Alerta por correo electrónico de las novedades

La persona reclamante exponía lo siguiente:

“(...) PRIMERO.- Que es co-adjudicatario, junto con sus hermanos ..., ..., ... y ..., de la vivienda de la promoción ... en Avda. ..., finca registral ..., vivienda letra ..., tipo ..., en la planta ..., del portal ..., bloque ..., por acuerdo con ese Excmo. Ayuntamiento de fecha 07 de marzo de 2012. (…)

SEGUNDO.- Que dicho convenio fue ratificado por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena en la sesión de Pleno Ordinario celebrada el 30 de Marzo de 2012, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo el convenio suscrito, puesto que aún no se ha transmitido formalmente la propiedad de la vivienda, ya que el Ayuntamiento no ha cancelado la carga que pesa sobre la misma, que al parecer continúa a nombre de SODEFESA, ente instrumental del Excmo. Ayuntamiento que consta como beneficiaria de la expropiación. (…)

TERCERO.- Que hasta la fecha, esta parte no ha recibido el Acta de Ocupación y Pago, a pesar del tiempo transcurrido, con el perjuicio que ello conlleva, ya que por un lado, se está haciendo cargo de los costes de mantenimiento de la vivienda, y por otro lado, no puede disponer de la misma, al no constar como propietarios de la vivienda.

Por lo que se reserva el Derecho de Reclamar contra el Organismo competente junto con los intereses de demora. (…)

CUARTO.- Por lo que al amparo de lo dispuesto en los Arts.55, 60 y ss del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, REQUIERE AL EXCMO AYUNTAMIENTO para que continúe con el procedimiento y proceda a entregar al compareciente y a los otros co-adjudicatarios, el Acta de Ocupación y Pago de la vivienda sita en promoción ..., en Avda. ..., finca registral ..., vivienda letra ..., tipo ..., en la planta ..., del portal ..., bloque ...

QUINTO.- Que con fecha 12 de julio de 2017 ya se le hizo un requerimiento similar sin respuesta oficial alguna por parte de ese Excmo. Ayuntamiento.

Por todo lo cual,

SOLICITO al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE que proceda a la continuación del procedimiento expropiatorio iniciado por Convenio de 7 de marzo de 2012, como se solicita en el cuerpo de este escrito, por ser de Justicia que respetuosamente pido en Mairena del Aljarafe, a 19 de abril de 2021.”

Admitida la queja a trámite solicitamos informe al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que en su respuesta nos comunicó lo siguiente:

“(...) efectivamente el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe inició en el año 2007 expediente expropiatorio de la finca registral ..., incluida en la actuación ... “...“ de este término municipal y que son ciertos los datos y las fechas que constan en los antecedentes de este informe en relación a la suscripción de convenio de mutuo acuerdo expropiatorio y acuerdo de aprobación por el Pleno de la Corporación de la finca registral ...

Que en la citada expropiación la beneficiaria de la misma era la entidad ..., sociedad mercantil de capital público, mayoritariamente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Que dado que la citada entidad era la beneficiaria de la expropiación, procedió en su día a la ejecución de 68 viviendas en Avda. … con la intención de permutarlas por lo que constaban las mismas inscritas a su nombre en el registro de la propiedad n.º … de Sevilla.

Que la finca con la que se permutaba la finca registral expropiada se trata de la registral ... sita en Avda. ..., vivienda letra ..., tipo ... de la planta … del portal ..., bloque ...

Que sobre la citada finca pesaba una carga hipotecaria a favor de ... (hoy ...), por un principal de 72.161 euros.

Que por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de mayo de 2020 se acordó la liquidación de la entidad ...

Y el 10 de junio de 2020 se formaliza escritura de elevación a público de acuerdos sociales (disolución y cesión) protocolo .... Posteriormente, se protocoliza escritura de rectificación y complementación de escritura …, protocolo ..., de fecha 17 de julio de 2020 y escritura de cumplimentación y aclaración de la escritura ... y ... de protocolo ... de 17 de septiembre de 2020, por las que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe adquiere la titularidad de los bienes que con anterioridad correspondían a ...

Sendas escrituras quedan inscritas en el registro de la propiedad n.º ... de Sevilla con fecha 3 de marzo de 2021.

Dada la demora que se ha producido en el formalización e inscripción de las fincas, no es hasta el 1 de julio de 2021 cuando por este Ayuntamiento se procede al pago del importe pendiente de la hipoteca.

Consta en este expediente, certificado de deuda cero emitido por la entidad bancaria con fecha 13 de julio de 2021 para proceder a la cancelación de la carga en el registro de la propiedad y posteriormente, a la formalización del correspondiente acta de ocupación y pago.”

Considerando con esta información que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución afectante a la falta de resolución expresa respecto al recurso de reposición presentado con fecha 15 de febrero de 2019 ante la administración, la Gerencia de la Agencia Tributaria de Sevilla, nos adjunta la resolución del recurso potestativo de reposición de fecha 15 de octubre de 2019, notificada con fecha 11 de noviembre de 2019 de forma colectiva, con lo que se puso fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja.

Por ello, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a nuestra petición de que se adoptaran las medidas que se estimaran procedentes para que demoras tan notables quedaran subsanadas, así como que, concretamente en este expediente de queja se nos mantuviera informados de las posteriores decisiones que se impulsaran en orden a la restauración de la legalidad urbanística, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se realizaran cuantas actuaciones fueran necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por la persona interesada, fueran objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de la ciudadanía que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

Ello suponía que esa Alcaldía debía implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se dieran todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedieran.

En la respuesta emitida se indicaba que se habían seguido las siguientes actuaciones.

“Con fecha 21/01/2019 (nº registro ...) y siendo necesario determinar con carácter preliminar si concurrían o no las circunstancias que justificasen la incoación de expediente, se solicitó a la Policía Local, la formulación de acta de Inspección al objeto de verificar los hechos objeto de denuncia. Así se le comunicó al Sr. ... mediante escrito de fecha de salida 26/02/2019 (registro nº …).

La policía Local remitió a esta Gerencia Municipal de urbanismo con fecha 01/04/2019 (registro nº ...) el acta de inspección urbanística número … por la que se denunciaba a D. ... la "construcción de trastero en plaza de cochera n° ... del edificio sito en C/ ... ocupando espacio de la plaza de aparcamiento de unos 2,5 m2 (bicicletero), utilizando paneles de madera y puerta metálica."

Con fecha 22/05/2019 y al objeto de determinar si procede o no la incoación de procedimiento de protección de la legalidad urbanística, se ha solicitado a la Oficina técnica del Servicio de Inspección Urbanística el correspondiente informe urbanístico sobre si la citada construcción es o no autorizable.

Con fecha 02/09/2021 ha sido emitido informe por el arquitecto del Servicio de Inspección Urbanística, poniendo de manifiesto que:

«... El artículo 33.3 de las Ordenanzas Reguladoras del referido PERI SC-2A establece la necesidad de reservar un número mínimo de plazas para aparcamiento de bicicletas igual al reservado para vehículos.

Por consiguiente, tanto la obra ejecutada como el cambio de uso de bicicletero a trastero, son incompatibles con la normativa urbanística en vigor, no siendo posible su autorización.

TIPO DE LA INFRACCIÓN

Visto lo anterior, las obras denunciadas constituyen a juicio del técnico que suscribe una infracción en materia de edificación y uso del suelo (artículo 218 de la LOUA), toda vez que contradicen determinaciones de la ordenación urbanística aplicable en materia de usos ...»

En base al citado informe con fecha 06/09/2021 se ha dictado Resolución por el Sr. Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, por la que se ordena el inicio de procedimiento de protección de la legalidad urbanística mediante la medida de reposición de la realidad física alterada.”

Considerando que el Ayuntamiento de Córdoba había aceptado los contenidos esenciales de la Resolución que dictó esta Institución, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja el interesado nos exponía que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, no había dado respuesta al recurso potestativo de reposición interpuesto por habérsele denegado la ayuda al Régimen de Pago Básico, correspondiente a la campaña del año 2015.

Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta de dicha Dirección General.

Admitida a trámite la queja a fin de que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible procediese a responder al interesado, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular Resolución en la que recordamos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el recurso potestativo de reposición presentado por la persona promotora de la queja.

Tras esta resolución, la Consejería nos informó que con fecha 25 de noviembre de 2021 fue resuelto el recurso potestativo de reposición y notificada dicha resolución con esa misma fecha.

Con ello entendimos que el problema de fondo, la falta de resolución del recurso, se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La persona interesada manifestaba lo siguiente:

"1º Estando mi pareja (...) y yo (...) aislados en casa por Covid diagnosticado, nos desplazamos de urgencia el día 2/2/21 al Hospital Virgen del Rocío por empeoramiento de síntomas. Mi pareja se queda ingresado y yo vuelvo a casa para continuar con mi aislamiento, dejando el coche correctamente estacionado en zona libre de aparcamiento en la C/Betis (a la altura de Abades).

2º El día 15/2/21 finaliza nuestro aislamiento domiciliario (según prescripción médica). Fuimos a buscar el coche esa noche y no estaba. La policía nos informa de que el día 4/2/21 se colocó una señal temporal para la celebración de un evento privado (Yamaha en Abades) y que el día 8/2/21 el vehículo fue denunciado y llevado al depósito. A nosotros no se nos notificó absolutamente nada.

(...)

Solicita la devolución íntegra del importe pagado en concepto de retirada de vehículo con grúa y estancia en depósito. El importe total es 230,95 euros (…)."

Manifestaba que con fechas 3 de marzo y 20 de abril de 2021 dirigió sendos escritos al Ayuntamiento de Sevilla, sin haber tenido contestación.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla en relación a las señalizaciones efectuadas en la calle Betis con ocasión del evento denominado "Yamaha Abades" en el mes de febrero de 2021.

En el informe recibido se indicaba que con fecha 20-4-2021 la persona interesada presentó recurso de reposición, alegando la falta de resolución del mismo. Examinado el recurso y tras la valoración de las pruebas presentadas se había propuesto al órgano competente la estimación del mismo, resolución que le sería enviada a su domicilio en próximas fechas.

En vista de lo anterior, considerando que el asunto planteado se encontraba solucionado,dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibía comunicación de un vecino de Jaén exponiendo que, en octubre de 2020, inscribió a su hija en un curso de los ofertados por la Universidad Popular Municipal de Jaén.

Los cursos fueron suspendidos debido a las restricciones adoptadas a causa de la crisis sanitaria del COVID-19, habilitándose un procedimiento para la devolución de los importes abonados. El interesado presentó solicitud de devolución en noviembre de 2020 y tuvo que completarla hasta en cuatro ocasiones.

En abril de 2021 le indicaron por correo electrónico, en respuesta a su petición, que el número de personas afectadas había dificultado la gestión de las devoluciones y se comprometían a abonarle la parte correspondiente a su matrícula a la mayor brevedad posible.

A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, no le habían devuelto el importe del curso solicitado.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Jaén que nos informó de que había sido emitida Resolución de reconocimiento de cantidades a favor del solicitante, y que próximamente le sería reintegrada en su totalidad la cantidad adeudada, dentro de las dificultades que el gran volumen de afectados había generado.

Entendimos que el asunto motivo de queja se encontraba en vías de ser solucionado, por lo que procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte, referente a discrepancia con el contenido de la Orden de 8 de junio de 2021, conjunta de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se determina la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por entender que una parte de los Asesores/as que venía interviniendo en los procedimientos de acreditación de competencias (convocados por el IACP), son excluidos.

Recibido el informe interesado a la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, se deduce que la Administración ha aceptado la pretensión planteada en la presente queja, en el sentido de que se ha dado respuesta a la cuestión que en la misma se suscitaba.

Como en el informe se indica, tras solicitar el 8 de noviembre de 2021 un informe a la Unidad Administrativa competente para su tramitación, esto es, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, dicha Dirección General les remite un informe de fecha 12 de noviembre pasado, evacuado por el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales -órgano dependiente de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación-, sobre la tramitación de este escrito de queja y sobre el proceso de información pública de la norma.

Del conjunto de la información recopilada en este expediente y en otro de similar pretensión, se extrae como consecuencia que, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 133, y según la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 45, se vienen a establecer el trámite de información pública en el procedimiento de tramitación normativa, sin recoger la obligación de comunicar expresamente a las personas que presenten alegaciones en dicho trámite el resultado de su aportación, por lo que éste es el motivo por el cual no se ha realizado tal comunicación a la pluralidad de personas intervinientes en el trámite.

A su vez, la Administración de empleo señala que esas alegaciones fueron tenidas en cuenta, incluyendo la participación de los profesionales expertos en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. En este sentido, afirma la Administración que, además de este escrito de queja, se recibieron escritos de otras personas redactados en los mismos términos, y se ha dado respuesta a sus demandas introduciendo modificaciones a la redacción inicial de la normativa en cuestión, resultando el literal que se transcribe de la Orden de 8 de junio, conjunta de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y la de Consejería de Educación y Deporte, por la que se determina la organización y la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no formales deformación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como resultado de esas y otras alegaciones realizadas al proyecto de Orden, y de la modificación introducida por el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.

Y en este punto, debemos incidir en lo manifestado en su informe por la Administración implicada, “...En relación con la participación de los profesionales expertos en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales, que es el punto de interés del reclamante, la Orden de 8 de junio de 2021 sí recoge la participación de estos profesionales, quedando regulado en su articulo 30 "Selección, 3 nombramiento y retribuciones de las personas asesoras y evaluadoras", especialmente en los apartados 3 y 4 que se transcriben:

3. Las personas evaluadoras que formarán parte de las comisiones de evaluación por los colectivos de formadores y formadoras especializados y de profesionales expertos del sector productivo, serán seleccionadas por el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales entre las que figuren en la base de datos de personas asesoras y evaluadoras.

4. Con carácter extraordinario, la Administración de la Junta de Andalucia podrá recurrir al registro nacional de personas habilitadas para atender aquellas plazas vacantes de personas asesoras y evaluadoras que no se hayan podido cubrir con las personas registradas en Andalucía.”

Para finalizar, en cuanto al fondo del asunto suscitado, recordar, que el procedimiento correcto ante una discrepancia normativa es impugnar dicha Disposición legal ante el órgano que la ha dictado, fundamentando los artículos y/o apartados de la misma que se entienden pudieran conculcar derechos, algo que no es competencia de esta Institución llevar a cabo por cuanto no apreciamos ese tipo de irregularidad en la Orden objeto de su denuncia. La mera disconformidad con una normativa legalmente dictada, esto es, con el Sistema legal vigente, no puede, por sí sola, motivar la intervención de esta Institución, e igualmente cuando las cuestiones planteadas afectan, como ocurre en el presente caso, a las potestades regulatorias de las Administraciones públicas, esta Institución debe respetar dicha facultad, debiendo ajustarse en su labor de supervisión de las mismas a constatar que sus actuaciones no son contrarias a las normas jurídicas que resulten de aplicación.

En este sentido, los criterios por los que se determina la organización y la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no formales deformación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan en la actualidad en la Orden de 8 de junio de 2021, conjunta de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y la de Consejería de Educación y Deporte, con la que Vd. discrepa.

En todo caso, y en relación con la participación de los profesionales expertos en la fase de asesoramiento,el artículo 30.2 de la citada Orden de 8 de junio de 2021, recoge lo siguiente:

“2. Si no existiese en el centro sede profesorado para participar en el procedimiento con la habilitación requerida para asesorar o, en su caso, evaluar la unidad de competencia objeto de acreditación, la persona que ejerce la dirección del centro solicitará al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales la designación de otras personas que figuren inscritas en la base de datos de personas asesoras y evaluadoras.”

Por lo que el precepto citado de la Orden en cuestión sí recoge la posibilidad de que los profesionales expertos puedan participar en la fase de asesoramiento, aunque el Real Decreto 1224/2009, de 17 de juIio, y su posterior modificación mediante el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, sólo garantiza la participación de los profesionales expertos en las Comisiones de Evaluación, según dicta su artículo 27.1.

Por tanto, el Instituto Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, en los casos en los que sea procedente o sean requeridos, designará a los profesionales expertos del sector productivo en cuestión que figuren en la base de datos de personas asesoras y evaluadoras, para su participación en las Comisiones de Evaluación o en la fase de asesoramiento.

Comparecía en esta Institución un vecino del municipio jienense de Castellar, mediante escrito en el que nos trasladaba que venían sufriendo desde hacía varios años cortes del suministro eléctrico en el municipio y en el resto de la comarca del Condado de Jaén. Explicaba que se producían de forma continua a lo largo del año y tenían una duración que iba desde algunos minutos hasta varias horas e incluso días. Solicitaba nuestra intervención alegando que los cortes no eran bajo ningún concepto "ocasionales", sino que eran "continuos, sistemáticos y recurrentes".

También exponía en su escrito que en la localidad cuentan con un pésimo servicio de telefonía, sufriendo cortes en la línea telefónica, fija y móvil, también desde hacía varios años y de forma continuada.

Señalaba que ni las quejas reiteradas de los ciudadanos ante las compañías responsables de ambos suministros, ni la de los propios alcaldes de las poblaciones afectadas (Comarca del Condado de Jaén) habían conseguido que tanto Endesa como Telefónica solucionasen las graves carencias de sus servicios.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de Endesa y de Telefónica-Movistar para que nos informasen sobre los hechos denunciados, en lo referente a sus suministros respectivos, así como de las actuaciones que, en su caso, estuvieran previstas llevar a cabo para la solución de los asuntos en cuestión.

En respuesta a nuestra petición de colaboración la compañía Telefónica-Movistar nos informó de varios aspectos de los distintos cortes producidos durante el año 2021, indicando que se trata de “una zona muy castigada por causas diversas, pero no se encuentra una causa común que haya producido los cortes. Han sido cortes de no mucha duración, pero sí, con servicio afectado.”

También nos indicaba que se proponía “un estudio más a fondo con el fin de subsanar las posibles incidencias y mejorar en la medida de lo posible la calidad del servicio prestado.”

Entendíamos que el problema de los cortes en el suministro de telefonía estaba en vías de solución.

Respecto a la cuestión de los cortes de luz, la distribuidora Endesa nos informó de que “los distintos ayuntamientos de la zona (Castellar, Santiesteban, Aldea Hermosa, etc...), tienen conocimiento de la futura implantación de una nueva subestación eléctrica en el término municipal de Santiesteban que mejorará sustancialmente la calidad del suministro”.

Entendimos que este problema también se encontraba en vías de solución, toda vez que la compañía tenía previsto realizar una medida de mejora de la calidad del suministro, por lo que cancelamos actuaciones en el expediente de queja y procedimos a su archivo.