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La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz participa en la Mesa Redonda de la 95º Jornada Corresponsables, organizada por Endesa y que hablara sobre "pobreza y voluntariado energético"
El Defensor del Pueblo Andaluz ha mantenido hoy una reunión con ASPANRI (Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome de Down); FEAFES-ANDALUCIA (Federación Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad Mental); FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental); FEAPS (Confederación andaluza de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual) y APROSE (Asociación provincial de Sevilla a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) para informarles de los requisitos y plazos de la convocatoria de sendas becas destinadas a promover la integración de las personas con deficiencias psíquicas en el mercado laboral.
Desde hace años la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene asumiendo la iniciativa de convocar una beca anual destinada a personas con discapacidad psíquica, para la formación en tareas de apoyo a personal subalterno y administrativo.
Para este año, y atendiendo a la demanda de muchas de las asociaciones y organizaciones que trabajan con este colectivo, se ha acordado la convocatoria de dos becas semestrales. Una, destinada a persona con discapacidad psíquica, del tipo enfermedad mental, y otra a persona con discapacidad psíquica, del tipo de discapacidad intelectual.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza este 21 de septiembre.
Toda la información de ambas becas se pueden consultar en los siguientes enlaces:
La reiteración de quejas en esta Institución que denuncian vulneración de los derechos y garantías de las personas consumidoras nos lleva a presentar una propuesta relativa a los requerimientos mínimos que deberían incluirse en los expediente de fraude que se tramitan en nuestra Comunidad Autónoma.
Por ello, nos hemos dirigido a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) y a Endesa, como principal empresa distribuidora en el ámbito andaluz y por ser la empresa a la que se refieren las quejas recibidas.
Les hemos trasladado nuestro análisis acerca de las cuestiones que consideramos necesitadas de una mayor protección al consumidor, proponiendo alternativas a la falta de regulación y solicitando compromisos por parte de las empresas implicadas para la adopción de protocolos de actuación con las debidas garantías, así como por parte de las Administraciones competentes para su debida exigencia a través de las pertinentes Instrucciones.
Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a través de su área de Empleo Público, ha mantenido este miércoles, 7 de septiembre, una reunión con Ustea-Enseñanaza en relación con la queja presentada por el sindicato en esta Institución sobre la provisión temporal de vacantes en los centros públicos docentes de Andalucía.
La representación sindical ha trasladado su preocupación por la gestión de la provisión temporal de vacantes durante el curso escolar, así como por la repercusión que pueda tener en la comunidad educativa.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha manifestado al sindicato que comparte dicha preocupación y la repercusión que pueda tener en la comunidad educativa, por lo que ha mostrado su deseo de que la gestión de dicho procedimiento sea lo más ágil posible, y, de ser necesario, desde la Consejería de Educación se adopten las medidas oportunas para ello.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/4240 dirigida a Ayuntamiento de Almadén de la Plata (Sevilla)
El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, por noticias publicadas en los medios de comunicación, que el observatorio astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla), después de haber estado un tiempo en funcionamiento, se ha clausurado.
Siempre según estas noticias, la ejecución de estas infraestructuras tuvo un coste de inversión de 4 millones de euros y el proyecto fue impulsado por el presidente de la Asociación Astronómica de España, que aportó diverso material y fue financiado, en parte al menos, por fondos europeos. Continuaba esta información indicando que, por motivos desconocidos, en julio de 2008 las cerraduras fueron cambiadas por el Ayuntamiento e incluso hubo una denuncia en el Juzgado de lo contencioso administrativo por “cierre ilegítimo y por cesión sin contrato a la empresa de aventuras ...”. Durante el periodo que estuvo cerrado el observatorio, sufrió un gran deterioro e incluso todos los telescopios, incluyendo el mayor de ellos, se destruyeron y quedaron abandonados en el campo.
A principio de 2015 se publicó la licitación de la gestión del observatorio por un periodo de 15 años pero, posteriormente, insistimos según se desprende de las noticias, “el Ayuntamiento acordó el desistimiento de ese procedimiento de adjudicación. Según un informe de la Diputación de Sevilla, encargado por el Ayuntamiento, existen motivos fundados para el desistimiento. Se alegan infracciones no subsanables de las normas de preparación del contrato. Fuentes de la Diputación aseguran que sólo ha prestado la asistencia técnica y jurídica requerida y que no tienen nada que ver con las decisiones municipales”.
Esta Institución, desde hace unos años, viene iniciando actuaciones cuando tiene conocimiento de que alguna infraestructura de naturaleza pública que ha supuesto un importante coste en su ejecución, por distintas causas no entra en funcionamiento o deja de prestar el servicio publico que venía ofreciendo a la ciudadanía. La razón de ello no es otra que velar por los intereses públicos que, en su día, justificaron que se ejecutara aquella y con objeto de rentabilizar los costes que conllevó su realización con cargo a las arcas públicas, es decir, a la ciudadanía que es la que, en ultima instancia, realmente la financia.
Por todo ello, hemos iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Almadén de la Plata para que nos informe sobre la titularidad del observatorio astronómico, motivo por el que ha estado cerrado y abandonadas sus instalaciones y, finalmente, previsión que exista sobre su reapertura.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado la apertura de una queja de oficio por las condiciones de accesibilidad en la sede judicial de Alcalá de Guadaira. Estas deficiencias se manifiestan en las serias dificultades de acceso que presenta el edificio en que se ubican los Juzgados nº 1 y 2. Estos edificios dedicados al servicio público y de atención ciudadana han de ser respetuosos con la accesibilidad y, en su caso, cumplir con las normas de supresión de barreras arquitectónicas.
Según se ratifica por declaraciones de trabajadores de estos Juzgados, estas barreras arquitectónicas llegan a impedir el acceso de personas con movilidad reducida a la planta de la sede judicial y a intervenir en las celebraciones y actos judiciales a los que están convocados. Esto obliga a realizar algunas de estas actuaciones en las puertas del edificio por no poder subir las escaleras hasta dichas instalaciones.
Con fecha 30 de Octubre de 2015, la Consejería de Justicia e Interior remitió un clarificador informe en el que se realiza una completa descripción del inmueble. Este informe de la Consejería, entre otras cuestiones, expone: "Siendo un edificio desde su origen de carácter residencial, nunca ha estado dotado de ascensor, lo que constituye su principal deficiencia. El acceso al edificio se sitúa elevado respecto a la rasante exterior y en sus dos plantas de uso existen escalones aislados, consecuencia de tener forjados a distintos niveles, que son asimismo barreras arquitectónicas. No obstante, para la distribución de usos en el edificio se han tenido en cuenta diversos factores que atenúen el máximo los problemas derivados de la existencia de barreras arquitectónicas, como son la afluencia real de público y las condiciones de movilidad de las personas que han de acceder a cada dependencia. Es por ello que en la planta baja, garantizando las mejores condiciones posibles de accesibilidad, se sitúan las dependencias de Registro Civil, que diariamente reciben el mayor número de visitas, y la Clínica Médico-Forense, donde han de acudir personas con afección en su movilidad".
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira finalmente nos hizo llegar su escueto informe mediante un escrito. En dicha comunicación se indica que “el edifico judicial de Plaza del Duque nº 12 no es de titularidad municipal”:
El detallado informe que ha facilitado la Consejería de Justicia e Interior describe la ausencia de requisitos de accesibilidad de la sede judicial. Unas deficiencias que, probablemente, parten desde el momento inicial de la elección de ese inmueble. Según se describe, ni la propia estructura, ni la distribución y elementos constructivos resultan adecuados para el servicio ciudadano universal para el que fue destinado en su día. La Consejería concluye que “han sido muchas las reclamaciones que han estado motivadas por la existencia de barreras arquitectónicas en el edificio, muchas de ellas trasladas verbalmente y solventadas con la ayuda del personal que presta sus servicios en el edificio, especialmente en materia de seguridad. También han sido presentadas reclamaciones por escrito yen diversas fechas, motivando en ocasiones el aplazamiento de juicios por afecciones en movilidad de personas citadas para sus celebración” .
La propia Memoria de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dentro del apartado II.6.2.B sobre “Infraestructuras Judiciales”, cita a Alcalá como deficitaria de una unificación de las dos sedes judiciales existentes a las que atribuye “problemas de accesibilidad y además de importantes deterioros”. La Consejería, en Octubre de 2000, elaboró un proyecto técnico de adaptación específica y eliminación de barreras. Se destinaron 16.103,38 euros para su redacción y se evaluó su coste de ejecución en 170.161,82 euros. Se trataba de un proyecto para la instalación de un ascensor en el edificio y otras intervenciones que permitirían garantizar el universal acceso a las dependencias sin restricciones de movilidad. La falta de disponibilidad presupuestaria desde 2007 no ha permitido ponerlo en marcha.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz reclama que se acuerden entre las Administraciones implicadas las medidas de coordinación y mutua colaboración para acometer las actuaciones necesarias para disponer en la localidad de Alcalá de Guadaira de la sede judicial adecuada a las funciones de los órganos judiciales de la demarcación, en el ejercicio de sus respectivas competencias y responsabilidades, decidiendo bien la construcción de una nueva sede judicial; bien a través de la adaptación y adecuación de la actual sede con vocación de mayor permanencia; o bien con la disposición de otro inmueble bajo otros títulos de uso.
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