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En relación con escrito presentado en esta Institución referente a falta de ejecución presupuestaria en actuaciones sobre Memoria Democrática, la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico nos traslada la siguiente información:

“En respuesta a su solicitud de información nº Q20/319, relativa a la ejecución presupuestaria del programa 31I (Memoria Democrática) en el ejercicio 2019, sobre las partidas de dicho programa que han sido ejecutadas y las que no, con indicación de los motivos que lo han impedido, ponemos de manifiesto lo siguiente:

Con los créditos disponibles en el programa 31I para el año 2019 se dio un nuevo impulso a los trabajos de exhumación de fosas, paralizados durante el año 2018, Ilevándose a cabo los de las fosas de Alcalá del Rio, Benacazón, Salteras, Cortegana, Higuera de la Sierra y Berrocal. Se Ilevó a cabo también un trabajo de digitalización de documentos audiovisuales, tales como reportajes y documentales, entrevistas, charlas, coloquios o imágenes históricas en bruto de campañas y actividades en favor de dichos derechos sociales, que constituyen documentos de gran valor histórico acerca de la Memoria Democrática de Andalucía y cuya digitalización se ha llevado a cabo para evitar su deterioro y perdida, para garantizar la conservación del patrimonio documental relativo a la memoria democrática de Andalucía.

Del mismo modo, con el presupuesto consignado en dicho programa se siguió avanzando en el ámbito de las identificaciones genéticas, no sólo en relación con la obtención de los resultados de aquellas muestras analizadas a lo largo del año, sino porque mediante la firma de un convenio específico con la Universidad de Granada se ha procedido a la creación del Banco de datos de ADN de victimas de la Guerra Civil y la posguerra.

Con cargo a los créditos del mismo programa, se procedió a la convocatoria de las subvenciones para el desarrollo de actividades de estudio y difusión de la memoria democrática de Andalucía, que destinaban un importe 260.000 en ayudas a este tipo de actividades, si bien las nuevas exigencias legales en virtud de las cuales resulta de obligado cumplimiento que las personas jurídicas se relacionen con la administración por medios telemáticos, han hecho necesario el desarrollo de un nuevo procedimiento que, por medios telemáticos, permita la tramitación y resolución de la convocatoria, impidieron en los últimos días del año la resolución de la misma.

En el mes de junio se inicio la tramitación de un procedimiento de contratación simplificado (previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) para llevar a cabo la exhumación de varias fosas en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero finalmente, no Ilegó a adjudicarse al no poder obtenerse algunos de los permisos necesarios para el acceso a los terrenos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de actuación en exhumaciones de fosas en la Comunidad Autónoma Andaluza, son necesarios para poder acometer la actuación.

Por ello, en el último trimestre del año 2019 se iniciaron varios procedimientos de contratación, mediante el procedimiento de contratación súper simplificado previsto en el artículo 159.6 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre) para llevara cabo actuaciones en los municipios de Montilla (Córdoba) y Umbrete (Sevilla), y además en los de Setenil de la Bodegas (Cádiz), Víznar (Granada) y Pizarra (Málaga). Finalmente, por dificultades en la tramitación administrativa no pudieron llevarse a cabo en ese momento aunque se realizaran en el ámbito de un nuevo contrato de servicios”.

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que la cuestión por la que el interesado acudió a nosotros se encuentra en vías de solución, por lo que sin perjuicio de un posterior seguimiento se ha procedido a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja promovido por 109 ciudadanos que denunciaban el incumplimiento de la Administración educativa de la obligación que le incumbe de resolver el recurso de reposición presentado contra la Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos provisionales del personal de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de ldioma, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Arte Plásticas y Diseño para el curso académico 2019/2020 en la especialidad de Orientación Educativa.

Posteriormente recibimos comunicación de una persona interesada en la que nos informaba que la citada Dirección General había dado respuesta al recurso de reposición interpuesto.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a recurso sin resolver sobre impedimentos de acceso a la radio municipal, el Ayuntamiento de Torrox nos traslada la siguiente información:

“En contestación a sus escritos de fechas 29-9-2020 y 13-11-2020 (N.º Q20/5624), en relación del recurso interpuesto por D. (...) ante este Ayuntamiento, sin que haya sido aún resuelto, tengo a bien comunicarle que recibido por el Consejo Audiovisual de Andalucía escrito sobre apertura de expediente, con su referencia: S06-02-OD/20/0017, como consecuencia de queja interpuesta por D. (...), referida a una supuesta denegación del derecho de participación de (...) en la radio municipal de Torrox, por parte de este Ayuntamiento se contestó el día 6 de Agosto de 2020, a dicho organismo en las siguientes alegaciones:

“El motivo de la apertura del citado expediente es la queja interpuesta por D. (...), en nombre del partido político (…..), ante la presunta negativa de este Ayuntamiento de su participación en la radio municipal.

Ante ello cabe decir, a priori, la existencia de un Reglamento municipal de Radio por el que, desde su aprobación, se regula los objetivos fundamentales de su actividad, entre los que se encuentran:

-La información de modo objetivo de la actividad de la Corporación Municipal.

-La estimulación de la participación ciudadana, facilitando el acceso a personas o grupos que lo soliciten.

-Junto con la promoción de la cultura, la música y el deporte a nivel local.

Siendo además pilar básico de toda la trayectoria de la emisora municipal el respeto al pluralismo político, entre otros principios inspiradores de su actividad.

Teniendo en consideración lo referido, la Radio municipal viene realizando una distribución de espacios, entre los que destaca los dedicados a la información de la actividad municipal que conlleva que los grupos con representación municipal en la Corporación tengan sus propios espacios distribuidos durante la semana con una participación directa de sus representantes donde se comenta y se opina de la actividad política municipal.

El resto de participación en el medio municipal se distribuye entre particulares y asociaciones que demanda su presencia en el mismo. Cabe distinguir ambos aspectos, por cuanto la solicitud, como plataforma ciudadana, de D. (...), de intervención en la radio municipal, nunca ha sido cuestionada, dándole en todo momento participación y tiempo en el referido medio.

Es cuando el Sr. (...) se dirige a la Radio Municipal exigiendo espacio como partido político (…....) y en igualdad de condiciones de aquellos partidos que han obtenido representación municipal en la Corporación Local, cuando no es posible acceder a su demanda, dada la diferencia entre (…..) y el resto, al no tener su partido la consideración de representativo o significativo de la diversidad política del municipio de Torrox. Y siendo en todo momento una linea de dirección que va dirigida a cualquier partido político, sin tener en cuenta ideología alguna, que no haya obtenido representación municipal en las elecciones locales.

Dejando determinados los archivos de la radio municipal (tanto web como redes sociales) como medio de prueba para la constatación de todo lo referido en el presente escrito de Alegaciones.

En virtud con lo expuesto:

Se SOLICITA al Consejo Audiovisual de Andalucía que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de alegaciones al expediente que se sigue con su referencia: S06-02-OD/20/0017, lo admita y en su virtud, tras lo trámites pertinentes, se adopte por el órgano competente, resolución estimativa del contenido en el cuerpo del presente escrito, dictando archivo del expediente de queja iniciado”.

Dichas Alegaciones fueron contestadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía, en el siguiente sentido:

“Teniendo en cuenta lo anterior, a propuesta de la Comisión de Contenidos, el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, en su reunión del 22 de Septiembre de 2020, y previa deliberación de sus miembros acuerda por MAYORÍA las siguientes DECISIONES:

PRIMERA.- La denegación o impedimento de acceso de (…....) de Torrox a la radio pública municipal es un hecho que este Consejo no puede deducir de las alegaciones presentadas por el consistorio, en las que matiza que su participación se ha venido realizando en calidad de plataforma ciudadana y no de grupo político, al carecer de representación en la corporación municipal.

No obstante lo anterior, el prestador no puede ampararse en su disposición de un estatuto del servicio municipal de radio sin que este prevea una regulación del derecho de participación en su programación, limitándose a recoger entre sus objetivos la estimulación de la participación ciudadana en la vida municipal, facilitando el acceso a la emisora a personas o grupos que lo soliciten, sin perjuicio de salvaguardar la planificación y ordenación interna de la emisora, según el interés social del tema en cuestión.

SEGUNDA.- El Consejo, como garante del ejercicio efectivo del derecho de acceso, a los servicios públicos y comunitarios sin ánimo de lucro de comunicación audiovisual, de las entidades representativas o significativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada localidad o territorio, en su caso, respetando el pluralismo de la sociedad, insta al prestador a no hacer dejación de su responsabilidad y a que regule este derecho, ya sea a través de su Consejo de Administración o por el Pleno de la entidad local, mediante el establecimiento de un procedimiento que posibilite su ejercicio.

TERCERA.- Notificar esta resolución a (…...) de Torrox, a la radio municipal de Torrox y al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento del municipio”.

Por lo que este Ayuntamiento, adoptando la recomendación del citado organismo, tiene previsto que por reunión del Consejo Municipal de la Radio se regule los cauces o el procedimiento que posibilite el ejercicio del derecho instado en su justos términos”.

En consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente a la referida reclamación, a la vista de la información recibida y tras nuestra intervención se ha solucionado la situación de silencio mantenido, en consecuencia, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

La promotora de la queja, nos expone que lleva desde el 17 de febrero del 2021 pendiente de que se le expida su tarjeta sanitaria, la cual nos refiere que a la fecha no ha recibido.

Manifiesta que inicialmente solicitó su asignación en el centro de salud del Polígono Norte y que allí le indicaron que debía ir al centro de Salud de San Jerónimo, en el cual ha estado asignada por un periodo de cuatro meses, tras los cuales, al ir a preguntar por su tarjeta sanitaria, le indican que debe acudir al centro de salud que le corresponde, que tras las averiguaciones oportunas, parece que se trata del centro Esperanza Macarena.

En esta tesitura, nos escribe por la desinformación que ha venido padeciendo, y reclama que a la fecha, no le ha sido remitida ni entregada su tarjeta de reconocimiento a la asistencia sanitaria por el Servicio Andaluz de Salud.

Interesados por estos hechos ante el Distrito de Atención Primaria de Sevilla nos indican que han remitido a la interesada su tarjeta sanitaria y presentan disculpas por las molestias ocasionadas.

La persona reclamante, ocupando la presidencia de una Comunidad de Propietarios, denunciaba al Ayuntamiento de Huelva la ejecución de obras sin licencia en las zonas comunes y de acceso del citado inmueble mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2020, sin haber obtenido respuesta alguna.

Admitimos la queja a trámite únicamente a los efectos de que por la Administración se diera una respuesta expresa al escrito presentado, por lo que, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el escrito presentado por el interesado, y dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.2, inciso final, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, interesamos del Ayuntamiento de Huelva la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, dicho escrito, informándonos al respecto.

Se nos respondió, en síntesis, que dada la naturaleza de las posibles infracciones urbanísticas denunciadas, se hacía preciso una inspección previa para poder adoptar, en su caso, las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que pudieran resultar procedentes. Dada la situación actual de alarma sanitaria, dicha inspección no se había podido realizar por lo que se anunciaba que se efectuaría cuando ello procediera.

De acuerdo con ello, solicitamos al Ayuntamiento que nos mantuviera informados, cuando fuera posible, de la realización de la inspección anunciada y, en base a su resultado, de las posteriores medidas que se pudieran acordar para restaurar la legalidad urbanística si ello procedía.

En el nuevo informe remitido, en relación a actuaciones ejecutadas expresamente prohibidas en las ordenanzas municipales, se concluía que esa administración debía declarar la imposibilidad de continuar con la actuación solicitada y requerir al responsable de las obras la restitución de la realidad física alterada. Por ello, transcurrido un tiempo, interesamos que nos remitiera las resoluciones de esa administración relativas a la restitución de la realidad física alterada.

Puesto que, finalmente, se nos informó que se había dictado Decreto de restauración a su estado original de la realidad física alterada, dimos por concluidas nuestras actuaciones al deducirse que el asunto planteado se encontraba en vías de solución.

La persona reclamante exponía literalmente lo siguiente:

“(...)

Que debido a los problemas personales que me acontecen, por los cuales tengo una situación económica bastante precaria en lo que a ingresos se refiere, y siendo madre soltera con cuatro hijos menores a cargo, (...), solicito una vivienda de protección oficial en mi término municipal y que me tengan en cuenta como prioridad a la hora de quedarse libres tales viviendas. Me encuentro viviendo junto con mi familia en una auto-caravana (...).

Solamente pido un alquiler social, solicito por ello una vivienda de protección oficial para poder vivir en mejores condiciones y poder darles a nuestros pequeños un cambio de vida. Llevo bastante tiempo inscrita en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida de ..., poseo solicitud que lo acredita, la cual acompaño al presente escrito.

(...)”

En vista de ello, admitida la queja a trámite solicitamos al Ayuntamiento del municipio afectado informe sobre los siguientes aspectos: si los servicios sociales habían considerado que esta familia se encontraba en situación o riesgo de exclusión social; situación de la familia en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda; posibilidades de adjudicación a corto plazo de viviendas de alquiler social y si se había considerado la posibilidad de excepcionar la obligación de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía; así como otras posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución al problema habitacional de la familia interesada.

En el informe municipal recibido se detallan las distintas actuaciones realizadas por los servicios sociales con la familia siendo las más recientes facilitarles las prestaciones a las que tenían derecho.

Actualmente la familia percibía el IMV y contaba con una Ayuda económica familiar para complementarla.

La familia, a pesar de su evolución y adaptación en el municipio, continuaba en riesgo de exclusión social debido a la situación actual; si bien la caravana reunía los requisitos mínimos de higiene y disponía de equipamientos básicos como cocina y baño, existía hacinamiento debido al escaso espacio del habitáculo.

Desde el Ayuntamiento y Servicios Sociales se estaban haciendo las gestiones pertinentes con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para la próxima adjudicación de una vivienda, considerando la posibilidad de otorgársela por excepcionalidad. Esta situación era probable que sucediera a corto plazo (mes de Junio).

Mientras se producía este hecho, el Ayuntamiento, le había ofrecido la posibilidad de cubrirle los gastos de un alquiler, mientras se sondeaba la existencia de otras alternativas habitaciones.

A la vista de la información anterior, se observa que por parte de la administración municipal se estaba prestando una atención adecuada y que la cuestión que preocupaba se encontraba en vías de solución. Por ello, aunque dimos por concluidas nuestras actuaciones, indicamos a la persona reclamante que esperara un tiempo prudencial y nos informara cuando se produjera la adjudicación de la vivienda.

También le aconsejamos que siguiera colaborando con los servicios sociales comunitarios para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.

Finalmente, en el mes de julio la interesada nos confirmó que se le había adjudicado la vivienda.

El Ayuntamiento de Armilla nos informa de las medidas adoptadas ante la denuncia de una vecina por la inmisión de humos en su casa debido a las salidas por la fachada de las chimeneas de pellets de dos viviendas colindantes.

Se recibió en esta Institución escrito de una vecina de la localidad de Armilla, Granada, con el que nos contaba que había denunciado ante el Ayuntamiento la contaminación ambiental, por inmisión de humos en su domicilio, derivada de la salida de humos de unas chimeneas de pellets en varias viviendas en su misma calle, con evacuación de humos directamente a la fachada. Según contaba, otras vecinas también habían presentado varias reclamaciones escritas.

El Ayuntamiento le había comunicado en su momento que: "...se ha procedido a requerir a los titulares catastrales de las viviendas para que adapten las salidas de humos a la normativa municipal existente". Sin embargo, transcurrido cierto tiempo tras dicha respuesta, no se había llevado a cabo ninguna adaptación, por lo que persistía el problema de humos, agravando, aseguraba la promotora de la queja, sus problemas respiratorios.

Admitimos a trámite la queja y pedimos la colaboración del Ayuntamiento de Armilla para conocer qué medidas tenía previsto adoptar a fin de procurar la adaptación a la normativa municipal de las salidas de humos de las chimeneas de las viviendas objeto de queja, así como si, en su caso, se iba a incoar expediente administrativo sancionador ante las irregularidades detectadas.

En su respuesta el Ayuntamiento de Armilla nos informó que estaba "aplicando la reglamentación contemplada en la normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbana respecto de este tipo de instalaciones, encontrándose el expediente actualmente en tramitación en fase de ordenación de la adecuación de las mismas a dicha normativa, por lo que entendemos que se está dando debido trámite a las denuncias presentadas...”.

Continuaba diciendo que “En caso de que finalmente no se atendiera dicho requerimiento, se iniciará de oficio el correspondiente procedimiento de disciplina urbanística y el procedimiento sancionador a que hubiera lugar. Más allá del procedimiento administrativo, a mayor abundamiento, dicha vecina denunciante está siendo atendida debidamente por los técnicos municipales del área de Urbanismo y Medio Ambiente vía telefónica, personalmente y en distintas visitas de inspección".

Entendimos que el problema objeto de queja se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

No obstante, con posterioridad hemos realizado dos actuaciones de seguimiento en este asunto, con sendos escritos remitidos al Ayuntamiento de Armilla interesándonos por la solución definitiva del asunto, siendo informados por la propia promotora de la queja de que con fecha 19 de noviembre de 2021 se habían retirado de la fachada las salida de humos de las chimeneas en cuestión, quedando solucionado con ello la problemática. Con ello, dimos por concluidas definitivamente nuestras actuaciones en este asunto.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a falta de Respuesta a Recurso de Reposición, el Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz ha remitido informe-propuesta de resolución por la instructora del procedimiento seguido con el Ayuntamiento del Puerto de Santa María a esta Institución, el cual procedemos a exponer:

"Al tratarse de un recurso interpuesto frente a la providencia de apremio, deben tenerse en cuenta los motivos tasados de impugnación contenidos en el art.167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que dice textualmente "Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a. Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago

b. Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c. Falta de notificación de la liquidación.

d. Anulación de la liquidación.

e. Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada".

Como quiera que el recurrente no fundamenta su oposición en ninguno de los motivos citados, debe indicarse la existencia de una continuada doctrina Jurisprudencial, contraria a la posibilidad de trasladar a la vía de apremio cuestiones que ya han sido o que pudieron ser planteadas en la fase de gestión o conformación del tributo apremiado.

2.-La prescripción alegada no ha tenido lugar al no haber transcurrido, durante la tramitación del procedimiento sancionador de referencia, el plazo previsto en el artículo 66 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que establece que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, esto último puesto en relación con el artículo 67 de la misma ley que dispone que el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario. Por su parte, el artículo 112.4 de la Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que "El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa será de cuatro años y el de la suspensión prevista en el artículo 80 será de un año, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sanción en vía administrativa".

En cuanto a la prescripción alegada en período voluntario, ésta no ha tenido lugar al no haber transcurrido, durante la tramitación del procedimiento sancionador de referencia, el plazo que se establece en el artículo 112.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. Asimismo, se detallan las causas de interrupción del cómputo de la prescripción, que estable como tales "cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique en otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 89, 90 y 91. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado". De esto se deduce, que se interrumpe mediante las diligencias de averiguación acerca de la identidad del denunciado, a través de los requerimientos dirigidos al propietario del vehículo para que identifique al conductor responsable de la infracción, por las notificaciones realizadas en las distintas fases del procedimiento y por los actos del propio denunciado, entre los que se encuentran la identificación realizada por el propietario del vehículo.

3.-Examinadas las actuaciones seguidas en el expediente de referencia, se comprueba que durante el período voluntario no ha transcurrido el plazo de caducidad fijado por el artículo 112.3 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el artículo 16 del Real Decreto 320/1994, de 25 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

4.-En el orden formal no se aprecia la existencia de motivo alguno que pueda llevar a la declaración de nulidad de la resolución impugnada a que se refiere el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pues dicha resolución ha sido dictada siguiendo el procedimiento que al efecto se establece en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con escrupuloso respeto a los principios inspiradores del derecho sancionador y a los derechos constitucionales del interesado, y por el órgano legalmente competente para ello. Asimismo, las actuaciones han sido sometidas al principio de juridicidad, sin que en ningún momento haya existido arbitrariedad en la actividad de esta Administración Pública, y sin que se haya perseguido otra finalidad que la establecida en las normas jurídicas que resultan aplicables; es decir, el cumplimiento de las normas en satisfacción del interés público.

Por todo ello y en base a las argumentaciones expuestas, se realiza la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Que se tenga por DESESTIMADO el recurso presentado en todos sus términos, confirmando la sanción impuesta y continuando con las actuaciones que correspondan".

A la vista del mismo, hemos de entender que dicha Administración va a proceder a dictar resolución expresa respecto a su recurso de reposición presentado, objeto de la queja por presentada.

Si bien, le rogamos que una vez acuse notificación de la resolución del recurso de reposición, nos la adjunte para dar por concluidos los trámites que desde su administración deben realizar.

Por ello, entendemos que el asunto se encuentra en vías de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones, confiando que en un plazo prudencial reciba respuesta.

El Ayuntamiento de Sevilla acepta nuestra resolución y procede a realizar un ensayo acústico de contraste sobre un taller de motocicletas denunciado por una vecina colindante; asimismo, la policía local realiza las comprobaciones pertinentes para verificar que la actividad se desarrolla conforme a lo autorizado por el Ayuntamiento.

A principios del año 2018, una vecina de Sevilla nos trasladaba nuevamente la problemática de ruidos que sufría en su domicilio por la actividad de un taller de reparación de motocicletas denominado (...), sito en el número (...) de la misma calle (…), por lo tanto colindante a su domicilio. Decimos que esta problemática se nos trasladaba nuevamente porque este mismo asunto ya había sido objeto de la queja 14/4368, en la que habían sido evacuados dos informes por parte del Ayuntamiento de Sevilla y según los cuales la actividad denunciada se encontraba en funcionamiento conforme a licencia.

Pues bien, en esta nueva ocasión nos aportaba copia del informe de ensayo acústico que había realizado, a petición suya y ante la inactividad de ese Ayuntamiento, la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Según dicho informe de ensayo, los resultados eran desfavorables y así se había trasladado desde la Consejería al Ayuntamiento de Sevilla, que al parecer había mostrado discrepancias respecto del informe de ensayo. En todo caso, hasta el momento de esta nueva queja, la situación seguía igual y el Ayuntamiento no habría tomado ninguna determinación para poner solución a esta problemática de ruidos.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla Resolución en la que, en síntesis, le recomendábamos que ante las discrepancias teóricas que los técnicos municipales mostraban con el resultado desfavorable de un ensayo acústico de la Junta de Andalucía sobre la actividad de taller, que se procediera a realizar un ensayo acústico de contraste sobre dicha actividad, así como que se produjera también la vigilancia por parte de la policía local para evitar que los trabajos se realizasen en el interior del local con la puerta abierta o directamente en la vía pública.

En su respuesta el Ayuntamiento nos trasladó sendos informes emitidos por Policía Local y por el Servicio de Protección Ambiental.

El Servicio de Protección Ambiental nos informaba que ya se había realizado por un técnico municipal el ensayo de contraste que recomendábamos hacer, obteniendo un resultado favorable, y que se había considerado que el ensayo de la Junta de Andalucía no podía entenderse válido a efectos sancionadores porque se exigía al titular del taller el arranque y aceleración de una de las motocicletas fuera de las instalaciones donde los trabajos habían de realizarse, así como por haberse aplicado un valor en concepto de incertidumbre no justificado.

No obstante, informaba también el Servicio de Protección Ambiental que, en cualquier caso, se iba a realizar una nueva visita de inspección por la Sección de Disciplina a fin de comprobar el ajuste de la actividad a lo autorizado y para dar por concluido el expediente en el caso de que no se encontrasen anomalías o divergencias respecto a las instalaciones autorizadas en su día en el desarrollo real de la actividad.

Por otra parte, Policía Local nos informaba que, al margen del precinto -y posterior desprecinto- de este taller acontecido en el año 2012, las posteriores comprobaciones, varias en el año 2020, habían determinado que la actividad se desarrollaba conforme a lo autorizado por el Ayuntamiento.

Entendimos que se había aceptado nuestra resolución por el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.