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Recibimos una queja presentada por el padre de una adolescente lamentándose porque su ayuntamiento venía utilizando la imagen de su hija en revistas de titularidad municipal y en redes sociales sin contar con su autorización. Nos decía que la madre sí habría prestado su autorización, no así él, ello a pesar de tratarse de un asunto de relevancia pública en la que era evidente la necesidad de contar con la autorización de ambos progenitores.

Nos exponía en su queja que tras reclamar ante el Ayuntamiento el problema seguía sin solución, y por ello pedía nuestra intervención ya que no le quedaba otra opción que presentar una demanda ante el juzgado, opción que descartaba por los gastos que el proceso judicial podría conllevarle, ello unido a la previsible demora en la solución efectiva del caso.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos al Ayuntamiento que nos remitiera un informe sobre los hechos expuestos por la interesada y la posible solución al problema planteado, respondiéndonos que se había dictado una resolución de Alcaldía para que el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento procediera a elaborar una instrucción en la que determinase el procedimiento a seguir para obtener el consentimiento de las personas titulares de la patria potestad en los casos de publicación, en cualquier plataforma, de datos relativos a menores de 14 años. También se encargaba a la Delegación Cultura la elaboración de un protocolo de actuación con la finalidad de subsanar posibles deficiencias, con carácter previo a la edición de cualquier publicación. Y por último ordenaba que se informase al padre de la menor de las actuaciones realizadas para dar respuesta a su petición.

Reseñaba en su informe el Ayuntamiento que el Área de Cultura había adoptado la decisión de que hasta que no se dispusiera de la autorización de ambos progenitores, pese a que la menor había sido seleccionada como una de las “Damas Infantiles”, se había desestimado su participación en los actos públicos de representación que se tendrían que celebrar, entre ello la próxima cabalgata de Reyes.

Por último, y añadido a la pertinente disculpa por parte de la Alcaldía, se informó al padre del barrido realizado en todas las plataformas digitales en que participaba el Ayuntamiento y se procedió a eliminar todas las fotos y vídeos en los que aparecía su hija.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibió comunicación dirigida por un vecino de un municipio de Almería mediante la cual nos trasladaba que en junio de 1999 el Ayuntamiento renombró una calle del municipio con el nombre de su padre debido a sus méritos profesionales.

Continuaba el interesado manifestando que en 2019 fue de visita con sus hijos al municipio en cuestión y comprobó que la calle había vuelto a denominarse como antes de 1999.

Solicitó información al respecto presentando un escrito en diciembre de 2021 en el Ayuntamiento, sin recibir respuesta, por lo que reiteró la petición, esta vez al correo electrónico del Ayuntamiento, con fecha de junio de 2023, obteniendo el mismo resultado.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento para que nos informase al respecto. La corporación municipal nos indicó que iban a proceder a revisar los expedientes para resolver la situación planteada.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de ser solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibió comunicación dirigida por una vecina de La Zubia mediante la cual exponía la falta de prestación del servicio de fibra óptica y telefonía debido al robo de cableado, en la Urbanización Cumbres Verdes, donde reside, en el término municipal de La Zubia.

La interesada ya presentó queja en esta Institución con fecha 5 de octubre de 2023, trasladándonos que por parte de la compañía suministradora se estaban haciendo todas las gestiones oportunas y que tan sólo estaban pendientes de ciertos informes del Ayuntamiento de la Zubia y del Parque Natural de Sierra Nevada para poder restablecer el servicio. Por tanto, tras diversos trámites con la compañía de telefonía e internet Movistar, se cerró el 19 de diciembre de 2023 por encontrarse en vías de solución.

Sin embargo, el 20 de diciembre de 2023 la interesada volvió a ponerse en contacto con nosotros informándonos de la continuidad de la problemática objeto de la queja anterior, sin haber ningún cambio en la misma, permaneciendo pendientes, según su versión, los informes municipales.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento requiriéndole información sobre la situación actual respecto de las autorizaciones o informes municipales necesarios para que la compañía suministradora de telefonía restableciera el suministro suspendido.

En respuesta a nuestra solicitud de colaboración el Ayuntamiento nos comunicó que se estaban realizando los trámites necesarios para el reposición del suministro. Con posterioridad a esta comunicación, la promotora de la queja nos informó de que se había restablecido el servicio.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación del promotor de la queja en el que exponía la falta de respuesta expresa a un escrito que presentó en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, con fecha 18 de septiembre de 2023, denunciando una supuesta captación ilegal de agua en una parcela cercana a su domicilio, y aseguraba que no había recibido respuesta hasta la fecha.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo respondiera expresamente el escrito del interesado, informándonos de ello.

En respuesta la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural nos informó que con fecha 11 de junio de 2024 se le había dado respuesta al escrito presentado.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja de oficio relativa a los procesos de atención educativa para el alumnado con necesidades sanitarias derivadas de enfermedades graves y crónicas en la provincia de Málaga.

En su día, 14 de agosto de 2024, nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 15 de octubre de 2024.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga para abordar las necesidades del alumnado afectado en sus centros educativos y de las familias respectivas.

También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a la definición de los servicios de atención al alumnado con necesidades en función del “Protocolo conjunto de colaboración que establece condiciones generales y básicas necesarias para ofrecer una escolarización segura al alumnado enfermo en situación de cronicidad o en situación de cuidados paliativos entre la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional”.

En concreto, en virtud de la naturaleza del centro, se señalan las actuaciones respectivas entre la administración educativa y la sanitaria a fin de disponer la identificación de cada caso y la definición de las respuestas sanitarias y educativas que cada alumna o alumno necesite. En concreto se explica que “Este protocolo conjunto de colaboración establece las condiciones generales y básicas necesarias para ofrecer una escolarización segura al alumnado enfermo en situación de cronicidad compleja o en situación de cuidados paliativos que pueda asistir al centro educativo de forma puntual o permanente y que durante su permanencia precise de cuidados sanitarios continuados que no pueden realizar los recursos personales especializados con los que cuente el centro educativo, requiriéndose la intervención profesional sanitaria”.

En el marco de esta metodología, confiamos que finalmente, una vez ejecutadas estas medidas, y desde implantación, los resultados puedan aportar una atención adecuada a las necesidades que, hasta la fecha, parece avanzar en la dirección correcta.

No obstante, hemos conocido de la existencia de seis casos registrados en otros tantos centros educativos malagueños que, al día de la fecha, se nos antoja en un número limitado, aun reconociendo que no contamos con mayores fuentes de información. Es por ello que desde una perspectiva más global, esta misma Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, y Defensor del Pueblo Andaluz, acordó incoar una queja de oficio sobre la aplicación y desarrollo de este Protocolo conjunto de colaboración a través de un expediente de oficio que sigue tramitándose al día de fecha. Confiamos que podamos avanzar en el conocimiento del proceso de aplicación efectiva de los términos de dicho protocolo entre ambas instancias educativa y sanitaria para evaluar globalmente la situación.

Por su parte, y en atención a la singularidad del ámbito de Málaga al que se ciñe la presente queja, observamos los antecedentes formales elaborados desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional como respuesta a las peticiones de esta Institución. Comprendiendo la preocupación generada en las familias por disponer de todos los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando, al día de la fecha y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para evaluar la progresión de las medidas fijadas en le protocolo que se empieza a implantar.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

Se recibió en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación de la promotora de la queja en el que nos trasladaba que presentó solicitud de modificación del Planeamiento General en el Ayuntamiento de Tocina con fecha 9 de junio de 2021, con el objetivo de regularizar la situación registral de la calzada situada en una, de titularidad municipal, respecto a un terreno colindante, propiedad de su padre, ya fallecido, para aclarar así los límites entre los terrenos municipales y los privados.

Tras la presentación, el Ayuntamiento le requirió cierta documentación y desde entonces, según el relato de la interesada, no había obtenido respuesta municipal alguna.

Debido a ello, con fecha 18 de septiembre de 2023 presentó en el registro telemático del Ayuntamiento solicitud de información del estado del expediente, que reiteró con fecha 24 de noviembre de 2023, sin recibir respuesta hasta la fecha de presentación de queja.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado organismo respondiera expresamente los escritos de la interesada, informándonos de ello.

El Ayuntamiento en respuesta nos informó que habían realizado una revisión exhaustiva del expediente y tomado las medidas necesarias para abordar las cuestiones planteadas por la interesada.

Además, comunicaron que habían procedido a dar traslado a la parte interesada de las gestiones realizadas en el presente expediente de queja, en orden a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 1, de la Ley reguladora del Defensor del Pueblo.

Entendimos, por tanto, que el problema por el cual se tramitó la queja en esta Institución, la falta de respuesta a estos escritos, se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Se recibió en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación del promotor de la queja en el que exponía la falta de respuesta expresa del Ayuntamiento de Sevilla a su solicitud de información, presentada en el registro telemático, sobre el desarrollo del Plan Municipal Contra el Cambio Climático de Sevilla.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado organismo respondiera expresamente el escrito del interesado, informándonos de ello.

A nuestro requerimiento, el Ayuntamiento de Sevilla nos trasladó informe elaborado por el Servicio de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad mediante el cual daba respuesta a lo solicitado por el interesado en su escrito.

Entendimos, por tanto, que el problema por el cual se tramitó la queja en esta Institución, la falta de respuesta a este escrito, se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Se recibió en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación de la promotora de la queja en la que nos trasladaba la falta de respuesta expresa del Ayuntamiento de Cijuela a su reclamación de responsabilidad patrimonial, presentada tras una incidencia sufrida en la instalación eléctrica fruto de unas obras y que dañó varios de sus electrodomésticos.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo resolviera expresamente la reclamación de la parte promotora, informándonos de ello.

En respuesta el Ayuntamiento de Cijuela trasladó informe en el que nos comunicó la resolución expresa de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la interesada, si bien ya había sido atendida presencialmente en el despacho de Alcaldía.

Entendimos, por tanto, que el problema por el cual se tramitó la queja, la falta de respuesta expresa por parte del Ayuntamiento a la reclamación por responsabilidad patrimonial, se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Se recibió escrito de un vecino del municipio de Níjar a través del cual exponía que las ordenanzas de ruido de la localidad no estaban publicadas de acuerdo con la normativa de transparencia, ni adaptadas tras el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Níjar resolución en la que, en síntesis, le sugeríamos al Ayuntamiento que actualizara la ordenanza municipal de ruidos conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

En respuesta a nuestra Resolución el Ayuntamiento nos trasladó la aceptación de la Resolución formulada por esta Institución sobre la actualización de las ordenanzas de ruido conforme al modelo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Por lo expuesto en el párrafo anterior dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad resolución en la que, en síntesis, le recordamos la obligación de responder en tiempo al escrito de solicitud de información presentado.

En respuesta a nuestra resolución la Consejería nos trasladó informe de la Directora General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada, a través del cual se exponía lo siguiente:

“...con fecha 11 de abril de 2022 la entonces Consejería de Igualdad, Políticas Sciales y Conciliación de la Junta de Andalucía suscribió convenio general de colaboración con siete entidades financieras y bancarias con presencia en Andalucía como alianza para mejorar el trato a las personas mayores demandantes de sus servicios.

Todos los convenios suscritos estuvieron en vigor hasta el pasado 11 de abril de 2023, fecha de su finalización, al no acordarse prórroga alguna por las partes conveniantes.

En la actualidad esta Consejería se encuentra evaluando los logros y deficiencias de lo acordado en su día para poder iniciar un nuevo proceso en el que poder incluir además el compromiso por las entidades financieras de detectar situaciones de soledad no deseada entre el colectivo de las personas mayores de Andalucía.

La Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada ha remitido escrito a FACUA informándole lo anterior e indicándole que se va considerar su petición de mantenerles informados, como asociación defensora de los derechos de las personas usuarias, de cuantos acuerdos específicos se realicen desde la Consejería con las distintas entidades financieras en este ámbito específico de actuación.

Por lo expuesto en el párrafo anterior dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.