La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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¿Funciona el plan para adquirir vehículos eléctricos en Andalucía?

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha interesado por la evolución del programa Moves III, destinado a impulsar la descarbonización y eficiencia del sector del transporte mediante incentivos. Según la Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, la convocatoria establece ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.

El Defensor ha conocido que el interés de la ciudadanía por acceder a estos incentivos ha supuesto la presentación masiva de solicitudes concentrada en un mismo y muy corto periodo de tiempo, superando la evolución normal de petición de ayudas que venía gestionando la Agencia Andaluza de la Energía, tal como nos confirman en uno de los informes remitidos a esta Institución con ocasión de la tramitación de una queja individual por falta de pago de la ayuda.

Lógicamente, esta presentación masiva de solicitudes ha tenido como consecuencia el retraso en la resolución de concesión de incentivos a las personas que los han solicitado, así como en el pago de los mismos desde la presentación de la necesaria cuenta justificativa. En este sentido venimos recibiendo quejas ciudadanas relacionadas con ambas situaciones, bien la falta de una resolución administrativa de concesión o bien la falta de pago del incentivo concedido.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se ha estimado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo. En el curso de esta actuación nos hemos dirigido a la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Industria, Energía y Minas), como organismo encargado de la tramitación de este tipo de ayudas.

Nos interesa conocer el número de solicitudes presentadas en el programa Moves III, plazo medio para su resolución y número de ellas que se encontrarían pendientes de resolución, con identificación de la fecha de presentación de solicitud. Asimismo nos interesa conocer el número de solicitudes de ayuda concedidas dentro del Plan Moves III con cuenta justificativa presentada y completada pendiente de análisis, en su caso, para proceder al pago. Igualmente queremos conocer las medidas que, según informan, están adoptando para agilizar la tramitación de expedientes y proceder al pago de los incentivos con la mayor rapidez posible.

El Defensor considera que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas. Asimismo, de forma indirecta, a través de la finalidad perseguida con el programa, el derecho a un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable previsto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente se encuentra implicado el derecho a una buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Queja número 22/3749

El Defensor del Pueblo formulaba Resolución ante el Hospital Virgen de Valme por la que recomendaba que sin más dilación se dé respuesta a la petición formulada por la parte promotora de la queja sobre los accesos producidos por los profesionales sanitarios a su historia de salud de manera motivada y razonada.

Asimismo, recomendaba que se doten de los medios precisos para que puedan resolverse las peticiones de idéntica naturaleza respetando el marco temporal que estipula la normativa reguladora.

En respuesta, el Hospital Virgen de Valme remite informe por el que se acepta la resolución formulada, aportando la respuesta ofrecida a la parte promotora de la queja, en respuesta a su solicitud; entendiendo y lamentando el malestar de la usuaria por el plazo de espera en atender la solicitud, habiendo ocurrido de manera excepcional.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/5866 dirigida a Consejería de Industria, Energía y Minas, Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla

Ver actuación de oficio anterior de fecha (27/10/2019)

Ver la finalización de la actuación en enero de 2024

Reiteramos nuestra petición para que se adopten las medidas oportunas que permitan agilizar la tramitación de reclamaciones por anomalías eléctricas en el Servicio de Energía de Sevilla.

 

En la tramitación de la queja de oficio 19/5866, con fecha 8 de junio de 2022 consideramos preciso formular a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, como órgano entonces competente en materia de energía, Resolución concretada en lo siguiente:

RECOMENDACIÓN 1 concretada en la necesidad resolver, a la mayor brevedad posible, las reclamaciones tramitadas por el Departamento de Energía en relación con los expedientes de anomalía.

RECOMENDACIÓN 2 para que se habiliten canales de información adecuados a la ciudadanía que permitan tener acceso a la información relativa al estado de tramitación de su expediente de reclamación.

RECOMENDACIÓN 3 para que se agilicen los procedimientos de atención en primera instancia de las reclamaciones, permitiendo la paralización de la gestión de cobro de las facturas reclamadas y, consecuentemente, del corte de suministro por impago, en los supuestos que concurran los requisitos necesarios para ello.

RECOMENDACIÓN 4 para que se inste a los órganos competentes en materia de recursos humanos a fin de que se establezca una estructura estable de personal en el Departamento de Energía, mediante la dotación de plazas, cobertura de vacantes y ampliación de las que sean necesarias, para que pueda atender adecuadamente el volumen de trabajo que desarrolla.

En respuesta a nuestra Resolución, con fecha 26 de julio de 2022 recibimos informe del Servicio de Energía explicando las medidas implementadas para atender los expedientes pendientes de resolver y gestionar su elevado volumen de entradas, de modo que cualquier consulta sobre el estado de un expediente pudiera responderse de inmediato.

Asimismo nos explicaba el funcionamiento del Servicio de Atención al Ciudadano (en adelante, SAC) en el edificio de los Bermejales. En caso de urgencia ante una amenaza de corte el SAC, una vez presentada la solicitud, indica al Servicio de Energía el caso concreto para valorarlo y proceder en su caso a comunicar a la Distribuidora mediante los medios de contacto acordados que no proceda con el corte hasta que se dé estudio al expediente. El SAC asimismo da instrucciones de cómo pedir cita con el personal técnico del Servicio, ya restablecido tras las restricciones en la pandemia. Añadía que la puesta en funcionamiento de la herramienta online de tramitación de reclamaciones sería un canal inmediato en este sentido.

Según el informe remitido, un segundo mecanismo de paralización de corte implementa la actuación sistemática. Consiste en el requerimiento a la distribuidora de informe con las nuevas reclamaciones recibidas acumuladas en un tiempo razonable (se trabajaba para que tuviese una periodicidad semanal). En este requerimiento se insta a la paralización de los cortes de suministro en tanto no recayese resolución sobre el expediente.

Añadía que se estaba trabajando para incluir en la sistemática cotidiana del Servicio de Energía un procedimiento que permitiera reducir el tiempo que media entre la entrada de la reclamación, el envío automatizado a la distribuidora-comercializadora de petición de información y el traslado para alegaciones al reclamante o su representante (por ejemplo, una asociación de consumidores). Estaba diseñado, implantado, asignado y se estaba mejorando para controlar y optimizar el tiempo de las holguras entre los pasos sucesivos.

Como conclusiones señalaba entonces el Servicio de Energía que:

- Está tramitando las reclamaciones entrantes según se registran, abriendo expedientes y remitiéndolos a la distribuidora con aviso de no corte y petición de informe, sin retrasos superiores a este mes de julio 2022.

Adicionalmente se han repartido los expedientes pendientes de resolución entre todos los técnicos del Servicio, estando el ritmo de salida de las resoluciones condicionado por la carga de trabajo global del Servicio, si bien y teniendo en cuenta el considerable retraso acumulado, será necesario el refuerzo del personal de estructura específico para esta materia para alcanzar el régimen permanente deseable

- Implementa medidas, sistemas y procedimientos tendentes a optimizar los recursos disponibles para el mejor rendimiento posible.

- Facilita que está optimización sea sensible a la mejora continua.

- Colabora y busca soporte técnico especializado para el desarrollo y puesta en servicio de soluciones electrónicas facilitadoras.

- Procederá a cursar petición justificada a los órganos competentes de las necesidades de personal estructural para la atención de las reclamaciones eléctricas que mejoren la calidad del servicio administrativo dado a la ciudadanía, acorde a la dimensión de los expedientes objeto de tramitación y el total de los que se encuentran pendientes de resolución.”

A la vista de esta información valoramos que se había aceptado el contenido de nuestra Resolución, por lo que procedimos a archivar la presente actuación de oficio, notificándolo así a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla con fecha 22 de agosto de 2022.

Posteriormente, con fecha 20 de septiembre de 2022 la citada Delegación del Gobierno nos daba traslado del cambio de adscripción de competencias en materia de energía a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Política Industrial y Energía, tras la reestructuración de Consejerías operada por Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, y la nueva organización territorial provincial establecida por Decreto 300/2022, de 30 de agosto.

Por este motivo, con fecha 11 de octubre de 2022 le comunicábamos que habíamos adoptado la decisión de archivo de las quejas individuales tramitadas a causa de la situación de paralización administrativa de expedientes en el Servicio de Energía y le trasladábamos que esperábamos que el compromiso asumido por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla fuera adoptado por la Delegación Territorial como nueva administración competente en la materia.

Pasado un tiempo prudencial, y dado que no habíamos recibido su respuesta, el 8 de febrero de 2023 le reiteramos nuestra petición.

En nuestra comunicación señalábamos que seguíamos recibiendo quejas que ponen de manifiesto los retrasos en la tramitación de reclamaciones por el Servicio de Energía.

Por ello le solicitamos expresamente información relativa al estado de tramitación de expedientes de reclamación del Servicio de Energía, así como de las medidas que efectivamente se hubieran adoptando para atender las recomendaciones de esta Institución.

Hasta la fecha no hemos recibido respuesta a esta petición.

Tampoco hemos recibido respuesta a esta misma petición que le fue cursada en la tramitación de la queja 22/7683.

Aunque la queja se refería a la situación de un expediente concreto (***), dado que aún no se habría resuelto la reclamación presentada con fecha 9 de enero de 2018, también le consultamos por la evolución de la resolución de expedientes que tramita el Servicio de Energía.

Nos llamaba la atención esta situación puesto que en informe recibido con fecha 27 de abril de 2022 (en la tramitación de la queja 22/2405) nos indicaron que procederían a resolver con celeridad los expedientes correspondientes al año 2018.

Sin embargo, en el informe remitido el 10 de marzo de 2023 en la queja 22/7683 se pone de manifiesto que el expediente *** se encuentra aún en fase de resolución desde que se completara en noviembre de 2018, esto es, más de tres años después.

Nada se nos informa respecto a la situación de los expedientes pendientes de resolver y, solo respecto a este, se añade que se estima que la resolución se emitirá durante este semestre del año (pese a que hace un año se nos indicó que en breve se acometería la resolución de expedientes de 2018).

En la tramitación de otras quejas individuales tampoco hemos podido obtener la información requerida respecto del estado de tramitación de expedientes concretos del Servicio de Energía.

Así ocurre en la queja 22/2053, en la queja 22/3645 y en la queja 22/3951, pese a los reiterados requerimientos dirigidos desde esta Institución.

En relación con esta situación no podemos sino recordarle que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz, en sus investigaciones e inspecciones. Así lo establece el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

En cuanto a la tramitación de la presente queja de oficio, a fin de dar por aceptada la Resolución emitida por parte de esa Delegación Territorial, no podemos sino reiterarnos en el contenido de la misma, interesándole de nuevo que nos informe acerca del estado de tramitación de expedientes de reclamación del Servicio de Energía y nos dé traslado de las medidas que se hayan adoptando para atender las recomendaciones de esta Institución o, en su caso, las razones motivadas por las que no se estime oportuno acceder a nuestra petición.

El Defensor en Despierta Andalucía de Canal Sur TV sobre el Informe Anual

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha estado hoy en la entrevista de Despierta Andalucía, de Canal Sur TV, para responder a las preguntas sobre el Informe Anual 2022 de la Defensoría que presentó el día anterior, miércoles 26, en el Pleno del Parlamento.

A preguntas de los periodistas, el Defensor ha mostrado su preocupación por el retroceso en derechos y ha alertado sobre la salud mental, los retrasos en la dependencia o los cortes de luz que vienen sufriendo muchos barrios vulnerables de Andalucía, entre otros asuntos. “Es inadmisible que los asumamos como algo cotidiano y normal”, ha lamentado Jesús Maeztu.

Escucha la Entrevista del Defensor en Despierta Andalucía

 

    • Fecha de presentación del informe: 10/2023

    Presentamos este primer informe monográfico del Defensor del Pueblo andaluz, en esta ocasión, sobre la mediación en su Institución y el comportamiento de las entidades públicas que ejercen mediación en Andalucía.

    La recurrente solicitud de información al respecto, por parte de otras defensorías del pueblo, de las defensorías universitarias andaluzas, así como de entidades y asociaciones públicas y privadas de mediación del territorio español, han generado este compromiso por compartir nuestro enfoque y experiencias, apostando por el uso de mecanismos flexibles y adaptativos en la gestión diaria de las quejas que nos remite la ciudadanía y las administraciones.

    La contribución de la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz a la cultura de paz que invoca su Estrategia 2021-2024 se refleja en las páginas del informe que les ofrecemos, con respeto a los puntos de vista que puedan tener otros actores públicos, pero con el orgullo de estar trabajando con herramientas de diálogo, consenso y participación en un escenario complejo como es el administrativo y con la ilusión por demostrar que es posible resolver los conflictos desde la cooperación en lugar de la confrontación.

    No nos cabe duda de que esta manera de trabajar en la defensoría supone un elemento de innovación social que viene a ser pionero en España, pero al que seguirán otras experiencias similares, atendiendo a la idiosincrasia de cada institución y territorio.

    El Defensor del Pueblo andaluz alerta de retrocesos en derechos “inadmisibles, y que se han cronificado como algo cotidiano”

    El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado sobre varias situaciones que están provocando un retroceso de derechos para la ciudadanía, y que se han “cronificado”. “Es inadmisible que los asumamos como algo cotidiano y normal”, ha lamentado Jesús Maeztu.

    El Defensor del Pueblo andaluz ha comparecido hoy en el pleno del Parlamento andaluz para presentar el Informe anual de la Institución de 2022, en el que ha ofrecido un balance de más de 25.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía -12.400 quejas y otras 12.700 consultas con respuesta, a lo que se incluye más de 600 acciones de promoción de derechos- para las más de 30.000 personas que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario.

    El Defensor del Pueblo andaluz ha relatado estas situaciones “inaceptables” que están afectando a numerosos colectivos, y ha puesto de ejemplo las atenciones que necesitan personas mayores, personas con discapacidad, dependientes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias, mujeres solas con hijos… “en cuestiones tan variadas como ingresos de subsistencia, acceso a una vivienda digna; suministros básicos... que están sufriendo asfixiantes demoras en su tramitación”.

    En su enumeración, Jesús Maeztu ha señalado las dilaciones en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que siguen superando los dos años y que algunas llegan a los tres años. "Está dejando de sorprendernos que la resolución de los expedientes lleguen cuando las personas mayores han fallecido, incrementando de esta manera no solo el dolor de sus familiares, sino la desconfianza en las administraciones”, ha expuesto Jesús Maeztu, quien también ha considerado “inconcebibles” las dilaciones en el reconocimiento de la discapacidad.

    Jesús Maeztu ha subrayado su preocupación por los retrocesos en la percepción de la violencia de género. “¿Qué está pasando? ¿Qué medidas son necesarias para atajar este problema de la violencia machista que está corrompiendo a la sociedad, y del cual nos encontramos cada vez más réplicas cometidas por personas jóvenes y adolescentes? ¿No existen medidas suficientes o adecuadas?”, ha señalado el Defensor, para destacar la necesidad de replantear las actuaciones de prevención y protección a las mujeres.

    Este comisionado, Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se ha preguntado por las aspiraciones para una juventud que carece de empleo estable y el acceso a una vivienda a un precio asequible, y ha interpelado a los miembros del Parlamento por “si nos tomamos en serio el derecho a una vivienda digna y adecuada”. Maeztu también ha llamado la atención sobre el impacto de los cortes de luz en los barrios vulnerables, “donde es evidente que la pobreza y la desigualdad son persistentes, agudizadas además por la subida de los precios”.

    En esta línea sobre actuaciones que afectan a personas, asuntos que ocupan más de la mitad de las intervenciones del Defensor, Jesús Maeztu ha señalado el deterioro de la sanidad pública como otro de los asuntos que más ha preocupado a los andaluces, con especial atención a la atención primaria y los problemas de salud mental. El Defensor también se ha ocupado del derecho a la educación; de la erradicación de los asentamientos de personas migrantes en Huelva y Almería, y de los riesgos de la transición digital, para lo que ha reclamado una regulación de la cita previa que acabe con los retrasos en la atención ciudadana, al tiempo que ha reclamado atención presencial complementaria a la telemática.

     

    Acceso al interactivo del Informe Anual 2022

    Atendemos la reivindicación sobre la situación de los centros de participación activa

    El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con una representación de los sindicatos UGT y CCOO que han denunciado la situación de los centros de participación activa (CPA), entre otros aspectos, la reducción de horario, la falta de personal -no se cubren las vacantes- y la desaparición de servicios que existían antes de la pandemia como baile los fines de semana, servicio de comedor, etcétera. Una situación que se ha agravado ahora con el cierre por las tardes de verano.

     

    Ambos sindicatos han lamentado las consecuencias que ello supone para las personas que venían beneficiándose, sobre todo, como servicios claves para fomentar un envejecimiento activo y luchar contra la soledad de las personas mayores.

     

    Además han denunciado el Proyecto de Orden que la Junta de Andalucía pretende aprobar para la gestión de estos espacios que, a su juicio, agrava la situación.

     

    Jesús Maeztu se ha comprometido a estudiar esta queja anunciada por los sindicatos y recabar información de la administración competente sobre la situación de estos centros de participación activa.

    Queja número 22/3668

    En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de un ciudadano por parte de un Sindicato Andaluz, por la falta de respuesta a los escritos que esta Institución le ha dirigido, en dos ocasiones, a la Dirección General de Personal del SAS.

    Tras el estudio de la respuesta a la Resolución formulada a la citada Dirección General y del resto de documentación que consta en el expediente, entendemos que el problema por el que la persona interesada se había dirigido a esta Institución ha quedado resuelto, al haber recibido finalmente una respuesta de la Administración sanitaria, al escrito de petición/denuncia presentado con fecha 4 de marzo de 2022 por (...), en el que solicitaba que fuesen derogadas las funciones del personal no sanitario reguladas en la Orden de 5 de julio de 1971 y en concreto lo referido a la categoría de Celadores, y que se definiesen y actualizasen las funciones de esta categoría del SAS de la Junta de Andalucía, siempre teniendo como base la perspectiva de género.

    A la vista de ello, se desprende que nuestra Recomendación ha sido aceptada por la Administración sanitaria.

    Queja número 22/1604

    Se impulsa expediente de Dependencia, donde la persona dependiente, de 99 años de edad, recibe tras un largo periodo de espera Resolución administrativa por la que se le reconoce el derecho de acceso al servicio de atención residencial en el municipio de su solicitud.

    La promotora de la queja exponía que en el mes de diciembre de 2020 había presentado solicitud para la revisión del programa individual de atención de su padre, sin que hasta la fecha se hubiera dictado la correspondiente Resolución.

    Explicaba que el dependiente tiene 99 años de edad y delicado estado de salud, disfrutando en ese momento del servicio de Unidad de Estancia Diurna, haciendo un gran esfuerzo para acudir, sobre todo, en los meses de invierno. Por ello, habían solicitado poder acceder al servicio de atención residencial optando en la solicitud por un solo centro, Centro Residencial Nuestra Señora de Gracia de La Puebla de Cazalla.

    La interesa entendía la demora en adjudicación de plaza residencial al limitar su acceso a un único centro, no obstante, motivaba su decisión en el miedo de que trasladasen a su padre lejos del núcleo familiar impidiéndole recibir el cariño de sus seres queridos en los años que restaran de vida.

    Admitida a trámite la queja, e interesados ante la Administración, hemos recibido respuesta trasladándonos la grata noticia de que se habría dictado resolución aprobatoria del nuevo programa individual de atención del afectado, reconociéndole el derecho de acceso al servicio de atención residencial en el municipio de La Puebla de Cazalla.

    Congratulándonos de la resolución satisfactoria del asunto que nos encomendó la promotora de la queja, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

    Queja número 22/5881

    La compareciente pone de manifiesto ante esta Institución que pese a la situación de fragilidad económica que padece y que es conocida por su trabajadora social de referencia, no consigue ser atendida por esta desde el mes de agosto.

    Específicamente, manifiesta que convive con su hermana, que tiene un 48% de discapacidad reconocida y un pensión de 530€, viviendo tan solo de ese capital y de lo que percibe en concepto de IMV, que no llega a 45 euros al mes, según indica.

    Por estos hechos solicitó el asesoramiento de la trabajadora social, y fue llamada para ir a recoger alimentos y productos de higiene, volviendo a solicitar esta ayuda en el mes de agosto, sin que haya sido posible contactar con la trabajadora social desde entonces. Añade que formuló queja por estos hechos ante el Consistorio.

    Interesados ante la Administración municipal, especialmente sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en beneficio de esta familia, tendentes a aliviar la situación de fragilidad descrita, así como si se habría dado respuesta a la queja que había presentado la compareciente ante el Ayuntamiento, recibimos informe administrativo al efecto, indicando las acciones seguidas con la promotora de la queja, habiéndose solucionado el asunto que esta nos hacía llegar, pues habría recibido ayudas de alimentación, así como se le habría ofrecido información relativa a su escrito, quedando conforme la usuaria .

    A la vista de que el Ayuntamiento se ha procedido conforme al protocolo de actuación a personas/familias en situación de vulnerabilidad desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla, damos por concluidas nuestras actuaciones.

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