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En esta Defensoría se tramitan expedientes de queja en los que sus promotores solicitan nuestra intervención por las dilaciones en la resolución de su Prestación No Contributiva (PNC).
Tras el estudio de la documentación e información remitidas en la tramitación de los mismos, consideramos preciso formular Resolución en base a los antecedentes y fundamentos expuestos a continuación
ANTECEDENTES
1.- En esta Institución compareció la persona promotora del expediente objeto de resolución, D. (...), exponiendo que había registrado reclamación a la resolución denegatoria de su Pensión No Contributiva el 9 de agosto de 2024, y que habiendo pasado el plazo legalmente establecido no se le había dictado resolución.
2.- Una dilación que, según se constata por la documentación aportada por esa Delegación, se reproduce también en el expediente de queja 24/7940 a instancia de Dª (...) con DNI (...), y en el 24/4856 cuya promotora es Dª (...), provista con DNI (...).
3.- Tras pedir informe a esa Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Málaga en relación a la queja de referencia de esta Resolución, la 24/6508, nos exponen que “actualmente existe demora en la resolución de los procedimientos de reclamación, la cual se está tratando de reducir mediante la implementación de medidas de carácter estructural que permitan la reducción de los tiempos de tramitación de forma estable tales como la robotización de los procedimientos y la optimización de los procedimientos mediante la implantación de planes de acción internos”. Una respuesta en similares términos que las otras dos quejas antes relacionadas.
Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución en base a los referidos antecedentes, conviene realizar a su Delegación las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza en su artículo 31 el derecho a una Buena Administración, el cual comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a la ciudadanía, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.
Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.
El desarrollo del derecho a una buena administración de las personas implica la obligación de debido cuidado o diligencia debida en su actuación, estableciendo así un determinado estándar jurídico obligatorio al tomar decisiones administrativas, especialmente si estas implican el ejercicio de direccionalidad.
Así, el derecho que tiene la ciudadanía a recibir respuesta de la administración en el plazo establecido no puede verse perjudicado por la carencia de medios materiales y humanos que pueda tener el órgano administrativo responsable de dictar una resolución debidamente motivada que permita, en el caso de no ser favorable, el ejercicio de los derechos que les asista.
En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo cuando señala con contundencia que el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos, por exigencia constitucional (arts. 9.1, 9.3, 103.1 y 106 CE).
SEGUNDA: De la normativa reguladora de las Pensiones No Contributivas.
Hemos de poner de manifiesto que la protección y atención a aquellos que se encuentran en situación de necesidad, por carecer de ingresos o rentas suficientes para cubrir sus necesidades, es seña de identidad de un Estado Social siendo que en el art.1 de nuestra Constitución se establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Esta protección garantizaría la dignidad de las personas, recogida en el Título I De los Derechos y Deberes Fundamentales de nuestra Carta Magna y por lo tanto deben encontrar desarrollo en nuestro marco normativo.
Así en el art. 41 se encomienda a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones necesidad.
En cumplimiento de este mandato constitucional el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas prevé que todas las personas que carezcan de recursos suficientes, aunque no hayan cotizado nunca o no cuenten con la cotización requerida podrán acceder a una prestación contributiva.
Estas prestaciones de jubilación o invalidez no solo consisten en una cuantía económica mensual sino que también garantizan asistencia médico-farmacéutica incluyendo tanto al beneficiario como a los familiares convivientes convivan y, como decíamos con anterioridad, nacen para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la atención a situaciones de necesidad.
En cuanto a las competencias de la Junta de Andalucía para resolver estos expedientes, se contempla en el art. 7 del Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, se mantienen las competencias atribuidas a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, así será la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones la responsable en materia de prestaciones de:
a) La coordinación y gestión de la renta mínima de inserción social.
b) La gestión de prestaciones económicas periódicas de naturaleza no contributiva y asistencial, que en materia de servicios sociales hayan sido transferidas a la Comunidad Autónoma por la Administración General del Estado, y complementos a las mismas que puedan ser establecidos por la Comunidad Autónoma.
c) La gestión económica, tramitación y resolución de las prestaciones asistenciales.
Unas competencias que, en este caso, se ejerce a través de las Delegaciones Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Málaga.
En cuanto a los plazos para dictar resolución, el Real Decreto 286/2003 de 7 de marzo establece los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, siendo de 90 días los que corresponden a las resoluciones de las prestaciones no contributivas.
Respecto a la resolución de las reclamaciones previas, en cumplimiento del art. 71.5 de la Ley 36/2011 deberán ser resueltas en el plazo de cuarenta y cinco días.
Pese a ello, la resolución de estos expedientes acumula retrasos de meses con los graves perjuicios que los mismos ocasionan en hogares en una situación de precariedad económica.
TERCERA.- Del derecho del interesado a conocer una fecha aproximada en la que se resolverá su expediente.
El artículo 53.1.a) de la LPAC recoge el derecho que tiene el interesado a “conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos
en los que tengan la condición de interesados”.
En este sentido, debe indicarse que, tal y como se desprende del informe mencionado, que “las prestaciones se estaban resolviendo en un plazo de diez a onces meses desde que se presentara la solicitud”.
Cada vez son más las personas que nos solicitan saber la fecha aproximada en la que se resolverá su solicitud, una información a la que tienen derecho y que está muy relacionada con el principio de la transparencia pública de la Administración y, por ende, con el ejercicio por parte de ésta de una buena administración y de un actuar con la debida diligencia.
Al menos, así viene recogido en el preámbulo de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía que, concretamente, expone: “Mención especial merece la relación de la transparencia con el derecho a una buena administración reconocido en el artículo 31, que comprende el derecho de todos ante las administraciones públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable”.
Por todo lo anteriormente expuesto, así como conforme a los principios recogidos en la consideración primera de la presente Resolución y la Jurisprudencia dictada al respecto, entiende esta Defensoría que cuando el interesado/a en un expediente solicite la fecha aproximada en la que recibirá la resolución, la Administración debe proporcionarla, aunque sujeta a oscilaciones y fluctuaciones.
Todo ello, poniendo de manifiesto que nadie tiene más fácil acceso que la propia Delegación Territorial a los datos relativos al volumen de expedientes en tramitación, así como el personal técnico y administrativo con el que cuenta.
En definitiva, se trata de una forma de actuar que respondería al principio de proximidad a los ciudadanos, un principio de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía que ha de implicar ponernos en el lugar del otro y, por lo tanto, entender la necesidad que tienen los solicitantes de saber la fecha aproximada en la que se va a resolver su procedimiento.
En consecuencia, dada la vulnerabilidad en la que se encuentra los/as interesados/as en los expedientes reseñados en esta resolución y teniendo en cuenta las dilaciones e incidencias en la tramitación de sus solicitudes, que pueden llegar a ocasionarles graves perjuicios y favorecer la cronificación de su situación de exclusión, es por lo que, de conformidad a lo contemplado en el art. 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.
RECOMENDACIÓN 1 para que a la mayor brevedad posible se proceda a la resolución expresa de los expedientes indicados, toda vez que se han superado los plazos legalmente previstos.
RECOMENDACIÓN 2 de carácter general, para que se analicen las causas que impiden que se resuelvan en plazo tanto las reclamaciones previas en los expedientes de PNC como la resolución de las propias prestaciones, así como las medidas que pueden contribuir a cumplir con la normativa en vigor, dando cuenta de ello a la Defensoría.
RECOMENDACIÓN 3 para que en el caso de que los interesados soliciten la fecha aproximada en la que recibirán resolución expresa, se les de respuesta en amparo a los derechos que le asisten, dado que solo la Delegación Territorial conoce el volumen de expedientes pendientes de resolver, así como los medios técnicos y humanos de los que dispone.
Es esta una resolución que está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y en particular con el ODS 1, que persigue que quienes se encuentran en situación de pobreza puedan tener los mismos derechos a los recursos económicos, que a su vez les permitan poder mantener los estándares de dignidad de un estado social de derecho, evitando su cronificación.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz
