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En relación con expediente de queja recibido en esta Institución relativo a solicitud por supuesto bloqueo en redes sociales, el Ayuntamiento de la Zubia, nos responde en los siguientes términos:

“Poniéndole en antecedentes, los hechos que expresa este vecino de La Zubia ocurrieron durante la legislatura anterior, siendo un gobierno diferente el que gobernaba en La Zubia y una empresa diferente a la actual la que gestionaba las redes sociales.

No conocemos los motivos por que la Agencia de comunicación que gestionaba la comunicación del Ayuntamiento de La Zubia bloqueó a este vecino en la Redes sociales Oficiales del Ayuntamiento, concretamente en Facebbok. En el escrito, D. xxx hace alusión a un comentario con fecha 2 de noviembre de 2018 como motivo del bloqueo en Facebbok. Tras consultar esa publicación, este gobierno no ha visto ningún motivo para continuar con el bloqueo por lo que procedió a la restauración de los permisos el 30 de julio de 2019 cuando se nos notificó la situación”

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que la Administración municipal ha aceptado la Resolución formulada por esta Institución, recomendando una respuesta expresa y actuando sobre el fondo del asunto que la persona interesada denunciaba.

En consecuencia, trasladándole nuestra satisfacción por la resolución favorable de su queja ante esta Institución, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Se dirigió a nosotros el Presidente de una asociación vecinal de Almería, de la zona de La Chanca y Pescadería, denunciando la situación en la que se encontraba el Barranco Caballar, situado al norte de este barrio, convertido en un vertedero donde se arrojaban toda clase de residuos (adjuntaba fotografías de la zona que mostraban esta situación). Siempre según el interesado, el Barranco está integrado en el casco urbano, de manera que su situación aporta unas condiciones higiénico sanitarias absolutamente desaconsejables para la población de la zona, advirtiendo del riesgo de un posible desbordamiento en caso de lluvia ante un eventual taponamiento del tramo soterrado del cauce a causa de la presencia de este tipo de residuos y basuras.

Explicaba que, en su opinión, las únicas soluciones posibles consistirían en colocar pantallas frente a los contenedores para evitar la caída de bolsas al barranco, si bien ésta sería una solución disuasoria; como solución definitiva proponía soterrar todo el tramo, permitiendo su cauce subterráneo para aguas, pero sin residuos.

Se habían dirigido dirigido en numerosas ocasiones a las administraciones implicadas, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía, que, lejos de aportar una solución, no hacían más que responsabilizar a la otra administración de la situación. Así, por ejemplo, la Junta de Andalucía responsabilizaba al Ayuntamiento, que era al que compete la limpieza del barranco por tratarse de acumulación de residuos sólidos urbanos, mientras que el Ayuntamiento entendía que era la Consejería con competencias en medio ambiente la que tenía atribuida esta tarea.

Por último, según las noticias de prensa aportadas por la asociación, parecía que ambas administraciones, en algún momento, habían procedido a la limpieza del Barranco, pero al poco tiempo había vuelto a llenarse de basuras por lo que la asociación demandaba una solución urgente, que fuera definitiva en el tiempo.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos tanto al Ayuntamiento de Almería como a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Ésta última nos informó que el Barranco del Caballar está situado en suelo urbano y que el origen de los vertidos estaba directamente vinculado con la localización de los contenedores municipales de residuos, junto al encauzado del barranco. La sentencia 1962/2017, de 13 de diciembre, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estableció en su fallo que en zonas materialmente urbanas de pueblos y ciudades, la administración competente para la limpieza y drenaje ordinario de los cauces es la municipal.

Tras conocer esta sentencia, el entonces Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mantuvo una reunión con representantes municipales, con concreto con la Concejala Delegada del Área de Obras Públicas y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Almería, quedando “claramente claramente establecido entre ambos que los problemas de vertidos sobre el dominio público hidráulico del citado Barranco del Caballar en suelo no urbanizable serían abordados por la Delegación Territorial de esta Consejería en Almería y los situados sobre suelo urbano serian abordados por los servicios del Ayuntamiento de Almería”.

De acuerdo con ello, correspondía al ayuntamiento la limpieza de los residuos depositados sobre el dominio publico hidráulico del tramo urbano del Barranco del Caballar, así como la adopción de las medidas de vigilancia y defensa para evitar nueva acumulación de residuos y, en su caso, la aparición de problemas higiénico-sanitarios, riesgos hidráulicos de obstrucción y derrame asociados a dicha acumulación.

En cuanto al Ayuntamiento de Almería, en un primer informe nos indicaron que habían solicitado a la empresa concesionaria del servicio de limpieza una valoración económica de los trabajos de limpieza del enclave urbano; posteriormente nos informaron que estaban tramitando el contrato menor para la adecuación y limpieza del barranco del Caballar y Rambla de Belén, con un plazo de ejecución de un mes y, en aquellos momentos, se encontraba en proceso de licitación.

De lo expuesto se deducía que el ayuntamiento estaba adoptando las medidas necesarias para proceder a la limpieza del Barranco del Caballar, por lo que procedimos al archivo del expediente de queja al entender que el problema estaba en vías de solución.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio acepta nuestra resolución y tramita el expediente de gasto para el pago de una expropiación, incluyendo los intereses de demora; asimismo, se dota de los medios personales y materiales al departamento encargado de tramitar los expedientes de expropiación forzosa en Málaga.

En su día acudieron a esta Institución varias personas exponiendo que en abril de 2018 se dirigieron, en relación a una expropiación de sus propiedades, a la, entonces, Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Málaga manifestando que en diciembre de 2017 la Comisión Provincial de Valoraciones determinó el justiprecio total de dicha expropiación en 97.096,61 euros, pero a pesar de ello y aunque los terrenos fueron ocupados en febrero de 2009, aún no habían recibido cantidad alguna por dicha expropiación.

Durante la tramitación del citado expediente de queja formulamos resolución a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a fin de que resolviera el expediente, liquidando la cantidad estimada por la Comisión Provincial de Valoraciones y, además, se dotara al servicio encargado de la tramitación de los expedientes de liquidación y abono del justiprecio de los medios materiales y personales necesarios para una mayor agilidad en su tramitación.

Como respuesta a esta resolución, la Consejería nos remitió el informe emitido por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga en el que nos indicaban, en síntesis, que se había tramitado el oportuno expediente de pago para abonar la expropiación, encontrándose en aquellos momentos pendiente de fiscalizar el gasto, por un importe total de 106.462,19 euros, dado que se habían incluido los intereses de demora por el retraso en la fijación del justiprecio. Además, desde finales de diciembre de 2018 se había adscrito personal al departamento encargado de la tramitación de los expedientes de expropiación forzosa con el objetivo de dotar de mayor celeridad a la tramitación d este tipo de expedientes.

Con ello, entendimos que se había aceptado nuestra resolución y dimos por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

Tras la tramitación de la queja presentada ante la aparición de restos arqueológicos con motivo de unas obras en la zona de Triana en la ciudad de Sevilla, recibimos informe de la Delegación Territorial en materia de Cultura, en el que se expresa lo siguiente:

“Valoración Final de los restos de Industria Alfarera documentados en los solares colindantes a la parcela de Pagés del Corro nº 41.

Hornos. Tanto los dedicados a la cocción de ladrillos como de tejas, son de reciente construcción ya que todos ellos fueron construidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de hornos ejecutados con ladrillos de forma rectangular, a excepción de uno de tipo inglés (“horno botella"). Por su estado fragmentario y ruinoso casi es imposible atisbar su sistema de cierre y lo que se conservaba era parte del piso de la cámara de cocción y la de combustión, por debajo de esta.

Piletas. Dos tipos: piletas de decantación y las denominadas “tendedores”, únicamente se documentaron restos estructurales parciales y con un alto grado de deterioro.

Sintetizando podemos afirmar que los 4.400 m2 de superficie excavada de forma extensiva en los solares (3.095 m2 en Pagés del Corro-Alfarería UE-TRl y 1.296 m2 en Alfarería 39) representan el 51% y el 60%, respectivamente de la superficie total de ambos solares y, de ellos, tan sólo muestran evidencias arqueológicas en 1.440 m2 del total de 4.400 m2; lo que representa el 33,81 % de la superficie total reservada para la actividad arqueológica extensiva (Pagés del Corro-Alfarería UE-TR1: 15,11% y Alfarería 39: 18,70%). Las cotas de hallazgo oscilan entre los 2 m. y los 3 m. y, aunque la autora de los trabajos indica que a partir de los 3 m. en Alfarería los restos asientan sobre “niveles naturales del terreno” (sic), vemos conveniente precisar que dichos niveles se tratarían de depósitos aluviales; si bien, o que resulta indudable es que el nivel de uso del suelo de las estructuras es ese.

Este resumen porcentual, es lo que justifica la ocupación del espacio a través de la implantación de tipo industrial marginal en Triana con aprovechamiento de las arcillas de las márgenes del Guadalquivir y el amplio suelo de la vega trianera. La duración de esta industria a lo largo del tiempo es algo dilatada, desde el siglo XIX hasta el primer cuarto del XX, con un final en los momentos anteriores e inmediatamente posteriores a la Guerra Civil (1936-39). Hubo intentos de reurbanización en esta zona, tanto urbana como industrial, en los momentos anteriores a la Exposición Universal de 1929, si bien, sabemos que no llegaron a desarrollarse. Obras posteriores, de la década de los 40 y 50 del sigo XX, amortizaran definitivamente este suelo de vocación industrial para convertirlo en urbano a partir de las cotas de su soterramiento.

CONCLUSIÓN

La zona objeto de la queja, Alfarería, Pagés del Corro, y Triana en general se encuentra muy controlada arqueológicamente tanto por la Gerencia de Urbanismo como por esta Delegación Territorial, como queda demostrado por las casi más de 40 intervenciones realizadas en los últimos años, en calles como las citadas y otras como Castilla, Rocío, San Jacinto; solo en el año pasado se han realizado en calle Castilla, mas de seis intervenciones arqueológicas.

La cercanía de intervenciones como las de Pagés del Corro n° 41 o la del Hotel Zenit en San Jacinto, esta última realizada en el primer trimestre de este año, al número 39 de Alfarería -so|ar que ya fue objeto de una importante actuación, como hemos visto-, con constantes visitas de inspección. y presencia continua de arqueólogos en el caso de posibles apariciones de restos arqueológicos habrían sido detectados con facilidad. Por lo que podemos concluir que no existen datos de posibles daños al patrimonio arqueológico en dicho inmueble. Sin que se haya recibido denuncia directa a este centro, ni comunicación al respecto de la Gerencia de Urbanismo”.

Del mismo modo, el propio Ayuntamiento de la capital sevillana nos informó:

“Actualmente, y desde el 26 de diciembre de 2017 la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo concedió a esta parcela licencia de obras de nueva planta de edificio residencial desarrollado en tres plantas y ático sobre rasante y una planta bajo rasante, con un total de 48 viviendas, 60 plazas de aparcamiento y 50 trasteros. (expte. Núm. 1383/2017).

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a proyecto de construcción de un Skate-park sin iniciar, el Ayuntamiento de Cádiz nos traslada la siguiente información:

“1. Con fecha 24 de julio del año en curso, se registra en el Instituto Municipal del Deporte escrito de la Delegación de Urbanismo donde se hace referencia al expediente iniciado por esa oficina del Defensor del Pueblo relativo al proyecto de construcción de un skate-park.

2. Se ha interesado sobre la existencia del proyecto, con respuesta afirmativa por parte de la Oficina Técnica del Proyectos e Inversiones del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

3. Se ha verificado la existencia del proyecto, pendiente de consignación presupuestaria para su ejecución.

….... de conformidad con el expediente que obra en esta oficina, se informa del histórico referente al proyecto de las pistas de Skate de Manuel Irigoyen:

- En enero de 2010 se redacta proyecto de las pistas de Skate en el complejo deportivo Manuel Irigoyen.

- En diciembre de 2010 comienzan las obras de la primera fase de ejecución de las pistas adjudicadas a la empresa Fonsan S.L.

- Las obras dela primera fase finalizan en mayo de 2011.

- En febrero de 2017 a petición del Concejal de Urbanismo se realiza la revisión del proyecto existente y se remite ejemplar de la segunda fase del proyecto de las pistas de skate”.

Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración a al escrito de la persona interesada de fecha 5 de noviembre de 2018, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga para que, sin mas dilaciones, se promovieran las actuaciones que fueran necesarias en orden a que, en base a los informes emitidos por parte de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de Educación y el Proyecto Básico y de Ejecución de Adaptación a D4+8BACH+CCFF+EE aprobado en 2009, se dotara presupuestariamente y se estableciera un calendario concreto de ejecución de las intervenciones que son necesarias llevar a cabo en el Instituto malagueño a cuya comunidad educativa pertenecían los promotores del presente expediente de queja.

En respuesta, se recibe informe indicando que se acepta expresamente la Recomendación formulada, de modo que en las actuaciones del plan de infraestructuras 2019 aprobadas por consejo rector del 27/06/2019 de la Agencia Pública Andaluza de Educación se ha recogido la intervención en el IES en cuestión -"Adecuaciones Varias en interiores y en exteriores" por importe de 2,500,000 euros.

Para la definición exacta de la actuación se requiere de la emisión de un nuevo programa de necesidades, así como la contratación de la redacción de un proyecto técnico que recoja todas las intervenciones propuestas.

El calendario estimado de la intervención es:

1. En el 2020 se contratada, redactada y supervisada el nuevo proyecto.

2. La licitación de las obras se realizarla durante el 2021.

3. La ejecución de las obras se realizaría durante el 2022.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a interno del Centro Penitenciario Sevilla II solicitando traslado a Algeciras por vinculo familiar, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos traslada la siguiente información:

“El interno se encuentra en el centro penitenciario de Algeciras desde el pasado 18/07/2019”.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a solicitud de baja de oficio en Padrón municipal de habitantes, hemos recibido informe del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba donde nos trasladan la siguiente información:

“Las bajas en el Padrón Municipal de Habitantes a instancia de un interesado, en este caso, (...), se inician notificando a la persona a la que se pretende dar de baja, para que en un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación, para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año.

Es por ello que, se ha remitido notificación a la dirección postal de residencia actual comunicada por D J.J.C, la cual es … de la localidad de Montilla (Córdoba), para que Dª. (...), manifieste estar o no de acuerdo con la baja en el domicilio calle …. de la localidad de Montalbán.

Habiéndose practicado la notificación a Dª. M.P.S.E., el 15/10/2019 a las 18:29 horas, dispone del plazo de 15 días a partir del día siguiente, es decir, desde el 16/10/2019 para la presentación de alegaciones.

Dicho lo cual, y una vez concluido el plazo para la presentación de alegaciones, desde esta Alcaldía se darán las instrucciones oportunas para continuar con el procedimiento administrativo de baja en el Padrón Municipal de Habitantes, que podrá ser:

- En caso de no presentación de alegaciones por parte de Dª. M.P...., se procederá a dar de baja de oficio por inscripción indebida en el vigente Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

- En caso de presentación de alegaciones por parte de Dª. M.P.S.E., el estudio de las reclamaciones, considerando lo recogido en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales”.

En consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente a la referida reclamación, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, con esta fecha, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución de interno del Centro Penitenciario Sevilla II pidiendo asistencia médica que tramita y no logra pasar a consulta, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos traslada la siguiente información:

“El Sr. (...) ingresó en el centro penitenciario Sevilla II el dia 4-6-2019.

Según informan los servicios médicos del centro, el paciente se encontraba inscrito en Registro de Demanda Quirúrgica del Hospital Clínico Santa Cecilia de Granada para hernioplastia abdominal desde el 14/12/2018 y, según consta en historia clínica, tras contacto telefónico de los servicios médicos del centro penitenciario de Granada con el hospital, informaron verbalmente de una demora de 4 meses, por lo que el paciente fue traslado en conducción y se avisaría directamente al centro penitenciario o a Sanidad Penitenciaria de este Centro Directivo de la fecha de intervención para que reingresara en el centro penitenciario de Granada. Los servicios médicos, hasta el momento, no han recibido notificación alguna.

A su ingreso en el centro Sevilla II, dadas las quejas de dolor del paciente a nivel de la hernia abdominal, se le solicitó interconsulta con el Servicio de Cirugía del Hospital de referencia, cita a la que acudió el pasado 23/0812019, solicitándole TAC abdominal y teniendo cita asignada para valoración por Cirugía de Pared en HHUU Virgen del Rocío para este mes de octubre”.

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto por el que acudió a nosotros se encuentra en vías de solución, por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja, sin perjuicio de un posterior seguimiento que realizaremos pasado un tiempo prudencial con objeto de verificar la evolución de la asistencia sanitaria que le es prestada.