Alerta por correo electrónico de las novedades

La interesada exponía lo siguiente:

“Me dirijo a usted con el fin de exponerle la extrema situación en la que está inmersa mi familia a raíz de un problema médico. Soy madre soltera de dos hijos varones de 13 y 23 años.

El pasado 20 de diciembre mi hijo mayor ... sufrió una grave lesión medular ...

(…)

Yo no tengo trabajo fijo y en mi situación no puedo irme a trabajar fuera como hice el verano pasado, por lo cual mi economía se ha resentido al punto de peligrar hasta la propia vivienda por no poder pagar el alquiler.

Durante esos meses hemos ido tirando con el subsidio por desempleo, 430 euros, más la orfandad de mi hijo pequeño, 195 euros, con lo que apenas cubríamos gastos. Además, el subsidio se terminó en mayo, por lo que ahora sólo contamos con los 195 euros de la orfandad, cantidad que apenas cubre el alquiler. Además, tenemos más de 400 euros de gastos entre recibos y además hay que sumar los gastos de alimentación, con lo cual mi situación es cada vez más difícil.

Para complicarlo aún más vivimos en un cuarto piso sin ascensor, lo que supone una gran barrera para la vuelta a casa de mi hijo.

Desde el Hospital me dicen que tengo que mudarme de vivienda, porque resulta inviable para la silla de ruedas. A mi hijo ya le dan permisos de fin de semana que son muy beneficiosos para su recuperación y un enorme esfuerzo para mi.

Yo no tengo coche y el Hospital no nos pone ambulancia, así que cada vez tenemos que buscar quien nos lleve y traiga a casa.

Al llegar tengo cuatro pisos por delante con mi hijo a la espalda, él es delgado pero con 23 años y 1'75 cms. de altura no es una tarea nada fácil que me tiene la espalda destrozada.

Desde el primer momento estuve en contacto con trabajadoras y asistentas sociales, ellas me dicen que la solución es solicitar la ley de dependencia y la invalidez de mi hijo y gestionamos toda la documentación necesaria y me comentan que la resolución tarda unos 6 meses. Todo esto se gestiona en el mes de enero quedando presentado en el registro con fecha del 5 de febrero del presente.

Con respecto al trabajo hablamos que hasta el mes de mayo podíamos tirar con el subsidio y una pequeña ayuda para el alquiler y que en mayo me pondría en la bolsa de empleo para empezar a trabajar pero hasta la fecha no tengo noticias del trabajo y mi próxima cita con ellos es para finales de julio.

En el Ayuntamiento, servicios sociales, Hospital y demás organismos se limitan a decirme que espere la invalidez y a dependencia pero, y mientras ¿qué hago?, ¿cómo os vamos mantener? y ¿cómo lo hago con las facturas que se van acumulando y los intereses y recargos que generan?.

Cómo puedo buscar una casa nueva adaptada para mi hijo si ni siquiera puedo pagar el alquiler de la que tenemos. Se espera poder darle el alta a mi hijo en los próximos meses y necesito una vivienda adaptada a la silla de ruedas para poder traerme a mi hijo a casa.

(...)”

Ante la situación descrita solicitamos informe al Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre la atención social que se viniera prestando a esta familia en la dramática situación que estaban viviendo. En particular, con respecto a las ayudas y recursos públicos que pudieran tramitarse u ofrecérseles ante su necesidad de empleo, de una vivienda adaptada y de transporte de su hijo al hospital los fines de semana.

De la respuesta remitida podíamos concluir que el Ayuntamiento había venido prestando la colaboración y ayuda necesaria (programas municipales de empleo así como prestaciones económicas en distintos conceptos), por lo que debíamos dar por concluidas nuestras actuaciones al no detectar una actuación de la administración contraria a derecho.

Manifestamos a la interesada, una vez más, nuestro apoyo en las difíciles situaciones que estaban atravesando, aconsejándole asimismo que no perdiera la entereza que había venido demostrando hasta la fecha y que no dejara de colaborar con los servicios sociales comunitarios y otras entidades que les estaban ayudando a superar esta delicada situación.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución relativo a falta de respuesta a recurso de reposición, se ha recibido informe de Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, donde nos trasladan la siguiente información:

“En fecha 24 de abril de 2019 se acordó por la Sra. Presidenta Delegada de esta Agencia, en base a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos de la misma, y en el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 10 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, iniciar de oficio expediente de revocación de la liquidación practicada por esta Agencia en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), correspondiente al municipio de Ronda, identificada con matrícula ….3435, cargo/recibo ...095/169, sujeto pasivo D.

Una vez haya recaído Resolución de Revocación de la liquidación antes citada, se dará oportuno traslado a esa Institución para su conocimiento.”

En dicho informe la Administración nos indica que se notificará la resolución dictada en respuesta a su recurso de reposición.

En consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente a la referida reclamación, a la vista de la información recibida, nos vemos obligados a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Tras múltiples actuaciones ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y valorado el último informe recibido, por más que reconocíamos la complejidad jurídica de la cuestión, consideramos que este asunto no estaba siendo debidamente impulsado con eficacia y celeridad para alcanzar una solución, por lo que seguían privatizados unos terrenos que, de acuerdo con el planeamiento urbanístico municipal, deberían estar destinados a espacios libres por lo que, en definitiva, seguía sin normalizarse la situación urbanística de la zona.

Estimando que, pasados tres años y medio desde nuestra petición de informe inicial, no resultaba de recibo que se indicara que se necesitaba un estudio más en profundidad del asunto, cuando dicho estudio debería haber sido abordado e impulsado las medidas que comprendiera desde hacía varios años, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló Resolución en el sentido de que se realizasen cuantas actuaciones fueran necesarias y procedentes con objeto de que quedase culminado el expediente sin más demoras y tras concretar las cesiones pendientes, fuera posible poner a disposición y disfrute de la ciudadanía el espacio libre.

Como respuesta se nos remitió Certificado de Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de abril de 2019, por el que se tomaba conocimiento del informe jurídico evacuado por el Área de Concertación de la Diputación Provincial y de la resolución de esta Institución, remitiéndose también el anterior informe provincial y el emitido por los Servicios Técnicos Municipales y la Secretaría General de 13 de Noviembre de 2018. En base a todo ello, se acordó seguir las instrucciones establecidas en los mencionados informes sobre la procedencia de cesión de terrenos al espacio libre “Área Pública San Miguel”.

De acuerdo con ello, -como quiera que los referidos informes lo que determinaban, en definitiva, era que, en aplicación del Plan Parcial Hacienda “San Miguel” y del artículo 30.2 del Real Decreto 1093/1997, se realizara la tramitación prevista en el artículo 31 del mismo Real Decreto, a fin de la inscripción en Registro de la Propiedad de la cesión obligatoria del Área libre pública a la que quedaba destinada la parcela en cuestión- entendimos que se había aceptado el contenido de la Resolución formulada por esta Institución ya que el Ayuntamiento pasaba a impulsar la solución definitiva de este problema de forma que la ciudadanía podría disfrutar, cuando culminaran los trámites obligatorios, del espacio libre previsto en el planeamiento.

Así las cosas, como quiera que asimismo había quedado justificadas las razones que impedían la cesión inmediata de sus participaciones por los propietarios y que determinaban que la obtención de los terrenos debía efectuarse de forma completa e integral, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Sin perjuicio de ello, instamos al Ayuntamiento a que prosiguieran con eficacia y celeridad las gestiones que restaban y que culminaran, tras este largo proceso, con la cesión de los terrenos. Mientras ello ocurría, y como se indicaba igualmente en los informes emitidos, se debían evitar todo tipo de actividades no autorizadas en la parcela, haciendo efectivo su cese tras las inspecciones que procedieran y el cierre de las instalaciones en el caso de que existieran circunstancias que pusieran en peligro la seguridad de las personas.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Montellano a nuestra petición de que se nos mantuviera informados acerca de si, tras las posteriores actuaciones realizadas, se había podido ya identificar a la entidad bancaria propietaria del solar colindante con el domicilio del reclamante, si se le había remitido la oportuna orden de ejecución de obras y, en tal caso, si había procedido a dar cumplimiento a lo ordenado, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se realizasen cuantas actuaciones fueran necesarias con objeto de que fuera identificada la propiedad del solar y pasara a encontrarse en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, cesando las molestias que afectaban al reclamante.

En la respuesta del Ayuntamiento se informaba de las gestiones desarrolladas para contactar con el propietario del solar señalando que, finalmente, se comprobó que había sido objeto de embargo por una entidad bancaria. Se añadía que se habían puesto en contacto con la oficina local de dicha entidad bancaria para conseguir una dirección a la que enviar las notificaciones de limpieza del solar, lo que ya se había efectuado sin obtener respuesta hasta la fecha. Por ello, se anunciaban nuevas gestiones ante la entidad bancaria continuando con los trámites y procedimientos recogidos en la Ordenanza Municipal incluyendo la posibilidad de abrir expediente sancionador.

Entendamos que estas actuaciones suponían, en lo substancial, la aceptación de la Resolución formulada por más que, por el momento, no se hubiera conseguido aún que el solar pasara a encontrarse en las debidas condiciones de mantenimiento y conservación. Por ello, aunque no entendíamos precisas nuevas actuaciones en este expediente de queja y procedimos a su archivo, sí instamos al Ayuntamiento a que prosiguiera con las gestiones conducentes a dicho objetivo, manteniendo informado al interesado de los avances que se registrasen para que tuviera conocimiento de que, al menos, se estaba avanzando en la solución de los problemas y perjuicios que la situación del solar ocasionaba.

El presidente de una comunidad de propietarios de Almonte se dirigió a esta institución dada la pasividad del Ayuntamiento de esa localidad ante el cambio de uso de locales a viviendas sin autorización, ni licencia, poniendo en cuestión las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio.

Ante la falta de respuesta a nuestra última petición de informe, en virtud del artículo 29 de nuestra ley reguladora, se formuló Resolución al Ayuntamiento para que se realizaran cuantas actuaciones fuesen necesarias para que la denuncia de posibles irregularidades urbanísticas formulada por el interesado, fuera objeto del debido impulso en su tramitación, lo que suponía implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se dieran todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedieran, de forma que cesaran las vulneraciones de la legalidad urbanística persistentes desde hacía varios años y los peligros para la seguridad y salubridad de los vecinos de la zona que esta situación pudiera conllevar.

Desde el Ayuntamiento se nos dio cuenta de la visita de inspección efectuada a los locales en cuestión y de los Decretos números …, … y ... por los que se incoaron expedientes para la restauración y protección de la legalidad urbanística que, al parecer, se encontraban en tramitación en la actualidad y en los que desconocíamos si se habían dictado las resoluciones que procedieran. También se daba cuenta de las actuaciones realizadas en relación con el local número ..., al parecer objeto de subasta judicial y del que se desconocía la propiedad.

Del informe se desprendía que, atendiendo nuestra Resolución y tras tantos años de gestiones infructuosas, el Ayuntamiento había decidido ejercer las competencias irrenunciables que legalmente le corresponden en materia de disciplina urbanística con respecto al uso inadecuado de estos locales que podía poner en cuestión la seguridad y la salubridad de los vecinos de la zona. En todo caso, después de las frustradas actuaciones anteriores, era preciso que, en esta ocasión, los expedientes incoados fueran impulsados con la debida celeridad y eficacia y conllevasen la efectiva restauración de la legalidad urbanística.

Por todo ello, dado que nos encontrábamos ante unos procedimientos dilatados y de cierta complejidad administrativa cuyo permanente seguimiento resultaba innecesario por parte de esta Institución al haber asumido el Ayuntamiento sus competencias al respecto, dimos por concluidas nuestras actuaciones esperando que, teniendo por parte en dichos procedimientos a la Comunidad de Propietarios afectada, fuera posible que, cuanto antes, quedara restaurada la legalidad urbanística y los locales fueran destinados únicamente a los usos permitidos por el planeamiento municipal, evitando posibles problemas de seguridad y salubridad para los vecinos de la zona.

Indicamos al interesado que, no obstante, si apreciara que estos procedimientos quedaran paralizados sin causas que lo justificaran y tras demandar por escrito una explicación al respecto al Ayuntamiento, estimara que no se le ofrecía una respuesta satisfactoria, podría comunicárnoslo con objeto de volver a prestarle nuestra colaboración.

La persona interesada expresa su disconformidad con la atención educativa que está recibiendo su hijo, afectado por una encefalopatía epiléptica, en un Centro Escolar en la provincia de Sevilla por la ausencia de personal necesario.

Alude además, al trato recibido, el que califica de inhumano, por personal de la Administración en una reunión mantenida con el mismo para solicitar el incremento de recursos personales en el citado centro educativo.

Por la situación expuesta nos dirigimos a la administración, quien tras varios trámites del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, remite un escrito en el que expone que se están realizando los estudios y y gestiones necesarios para valorar la posibilidad de incrementar los recursos personales para el alumnado con necesidades educativas especiales en el centro docente donde se encuentra escolarizado el menor.

Estudiado el contenido del informe, podemos concluir que el asunto que se sometió a nuestra consideración se encuentra en vías de solución.

En relación con escrito presentado en esta Institución donde nos expone que el Ayuntamiento de Torremolinos no ha abonado aún lo premios en metálico de la media maratón de 2017, el citado organismo nos comunica lo siguiente:

“Con fecha 5 de febrero de 2017 se celebró la XXVIII edición de la Media Maratón Ciudad de Torremolinos, organizada por el Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos.

El interesado a que se refiere la comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz obtuvo la segunda posición de la categoría General Absoluta Masculina/Senior Masculino de dicha edición, obteniendo el derecho a percibir un premio por importe de 150,00 euros, de conformidad con el punto 17 del Reglamento de la prueba.

Efectuada consulta en la Intervención municipal, se nos indica que todos los premios dinerarios correspondientes a la XXVIII edición de la Media Maratón Ciudad de Torremolinos no han alcanzado aún la fase contable O, por lo que aún no es posible la ordenación de su pago, encontrándose actualmente pendientes de reconocimiento extrajudicial de créditos en tramitación”.

De un forma resumida, con objeto de que conozca aunque sea de forma somera que es el “reconocimiento extrajudicial de créditos”. Al encontrarnos con obligaciones (como puede ser su premio) para las que no se ha dotado el correspondiente crédito presupuestario, éstas podrían ser nulas de pleno derecho pero no siempre es así, existiendo en la normativa procedimientos para imputar al presupuesto este tipo de obligaciones.

Así, para evitar lo que supondría un enriquecimiento sin causa de la administración frente a un tercero que ha obrado de buena fe (su participación en el evento deportivo), fue instaurado el referido procedimiento que permite reconocer obligaciones que no fueron tramitadas por falta de consignación presupuestaria o por negligencias varias o derivadas de actuaciones irregulares diversas.

Por lo tanto, tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto se encuentra en vías de solución, por lo que, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Todo ello, sin perjuicio de realizar pasado un tiempo prudencial un seguimiento del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos, hasta verificar el efectivo abono del premio, motivo por lo que hemos solicitado a la Corporación que nos comunique cuando el mismo se materializase.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución relativo a denuncia por la falta de limpieza de un solar de propiedad del Ayuntamiento de Velez Málaga, el Ayuntamiento de Vélez Málaga nos traslada la siguiente información:

“En contestación a su escrito en relación con el Expte. N9 018/5095 iniciado a instancias de Dña. (...), adjunto a la presente tengo a bien remitir copia del Informe.” (Adjuntamos las copias de las fotos, respecto de los trabajos realizados en la parcela municipal cuyo estado de falta de limpieza denunciaba).

Tras un detenido estudio de la información recibida, se deduce que dicho organismo ha aceptado la Resolución formulada por esta Institución, por lo que, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.