporto, no están en funcionamiento máquinas que hacen aún más ruido.

Que al humilde juicio del que suscribe, es de suponer que las facturas de luz de esa finca (si solo hubiese un contador para toda la propiedad, desconociendo si la nave destinada a la carpintería tuviese otro independiente) serán superiores al gasto medio de una familia, lo que no correspondería a lo manifestado por ellos de que "no tiene actividad".”

A la vista de estas alegaciones, en una nueva petición de informe trasladamos a ese Ayuntamiento nuestra percepción sobre la importancia de que se girasen nuevas visitas para verificar lo denunciado por el interesado. En este sentido, decíamos que si se practicaban tales visitas con asiduidad, creíamos que no sería difícil, a la vista del taller existente y de la contaminación acústica que genera una actividad de esta naturaleza, verificar su funcionamiento y, en su caso, exigir que cumpla con todos los requisitos legales para que tal actividad pueda ser autorizada.

En concreto, pedíamos que se nos mantuviera informados del resultado de esas visitas giradas y de las actuaciones que se siguieran, si finalmente se comprobaba que se venía ejerciendo esa actividad, realmente molesta por la contaminación acústica que genera.

Esta petición de informe la hemos cursado a ese Ayuntamiento mediante escritos de fechas agosto, octubre y diciembre de 2017, además de mediante conversación telefónica mantenida por personal de esta Institución con el área de Secretaría General en junio de 2018, con envío adicional de la petición de informe por correo electrónico.

Sin embargo, pese a los intentos reiterados, hasta el momento no hemos tenido respuesta alguna a esa petición de informe.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Brenes, al no enviarnos el segundo informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito por otra por vía telefónica, ha incumplido en este concreto expediente el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de este informe no ha impedido a esta Institución analizar, dentro de lo posible, el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (EAA).

De acuerdo con ello y en lo que afecta al fondo del asunto objeto de esta queja, del que no tenemos toda la información porque no se nos ha enviado el segundo informe solicitado, cabe decir que queda acreditado que en la finca colindante a la vivienda del reclamante hay unas instalaciones para desarrollar una actividad de carpintería, generando elevados niveles de ruido cuando dicha actividad se pone en marcha. Dado que no se indica nada en el informe emitido acerca de la legalidad de esas instalaciones, hemos de suponer, salvo que se nos indique lo contrario, que se trata de unas instalaciones sin autorización municipal.

La actividad de carpintería, conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (LGICA) está sujeta al trámite de Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable cuando la superficie construida total es menor o igual a 300 m², o a trámite de Calificación Ambiental cuando la superficie construida total es superior a 300 m².

La calificación ambiental, como es conocido, es un instrumento de prevención definido en la LGICA (art. 19.4) como «Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental». Su finalidad, según el artículo 42 de la misma Ley, es la de evaluar «...los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse».

Entre esos efectos ambientales se encuentran los ruidos y vibraciones, las emisiones a la atmósfera, la generación, el almacenamiento y la eliminación de residuos, el almacenamiento de productos, que se citan en el artículo 9 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental (RCA).

Precisamente esta queja se tramita como consecuencia de los ruidos y humos que genera la actividad de carpintería denunciada, la cual suponemos, como se ha dicho, que no cuenta con la autorización municipal preceptiva y calificación ambiental favorable.

En cualquier caso, como recuerda el artículo 41.2 de la LGICA, «La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente», siendo competencia de los Ayuntamientos (art. 43 de la LGICA), «la tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales en su caso, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dichos instrumentos».

De acuerdo con ello, y ante la ausencia del segundo informe que hemos pedido, hemos de entender que, en principio, la actividad de carpintería objeto de la queja no ha sido autorizada por ese Ayuntamiento y que, por lo tanto, no contaría ni con licencia ni con calificación ambiental favorable, para el hipotético supuesto de que, en dicho emplazamiento, pudiera obtenerlas.

Lo único claro es que, cuando se desarrolla tal actividad, se genera una incidencia acústica y atmosférica por humos, que sufre el promotor de la queja y su familia en su propio domicilio, en la vivienda colindante a la finca que alberga la carpintería.

Como quiera que los municipios tienen las competencias legales en materia de vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a calificación ambiental o calificación ambiental mediante declaración responsable, era de esperar que ese Ayuntamiento ya hubiera procedido a inspeccionar debidamente estas instalaciones, para verificar si contaban con autorización y si se desarrollaba la actividad conforme a ella, para proceder a procurar su cese o clausura entretanto la obtuviera, si es que es legalizable.

Sin embargo, pese a ser anunciadas unas inspecciones municipales, hasta el momento lo único que hemos obtenido es el silencio ante nuestra segunda petición de informe, lo que contribuye si cabe aún más a acrecentar las dudas sobre la legalidad de estas instalaciones de carpintería que generan una incidencia en la vida del promotor de la queja que éste no tiene la obligación de soportar.

Ello, al margen del incumplimiento de las normas sectoriales citadas en materia de prevención ambiental (LGICA y RCA), puede suponer también la vulneración del derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA. Dicho derecho consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Asimismo, pueden recordarse los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), singularmente los de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

Finalmente, cabe decir que la generación de elevados niveles de ruido, puede suponer, en determinadas circunstancias y según reiterada jurisprudencia, la vulneración de derechos constitucionales como el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), el derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45.1 CE), e incluso derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). Ello, sin perjuicio del conocido como derecho al descanso, que se erige en la generalidad o conjunción de todos los derechos concretos citados, en el derecho a permanecer en una vivienda o domicilio libre de ruidos.

De la aplicación conjunta de todos estos preceptos legales al caso objeto de esta queja, y partiendo de la premisa de que no se ha emitido el segundo informe solicitado, puede decirse, salvo que se nos indique lo contrario, que el Ayuntamiento de Brenes, estaría permitiendo una actividad de carpintería que no dispone de autorización y que genera una innegable incidencia acústica por ruidos y atmosférica por inmisión de humos en el domicilio del promotor de la queja.

Ello, al margen de no haber prestado con esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en este concreto caso, una colaboración acorde con las exigencias del deber previsto en el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA).

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la LDPA, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: del derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA, que consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 2: de los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de la LRJSP y 6 de la LBRL, en especial de los principios de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

RECORDATORIO 3: de que los municipios ostentan competencias en materia de tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales en su caso, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a calificación ambiental y calificación ambiental mediante declaración responsable, conforme a previsto en la LGICA y en el RCA.

RECOMENDACIÓN 1 para que en el caso objeto de la presente queja, si aún no se hubiera procedido eficazmente a ejercitar las competencias legales referidas en materia de vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a calificación ambiental y calificación ambiental mediante declaración responsable, se proceda sin más demoras ni retrasos injustificados y previos los trámites legales oportunos, a practicar las diligencias de comprobación e investigación que se estimen precisas y, en su caso, se incoen los procedimientos administrativos disciplinarios a que haya lugar para dar una solución a la problemática denunciada, informándonos al respecto.

RECOMENDACIÓN 2 para que, si ello fuera posible y en todo caso previos los trámites legales oportunos, se proceda bien a legalizar la actividad objeto de esta queja conforme a las previsiones de la LGICA y el RCA, suspendiéndola entretanto obtiene la preceptiva autorización; bien a clausurarla o a procurar que cese su desarrollo de forma definitiva, incoando el expediente administrativo disciplinario a que haya lugar para preservar la legalidad vigente y el derecho al descanso del promotor de la queja y de su familia, para el supuesto de que no sea posible la legalización.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de La Puebla del Río el deber legal de ejercitar sus competencias de control de quema de rastrojos, reforzando la vigilancia de la policía local, en coordinación con la Guardia Civil y la Guardería Forestal, así como la conveniencia de contar con un Plan de Inspección de quema de rastrojos.

ANTECEDENTES

El interesado, en su escrito de queja, relataba los daños en su salud y en su vida diaria por la contaminación atmosférica provocada por las quemas de pastos del arroz en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla), que a su juicio eran incontroladas. Siempre según el interesado, un Concejal del Ayuntamiento le había comentado que se iba a hacer un estudio, pero hasta el momento en que presentó su queja en esta Institución se seguían sucediendo estos episodios de humos que especialmente afectan a asmáticos y personas vulnerables. Consideraba que la mayoría de los agricultores lo que hacían era quemar los rastrojos, en lugar de fanguearlos, por lo que pedía que se investigaran estos hechos.

Admitida a trámite la queja, interesamos del Ayuntamiento de La Puebla del Río un informe con objeto de conocer si habían investigado estas quemas de rastrojos del arroz para comprobar si estaban autorizadas o si se llevaban a cabo conforme a las exigencias normativas.

En respuesta, recibimos oficio del Ayuntamiento, junto al que se nos envió una copia de los artículos 75 a 83 de la Ordenanza de Convivencia y Protección de Espacios Públicos del municipio de La Puebla del Río, según edicto publicado en el BOP de Sevilla de 19 de diciembre de 2017, información con la que, no obstante, no se daba respuesta a la pregunta que hacíamos al Ayuntamiento, esto es, si se habían investigado estas quemas de rastrojos del arroz para comprobar si estaban autorizadas o si se llevaban a cabo conforme a las exigencias normativas.

Por ello, pedimos de nuevo el informe en esos términos, mediante escritos enviados a la Alcaldía en marzo, abril y junio de 2018, sin que hayamos recibido respuesta.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

En consecuencia, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, Sevilla, al no enviarnos el segundo informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de este informe no ha impedido a esta Institución analizar, dentro de lo posible, el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (EAA).

De acuerdo con ello y en lo que afecta al fondo del asunto objeto de esta queja, partiendo de la base de que no se nos ha enviado el informe interesado, hemos de presumir que de los hechos expuestos se desprende que, en principio, el Ayuntamiento no ha desarrollado sus competencias en materia de vigilancia en los términos de los artículos 75 a 83 de la Ordenanza de convivencia y protección de espacios públicos.

De acuerdo a dichos preceptos, la quema de rastrojos debe evitarse para que no influya en la calidad del aire y en la salud de las personas que residen en el municipio, salvo los casos estrictamente necesarios para evitar la proliferación de patologías herbáceas, siempre con la obligatoriedad de solicitar previamente permiso a la Delegación Provincial de Medio Ambiente para «aquellos agricultores cuyas parcelas estén dentro de una franja de seguridad de 400 m. de una masa forestal o carrizales, caso de La Puebla del Río hasta Colinas».

Más en concreto, el artículo 77 de la referida Ordenanza prohíbe expresamente la quema de rastrojos en la franja de terrenos de 2,5 km. alrededor del núcleo urbano del municipio.

En todo caso, el artículo 83 de la norma municipal asigna a los agentes de la policía local, así como a la Guardia Civil, la obligación de velar por el cumplimiento de estas normas sobre quema de rastrojos.

En este sentido, lo que trasluce en el fondo de la queja, con la cautela que debe imperar al no habernos sido enviado el segundo informe solicitado, es la más que probable actuación insuficiente de ese Ayuntamiento, precisamente en las tareas de vigilancia y cumplimiento de las normas sobre quema de rastrojos, con incidencia en la calidad del aire y, posiblemente, en la salud de las personas. Estas normas son las ya citadas entre los artículos 75 a 83 de la Ordenanza de convivencia y protección de espacios públicos.

Llegados a este punto y para el supuesto de que este problema siga en el mismo estado que dio lugar a la tramitación de esta queja, hemos de recordar a ese Ayuntamiento el derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA. Dicho derecho consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Asimismo, pueden recordarse los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), singularmente los de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

Del mismo modo, debe recordarse que el artículo 82 de la referida Ordenanza atribuye a la Policía Local, también a la Guardia Civil y a la Guardería Forestal, la obligación de velar por el cumplimiento de las normas sobre quema de rastrojos, con las que además de regular dicha queja, se trata de proteger la calidad del aire y la salud la ciudadanía. Estas competencias, como recuerda el artículo 8 de la LRJSP, son irrenunciables.

Ello, al margen de no haber prestado con esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en este concreto caso, una colaboración acorde con las exigencias del deber previsto en el artículo 19.1 de la LDPA.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: del derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA, que consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 2: de los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de la LRJSP y 6 de la LBRL, en especial de los principios de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

RECORDATORIO 3: de la obligación que tiene ese municipio de velar por el cumplimiento de las normas sobre queja de rastrojos, en especial los artículos 75 a 83 de la Ordenanza de convivencia y protección de espacios públicos, a través de los agentes de Policía Local, así como también con la colaboración de la Guardia Civil y Guardería Forestal, comunicando a la Consejería competente en materia de medio ambiente los incumplimientos detectados.

RECOMENDACIÓN para que en el caso objeto de la presente queja, si aún no se hubiera procedido a ejercitar las competencias municipales referidas sobre la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre quema de rastrojos, se proceda a reforzar la vigilancia de la policía local, en coordinación con la Guardia Civil y la Guardería Forestal, especialmente en la época del año en que suelen acontecer tales quemas.

En este sentido, sería de interés contar con un Plan de Inspección de quema de rastrojos, puesto que se trata de un problema recurrente en esa localidad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado, en la que la parte afectada, Dña. (...), con NIF (...), nos exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente para el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 de la citada norma.

Lo anterior ante la falta de respuesta a su solicitud de responsabilidad patrimonial presentada ante ese Ayuntamiento de San Fernando.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I.- La interesada planteaba en su escrito de queja que, en octubre de 2015, formuló solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de San Fernando, indicando en su queja lo siguiente:

“En Abril de 2015 me caí en la calle debido a una sustancia que había en el suelo que al parecer usó el servicio de limpieza para retirar cera. Fui atendida por la Policía Local que estaba en la zona porque ya habían resbalado más personas por el mismo motivo.

Por dicha caída tuve que ser atendida en el hospital de Cádiz y me diagnosticaron esguince de tobillo. Esto causó baja laboral durante 14 días.

Puse una reclamación en el Ayuntamiento en Octubre de ese mismo año reclamando una indemnización por lo daños ocasionados y les adjunté el informe de la Policía Local y los partes tanto del Hospital como los de baja confirmación y alta.

El Ayuntamiento debe contestar en un plazo máximo de 6 meses, cosa que no ha sucedido.”

II.- Admitida a tramite la queja con fecha 19 de diciembre de 2016 tras la admisión a trámite de la queja, solicitamos informe y respuesta a la solicitud de la interesada ante el Ayuntamiento.

Ante la falta de respuesta a nuestra petición de colaboración, el Ayuntamiento nos contestaba en fecha 25 de mayo de 2017, que estaba procediendo a “la introducción de ajustes específicos en la estructura administrativa con el objeto de asignar a una única unidad organizacional la tramitación de los expedientes en materia de responsabilidad patrimonial, a los exclusivos efectos de agilizar su gestión para un mejor servicio a la ciudadanía.”

De acuerdo con aquel ofrecimiento e información le contestamos a la Administración municipal que quedábamos a la espera de conocer las posteriores actuaciones que se acuerden en dichos expedientes de responsabilidad patrimonial y, en especial, de la resolución que se adopte en los mismos.

Como quiera que desde la citada comunicación, nada se respondía respecto a la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a petición de la interesada en la presente queja, con fecha 18 de junio de 2018, se formula Recordatorio del deber legal de tramitar y resolver expresamente aquel procedimiento y, Recomendación de que se notificare a la interesada la resolución recaída al respecto.

La respuesta municipal casi instantánea (registrada de salida el 17 de julio de 2018, con el número 26684) nos indicaba que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Cádiz, se dictó Auto el 11 de enero de 2018, que en su parte dispositiva, afirmaba “se declara la terminación del presente procedimiento por satisfacción extraprocesal. Sin costas”.

A la vista de la respuesta, procedimos a cerrar las actuaciones de la queja y a comunicar a la interesada que el asunto se encontraba solucionado y que se procedía al archivo del expediente,

Sin embargo, con posterioridad (el 7 de agosto de 2018), la interesada se dirigía nuevamente a esta Institución informando que no se llegó a tramitar ningún proceso judicial; que no había recibido el Auto de enero de 2018 al que se refería el informe del Ayuntamiento, y que no tenía noticia de ningún acuerdo con el Ayuntamiento.

Añadiendo que tenía conocimiento de que hubo más personas que sufrieron caídas y reclamaron al Ayuntamiento, por lo que considera que habría podido existir un error en la identidad de la persona referida en el informe remitido por el Ayuntamiento a esta Institución.

En consecuencia y ante la situación de hecho descrita por la interesada, reabrimos las actuaciones y solicitamos informe al Ayuntamiento.

El mismo en su nueva comunicación nos indicaba lo que sigue:

“(...), conforme a información suministrada por el Técnico responsable de la tramitación de dicho expediente, se ha producido un error en la identificación del mismo al haberse confundido con otro expediente de responsabilidad patrimonial en el que existe similitud en el nombre y apellidos de la interesada, y al que se corresponde el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Cádiz referido en anteriores comunicaciones.

Con respecto al expediente iniciado por Dña. (...), el Técnico competente manifiesta que en fecha 27 de noviembre ha sido requerida por escrito para la subsanación de defectos en su escrito de reclamación, concediéndole para ello el plazo previsto legalmente”

Vistos los antecedentes expuestos y la información y documentación obrante en el expediente de referencia y, constando que la interesada inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial en octubre de 2015 y que el mismo sigue, no sólo sin resolución, sino que, a fecha 11 de marzo de 2019, se habría acordado proponer por el Servicio competente, la admisión a trámite de la reclamación de la interesada, formulamos al Ayuntamiento de San Fernando, las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La obligación de resolver en el procedimiento administrativo general y especialidad en el procedimiento por responsabilidad patrimonial.

Un principio esencial del procedimiento administrativo común es la obligación de resolver, expresamente y en plazo, cuantas solicitudes se formulen por los interesados, tal y como establece el artículo 21 de la Ley 39/2015.

De tal obligación, legalmente establecida y prevista, deriva el derecho del ciudadano a que, ante una solicitud de iniciación de procedimiento por la Administración, se dé puntual respuesta sobre el contenido de su petición.

La citada normativa impone a la Administración la obligación de resolver todos los procedimientos que plantean los ciudadanos, constituyendo este deber garantía para estos.

Por lo que se refiere a los procedimientos instruidos por responsabilidad patrimonial, el articulo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece:

“3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular”.

Segunda.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa, el derecho a la resolución del procedimiento para la determinación de la responsabilidad patrimonial.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia y sometimiento a la ley y al Derecho.

Los mismos principios se recogen en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, de acuerdo con lo que establecía el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

En el ámbito normativo especifico de la responsabilidad patrimonial los principios que conforman el régimen jurídico de aplicación vienen establecidos en el articulo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, citada, en el siguiente sentido:

“Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. (...)”

Como conclusión hemos de resaltar que, la normativa de procedimiento (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y la de régimen jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) simplifican los procedimientos administrativos y su integración en el procedimiento común, con ciertas peculiaridades como en el caso de la responsabilidad patrimonial, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica.

En consecuencia, conforme a los principios legales anteriormente expuestos, la persona promotora e interesada en un expediente de responsabilidad patrimonial como en el presente caso, tiene derecho a que la administración concernida proceda a su tramitación y (una vez integrado válidamente) a su resolución en un plazo máximo de seis meses.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a ese Ayuntamiento de San Fernando la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales respecto de los preceptos citados en la parte expositiva de esta Resolución.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta urgente, a la mayor brevedad posible, a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la parte afectada en octubre de 2015, sin más dilaciones por el Servicio correspondiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz