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Ante la problemática provocada por la presencia de animales domésticos en libertad en el “Parque de la Paloma”, de Benalmádena, generando ruidos y diversas incidencias que afectan al vecindario y en los entornos más próximos, el Ayuntamiento de esta localidad está adoptando medidas para reducir el número de ejemplares y gestionar su captura conforme a la normativa vigente de salubridad y protección y bienestar de animales.

Un vecino de Benalmádena, de la zona de Pueblo Quinta, se quejaba de los ruidos que generaban unos gallos que había en el denominado “Parque de la Paloma” y que, además, habían invadido las zonas verdes de su urbanización. Tanto él como su Comunidad de Propietarios habían presentado escritos de queja en el Ayuntamiento para que conocieran esta situación, pero no habían recibido respuesta.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos al citado ayuntamiento, que nos remitió informe de la empresa adjudicataria del servicio de gestión y mantenimiento del “Parque de la Paloma”. De dicho informe destacamos lo siguiente:

1.- Que los animales domésticos en libertad en el “Parque de la Paloma” tienen su origen en el abandono por parte de particulares en dicho recinto y que el control de dichos animales debe hacerse de acuerdo con la legislación de protección de animales de Andalucía, fundamentalmente la Ley 11/2003.

2.- Que el sistema de captura de estos animales no es masivo puesto que no es posible realizar una sola captura, siendo los más difíciles los gallos, con un número muy superior al del resto de animales en el parque, y divididos en subpoblaciones dentro del parque con distintas localizaciones y comportamientos diferentes. De ahí que su captura sea con jaulas trampas y batidas con salabardos, y tras ello se tenga que realizar un trabajo de comprobación de sanidad animal.

3.- Que se ha iniciado la gestión con diversas granjas-escuelas a las que se han cedido los animales, se han gestionado 270 gallinas y gallos, de los que 68 han podido ser cedidos y 13 están en tratamiento en el parque.

4.- Que en noviembre de 2019 se inició un Plan de Actuación para reducir el número de animales que se encontraban en el “Parque de la Paloma”, acordando diversas líneas de actuación tales como campañas de información a la ciudadanía, seguir impulsando la cesión de gallos y gallinas a granjas-escuelas, llevar a cabo la castración del mayor número de gallos y gestionar aquellos enfermos de conformidad con la legislación vigente.

También el ayuntamiento nos daba cuenta de que desde el Área de Medio Ambiente y Sanidad se había abierto, en relación con quejas por gallinas, un total de siete expedientes, que en aquellos momentos se estaban tramitando.

A la vista de este informe entendimos que el ayuntamiento, consciente del problema objeto de esta queja, estaba adoptando medidas para solucionarla con un plan de actuación que debía dar sus frutos en un plazo prudencial de tiempo. Por ello, consideramos que el problema de fondo objeto de la queja estaba en vías de solución y dimos por terminadas nuestras actuaciones en la misma.

Un establecimiento denunciado por un vecino colindante por la generación de ruidos de música y la disposición de un futbolín, entrega en el Ayuntamiento de Torreperogil toda la documentación que acredita la adopción de medidas de control de los elementos generadores de ruido.

En su escrito de queja relataba el interesado que bajo su vivienda, en Torreperogil, Jaén, se encontraba un local de copas que generaba elevados niveles de ruido que venía padeciendo su familia, en la que había dos menores (entonces de 3 meses y de 3 años); estos ruidos no provenían sólo de los aparatos de música, sino, también, de los impactos de un futbolín. Aseguraba que “cuesta mucho trabajo conciliar el sueño con tanto ruido” a consecuencia de lo que, para él, el local tenía una insonorización deficiente, o insuficiente, para soportar una actividad propia de hostelería con música y una instalación como un futbolín.

Había denunciado los hechos en el ayuntamiento en abril de 2018, que le respondió en junio de ese mismo año indicándole que se había solicitado asistencia técnica a la Diputación Provincial de Jaén. Sin embargo, no se había producido ninguna novedad en este asunto, pese a que habían transcurrido más de 5 meses desde aquel escrito cuando presentó la queja en esta Institución.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos al Ayuntamiento de Torreperogil. Éste, casi un año después, nos comunicó que el establecimiento hacía poco que había entregado en el ayuntamiento “la documentación que acredita que el local cuenta ya con todos los equipos limitadores acústicos necesarios”. En este sentido, esa documentación consistía en un contrato de mantenimiento del limitador acústico, firmado entre el titular del establecimiento y un instalador competente, certificado del equipo limitador y de cumplimiento de la no superación de los límites máximos establecidos en la normativa, así como planos de la situación de los equipos de música y reproductores dentro del local.

Enviamos toda esta documentación al interesado para que formulase alegaciones y especialmente para que nos dijera si los niveles de ruido que generaba el local estaban ya dentro de lo tolerable, o si por el contrario todo continuaba igual, con objeto de para tener suficientes elementos de juicio para decidir qué actuación debíamos realizar.

Dado que en el plazo dado no recibimos respuesta del promotor de la queja, entendimos que consideraba que no eran precisas nuevas actuaciones y procedimos al archivo del expediente de queja.

El interesado nos trasladaba en su escrito de queja que tiene un hijo menor de edad con problemas neuronales, y que venía denunciando desde el año 2012 a un establecimiento hostelero situado en los bajos del bloque en el que reside, por varios motivos que, a su juicio, no habían dado lugar a actividad municipal suficiente para dar una solución a las irregularidades que presentaba dicho establecimiento, en concreto:

1.- Estar pendiente un expediente de clausura de noviembre de 2014, con orden de precinto de la actividad. Al respecto, decía en su escrito el denunciante que el titular de la actividad “rompe el precinto e inicia un nuevo expediente de apertura”.

2.- Que disponía de declaración responsable sobre la que había recaído silencio administrativo, que se debería haber dejado sin efecto dado que en Disciplina Ambiental constaban varios incumplimientos a la normativa al disponer de TV en zona acústicamente saturada, freidora fuera del radio de acción de la campana extractora y evacuación de humos a fachada.

3.- Que incumplía el horario de cierre en zona acústicamente saturada y que el negocio presentaba un aspecto insalubre.

4.- Que presentaba nuevos informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo, todos ellos desfavorables.

5.- Que se habían presentado denuncias en el Distrito Nervión y que se había acordado la efectividad de una orden de clausura, con fecha de noviembre de 2015, pese a lo cual nunca se había llegado a ejecutar.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla resolución a fin de que inspeccionara si el establecimiento hostelero funcionaba con autorización municipal y calificación ambiental y, en caso contrario, que procurara el cese de la actividad e instara a su legalización.

Como respuesta a esta resolución el ayuntamiento nos comunicó las actuaciones que había realizado hasta entonces y, como novedad, nos decía que había dejado sin efectos la declaración responsable presentada por el titular de la actividad objeto de esta queja, mediante resolución de marzo de 2019, y que “se mantiene la clausura del local al no estar legalizado”.

Dimos traslado de esta información al interesado para que nos concretara si el establecimiento estaba cerrado, hecho que confirmó. Por ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que se había aceptado nuestra resolución, procediendo al archivo del expediente.

El Ayuntamiento de Iznalloz nos informa que en el plazo de un mes se van a iniciar las obras para la mejora del entorno del municipio, ante los vertidos incontrolados en zonas próximas a Sierra Arana o la fuente La Teja.

Se dirigió a esta Institución el representante de un grupo municipal del municipio granadino de Iznalloz denunciando, en síntesis, que en lugares inadecuados y espacios públicos del entorno natural de Sierra Arana y en solares de titularidad municipal se depositaban, de forma incontrolada, toda clase de materiales de materiales de construcción, bombonas de butano, muebles, plásticos, basuras, plantas de marihuana, etc. Siempre según este grupo municipal, el ayuntamiento se desentendía del problema y no tomaba medidas contra estos vertederos, ni procedía a su limpieza y adecentamiento, ni prohibía que se arrojaran residuos en estos lugares. De forma textual nos decían que no les preocupaban, a los responsables municipales, “el daño que se produce en el entorno ni las graves consecuencias que afectan a los vecinos residentes en la zona, aumentando así el peligro de incendios, descontrol de plagas, malas condiciones higiénicas y salubridad entre otras cosas más como la pésima imagen que se ofrece de la zona a quienes nos visitan por disponer de un entorno natural privilegiado a la vez que descuidado fomentando así los malos hábitos de arrojar toda clase de restos en zonas inadecuadas. El equipo de gobierno ha sido informado en multitud de ocasiones de al menos 15 puntos descontrolados de vertidos en el municipio y su entorno natural”.

Así y mediante la captura de imágenes de una red social, se mostraba la lamentable situación en la que se encontraban las inmediaciones de lo que era una pista municipal deportiva, que había provocado accidentes en niños y ancianos; también se observaba como la basura cercaba todos los rincones del barrio o la situación en la que se encontraba la fuente La Teja, que se había convertido en un vertedero incontrolado.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos al citado ayuntamiento que, en su respuesta, nos trasladó que había dado traslado al encargado de obras y servicios del ayuntamiento de las cuestiones denunciadas por el grupo promotor de la queja a fin de que elevase informe a la Alcaldía sobre el particular, comprometiéndose a adoptar las medidas oportunas una vez recibido el informe, de lo que nos darían cuenta.

Sin embargo, transcurrido un plazo de tiempo prudencial no obtuvimos respuesta, por lo que volvimos a dirigirnos al ayuntamiento para conocer si se había redactado el informe por los servicios técnicos municipales y, en su caso, de las medidas que se hubieran adoptado si la situación era que se relataba en el escrito de queja.

Después de ello se volvió a poner en contacto con esta Institución el grupo municipal promotor de la queja para informarnos que habían conocido que en el plazo de un mes iban a comenzar las obras de acondicionamiento y mejora de la zona, por lo que entendimos que el problema se había solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja, el interesado nos relataba que era propietario de una huerta en el término municipal de El Burgo (Málaga), que linda con el cauce del río Turón y que, cada vez que llueve con cierta intensidad, se desborda y causa daños a los terrenos de su propiedad y a otros limítrofes. Por ello, en mayo de 2018 se dirigió a la, entonces, Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía reclamándole, en síntesis, que ejecutara las acciones oportunas para que no se volvieran a repetir las inundaciones de los terrenos; al no recibir respuesta, en octubre de ese mismo año se volvió a dirigir a la misma reiterando su petición. Tampoco así obtuvo respuesta.

Admitimos a trámite la queja a fin de que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible respondiera expresamente a los escritos del interesado, informándonos de ello. Al no recibir respuesta hubimos de formular a la misma resolución.

Finalmente, como respuesta, la Consejería nos trasladó que el río Turón no tenía, en esos momentos, deslinde administrativo en el tramo en el que estaban los terrenos del interesado, ni habían encontrado estudios que permitieran definir la zona como inundable o el comportamiento de la corriente. En estas circunstancias, teniendo en cuenta el art. 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, «La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles», consideraban que la parcela se encuentra parcialmente en zona de policía de cauces, no pudiendo determinar cuál es la zona inundable en dicho tramo. No obstante, dado los episodios acaecidos se presuponía que la parcela se encontraba parcialmente en zona inundable.

Ante esta situación y teniendo en cuenta las competencias de la Consejería en materia de aguas, estaban ejecutando obras para la limpieza y acondicionamiento del cauce; tras ello y después de una inspección de la zona, habían mantenido contacto con el interesado “se ha estimado que no procede atender al requerimiento del interesado dado que la actuación solicitada se considera de interés privado”.

Por tanto, entendimos que el problema de fondo, la falta de respuesta a los escritos se había solucionado por cuanto habían mantenido conversaciones con él y, además, le dimos traslado de esta respuesta; por ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Se dirigió a nosotros la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Encinasola (Huelva) para manifestar su preocupación por la avería que sufrió el servicio de telefonía que ofrece Movistar en dicha localidad. Según exponía la avería duraba ya, en aquellos momentos, tres días y la única respuesta obtenida de la compañía es que se trataba de una avería masiva y debían esperar a que la misma fuera resuelta.

Sin embargo, la Alcaldía nos decía que no era la primera vez que sucedía y destacaba los problemas que se derivaban de esta situación para los vecinos del pueblo, en particular para aquellos que precisaban disponer del servicio para el desempeño de sus trabajos.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a Movistar, ésta nos comunicó que el Servicio de Asistencia Técnica confirmaba que en dicha localidad se habían producido diversas incidencias, tanto por cuestiones meteorológicas o por la rotura de fibra de la zona. Entre ellas citaban diversas fechas en la que la población de la zona había estado sin servicio, como por ejemplo cuando hubo que sustituir una tarjeta defectuosa en la estación base y que afectó al servicio móvil en la localidad, o por la rotura del cable de fibra que afectó tanto al servicio de telefonía fija como móvil. De todas estas incidencias se había compensado a los titulares de la línea por las interrupciones del servicio. En aquellos momentos el servicio estaba totalmente estabilizado y con los parámetros de calidad adecuados.

Dimos traslado de esta información a la Alcaldía-Presidencia, comunicándole que entendíamos que el problema estaba solucionado, por lo que dábamos por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja el interesado nos trasladaba que solicitó la admisión en el Máster de Profesorado en ESO, FP, Bachillerato o Enseñanza de Idiomas (MAES), en diversas especialidades. En una de las adjudicaciones resultó admitido en la Universidad CEU Andalucía, en la especialidad de matemáticas. Cuando procedió a realizar la matrícula se encontró que, a la matrícula (820 €), se le añadían unos “honorarios de clase” (más de 7.000 €), por lo que el precio total del Máster ascendía a casi 8.000 €. Según explicaba, lo consultó en la CEU, donde le indicaron que así era, y con el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Sevilla (US), que también le corroboró el asunto.

Señalaba el interesado que “en el catálogo de másteres de la US figura este máster de la CEU (que figura como centro adscrito), privado, sin distinguirlo de los demás. Al pinchar en el enlace que dirige a la teórica web del máster, aparece, como precio total, 820,8€, sin aludir a las tasas llamadas «honorarios de clases», con lo cual parece que es un máster como los públicos, al mismo precio. Entiendo que es publicidad engañosa, por la parte de la US, porque incluye, en su catálogo de másteres públicos, uno que es absolutamente privado, sin ningún tipo de bonificación pública. Creo que deberían explicarlo bien, para no perjudicar a nadie. Me han hecho perder tiempo y energía, dado que hacer este máster era una decisión difícil de tomar para mí, por diversos motivos (laborales, económicos y familiares). Además, no entiendo qué hace la US, una universidad pública, publicitando un máster absolutamente privado, en su web. Al ver «centro adscrito», pensé que habría algún tipo de acuerdo entre ambas universidades, y que el máster estaba a precio público, pero no es así. Deberían o bien eliminar ese máster del catálogo, o anunciarlo claramente como lo que es, haciendo hincapié en la diferencia de precio (se multiplica casi por 10)”.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos a la Universidad de Sevilla, que en la respuesta que nos remitió la Vicerrectora de Ordenación Académica nos informaba que el Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” es un centro de titularidad privada adscrito a la Universidad de Sevilla, cuyos títulos oficiales tienen validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el Rector de la Universidad de Sevilla, sujetos a los precios públicos establecidos anualmente por la Comunidad Autónoma. Los centros adscritos, que pueden ser de titularidad pública o privada, tienen su propia política de precios y establecen un precio privado adicional al precio público, como en el caso objeto de este expediente de queja.

Reconocían que era posible que en la información pública que ofrecía la Universidad de Sevilla no estuviera suficientemente explicitado el precio de las enseñanzas en los centros adscritos, por lo que pedían disculpas a los estudiantes afectados por la confusión y los posibles perjuicios y molestias que hubieran podido causar.

La Universidad ha estrenado recientemente un nuevo portal web en el que la información sobre los precios públicos de los títulos de Grado y Máster figura en el apartado de “Presentación y Guía” al entrar en cada título. En el caso de los títulos impartidos en los centros adscritos (Grado y Máster) el enlace lleva directamente a la página propia del centro, en la que se puede consultar toda la información de interés, incluyendo los precios de las enseñanzas.

Además, en la información que se facilita de los títulos de los centros propios que también se imparten en centros adscritos, por ejemplo en el caso del MAES, que se imparte en la Escuela Internacional de Posgrado, en el apartado de “Presentación y Guía”, con la idea de mejorar la información que facilitada, se había indicado al departamento responsable de la página web que se modificara el texto en el siguiente sentido: “Esta titulación también puede cursarse en los centros adscritos: Centro Universitario de Osuna y Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola. En estos casos debe tenerse en cuenta que los precios públicos arriba indicados se ven incrementados con los precios propios establecidos por cada centro adscrito”.

En el mismo sentido se indicará en los demás títulos impartidos en centros propios que se imparten además en centros adscritos.

Con ello entendían que quedaba debidamente aclarado que los precios públicos exigibles en los títulos universitarios oficiales se ven incrementados en los centros adscritos con los precios privados establecidos por estos.

A la vista de esta respuesta entendimos que se había aceptado la pretensión del interesado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

El interesado nos trasladaba en su escrito de queja que en octubre de 2018 presentó recurso de alzada a la, entonces, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio solicitando la nulidad de una resolución y que, a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su recurso.

Admitimos a trámite la queja a fin de que la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible resolviera expresamente el recurso informándonos de ello. Al no recibir respuesta hubo que formular a la misma resolución recordándole la legislación y jurisprudencia sobre el silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente al recurso presentado.

Finalmente la Consejería nos comunicó que en septiembre de 2019 se había dictado resolución desestimando el recurso de alzada y la misma se había notificado al interesado.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta al recurso de alzada interpuesto, se había solucionado, aceptando el contenido de nuestra resolución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.