La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 23/4411

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanzas Concertadas a fin de que se establezca un porcentaje de plazas reservadas al alumnado con discapacidad en los procedimientos de acceso y admisión a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

En respuesta, se recibe informe indicando que se acepta expresamente la Recomendación formulada, indicándosenos que Dirección General interpelada había iniciado el procedimiento necesario para modificar la Orden de 24 de febrero de 2007. Esta modificación tiene como objetivo establecer una reserva equivalente al cinco por ciento del total de plazas autorizadas para estudiantes con discapacidad igual o superior al 33% que participen en los procedimientos de acceso y admisión a los ciclos formativos de grado medio y superior en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño para todos los cursos sucesivos.

Además de ello, se indicaba que se había planeado asignar otro cinco por ciento de las plazas para deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Queja número 24/7661

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de atención al alumnado con necesidades educativas y refuerzo de apoyo de profesionales para la atención y apoyo, en el centro educativo de referencia en una localidad de la provincia de Jaén.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 24 de octubre de 2024.

PRIMERO.- En relación al personal del centro, consultado el Servicio de Planificación y Escolarización nos informan que los recursos de plantilla de funcionamiento se ajustan a los datos de escolarización y unidades autorizadas en el centro.

SEGUNDO.- El CEIP tiene censados 2 alumnos y alumnas que presentan necesidades especiales de apoyo educativo NEAE asociadas a Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura o dislexia. Se están valorando posibilidades para que este alumnado pueda recibir apoyo por parte de un maestro o maestra en Pedagogía Terapéutica sin menoscabo del programa de refuerzo del aprendizaje que están recibiendo así como las medidas ordinarias de carácter metodológico, didáctico, evaluativo... que deben implementarse.

Por otro lado el centro puede solicitar, a través del Equipo de Orientación Educativa, un asesoramiento especializado para la intervención de este alumnado por parte del Equipo de Orientación Educativa Especializado, concretamente las áreas de atención al alumnado que presenta NEAE por TDAH y Dificultades de Aprendizaje.

TERCERO.- El CEIP tiene un Plan de Compensación Educativa por el que recibe cada curso escolar una dotación presupuestaria adicional de 1600 euros”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén para abordar las necesidades del centro y de las familias del alumnado afectado. También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a una dotación acorde a las ratios o parámetros de servicio que planifican los servicios educativos en relación con la dotación de la figura de profesionales de apoyo ante perfiles de TDAH o dificultades del aprendizaje.

Efectivamente, esta definición del servicio del informe de la Delegación no avanza en mayores detalles, si bien debemos entender que la evaluación del servicio ha establecido la conveniencia de los apoyos fijados, a la vez que anuncian su intención de evaluar estas necesidades y procurar disponer, en cada caso, de los apoyos oportunos.

Este singular apoyo deriva de los respectivos informes psicopedagógicos de cada alumno o alumna que permite determinar las necesidades de recursos específicos del alumnado de necesidades educativas especiales. Por otra parte, los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros educativos a través de los Servicios de Ordenación Educativa proponiendo la distribución de estos recursos personales.

En el marco de esta metodología, destacamos la información de que “Se están valorando posibilidades para que este alumnado pueda recibir apoyo por parte de un maestro o maestra en Pedagogía Terapéutica sin menoscabo del programa de refuerzo”; por lo que confiamos que, finalmente, se adopten las valoraciones adecuadas para el Centro y las medidas adoptadas puedan aportar una mejora de la situación.

Comprendiendo la preocupación generada en las familias por disponer de los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución, otorgando un plazo de tiempo oportuno para disponer la aplicación de estas medidas y su consiguiente valoración.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

Queja número 24/7068

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de valoración a un alumno con perfiles de altas capacidades.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 28 de octubre de 2024.

En relación con el expediente de queja referenciado, instado ante esa Institución por D. , en el que expone que su hijo, escolarizado en un Centro de educación infantil y primaria (CEIP) en la provincia de Cádiz, muestra “claros indicios de Alta Capacidad” y solicita que se le realice la evaluación correspondiente, y una vez emitido el correspondiente informe del Servicio de Ordenación Educativa, le informo lo siguiente:

- En el curso 2020-2021, cuando el alumno cursaba Infantil de 5 años, se le realiza el cuestionario de detección del alumnado con altas capacidades intelectuales, tal como contemplan las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales, en su punto número 4, no resultando indicios de altas Capacidades.

- Durante la escolarización en Primaria (actualmente en 4º de Primaria), no se detectan por parte del equipo docente, indicios de NEAE derivadas de altas capacidades, por lo que no se activa el protocolo NEAE.

- No obstante lo anterior y, a pesar de no haber indicios de altas capacidades desde el centro educativo nos informan que tras exponer la situación a la orientadora de referencia se ha procedido a iniciar la evaluación del alumno y administrar las pruebas necesarias para detección de altas capacidades”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz para abordar las peticiones de la familia del alumno afectado. También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a una actitud que opta por iniciar la evaluación, por lo que debemos deducir una posición resolutiva.

Comprendiendo la preocupación generada en la familia, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución, otorgando un plazo de tiempo oportuno para disponer la aplicación de estas medidas de valoración del alumno y su consiguiente respuesta educativa en función a sus resultados.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

El Defensor del Pueblo andaluz alienta a las mujeres que sufren violencia a denunciar esas situaciones

Como cada 25 de noviembre, el Defensor del Pueblo andaluz se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para seguir concienciando sobre la necesidad de prevenir y frenar todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto si se produce en la vida pública como en la esfera privada.

La violencia contra las mujeres demanda una respuesta firme y continua, sin ningún tipo de matices, para condenar estas prácticas en cualesquiera de los ámbitos de la vida de las mujeres.

Compartimos que ante esta lacra social #NoHayExcusa, en coincidencia con el lema que Naciones Unidas ha elegido este año con el objetivo de hacer ver a la sociedad y a las mujeres en particular que es posible recuperar la confianza, y demostrar que las sobrevivientes de violencia pueden acudir a sus redes de apoyo para recibir ayuda, detener sus agresiones, y recuperar su libertad y su futuro. Según los datos que ha compartido este organismo, menos del 40% de las mujeres en el mundo que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda, y muy pocas recurren a instituciones formales, como la policía o los servicios de salud.

Una de las herramientas seguras con las que pueden contar estas mujeres es la Defensoría del Pueblo de Andalucía. El Defensor en funciones, Jesús Maeztu, alienta a las mujeres que sufren violencia sexual o física a denunciar estos abusos, al tiempo que reclama a los poderes públicos que implanten todas las medidas de prevención, detección y atención para que las mujeres puedan denunciar estas situaciones.

Especial atención merece la protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo que como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Maeztu pide que estas medidas estén especialmente activas, ya que el 16% de las jóvenes de 15 a 24 años experimentó violencia física o sexual en el último año. Asimismo, los cambios tecnológicos han digitalizado todo tipo de violencia, y la juventud parece especialmente vulnerable al ciberacoso, que afecta a una de cada diez mujeres desde los 15 años.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz insiste en la necesidad de “contar estas historias, para conocer los motivos que esconden vuestros silencios y que pudieran llevar aparejados sentimientos de culpa de la víctima o vergüenza. En definitiva, que los malos tratos y abusos dejen de ser invisibles, porque las consecuencias pueden ser irreversibles si no se detectan a tiempo”.

En 2024 la violencia machista se ha cobrado la vida de 41 mujeres en España, diez de ellas en Andalucía, que dejaron a siete hijos e hijas menores de edad huérfanos.

El Defensor de la Infancia de Andalucía reclama un pacto social “cohesionado” para la protección de los derechos de los niños y las niñas

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un pacto social “cohesionado” que garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que, en su opinión, la defensa de este colectivo constituye uno de los mayores retos presentes y futuros de la sociedad.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Defensor ha presentado en la Fundación Cajasol la publicación Caminando hacia un nuevo contrato social. Del debate a la acción junto al coordinador del Foro Profesional por la Infancia, Ignacio Gómez de Terreros, promotor de unas jornadas celebradas en el mes de mayo cuyas conclusiones recopila esta publicación.

El Defensor de la Infancia ha pedido “políticas públicas útiles y estrategias adecuadas” en un momento que considera “crucial”por la realidad demográfica del país, al tiempo que ha destacado que este compromiso lo están poniendo de manifiesto los agentes que pertenecen a este Foro, más de un centenar de representantes de universidades, colegios profesionales, sindicatos, y entidades sociales, entre otros.

Entre los retos, Maeztu ha destacado la pobreza infantil; los entornos digitales seguros; la salud mental y la prevención del suicidio, así como ha llamado la atención sobre los menores migrantes no acompañados; la trata de personas; los huérfanos víctimas de violencia de género; los menores con trastornos de conducta; el acoso escolar y todas aquellas situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia.

El Defensor de la Infancia ha confiado en emprender un “camino nuevo” para “que se produzca ese cambio a mejor” en las políticas públicas que impactan sobre la infancia y la adolescencia.

Tras las crisis económica y sanitaria vividas, se abre ante nosotros un tiempo nuevo y desafiante. En estas circunstancias parece aún más pertinente poner en común aprendizajes, propuestas innovadoras, e ideas que faciliten avanzar hacia la articulación de nuevos pactos sociales, con el fin de fortalecer los sistemas de protección social y ampliar modelos de participación.

En esta línea, el II Encuentro de primavera organizado por el Foro Profesional de la Infancia los días 16 y 17 de mayo de 2024 en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, bajo el título Caminando hacia un nuevo contrato social. Del debate a la acción, supuso una gran oportunidad para avanzar hacia este pacto social a partir de las propuestas de la comunidad dedicada a la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una reunión de profesionales que a diario protegen y garantizan el bienestar de esta población y cuyas aportaciones recogidas en esta publicación -todos compartiremos- solo se pueden calificar como necesarias.

Así lo pone de manifiesto esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, como miembro fundacional del consejo desde 2015 junto a colegios profesionales, asociaciones; universidades, academias, administración autonómica, entidades provinciales y locales, instituciones públicas, observatorios, federaciones y sindicatos, con los que compartimos la oportunidad de demandar políticas públicas y establecer estrategias ante uno de los mayores retos de esta sociedad: la pobreza infantil, generadora de situaciones de desigualdad y vulnerabilidad.

Si en la primera edición de este encuentro de primavera, bajo el título Abriendo camino hacia un nuevo contrato Social, tuvimos la oportunidad de debatir sobre el devenir -a veces desesperante- de los trámites administrativos para la garantía y protección de los derechos de los menores, en esta ocasión, como ha recogido con acierto el nuevo título, pasamos a la acción.

Este tipo de iniciativas, siempre loables, necesitan de personas y entidades generosas para su organización y es aconsejable no mencionar a unas en detrimento de otras. Ello no obsta a un reconocimiento e infinito agradecimiento a la figura de Rafael Muriel, a quien tanto echaremos de menos, como miembro imprescindible de este Foro y figura clave en el proceso de su creación. Su ausencia nos llevará a tomar el relevo a otros colaboradores -sin duda, bajo la coordinación del inagotable Ignacio Gómez de Terreros- para seguir trabajando en pro de nuevas iniciativas que visibilicen esta cruda realidad, en la línea del exitoso documental ya realizado sobre el impacto de la pobreza en la infancia.

Unidos en este compromiso, os animo a continuar en esta senda de cultura de paz y alianzas para lograr los proyectos y programas que contribuyan a reducir las situaciones de desigualdad y pobreza de la infancia. Ojala, con un nuevo pacto social cohesionado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Equipaje para la libertad”, una iniciativa para la reinserción social de las personas privadas de libertad

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, mantuvo este miércoles, 13 de noviembre, un encuentro con una representación de personas privadas de libertad que han participado en el certamen literario de relatos penitenciarios “Equipaje para la libertad”; una iniciativa de la asociación Zaqueo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

 

Una decena de estos autores, que se encuentran en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, fueron los encargados de exponer una breve reseña de sus relatos, auténticos testimonios de vivencias, duros y desgarradores, pero también de esperanza y de segundas oportunidades, como ellos mismos resumieron.

 

En su intervención, el Defensor del Pueblo Andaluz hizo una breve exposición de sus impresiones destacando algunos aspectos de cada una de estas historias. Así, el “grito” de los relatos de Abraham sobre la responsabilidad que cada uno tiene para cambiar, no juzgar y aprovechar las oportunidades; los dos relatos de Moisés que describen con humor y humanidad el día a día de la cárcel y el amplio abanico de personas que en ella habitan; el amor que nos relata Francisco, o la dura historia del que no está ni quiere estar en el sistema, donde su autor deja entrever el mundo hostil del que viene y que lo ha ido forjando.

 

También relatos de unos y otros escritos sobre el valor de la “libertad”, ya sea como historia o poesía por parte de Antonio; ya sea reivindicativa y de propuestas de mejora por parte de Juan Manuel.

 

Finalmente, otras obras hablan de la fuerza y necesidad de cambio, como las conmovedoras historias de Santiago y Antonio sobre el potencial que todos tenemos para cambiar-podemos elegir entre el bien o el mal- ¿tú que eliges?, se preguntan. De la posibilidad de cambio personal también habla Antonio en su relato sobre el flamenco, apostando por su potencial para hacernos mejor persona, para reclamar ayuda y medidas de las administraciones, que potencien este Patrimonio Inmaterial como fuente de empleo de las personas, sobre todo, en las cárceles.

 

El Defensor concluyó recuperando una reflexión de uno de los internos sobre el trabajo profesional de las entidades que trabajan con este colectivo para poner en valor esta iniciativa que ya ha convocado su segunda edición, con la colaboración del Ayuntamiento.

 

Proyectos como este, dijo el defensor, contribuyen a cumplir con el mandato constitucional para las penas privativas de libertad, recogido en el artículo 25.2 de la Constitución y referido a la reeducación y la reinserción social. “La reducción de la reincidencia es fundamental para construir sociedades inclusivas y sostenibles, tal y como se contempla en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dijo Jesús Maeztu.

 

La reunión tuvo lugar en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde el defensor estuvo acompañado del director del centro, y parte de su equipo, además de otras personas internas y una representación de las entidades que conforman la plataforma EnRedes con las que posteriormente mantuvo un encuentro.

 

  

 

 

Conocemos los retos y líneas de actuación de las entidades que defienden los derechos de la población penitenciaria

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión en el centro penitenciario de Morón de la Frontera con entidades que defienden los derechos de las personas privadas de libertad para abordar retos y líneas de actuación.

Este encuentro se enmarca en la línea de colaboración de la Institución para analizar los recursos públicos que se implementan en las prisiones andaluzas a fin de facilitar la reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad, al igual que la reunión mantenida la pasada semana en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz González.

Esta colaboración ha permitido que durante los últimos años la Defensoría del Pueblo andaluza haya mantenido reuniones en los centros penitenciarios, tanto con los equipos directivos como con los equipos técnicos, así como con el tercer sector que colabora con distintos programas de subvenciones públicas en las prisiones, y que complementan las quejas que recibimos de las personas en prisión.

Esta información permite a la Defensoría priorizar actuaciones de oficio para tener un mayor conocimiento sobre la implementación de las distintas políticas públicas como es las relativas a los efectos que sobre la población penitenciaria tiene la dualidad de dos sistemas sanitarios, la atención a la drogadicción y las adiciones o la gestión de las valoraciones de discapacidad de quienes se encuentran en prisión.

El Defensor ha conocido las aportaciones expuestas por la Red de Entidades del Entorno Penitenciario de Sevilla, EnRedes, para mejorar las condiciones de vida y defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad privadas de libertad. Entre otros retos, EnRedes ha destacado la necesidad de desarrollar estrategias para la inclusión de personas inmigrantes; abordar la salud mental y la discapacidad; estrategias para prevenir el sinhogarismo en personas ex reclusas; la defensa de la reinstauración del subsidio por excarcelación y, en su caso, agilizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), asegurar el transporte a los centros penitenciarios, y el fomento de la inclusión laboral.

Trabajamos con el alcalde de Cádiz asuntos de interés para la ciudad

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, se han reunido hoy para trabajar sobre asuntos de interés para la ciudad. Entre otras cuestiones, han abordado la situación de las personas sin hogar, asunto del que la Defensoría se viene ocupando.

El alcalde de Cádiz ha detallado la previsión de plazas disponibles y otras medidas para dar cobertura a imprevistos, al tiempo que el Defensor ha advertido sobre posibles mejoras en el plan de acogida de acuerdo a la experiencia de esta Institución en el tratamiento de estas atenciones.

Otro asunto abordado ha sido la queja abierta por el Defensor a los municipios andaluces en los que se interesa por la configuración de los servicios sociales comunitarios.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a Torremolinos y Fuengirola para la atención presencial a la ciudadanía

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza el jueves 28 de noviembre a Torremolinos y el viernes 29 a Fuengirola para atender presencialmente a la ciudadanía.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

La atención se ofrecerá en Torremolinos el jueves 28 en el Palacio de congresos, calle México número 3, y en Fuengirola al día siguiente, viernes 29 de noviembre, en la tenencia de Alcaldía de Boquetillo, calle Miguel Bueno sin número.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de carácter social y con los Servicios Sociales Comunitarios de la comarca.

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