Alerta por correo electrónico de las novedades

La operadora de telefonía rectifica y anula la deuda en concepto de permanencia que reclamaba a la promotora de queja.

La parte promotora de la queja exponía que con fecha 27/10/2016 había solicitado alta con Vodafone y al mes solicitaba la baja por su malestar por la gestión y el servicio recibidos de la compañía.

Refería que el contrato que firmó no tenía permanencia, pero que aun así le reclamaban una deuda que correspondería a dicho concepto.

Asimismo, habiendo reclamado por este asunto ante el Servicio de Consumo en Granada, no había recibido ninguna información sobre la tramitación de su reclamación.

Interesados ante los organismos afectados, recibimos informe de Vodafone en el que nos indican que tras la revisión del expediente han realizado una factura rectificativa correspondiente a todas las cuotas facturadas desde noviembre de 2016 a junio de 2017. Anulando así la deuda que se le estaba reclamando a la parte promotora de la queja.

Por su parte, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acredita haber enviado acuse de recibo de la reclamación a la interesada y cursado las peticiones oportunas a la empresa reclamada, recibiendo finalmente la misma respuesta de la que se daba traslado a la promotora de queja.

Dado que el asunto planteado se encuentra solucionado, se procede al cierre del expediente.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio para conocer si el Ayuntamiento de Sevilla iba a presupuestar la redacción de un plan programado para auditar la eficacia y riesgos del carril bici de Sevilla, así como la eliminación de los “puntos negros” en su recorrido.

En la misma se formuló resolución en la que se sugirió al Ayuntamiento que siguiera apostando por la mejora y ampliación del carril bici, que tomara en consideración las propuestas de las asociaciones que defienden el uso de la bicicleta para eliminar los puntos peligrosos o conflictivos de su trazado, que adoptara medidas para invertir la tendencia de disminución de los usuarios de este tipo de transporte dada su incidencia en el modelo de sostenibilidad de nuestras ciudades y, por último, que retomara los contactos con la Junta de Andalucía para que se hiciera realidad la pasarela ciclo peatonal sobre la SE-30, que debía estar debidamente conectada a la red ciclista de la ciudad. Como respuesta a esta resolución, el Ayuntamiento nos indicó expresamente que aceptaba su contenido, pero no concretaba las intervenciones y obras de mejora en las que podría traducirse dicha aceptación, por lo que interesamos un nuevo informe para que nos indicara las mismas.

En su respuesta, la Tenencia de Alcaldía de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo nos dijo, en síntesis, en qué se concretaban las actuaciones previstas, que se enmarcaban, en lo substancial, en la redacción del Programa de la Bicicleta 2016-2020, que recoge diversas actuaciones para incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, así como un estudio pormenorizado del estado de conservación de los carriles bici (que servirá para programar las actuaciones y dotarlas económicamente y subsanar las patologías que se detecten). A ello se añadía el contrato de mantenimiento en vigor que, para el corriente ejercicio 2017, introducía diversas mejoras, como una plataforma de gestión integral del servicio de mantenimiento y un aumento de su presupuesto.

Por último, ante el descenso del número de usuarios del servicio de alquiler de bicicletas, Sevici, se anunciaba una posible modificación de la tipología de los abonos para dar respuesta a la demanda existente y de sus precios.

Así las cosas, esperando que el citado Programa de la Bicicleta, cuyo periodo de vigencia ya había transcurrido parcialmente, fuera impulsado y ejecutado con eficacia y ello conduzca a una mejora apreciable del estado de los carriles bici, dimos por concluidas nuestras actuaciones, entendiendo aceptadas nuestras sugerencias dado que, por otra parte, nos constaba el proceso de puesta en funcionamiento de la pasarela ciclo peatonal sobre la SE-30.

Una funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales, de la Administración de la Junta de Andalucia, con destino definitivo en la Gerencia Territorial de la Agencia Tributaria de Andalucia en Granada, denunciaba la demora por parte de los responsables del centro de trabajo en disponer las medidas necesarias para adaptar su puesto de trabajo, por motivos de salud, y de conformidad con los informes emitidos por el Centro Provincial de Riesgos Laborales de Granada de fecha 15 de junio de 2010 y 7 de julio de 2010. Lo anterior, a pesar de los reiterados escritos y gestiones realizadas ante los responsables del órgano territorial e informes del propio Asesor Técnico de Prevención de Riesgos laborales.

Entre otras cuestiones, la interesada denunciaba las condiciones de la estancia o zona de trabajo (reducidísima, sin ventana), mobiliario inadecuado (mesa pequeña imposible poner equipo y útiles necesarios, sillón no se ajusta a lo prescrito, aparato de aire acondicionado encima de la cabeza, consiguiente el chorro de aire da directo y, si no se enciende, asfixia...).

Debido a la situación en la que desempeña sus funciones, la interesada afirmaba que todo lo descrito incidía negativamente en su salud y en su trabajo, teniendo que tener periodos de bajas y visitas constantes al médico. Además del porcentaje de discapacidad física que ya padece, la pérdida de visión con carácter irreversible por estar mal ubicada y persistir en la mala ubicación, sin motivo alguno, le seguiría produciendo más pérdida de visión.

Asimismo, señalaba la funcionaria que, aunque la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública ha estimado la adaptación, tuvo que interponer Recurso pues cada vez se encontraba peor y sin adoptarse las medidas necesarias.

Solicitado informe de la Agencia Tributaria de Andalucía y a la Secretaría General para la Administración Pública, se nos remiten, en ambos casos, dando respuesta a todas las cuestiones planteadas por lo que, consideramos que por los departamentos afectados y por el órgano competente en materia organizativa y de personal, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, se han adoptado todas las medidas posibles para adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de la funcionaria interesada.

La tramitación del presente expediente de queja de oficio 16/6287 ha permitido realizar un análisis de la situación que pesa sobre los Juzgados del partido judicial radicado en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y que dio lugar a la formulación de una Resolución dirigida a la Consejería de Justicia e Interior con fecha 2017 que ha merecido su contestación formal, conforme dispone el artículo 29.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. Dicha resolución expresaba:

“SUGERENCIA, para que conforme a los criterios acordados por la Consejería de Justicia e Interior, junto a la aportación del Tribunal Superior de Justicia en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, y oído el Consejo General del Poder Judicial, se promuevan todas las iniciativas de impulso y convicción ante el Gobierno de la nación para la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)”.

Con fecha 17 de octubre se comunicó la aceptación de la Sugerencia e incluso se hacían eco de la reciente creación por Real Decreto de un nuevo juzgado para Sanlúcar la mayor. Destacamos la excelente noticia de la creación de un nuevo Juzgado, en concreto del número cinco para Sanlúcar la Mayor; efectivamente el BOE 249, de 16 de Octubre recoge el Real Decreto 902/2017, de 16 de Octubre por el que se crean 92 nuevos juzgados entre los que se encuentra el nuevo órgano salnluqueño.

Desde hace años esta Institución ha venido reclamando esta medida, en perfecta coincidencia con las necesidades objetivas de esa demarcación judicial y que, igualmente, han sido compartidas desde la Consejería. Esta decisión debe venir a reforzar de manera evidente los recursos judiciales del partido y, confiamos, que ayuden a superar una situación ciertamente preocupante que han motivado a lo largo de varios ejercicios diversas intervenciones del Defensor del Pueblo Andaluz.

De su respuesta deducimos que la Consejería, por su parte, despliega las actuaciones necesarias para adoptar las medidas correspondientes de dotación de personal y medios materiales destinados a este nuevo órgano que corroborarán esta mejora aprobada.

Por ello, desde el Defensor del Pueblo Andaluz persistiremos en el seguimiento de la situación de estos Juzgados de Sanlúcar al Mayor de Sevilla y ofreciéndonos para todas las actuaciones que ayuden a la dotación de un sistema judicial eficaz y acorde con el significado de un Estado Social y Democrático de Derecho.